La "Caravana de la Muerte" en Chile crea problemas para la élite gobernante

31 December 1969

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La detención del dictador Pinochet por orden de los magistrados españoles ha creado considerables problemas para los círculos gobernantes de Chile. Desde Enero de 1998, se han presentado 34 procesos criminales contra oficiales de la anterior dictadura que usurpó el poder en 1973. El caso más destacado, conocido como la "Caravana de la Muerte", atañe al célebre escuadrón del ejército que recorrió el país a raíz del golpe militar.

El juez, Juan Guzmán Tapia, que dirigió las investigaciones durante los últimos 20 meses, ha intentado demostrar la responsabilidad de al menos 10 oficiales de alto rango del ejército, quienes ordenaron las ejecuciones y el entierro en secreto de más de 70 prisioneros políticos en una docena o más de lugares. Bajo la supervisión del juez, se exhumaron tumbas comunes y se identificaron más de 50 cuerpos. El interrogó a los oficiales que participaron o presenciaron las ejecuciones y también recibió testimonios de las familias de los desaparecidos.

Durante el principio de las investigaciones, Guzmán estableció que los cuatro primeros homicidios fueron perpetrados el 4 de Octubre de 1973 en Cauquenes, una ciudad regional al sur de Santiago. A continuación, el escuadrón de la muerte asesinó a otros 68 prisioneros en las provincias del norte de Chile a mediados de Octubre; 15 en La Serena, 13 en Copiapo, 14 en Antofagasta y 26 en Calama.

Las primeras investigaciones de Guzmán terminaron en Junio porque aún no se habían encontrado los cuerpos de 19 personas desaparecidas en Cauquenes, Copiapo y Calama. El rechazó los certificados de defunción que presentó la defensa y el 8 de Junio ordenó la detención the cinco oficiales del ejército, haciéndoles responsables de los 19 cuerpos desaparecidos. Entre los cinco oficiales se encontraba el general jubilado, Sergio Arellano Stark. Pinochet le designó personalmente como jefe del escuadrón de la muerte.

Guzmán acusó a los oficiales de agravante secuestro, sosteniendo que aún tenían a los 19 prisioneros cautivos. Este fallo de "secuestro perpétuo" esquivaba la Ley de Amnistia de la época de Pinochet, la cual protegía al ejército de cualquier persecución por los crímenes cometidos durante los primeros cinco años de dictadura.

Durante los siguientes diez años, el ejército se apoyó en que el gobierno civil y los tribunales emplearan la Ley de Amnistía para cerrar cualquier caso en contra de ellos. El nuevo tecnicismo legal puede socavar esta práctica; puede permitir que se puedan reabrir cientos de casos anteriormente cerrados o suspendidos.

Hugo Gutierrez, abogado representante de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) dijo: “ Se ha decidido que la Ley de Amnistía debería ser el último paso. Yo creo que el precedente más importante que han establecido los tribunales es que los casos deben ser investigados, procesados y acusados y sólo cuando se vaya a tomar la decisión, mirar si se puede aplicar la Ley de Amnistía.”

Más tarde en Agosto, después de que la corte suprema apoyó la gestión de Guzmán, los cuerpos de cuatro jóvenes pertenecientes al Partido Socialista y asesinados por el escuadrón de Stark en Cauquenes fueron identificados. Cuatro de los oficiales detenidos fueron declarados culpables de disparar a los jóvenes en la cara. Esto contradecía los informes del ejército los cuales alegaban que los prisioneros fueron disparados en la espalda "mientras trataban de huir", una excusa utilizada para legitimar muchos homicidios.

Las maniobras del Partido Socialista

Muchos de los prisioneros asesinados por el escuadrón del general Stark eran miembros del Partido Socialista (PS). Esto sólo se descubrió cuando el presidente del partido Ricardo Nuñez presentó el 27 pleito, 17 meses después de que el Partido Comunista (PC) hubiera presentado el primero. Nuñez admitió que 41 de las víctimas habían estado asociadas a su partido. El justificó la demora diciendo que “nunca es demasiado tarde para presentar antecedentes para descubrir la verdad.”

Además de mostrar el desprecio hacia sus propios miembros que perecieron bajo la dictadura, la demora revela la profunda crisis que domina al Partido Socialista desde la detención de Pinochet.

Justo después del golpe de 1973, el Partido Socialista inicialmente defendió la limitada y breve política de asistencia social de la extinguida coalición de Allende, dominada por el Partido Socialista, y se presentó como oponente de la severa política económica de la dictadura. Con la perspectiva de entrar en un gobierno de coalición en 1980, esa oposición se evaporó. La constitución de Pinochet de 1980 prescribió el retorno a una “democracia protegida” para 1989. La condición fundamental, aceptada por la Alianza de Concertación (que incluía a los partidos Socialista, Democristiano y Radical), era que el entrante gobierno civil no cambiara la estructura política y económica establecida por la dictadura. Esto significaba, entre otras cosas, mantener la Ley de Amnistía y bloquear cualquier discusión sobre el golpe de estado.

Hoy, el PS lleva casi toda la década de los 90 en el poder. Se ha desacreditado delante de los ojos de la gente sencilla debido a la contínua crisis económica y a los niveles record de desempleo. Además, la gestión de España para extraditar a Pinochet ha hecho difícil para el PS mantener el pacto de amnistía.

Inmediatamente después de la detención de Pinochet, el más vocífero e intransigente defensor de sus derechos fue el ministro socialista, Jose Miguel Insulza. El representó el papel principal al formular la actitud del gobierno: proteger la “inmunidad diplomática” de Pinochet y rechazar la jurisdicción de los tribunales españoles.

Mientras condenó la descarada defensa de Pinochet por parte del ministro, el resto de la dirección del partido no presentó ninguna perspectiva diferente. Los senadores del PS - Ricardo nuñez, Jose Antonio Viera-Gallo y Carlos Ominami - así como la abogada de la Corte Suprema, Pamela Pereira, se unieron a los ministros al aceptar un acuerdo extra-judicial cuyo propósito era suspender los juicios contra el ejército.

Este acuerdo fue formado a raiz del colapso del Comité del Senado de Derechos Humanos (CSDH), establecido por senadores derechistas designados a dedo y cercanos al ejército. El CSDH intentó llegar a un acuerdo con el ejército por el cual el último proveería información acerca del paradero de unos 2,300 prisioneros políticos “desaparecidos” a cambio de una amnistía total y la protección de la identidad de los informantes.

Esa fórmula estaba condenada al fracaso de antemano. Nadie en el PS podía apoyarla públicamanete. Hacerlo hubiera constituido un suicidio político para el PS.

Esperando conseguir los mismos fines pero de una manara menos obvia, el PS ha apoyado un acuerdo ideado por el Ministro de Defensa, Edmundo Perez Yoma, un demócrata cristiano íntimo del ejército. El propuso una “mesa de diálogo” después de mantener conversaciones secretas con el Comandante en Jefe de la Marina, Almirante Jorge Arancibia, y otros jefes militares.

El colega de Yoma dentro del PS, Insulza, dijo que las discusiones de la mesa redonda reunirían varios "partidos para tratar ese problema (encontrar los cuerpos 'desaparecidos' de los prisioneros politicos) lo cual es una herida abierta para el país". Fueron invitados representantes del ejército, grupos religiosos, organizaciones de los derechos humanos y sus abogados, así como varios políticos.

Sin embargo, los medios de información revelaron las preocupaciones del ejército. Los generales dieron a entender que ayudarían a buscar los cuerpos si se suspendían las investigaciones judiciales, a pesar de que los jefes militares han mantenido constantemente que no tienen información acerca del paradero de los cuerpos.

Insulza insistió que las discusiones con el ejército debían continuar, no obstante: “El actual mando de las Fuerzas Armadas puede no tener conocimiento detallado de lo que sucedió a los detenidos-desaparecidos hace 25 años...(Pero) discutir si saben en este momento o no saben en este momento no es la cuestión principal. La cuestión principal es saber si están dispuestos a colaborar en la investigación. Hoy existen las mejores condiciones para que todos colaboren....porque a todos conviene.”

La duplicidad del Partido Comunista

Mientras la mayoría de los políticos, la Iglesia, los círculos militares y algunos abogados de los derechos humanos, como Pereira, han participado en las discusiones con el ejército, AFDD y la Agrupación de Ejecutados Políticos (AFEP) se han opuesto a ellas.

El Partido Comunista y la llamada ala izquierdista del Partido Socialista se han distanciado de las maniobras extra-judiciales para poder presentarse como una alternativa los que están en el poder.

El Partido Comunista teme que la contínua protección del ejército podría crear una creciente conflictividad. El partido sugiere procesar algunos oficiales, reformar la Constitución y eliminar la Ley de Amnistía. Su candidato presidencial, Gladys Marin ha presentado esta plataforma para las próximas elecciones en Diciembre.

El Siglo, la revista semanal del PC, publicó un informe que dio la finada Sola Sierra, miembro del Comité Central y dirigente del AFDD, en el Estadio Nacional delante de 70.000 jóvenes y estudiantes en Junio: “Hoy, las condiciones objetivas no son favorables para que Pinochet sea juzgado en Chile.” Ella advirtió que sin cambios legales, la ”social coexistencia pacífica” estaría amenazada, socavando los “cimientos de una sociedad democrática y un verdadero Estado de Ley”

Esta perspectiva intenta prevenir que la clase obrera tome un rumbo independiente y ajuste las cuentas a las Fuerzas Armadas y la clase gobernante. El Siglo aclamó la detención del general Stark y sus cuatro asociados como un “triunfo de la Izquierda y de las familias de las víctimas...vindicando al Partido Comunista", quien “abrió el verdadero camino para establecer la justicia.” El semanario indicó que los tribunales habían comenzado a adquirir independencia del ejército.

Pero esto está muy lejos de la realidad. Durante los últimos diez años, los tribunales civiles han cerrado cientos de casos contra el ejército. Sólo desde que los jueces españoles comenzaron las investigaciones contra Pinochet han cambiado de dirección los tribunales chilenos.

Sin embargo, aunque no se sabe el resultado del juicio contra el escuadrón de Stark, los procesos judiciales han emplazado a toda la clase gobernante en un dilema. A pesar de todos sus esfuerzos para proteger el sistema politico, el gobierno y los tribunales han abierto el camino para futuras acusaciones contra el ejército, socavando la confianza popular en la reconstituída estructura de democracia parlamentaria.