El viernes por la tarde, 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) suspendió todos los vuelos de salida en Estados Unidos. La suspensión no se levantó hasta las 8:15 p. m., más de cuatro horas después. Ese día se cancelaron o retrasaron más de 15.000 vuelos, cientos de miles de viajeros quedaron varados y las cancelaciones continuaron durante el fin de semana.
El caos en el transporte aéreo continuó hasta la noche del domingo, con promesas de que el lunes se volvería a la “normalidad”. Pero no hay ninguna garantía de que esto ocurra, y el impacto de la suspensión es ominoso, ya que se produce apenas dos semanas antes del comienzo de la temporada de fiestas, cuando el volumen del tráfico aéreo se dispara.
Esta fue la segunda suspensión nacional de vuelos en menos de cuatro años. La primera, en enero de 2023, se produjo después de que un contratista borrara accidentalmente archivos del sistema NOTAM de alertas a pilotos de la FAA, corrompiendo también su copia de respaldo. Ninguna de las dos fue causada por un ataque; en ambos casos, el sistema simplemente falló.
Todavía quedan muchas preguntas sobre la falla del viernes. Según el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el administrador de la FAA, Bryan Bedford, el problema comenzó con un técnico de L3Harris Technologies, el contratista militar que opera la red de telecomunicaciones de la FAA, mientras sustituía líneas de cobre por fibra óptica en una instalación remota de la FAA e instalaba un nuevo enrutador. El domingo, Duffy apuntó a un enrutador instalado en El Dorado, en el sur de Arkansas. También se está examinando un segundo enrutador instalado recientemente en Amarillo, Texas.
Según se informa, el nuevo enrutador comenzó a inundar la red con unos 1.000 intentos de inicio de sesión cada cuatro o cinco segundos. A medida que las instalaciones sobrecargadas pasaban a sus sistemas de respaldo, la avalancha se propagó. Las señales de radar y comunicaciones se volvieron inestables en 17 instalaciones y, durante 45 minutos, la FAA no pudo determinar la causa. Entonces detuvo todo el tráfico aéreo. Según CBS News, los enrutadores que se estaban reemplazando habían sido fabricados entre 2001 y 2006. Ambos se encuentran ahora en un laboratorio de L3Harris en Florida, donde personal de la FAA participa en la revisión.
La interrupción también se produjo pocos días después de que la FAA ampliara SMART —un sistema de gestión del tráfico basado en inteligencia artificial, desarrollado por la empresa emergente Air Space Intelligence— a sus 22 centros de control en ruta. SMART había comenzado a funcionar en el área de Washington D. C. apenas en septiembre, y originalmente se había previsto que su despliegue completo llevara entre uno y dos años. La empresa negó cualquier relación con la interrupción, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que la investigación determinaría si el sistema había desempeñado algún papel.
En octubre, miembros del Congreso habían preguntado cómo se había probado el sistema y escribieron que “los trabajadores de primera línea encargados de la seguridad aérea fueron notificados del lanzamiento de la herramienta SMART apenas unos días antes o no fueron notificados en absoluto”. El anuncio de la FAA sobre la expansión nacional omitió responderles. La FAA insiste en que SMART no puede sustituir a los controladores. Sin embargo, el sistema ya procesa datos sobre la dotación de personal de los controladores y se está introduciendo mientras la propia agencia reduce sus objetivos de contratación. En última instancia, se utilizará para justificar que haya menos controladores y para intensificar el trabajo de quienes permanezcan.
La respuesta de Duffy ha sido culpar al contratista. “La red que utilizamos en la FAA para controlar el espacio aéreo —L3Harris es, de hecho, propietaria de esa red—”, dijo el sábado, y añadió que muchos contratistas “reciben nuestro dinero y prestan un servicio realmente deficiente”. No explicó cómo una red pública llegó a ser propiedad de un contratista militar privado. La FAA entregó su red de telecomunicaciones a Harris Corporation en 2002. En 2025, L3Harris —resultado de la fusión de Harris y L3 Technologies, escisión de Lockheed Martin— gastó 1.150 millones de dólares en recomprar sus propias acciones.
SMART fue entregado de la misma manera. En junio, la FAA otorgó a Air Space Intelligence, respaldada por capital de riesgo de Silicon Valley, un contrato de 12 años por 875 millones de dólares. Antes de la adjudicación, el comité de acción política de la empresa donó 2.500 dólares a la campaña al Congreso de Michael Alfonso, yerno de Duffy.
Los funcionarios no han explicado cómo un solo enrutador en una instalación remota pudo propagar la inestabilidad por toda la red nacional, por qué los sistemas de respaldo, que debían aislar una falla de este tipo, la transmitieron en cambio, ni qué pruebas se realizaron antes de la instalación. La magnitud del colapso constituye por sí misma una condena. Si un solo enrutador pudo derribar el mayor sistema de aviación del mundo, ese hecho por sí solo refuta todas las afirmaciones de que el sistema es seguro en manos de quienes lo administran actualmente.
El colapso del control del tráfico aéreo fue una de varias catástrofes de este tipo en una sola semana. El miércoles, un edificio de apartamentos en Brooklyn se derrumbó en el foso de una urbanización de lujo cuyos constructores habían ignorado una orden de detener las obras, causando la muerte de ocho personas, incluidos dos niños. El viernes, un buque cisterna en el río Misisipi chocó contra un barco fluvial amarrado en Nueva Orleans y lo volcó de costado. El sábado por la noche, un avión de carga de UPS y un avión de pasajeros de Copa Airlines chocaron en una calle de rodaje en Miami. El domingo, la escasez de controladores obligó a suspender los vuelos entre Los Ángeles y Oakland.
Tal colapso no se debe a una serie de accidentes. Las raíces de esta crisis se remontan a casi medio siglo. Desde 1938, la Junta de Aeronáutica Civil regulaba el transporte aéreo como un servicio público, estableciendo tarifas, rutas y horarios. En octubre de 1978, el presidente demócrata Jimmy Carter firmó la Ley de Desregulación de las Aerolíneas, promovida por el senador demócrata Edward Kennedy, que puso a la Junta en el camino de su abolición. Pronto siguió la desregulación del transporte por camión y ferrocarril.
El golpe decisivo llegó en 1981. El 3 de agosto, unos 13.000 controladores organizados en la Organización Profesional de Controladores de Tráfico Aéreo (PATCO, por sus siglas en inglés) se declararon en huelga para exigir jornadas más cortas, más personal y mejores salarios. El Gobierno de Reagan despidió a más de 11.000 de ellos, quienes fueron incluidos en listas negras de por vida, y el sindicato perdió su certificación. El plan para romper la huelga había sido elaborado en 1980 por la FAA del presidente Jimmy Carter, y la AFL-CIO ordenó a los demás trabajadores de las aerolíneas cruzar los piquetes.
El presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, nombrado por Carter, explicó posteriormente lo que estaba en juego: “La medida individual más importante del Gobierno para contribuir a la lucha contra la inflación fue derrotar la huelga de los controladores de tráfico aéreo”. La destrucción de PATCO inició una ofensiva de décadas contra la clase trabajadora: cierres de plantas, recortes salariales, destrucción de sindicatos y transformación de los sindicatos en instrumentos de la patronal.
La desregulación y el aplastamiento de PATCO sentaron las bases para la reorganización del capitalismo estadounidense en torno al dominio irrestricto de los mercados financieros. Las ganancias provinieron cada vez más de la especulación, las fusiones, la recompra de acciones y el desmantelamiento de activos, no de la producción. La infraestructura que no generaba un rendimiento inmediato quedó privada de recursos. Las obras públicas fueron entregadas a contratistas cuyo único interés era generar ganancias para sus accionistas, no servir al pueblo estadounidense.
Las consecuencias para la fuerza laboral del control del tráfico aéreo siguen sintiéndose hoy. Los despidos masivos de Reagan produjeron una generación de controladores de reemplazo que fueron contratados al mismo tiempo y ahora se jubilan al mismo tiempo, y la FAA nunca los sustituyó en cantidades suficientes. En 1981, los controladores gestionaban unos 14.200 vuelos comerciales al día. Hoy, unos 11.000 controladores plenamente certificados atienden un sistema que gestiona más de 44.000 vuelos diarios. En mayo, la FAA redujo su propio objetivo de controladores certificados de 14.633 a 12.563. En febrero de 2025, semanas después de que una colisión en el aire sobre el río Potomac causara 67 muertes, el Gobierno despidió a casi 400 empleados de la FAA, incluidos, según se informó, trabajadores encargados del mantenimiento de equipos de radar, aterrizaje y navegación.
Los controladores han sido tratados en consecuencia. El Congreso aprobó un aumento salarial del 3,8 por ciento este año, pero la FAA pagó solo el 1 por ciento y retuvo el resto. El 2,8 por ciento restante se liberó en octubre, únicamente después de que la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (NATCA), que sustituyó a PATCO después de que esta perdiera su certificación, aceptara el seguimiento mediante credenciales de identificación y la programación de turnos en función de la demanda.
La NATCA ha aceptado este marco en todas sus etapas. Su dirección ha prorrogado repetidamente el contrato de los controladores sin someterlo a votación de los afiliados, una práctica que una resolución presentada en la convención sindical de 2025 denunció como “un desprecio por el derecho de los afiliados a la autodeterminación”. El viernes, fueron la formación y la experiencia de los controladores y pilotos, no los sistemas construidos por los contratistas, las que permitieron que miles de aeronaves aterrizaran sin peligro. Sin embargo, la estrategia del sindicato consiste en apelar al Congreso y a la FAA, los mismos organismos que han presidido esta crisis.
Todos los ámbitos de la vida social han quedado subordinados al enriquecimiento de una oligarquía financiera y a las exigencias de la guerra. Se han encontrado billones para recortes de impuestos a las corporaciones, rescates bancarios y el Pentágono, pero no para la infraestructura de la que depende la sociedad.
El colapso del control del tráfico aéreo plantea las cuestiones políticas más fundamentales. Los sistemas de los que dependen millones de vidas no pueden quedar en manos de contratistas privados y de los mercados financieros. Deben pasar a ser de propiedad pública y ser gestionados democráticamente por los trabajadores que los construyen y operan. Reconstruir el control del tráfico aéreo y el resto de la infraestructura del país, y contratar a las decenas de miles de trabajadores necesarios con salarios dignos, requiere recursos de enorme magnitud. Solo pueden obtenerse expropiando la riqueza de la oligarquía y poniendo fin al presupuesto de guerra.
Los controladores necesitan organizaciones propias: comités de base, controlados democráticamente por los trabajadores de las instalaciones, que compartan información, expongan las condiciones peligrosas y coordinen las reivindicaciones entre las distintas instalaciones. Estos comités tendrían aliados naturales entre los pilotos, auxiliares de vuelo, mecánicos, personal de tierra y trabajadores de todas las industrias.
El desastre aéreo, el derrumbe del edificio en Brooklyn y el accidente en el Misisipi son productos de un orden social que ya no puede mantener las condiciones básicas de la vida moderna. La oposición expresada en las elecciones no puede realizarse a través del Partido Demócrata, que es responsable de todas las etapas de este declive. Se necesita un movimiento político independiente de la clase trabajadora, en Estados Unidos e internacionalmente, para romper el dominio de la oligarquía financiera y reorganizar la vida económica sobre bases socialistas.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 16/11/2026)
