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El testimonio de Rafael Pérez, ex agente de policía de Los Ángeles, acerca de la profunda red de acusaciones falsas y corrupción que la policía aha tendido, hasta ahora se ha limitado al distrito Rampart del Departamento de Policía de Los Ángeles. Pero según el ex agente del LAPD, 90% de los agentes de policía asignados a las unidades anti pandilleras de CRASH, no sólo los que trabajan en Rampart, ordinariamente falsifica evidencia.

El Jefe de la Policía de la ciudad, Bernard Parks, recientemente le admitió al Concilio Municipal que los investigadores han encontrado pruebas que las mismas prácticas ocurrían con frecuencia en otras unidades de CRASH, específicamente en el Distrito 77, que se ubica en la zona central-sur, y en Hollywood.

Parks y el Departamento tratan de pintar al escándalo como si éste se limitara a las actividades anti pandilleras, las cuales no siguen los mismos reglamentos, la misma gerencia o la misma obligación de reportaje que rigen a otras operaciones ordinarias. No existe duda que un alto porcentaje de agentes de policía en unidades tan especializadas sea violento y carezca de escrúpulos. Sin embargo, la falsificación de pruebas y de los informes, el perjurio, los encubrimientos, los tiroteos ilícitos y la administración de la justicia callejera, tal como lo divulga Pérez, han sido práctica común de las operaciones de campo y patrulla del LAPD por muchos años, sobretodo en las comunidades obreras y pobres. Aquellos incidentes que ya forman parte de los archivos de los tribunales demuestran que los abusos en Rampart ya eran práctica del LAPD desde hace mucho.

En 1989, agentes de policía patrulleros en el Distrito 77 le dispararon a, y por poco matan, John Shelton, hombre de raza negra de 30 años de edad, mientras investigaban un atraco donde se había robado cierta cantidad de cerveza y un dinero en moneda. El incidente había ocurrido en el lote de estacionamiento de una gasolinera. Los agentes de policías reclamaron que, a su pensar, Shelton les había apuntado con una pistola mientras asumía la posición de tirador. El sargento Stacy Koon, quien luego se hiciera famoso como supervisor a cargo durante la paliza de Rodney King, llegó al lugar del crimen. Las víctimas del robo inmediatamente declararon que Sheldon no era el ladrón. No obstante, Koon ordenó que ficharan a Shelton y, mientras la ambulancia lo llevaba sangrando al hospital, subrepticiamente le colocaran en el bolsillo monedas que falsamente lo vincularan al crimen.

Ni uno solo de los muchos de agentes de policía presentes protestó. El equipo de investigación OIS (Agente de Policía Participante en un Tiroteo) disminuyó la importancia del tiroteo y el Jefe Daryl Parks y la comisión de la policía aceptaron sus conclusiones sin más y menos. Eventualmente, los cargos contra Shelton fueron declarados sin lugar, pero un tiempo después, en una audiencia en que a Shelton se le acusaba de haber violado su libertad condicional, un agente de policía prestó testimonio falso que las víctimas del robo lo habían identificado positivamente como autor del robo. Shelton paró en la cárcel por año y medio más.

En 1992, agentes de policía patrulleros pertenecientes a un distrito del LAPD cerca de la University of Southern California (Universidad de California del Sur) en la zona central-sur de la ciudad, le dispararon al quinceañero Kenny Moore, quien aspiraba a ser caricaturista. El joven iba en un auto robado que se había encontrado abandonado en la calle. Cuando los agentes de policía trataron que Moore se echara a un lado y se detuviera, éste saltó del auto y emprendió fuga. Primero, un agente de policía abrió fuego; luego, otros cuatro, en tres carros patrulleros diferentes, hicieron lo mismo. Poco después declararon que Moore, al asumir la postura de tirador, les había apuntado con una pistola.

Los agentes subrepticiamente colocaron una pistola cerca del cadáver de Moore; pistola que luego se descubrió no funcionaba porque el guardamontes había sido martillado. En el juicio civil que luego se entabló, un perito en armas de fuego—quien había sido maestro de tira al blanco en el Departamento del Shérif de un condado vecino—testificó que, en su opinión, la pistola lo más probable había sido deliberadamente dañada por uno de los maestros de tira al blanco del LAPD. Un testigo civil declaró que había visto a un agente de policía vestido de civil sacar la pistola del baúl de su automóvil y colocarlo al lado del joven que moría.

Como en el atraco contra Juan Saldana, los agentes de policía presentes en el lugar se tardaron en llamar la ambulancia. Moore se desangró a muerte antes de llegar al hospital del condado. Otra vez, los funcionarios OIS y el jefe Gates concluyeron que la matanza se había llevado a cabo conforme a los reglamentos. El cuento que los agentes de policía habían inventado quedó como la verdad.

También en 1992, agentes de policía patrulleros del LAPD le dispararon a Alfonso Aguirre-Álvarez, de 19 años, cuando éste trató de correr después de haber manejado un automóvil ajeno sin permiso. Los supervisores del LAPD entonces “desaparecieron” al joven herido, instruyéndole al personal del hospital de la Universidad de Los Ángeles en California (UCLA) que no se comunicara con los parientes. Aguirre-Álvarez murió dos semanas después—sin volver a ver su familia.

En 1996, Melissa Town, luego identificada por Pérez entre los agentes de policía de Rampart que inventaba pruebas para justificar tiroteos, falsamente acusó a Michael White, trabajador civil del condado, de ser traficante de drogas mientras ella trabajaba de policía secreto para una unidad encargada de investigar el tráfico de narcóticos. White había llegado a un parque en un “barrio bajo” del centro de Los Ángeles para entregarle a su medio hermano el correo. En ese momento, un allanamiento sorpresivo contra vendedores de bolsas de mariguana, valoradas en $5, había comenzado. Cuando White le informó a los agentes de policía que él no podía identificar a nadie que había estado vendiendo la droga, los agentes lo arrestaron y lo ficharon por ser traficante de drogas. Aunque el jurado luego falló a su favor, White languideció en la cárcel por meses antes del juicio.

De Rodney King a Rampart

Tom Bradley, ex alcalde de la ciudad, nombró una comisión oficial que documentó la conducta inmoral penetrante del LAPD. Esta comisión de alta reputación, bajo la dirección de Warren Christopher, ex Secretario de Estado de Los Estados Unidos, y administrada por abogados pertenecientes a los bufetes más distinguidos de la ciudad, investigaron al LAPD luego de la paliza captada en videocinta de Rodney King.

La Comisión Christopher concluyó su informe con que existía una cantidad numerosa de agentes de policía en el LAPD que repetidamente usaban fuerza excesiva contra el público. En muchos casos, el Departamento no sólo había fracasado en resolver el problema que este grupo de agentes presentaba, sino que los había galardonado con elogios a su labor y con ascensos de puesto.

Aunque las víctimas de la violencia policíaca rara vez se quejaban al LAPD, el informe de la Comisión reveló que habían 183 agentes contra quienes habían por lo menos cuatro quejas ser violentos. La Comisión señaló a 44 agentes contra quienes habían seis quejas o más. La mayoría de estos agentes desempeñaban sus labores como patrulleros ordinarios. Muchos fueron ascendidos a unidades especializadas, como CRASH o las que tenían que ver con narcóticos.

Muchos de estos elementos, tan inestables y violentos, provienen de las fuerzas armadas y típicamente daban las pautas. Los reclutas nuevos que todavía no sufren de estos impulsos tan destructivos, y que quieren ser aceptados, tarde o temprano aprenden a seguir la corriente. O cínicamente optan por ignorar los abusos y socorren al “código de silencio” que la Comisión Christopher documentó en su informe.

El abuso policíaco es norma nacional

El LAPD no es el único departamento de policía en el país que asigna los elementos más sádicos y sicópatas a unidades tan machistas como CRASH. Todas las ciudades mayores de Los Estados Unidos gozan de semejantes unidades que son responsables de muchos ataques a tiros y agresión.

La mayoría de estos ataques no reciben ninguna publicidad. Aunque el asesinato en febrero, 1999, de Amadou Diello, inmigrante del Africa Occidental de 22 años de edad, a manos de agentes de policía neoyorquinos, recibió atención nacional, muertes similares por lo regular reciben atención local mínima. Se inventan explicaciones y los agentes de policía quedan exonerados.

En estado tras estado, la policía ejecuta más gente en las calles que los que se ejecutan bajo orden judicial. Por ejemplo, Chicago le disparó a 505 personas entre 1990 y 1998. De ésas, 123 quedaron muertos.

En febrero, 1998, la policía de Chicago le disparó en la cabeza a Chad Edwards, joven negro. Este se encontraba de visita en la casa de un amigo vecino en compañía de su novia cuando la policía entró sin anunciarse. No llevaba armas, pero, al ir al umbral de la puerta para averiguar la razón del estrépito, cayó en medio de una balacera. La policía pronunció su veredicto: el tiroteo y la muerte de Edwards habían sido justificados. Mientras Edwards agonizaba en el hospital, la policía le imputó los cargos de entrada ilegal y agresión agravada. Luego murió de sus heridas.

Es probable que en noviembre, 1998, la policía haya ajusticiado a Brennan King, de 21 años y padre de tres, en los edificios de vivienda Cabrini-Green. Varios testigos declararon que lo habían oído en las escaleras implorando por su vida, pero seis balas le apagaron la voz.

Cinco agentes de policía en los suburbios de Pittsburgh, Pennsylvania, asesinaron a Jonny Gammage, motorista negro y primo hermano Ray Seals, jugador de fútbol norteamericano, cuando lo detuvieron en tráfico para hacerle una investigación rutinaria.

En 1998, en Riverside, California, agentes de policía se acercaron a una joven negra, Tyisha Miller, quién se había quedado dormida en el asiento delantero de su automóvil. Trataron de despertarla y, al no reaccionar, quebraron una de las ventanas del auto y abrieron fuego contra ella, matándola. Luego declararon que la sobresaltada joven había tratado de alcanzar un arma de fuego que tenía cerca.

En California existen estadísticas comparativas entre las muertes a causa de acción policíaca y los asesinatos comunes que se supone la policía investigue. San José, próspera ciudad en el Valle del Silicio, va a la cabeza de esta horripilante comparación: por cada 100 asesinatos, los agentes de policía matan a 5.8 personas. Le sigue San Diego con 5.3 y San Francisco con 4.1. Los Ángeles va a la par de Oakland con 2.2 muertes.

¿Quiénes son las víctimas?

Las víctimas de los asesinatos policíacos por lo regular pertenecen a capas que viven al margen de la sociedad. Las matanzas de los desposeídos que carecen de hogar fijo, de los enfermos mentales, y de la juventud son sucesos ordinarios, sobretodo sin son pobres, inmigrantes, negros o latinos.

Paul García, joven enfermo de la mente, fue muerto a balazos por cuatro agentes de la policía en San José el septiembre anterior cuando acudieron al llamado de su mamá, quién quería socorrerle.

En mayo del año pasado, agentes patrulleros del LAPD que iban montados en bicicleta se acercaron a una mujer de 51 años, Margaret Laverne Williams, quién rumbaba por las calles sin hogar y sufría de la mente. Los agentes querían averiguar si llevaba consigo un carrito de compras que se habían sido robado de una tienda. Según los agentes, tuvieron que dispararle —una mujer que sólo medía 5'1” de estatura—cuando se les tiró encima con un destornillador. El jefe de la policía, Parks, aceptó el testimonio de los agentes a pesar que varios testigos civiles lo contradijeron.

Igualmente, el agente de policía Rafael Acosta, pocos meses antes de matar a Kenny Moore en una rociada de balas, había muerto a balazos a un hombre mentalmente retardado y limpio de armas en el exterior del Coliseo de Los Ángeles. A Acosta no se le disciplinó para nada.

Más recientemente, el 20 del noviembre último, agentes de policía del LAPD mataron a balazos a Félix Valenzuela, de 16 años, quién corría desnudo por la calle bajo los efectos de LSD. Como era de predecirse, los agentes declararon que Valenzuela iba gritando y que les embistió. Recientemente se ha entablado pleito legal contra los agentes. Según la demanda, los agentes impidieron o retardaron atención médica de emergencia para el joven, quien se bañaba de sangre.