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La reciente llegada de Pinochet a Chile, luego de dieciséis meses de arresto domiciliario en Inglaterra, ha desatado los antagonismos nacionales que se habían suprimido. Las víctimas de la dictadura, fortalecidos por el arresto domiciliario del antiguo ex-dictador, han exigido que se le encause en conjunto con otros funcionarios militares. Por otro lado, la detención de Pinochet ha alentado la militancia de los antiguos partidarios de la dictadura.

El 11 de marzo, Ricardo Lagos, dirigente de Concertación, coalición de centro-izquierda, se juramentó como presidente ante miles de partidarios que cantaban “juicio para Pinochet”. Lagos es el primer presidente socialista desde Salvador Allende, quien fue asesinado por los militares durante el golpe de estado dirigido por Pinochet en 1973.

Lagos, miembro de la facción Renovada del Partido Socialista, hizo un llamado a la reconciliación con la antigua junta militar. Afirmó que hablaba en nombre de todo Chile: “del centro, de la izquierda, de la derecha, y de los militares y civiles”, pero los que varias veces le ahogaron la voz exigían justicia, no reconciliación, para las tres mil víctimas de Pinochet durante sus diecisiete años de gobierno.

Acontecimientos similares ya habían tomado lugar esa misma semana cuando varios miles de manifestantes contra Pinochet gritaron “juicio al asesino” en las afueras del Palacio de la Moneda. Según el periódico argentino , El Clarín, “Esa misma noche los guardias de asalto dispersaron a los manifestantes anti pinochetistas con mangueras de agua y varas de policía. Éstos respondieron a la acción represiva lanzando piedras”.

Los pinochetistas también salieron con nuevo vigor. Cuando Pinochet llegó el 3 de marzo, funcionarios militares y miembros de los partidos de ultra derecha, Unión Democrática Independiente y Partido de Renovación Nacional, lo aclamaron con una recepción. Una banda militar interpretó marchas de guerra de la Wehrmacht (nazi) alemana.

En la recepción, el comandante en jefe del ejército, Ricardo Izurieta, dejó bien claro que las Fuerzas Armadas “continuarían brindando su apoyo permanente y su solidaridad... en toda eventualidad” a su mentor. Izurieta públicamente vinculó a los militares con los partidarios derechistas de Pinochet en la oposición parlamentaria. Luego ese mismo día, aproximadamente 5000 pinochetistas se congregaron frente al hospital militar en un suburbio rico de Santiago, donde al general se le sometía a exámenes médicos.

José Miguel Insulza, ex Ministro del Exterior y dirigente del Partido Socialista, protestó que los generales habían acordado con el gobierno que “Pinochet llegaría como persona enferma y que sus familiares y amigos le recibirían de manera mucho más discreta... no para evitar a la prensa, sino para juzgar lo que a ésta se le revelaría”.

El gobierno laborista de Inglaterra había liberado a Pinochet basándose en que éste estaba enfermo. No obstante, Pinochet, animado por la fiesta de bienvenida, aparentemente olvidó sus varias enfermedades físicas y mentales. Se levantó de su silla de ruedas sin ningún problema y comenzó a pasearse, saludando a sus admiradores y amigos en presencia de más o menos 200 periodistas internacionales.

Dada la furia tan amplia que la liberación de Pinochet causó, esta fiesta de bienvenida provocó consternación a los líderes de la Concertación. Lo último que deseaban era que el público dentro y fuera del país se diera cuenta que los generales continuaban en el poder, y que protegerían a su líder a toda costa.

“El gobierno expresó su disgusto con la decisión del ejército en organizar una recepción para Pinochet”, declaró Raúl Troncoso, Ministro del Interior en el gobierno de Concertación de Eduardo Frei, que está a punto de terminar su período. “Tiene sentido absoluto que los partidarios de Pinochet vayan al aeropuerto a recibirle, pero hacerle una recepción oficial organizada por los militares es otra cosa... Creémos que, dada la situación, esta acción no es apropiada”.

Desde el arresto de Pinochet en 1998, el gobierno de Frei se ha esforzado para darle al mundo la impresión que Chile es capaz de encausar a los ex oficiales de la junta por sus crímenes. Durante los primeros meses de 1988, los jueces del Tribunal Supremo, quienes recientemente habían sido nombrados, reinterpretaron la ley de amnistía que hasta ese entonces había protegido a los militares de todo enjuiciamiento durante los primeros 10 años de gobierno civil.

Bajo la nueva interpretación, varios oficiales de alto rango fueron encarcelados. Cinco ex generales y docenas de funcionarios de bajo rango se encuentran bajo arresto militar por delitos cuya gama va del secuestro agravante al asesinato.

Además, el ejército participó en varias reuniones con abogados de los derechos humanos y organizaciones religiosas. A estas reuniones se les caracterizó de “mesas redondas”, las cuales ostensiblemente localizarían a unas 1,200 víctimas cuyos cadáveres todavía permanecen desaparecidos.

El retorno triunfante de Pinochet ha paralizado las mesas redondas. El abogado de derechos humanos, Roberto Garreton, atribuyó el colapso de éstas a la “bienvenida de héroe” para Pinochet.

Se revela el papel del gobierno de la Concertación

Las protestas de los líderes de la Concertación contra la recepción para Pinochet tenían otro propósito: desviar la atención de su propia complicidad en la liberación de Pinochet.

El periódico chileno La Tercera publicó un artículo interesante el 3 de marzo que establecía los vínculos estrechos que existen entre el gobierno Concertación, el líder del PS, Insulza, las fuerzas armadas y la antigua junta.

“En junio, 1999, se produjeron cambios que contribuyeron a mejorar las relaciones entre el ejército y el gobierno” continuaba el artículo. “El presidente Eduardo Frei hizo cambios extensos en el Gabinete y nombró a Juan Gabriel Valdés como Ministro del Exterior, aunque el verdadero estratega para el caso (de Pinochet) seguía siendo José Miguel Insulza...

“Según fuentes oficiales, el elemento que contribuyó a que el Gobierno y los militares mantuvieran una labor bien coordinada fue ... la promesa de Frei para lograr que Pinochet regresara al país antes del primero finalizar su mandato en marzo. La llegada de Pablo Cabrera como embajador en Londres constituyó otro paso en estas relaciones. Cabrera estableció relaciones excelentes con el general”.

El artículo reveló el compromiso de Frei con el ejército para lograr la liberación de Pinochet antes de salir del gobierno el 10 de marzo. Con la asistencia del gobierno británico, Frei cumplió su promesa con siete días de adelanto. El artículo también revela el papel “estratégico” que desempeñara Insulza, líder del Partido Socialista, muchos de cuyos miembros fueron asesinados o exiliados durante el régimen militar.

Mientras el gobierno se encuentra ansioso por enterrar el caso Pinochet, otro caso, conocido como “La Caravana de la Muerte”, se ha convertido en el foco de resistencia contínua a la protección del ejército. Es sólo una de 72 causas que se han entablado contra la junta. Iniciado a primeros de 1998 por el juez Juan Guzmán, quien actúa como juez y fiscal en la práctica del derecho chileno, el caso ya ha resultado en el arresto de cinco oficiales del ejército, incluyendo un ex general.

El caso implica a un escuadrón del ejército en las ejecuciones sumarias de 72 prisioneros políticos durante el mes luego del golpe militar. Todavía no se han podido ubicar e identificar los cadáveres de 19 víctimas.

El caso efectivamente ha eludido una de las disposiciones de la amnistía relacionadas con los crímenes cometidos por la junta durante los primeros cinco años en el poder. Guzmán decidió que, puesto que los 19 cadáveres todavía no han aparecido, sus personas deben considerarse vivas. Por consiguiente, los oficiales implicados en las ejecuciones fueron arrestados y acusados de secuestro agravante, no de asesinato. Podrían permanecer encarcelados hasta que se identifiquen los cadáveres.

Es significativo que la Caravana de la Muerte es de los pocos casos que directamente implican a Pinochet. Según Sergio Arellano Stark, general a cargo del escuadrón, él estaba bajo órdenes directas de Pinochet para acelerar las ejecuciones de los prisioneros políticos. Arellano Stark viajó a varios centros del interior del país con un expediente presuntamente firmado por Pinochet que revocaba las decisiones de los comandantes del interior y ordenaba los asesinatos.

La inmunidad senatorial protege a Pinochet contra todo enjuiciamiento, pero Guzmán está apelando a la Corte de Apelaciones para despojar al ex dictador de semejante privilegio. Las dos partes pueden apelar su dictamen a la Corte Suprema.

Antes de que cualquier diligencia pueda proseguir, los análisis médicos deben verificar que Pinochet sufre de senilidad o cualquier otra incapacidad mental que le impida comparecer ante un tribunal. Si es necesario, el gobierno chileno puede valerse de la misma defensa que sus contrapartes ingleses usaron: que Pinochet está demasiado débil para ser enjuiciado.