Utilice esta versión para imprimir

Es posible que los cuatro policías neoyorquinos que el 25 de febrero fueron exonerados de la matanza a balazos de Amadou Diallo todavía puedan ser sometidos a juicio interno del mismo Departamento de la Policía. Si se determina que la muerte fue en violación de los estatutos reglamentarios policiales, puede que los cuatro queden cesantes de sus empleos.

Por otra parte, los padres de Diallo han expresado la intención de entablar una demanda civil contra la policía y la municipalidad. También el Departamento de Justicia federal ha anunciado, a través del fiscal que lo representa en la división sur de la ciudad de Nueva York, que “investigará el caso para determinar si hubo alguna infracción de las leyes que protegen los derechos civiles”.

No importa lo que resulte de cualquier acción futura, el veredicto en Albany tiene insinuaciones bien siniestras. Ya éste se ha interpretado como justificación para el abuso diario y la ocupación casi segura de vecindarios pobres y poblados por las minorías, así como también para la matanza de inocentes. Según uno de los abogados que defendió a los agentes, “los oficiales de la policía tienen ahora el poder legítimo de tomar medidas agresivas sin tener que pestañar. Para éso la sociedad les paga. No podemos darnos el lujo de ponerles obstáculos en el camino. Tal vez fue con ésto que el jurado concurrió”.

La policía sirve como defensora del sistema social en existencia en una ciudad que se caracteriza por una desigualdad social espeluznante. Mientras los presupuestos para los programas sociales se han reducido repetidamente durante los últimos 25 años, la cantidad de agentes policiales ha aumentado a 40,000; es decir, una cifra sin precedente.

La misión principal de la policía consiste en defender a los ricos de los desposeídos en una ciudad donde, según un estudio reciente, el 20 por ciento de la población con mayor ingreso tiene una entrada 25 veces mayor que el resto; una ciudad que tiene el índice de personas sin hogares más alto de todo el país, personas que caminan las mismas calles codo a codo con la mayor concentración de multi-millonarios en todo el mundo.

Que a Diallo lo ejecutaran como si lo hubieran puesto contra un paredón expresa de la manera más pasmosa la repudiación total de los derechos democráticos elementales de la clase obrera y de los pobres, sobretodo de las poblaciones negras, hispanas e inmigrantes. Bajo la política de “detener y registrar” implementada por la Unidad contra el Crimen Callejero, diez de miles han sido tirados contra la pared y registrados bajo sospechas tan frívolas como las que terminaron en la muerte del inmigrante de Africa Occidental.

De acuerdo con los propios cálculos conservadores del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), 16 personas de raza negra fueron detenidos por cada arresto que se hizo. Agentes de la policía informan que en varios vecindarios, jóvenes fueron sometidos tantas veces a este trato bestial que éllos mismos, cuando veían que se acercaba un carro de la policía secreta, por su propia cuenta “se ponían en figura de águila” para que se les registrara.

El traslado del juicio de Brooklyn a Albany fue como echarle sal a una herida: los trabajadores no sólo tienen que enfrentarse a la balas de la policía, sino que también se les niega el derecho a prestar sus servicios como miembros de jurados luego de semejantes atrocidades.

Rudolph Giuliani, alcalde de Nueva York, alabó la exoneración de los policías y llovió con elogios a un sistema judicial con jurado que no aceptaba como miembros a los mismos residentes que él representa. Declaró: “Me llena con sumo respeto ser americano y vivir en un país donde existe el juicio con jurado”. La semana anterior, el alcalde repetidamente había atacado el “prejuicio anti-policial”, igualándolo al fanatismo racial y al anti-semitismo y poniendo a los policías neoyorquinos al mismo nivel de los “trabajadores que abogan por los derechos civiles”.

La contrincante de Giuliani en las eclecciones venideras para el Senado de la república, Hillary Clinton, respondió al fallo en términos casi iguales a los de Giuliani. “Todos tenemos que trabajar juntos para lograr el día en que todos los ciudanos y los policías se respeten unos a otros”, declaró, añadiendo que ”No podemos dejar que este veredicto divida a los neoyorquinos. Mientras Bill Clinton hace alarde de que uno de sus grandes éxitos ha sido el empleo de 100,000 agentes de policías adicionales con fondos federales, su esposa propone añadir otros 5,000.

En una carta anterior dirigida a la Patrolmen's Benevolent Association, el sindicato de agentes de policía que representa a los cuatro policías (pertenecientes a la Unidad Contra el Crimen Callejero), Clinton se disculpó por haberse referido a la muerte de Diallo como “un asesinato”, diciendo que había cometido un error. Declaró a continuación que apoyaba la pena de muerte en casos en que ocurre la muere de un policía”.

Muchos neoyorquinos reaccionaron al veredicto con ira e incredulidad estupefacta. Sólo horas luego de la exoneración de los policías, cientos de personas se congregaron espontáneamente para expresar su ira en el mismo lugar donde los policías le habían matado al inmigrante el año pasado. El sábado, miles de personas desfilaron por la Quinta Avenida en Manhattan y terminaron su marcha ante el Consejo Municipal. Muchos fueron arrestados y acusados de “conducta escandalosa” y con “incitar a motines”.

Miles más llevaron manifestaron en frente de las Naciones Unidas en la zona este de Manhattan. Dicha manifestación había sido convocada por el National Action Network bajo la dirección de Al Sharpton. Este, quien recientemente se transformara de demagogo racista en empresario dirigente Negro del Partido Demócrata del estado de Nueva York, presentó a varios políticos ante la multitud. Entre éstos se encontraba David Dinkins, cuyo reino como alcalde de la ciudad durante cuatro años causó tantas matanzas a manos de la policía como las que han sucedido durante los siete años bajo Giuliani También presentó al Diputado Federal que representa a Harlem, Charles Rangel.

Los políticos Demócratas han presentado dos demandas principales: entablar un pleito federal basado en la defensa de los derechos civiles contra los cuatro policías; y establecer una junta civil independiente que investigue al Departamento de Policía de Nueva York.

Toda persona con ilusiones de que estos paliativos conducirán a algo más substancial que el establecimiento de programas para “capacitar a los policías a ser más sensibles” solo tiene que fijarse en Los Angeles. Ahí se siguió la ruta de acción federal basada en la defensa de los derechos civiles contra los cuatro policías que salvajamente apalearon al motorista negro, Rodney King, en 1991. Los cuatro fueron exonerados en el juicio estatal, el cual había sido trasladado a Simi Valley, suburbio predominantemente blanco. Reventaron motines enormes por toda la ciudad que dejaron a más de cincuenta muertos.

Sólo dos de los policías angelinos recibieron fallo de culpabilidad en el juicio federal convocado para aplacar las emociones ardientes que la exoneración había desatado. Recibieron una leve sentencia de treinta meses de cárcel.

En cuanto a la junta investidadora, Los Angeles ya ha contado por años con una Comisión Civil para la Supervisión de la Policía. Tres años atrás, el gobierno municipal creó una comisión bajo el mando de un inspector general cuya misión consistía en investigar acusaciones de corrupción y abusos contra la policía.

El impacto de estas iniciativas ha sido cero, pues destalles del escándalo supurante que agobia al Departamento de la Policía de Los Angeles (LAPD) siguen revelándose a cántaros. Más de 70 agents de policía se supone que están bajo investigación. Se la ha

hecho un llamado al FBI se le ha llamado para que investigue evidencia de corrupción y brutalidad desenfrenadas, inclusive testimonio que una unidad policial anti-pandilla por costumbre solía acusar fraudulentamente, moler a palos y hasta asesinar a inocentes.

Estos escándalos policiales son perennes en la vida estadounidense. Desde la Comisión Knapp a principios de los 1970 a la Comisión Mollen en los 1990, es asombrosa la regularidad de con que se revelan agentes de la policía que actúan como criminales al infligir violencia mortífera contra las poblaciones que se supone protegen.

La enorme polarización social que existe en Nueva York y por todo Los Estados Unidos es incompatible con los derechos democráticos básicos. A las capas gobernantes no les queda otro remedio que valerse de la represión estatal para defender sus sistema y sus privilegios. Ese es el mensaje que el veredicto de Albany envía.

Súplicas para que se reforme a la policía o que intervengan las cortes federales no cambiarán para nada las raíces de la violencia políciaca. Lo que se requiere es la construcción de un movimiento político independiente que luche para unir a todo el pueblo trabajador—negro, blanco, hispano, e inmigrante—,en una lucha común por la alternativa socialista a la opresión capitalista y la miseria social.