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Las revelaciones acerca de la corrupción y acusaciones falsas en el Distrito Rampart del Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD) salieron al aire solamente el otoño pasado porque un agente de policía, por haber robado cocaína, iba a recibir severa condena de cárcel y quería clemencia. El testimonio de Rafael Pérez formó la base para un conjunto de revelaciones en el Los Angeles Times que previno que el asunto desapareciera. Al mismo tiempo, el Consejo Municipal de Los Angeles, la Comisión de Policía y el alcalde Richard Riordan se quedaron mudos mientras el Jefe de Policía Parks y el Fiscal del Condado, Gil Garcetti, se esforzaban por subestimar las implicaciones del escándalo.

En diciembre, Parks reaccionó con indignación cuando se le sugirió que el LAPD era un nido de corrupción y abuso y declaró que “nada podía ser menos verdad”. Pero ya para enero demasiadas revelaciones habían salido al aire. Garcetti admitió que era posible que cientos de casos criminales estaban contaminados y asignó a varios abogados más para que lidearan con el asunto.

Para contener el escándalo que crecía como nube de hongo, Parks se adueñó de la investigación y sostuvo que el escándalo, el cual no tenía precedente alguno, era tomado muy en serio por su departamento. Comenzó a criticar a Garcetti en público, acusándolo de tomar demasiado tiempo en encausar a los agentes de policía; solamente tres habían sido acusados formalmente de actividad criminal. Por su parte, Garcetti se quejó que el LAPD no le estaba suministrando suficiente pruebas para enjuiciar a los agentes por su conducta criminal.

El Alcalde Riordan, quien está a punto de terminar su período como alcalde de la ciudad, le dio su respaldo a Parks y comenzó a criticar a la Comisión de Policía, compuesta de cinco miembros que el mismo había seleccionado, para vigilar al Departamento. El pleito interno y las acusaciones alcanzaron su climax el 16 de febrero, cuando la Comisión tomó un voto, en gran parte simbólico, referente a la decisión de Parks sobre la muerte de Margaret Laverne Mitchell. Según él, la muerte a balazos de esta pobre mujer, que no tenía techo bajo el cual vivir, se había cumplido de acuerdo a “los regalamentos”, sin tomar en cuenta el uso de tácticas dudosas.

Parks catalogó de verídico el testimonio de los agentes de policía, quienes habían declarado que Mitchell se les había lanzado encima con un destornillador. Esto a pesar que testigos civiles habían totalmente contradicho a los agentes. El Inspector General Jeffrey Eglash, quien anteriormente había sido procurador/fiscal para el gobierno federal, no estaba de acuerdo. Por voto de 3-2, la Comisión decidió que la muerte de Mitchell no había seguido los reglamentos y apoyó a Eglash contra Parks. Sostuvo que el parecer de los agentes—es decir, que corrían peligro—no tenía ninguna base razonable objetiva. Y sostuvo también que otras alternativas pudieron haber difundido la situación. No obstante, los comisionados en ningún momento dudaron que los agentes habían sido completamente sinceros cuando decidieron que sus vidas estaban en grave peligro.

Hubieron exhortaciones públicas para que el Departamento Federal de Justicia y el Fiscal General del Estado de California investigaran al LAPD. Garcetti, Parks y el Fiscal Federal local, Alejandro Mayorkas, condujeron una conferencia de prensa muy incómoda donde prometieron colaborar en la investigación del escándalo. Sin embargo, cuando se reveló que el FBI ya estaba investigando seriamente los abusos contra los inmigrantes perpetrados por la unidad CRASH de Rampart, la imparcialidad de la investigación federal también entró en dudas.

La Unión Norteamericana para la Protección de los Derechos Civiles (ACLU) y una coalición para la investigación del abuso policíaco hicieron un llamado para formar una comisión externa parecida a la de Christopher—como si este esfuerzo anterior no hubiera fracasado rotundamente. La Comisión de Policía votó para que Parks completara el informe que su propia ‘Comisión de Investigación” sobre Rampart ya había emprendido. El 1ro. de marzo, Parks, con mucho bombo y platillo, divulgó un informe de 346 páginas acerca de la corrupción del LAPD que pintó como documento definitivo sobre el escándalo.

Lo que el informe causó fue risa. Le atribuyó la conducta inmoral del personal de Rampart a la “mediocridad”: a la supervisión floja, al fracaso en analizar minuciosamente las contradicciones de los informes policíacos, a la tendencia a desempeñar labor chapucera, y a la pereza. Pero esto no explicó nada. El informe ignoró por completo las causas mucho más fundamentales de la violencia y la corrupción.

Según el informe, el problema de Rampart se debía, por lo menos parcialmente, a los métodos del departamento para emplear a personas. Aparecieron “problemas significativos” referentes a la manera en que se condujeron los análisis psicológicos de ciertos agentes de policía. Esta versión refrita de la Comisión Christopher abogó para que se reclutaran más agentes al Departamento de Asuntos Internos (que se encarga de investigar la conducta ilegal dentro de la policía misma); y, para escaldar las malas hierbas, que todo agente de policía potencial pasara un examen de polígrafo (detector de mentiras). Estos paliativos fueron de ineficacia tan transparente que en menos de una semana Parks se vio obligado a desbaratar todas las unidades de CRASH.

La Comisión Municipal de Los Angeles votó para darle a la Comisión de Policía y al Inspector General Eglash todos los fondos necesarios para analizar el informe del Departamento. Eglash ahora dice que quiere escudriñar al Departamento entero de cabo a rabo y propone reconstruirlo de arriba abajo. Ha reclutado abogados prominentes para que asistan con el esfuerzo. Riordan, Parks y el LAPD se le oponen.

Escisiones en el establecimiento político

Entre todas las acusaciones y recriminaciones ahora existen tres opiniones diferentes en el establecimiento político de la ciudad.:

(1) permitirle al LAPD limpiar su propia casa;

2) permitirle a la Comisión de Policía y su inspector general que cumplan la labor;

3) establecer otra comisión independiente similar a la de Christopher.

Estas diferencias han adquirido un sabor amargo. Durante la conferencia de prensa en la que se divulgó el informe de la Comisión de Investigación, Riordan le ordenó a su personal que le cerraran las puertas a los cinco miembros del Consejo Municipal que apoyan una investigación independiente. Cuando los cinco golpearon ruidosamente las puertas de la conferencia, el cortejo de seguridad de Riordan amenazó con arrestarlos y los maltrató rudamente.

Sería un error sugerir que la indignación tardía causada por las revelaciones acerca de Rampart en ciertos rincones oficiales es genuina o profunda. Otras consternaciones muchos más prácticas reinan, como el temor que el sistema de justicia penal se derrumbe porque los miembros de los jurados dejarán de creer todo testimonio que los agentes de policía presten.

El papel que el Los Angeles Times ha desempeñado, por ejemplo, muestra que sectores de pensamiento más profundo dentro del establecimiento político toman en serio la posibilidad que el sistema de justicia penal entero quede desacreditado.

A pesar de la avalancha de propaganda para fomentar “la ley y el orden” durante los últimos años, las masas trabajadoras todavía se afianzan a principios democráticos, tales como las garantías procesales debidas, y tienen una hostilidad instintiva hacia las tácticas de estado policíaco que se han revelado en el LAPD. Además, la población de la región se ha llenado de inmigrantes salvadoreños y guatemaltecos, quienes han sufrido amargas experiencias con los métodops represivos de los escuadrones de la muerte, métodos que la división de Rampart ha puesto en práctica.

En cuanto a los que son directamente responsables de la supervisión del LAPD, como el Jefe Parks, el Alcalde Riordan y el Procurador/Fiscal del Condado, Garcetti, su comportamiento es el apogeo de la hipocresía. Sus campañas bajo las consignas de “la ley y el orden” y “pongámonos duros con el crimen” crearon el ambiente en que los agentes de policía de CRASH operaban. Riordan fue elegido alcalde de Los Angeles dos veces luego de campañas electorales en las que prometió reducir el crimen si se le permitía emplear a cientos de reclutas patrulleros adicionales.

Aquellos que abogan por una comisión nueva se olvidan de los resultados de la Comisión Christopher hace sólo ocho años. A pesar del énfasis en seleccionar al personal de manera más cautelosa y en capacitarlo mejor, esto no se no se ha cumplido con ninguna seriedad durante los últimos años.

Casi seis años después que la Comisión Christopher lo recomendara, la Comisión de la Policía aprobó, el 24 de junio, 1997, reglamentos para imponer disciplina, pero éstos, que no son obligatorios, habían recomendado que a los agentes de policía se les hiciera más responsables por sus acciones y que a aquellos que se habían mostrado violentos o deshonestos se les castigara. Pero a instigaciones del Alcalde Riordan, el Jefe de la Policía, Willie Williams, policía procedente de Philadelphia que inicialmente había reemplazado a Daryl Gates y quien no tenía ningún vínculo directo a la jerarquía del LAPD, fue canjeado y reemplazado por el veterano Bernard Parks en 1997. Cuando el Jefe Parks asumió el poder en 1997, prontamente canceló los regalmentos.

En cuanto a las causas de la pobreza, la superpoblación, el abuso de drogas y las escuelas delapidadas, los políticos que representan a los grandes comercios y sus compinches en el gobierno municipal no tienen ninguna solución. Al contrario, el Consejo Municipal de Los Angeles ha propuesto abrir una cuenta de ahorros en valor de $150 millones en anticipación de los pleitos legales que se van entablar contra la comisaría de Rampart. Estos fondos provendrán de reducciones que se le harán a los presupuestos de los servicios sociales. Eso es aparte de los casi $70 millones que la ciudad pagó en convenios financieros que resultaron de demandas entabladas contra la policía entre 1993 y 1998.

La contra propuesta de Riordan es la siguiente: que la municipalidad le venda a aseguradores privados su cuota del arreglo financiero con la industria tabacalera, el cual se calcula en $300 millones durante los próximos 25 años, para recaudar los fondos necesarios para pagar los gastos que las demandas le costarán a Rampart. Esto significa que a Los Angeles se le negaría los programas educativos, de salud y otros tantos para los cuales el dinero procedente de las demandas contra las compañías tabacaleras se había destinado. De una manera u otra, los mismos trabajadores que fueron víctimas del abuso policíaco pagarán por ello.