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A la ocho de la mañana el jueves pasado, la Gran Bretaña anunció que cesaría todo proceso de extradición contra Augusto Pinochet. A las pocas horas, el ex dictador se encontraba en avión rumbo a Chile. La rapidez con que se hicieron los trámites para que este torturador encausado partiera de Inglaterra fue muy diferente al lento ritmo con que se efectuaron las diligencias de extradición desde su arresto en octubre, 1998.
Los partidarios de Pinochet en Santiago recibieron las noticias de su retorno inminente con gran júbilo. Luis Cortés Vía, general jubilado y Director Ejecutivo de la Fundación Pinochet, declaró que “estamos muy contentos ... la justicia ha triunfado” ( traducido del inglés). Las Fuerzas Armadas ya estaban preparando una ceremonia para darle la bienvenida a su ex Jefe Supremo.
Los protectores del General Pinochet en el Partido Conservador Británico también expresaron gran placer con su liberación. El ex Canciller Conservador Norman Lamont, quien con Margaret Thatcher fuera de los partidarios más vocíferos del General, pintó de “episodio despreciable” las diligencias para su extradición.
Grupos que representan a personas que fueron torturadas en Chile, así también como los parientes de los “desaparecidos”, deploraron que a Pinochet se la había liberado para que regresara a Chile. Reed Brody, Director de Fomento de la Human Rights Watch [Organización para la Vigilancia de los Derechos Humanos], declaró: “Es una gran desilución para los miles de víctimas que a Pinochet no se le encausara en España”. En Santiago, Henrika Harkko, estudiante de 24 años, dijo, “Tratamos de lograr que el mundo nos escuchara. Queríamos justicia, pero no la obtuvimos...”
El enero pasado, Jack Straw, Ministro del Interior británico, había declarado que le iba a ponerle paro a los trámites de extradición debido a que Pinochet no se encontraba en buena salud. Invitó a todas las partes interesadas a presentar sus protestas antes de tomar una decisión substantiva sobre el caso. Los doctores que Straw había nombrado ya habían declarado que Pinochet no estaba en condiciones de ser encausado; sin embargo, Straw rehusó entregarle copias del expediente médico sobre el cual había basado su opinión a los cuatro países que abogaban por la extradición: España, Francia, Bélgica y Suiza.
Luego de varias apelaciones al Tribunal Superior en Londres para lograr una revisión del fallo, el ministro se vió forzado a entregarles el expediente y a pedirles que presentaran nuevas objeciones.
Straw anunció su decisión final en un expediente parlamentario en que rechaza como “improcedente” toda crítica de la opinión médica. Escribe Straw: “ Nadie de los que han levantado crítica ha examinado al Senador Pinochet”. En un documento de once páginas, Straw sostiene que la salud e Pinochet se había deteriorado hasta tal punto que en ningún país se le podría enjuiciar de manera justa, lo cual, si se llevara a cabo, “violaría la Cláusula 6 de la Convención Europea Sobre los derechos Humanos.
Con el despegue del jet chileno, se pudo escuchar un gemido colectivo de alivio en los círculos reinantes de Londres, Madrid y Washington. El arresto de Pinochet, bajo decreto de extradición emitido por el juez español, Baltazar Garzón, había caído como lata de agua fría. Su enjuiciamiento hubiera desenmascarado ante el público mundial la colaboración que los gobiernos de Los Estados Unidos y de la Gran Bretaña le brindaron a su salvaje golpe de estado y a los años posteriores de sangrienta dictadura.
Anne Widdecombe, Secretaria Asistente del Interior, dejó constar las peocupaciones que el juicio de Pinoche sin dudas creó para aquellos que actualmente corren por los pasillos del poder. Le dijo a la BBC [Cadena de Televisión Británica] que se sentía “aliviada” que el caso por fin se había resuelto. Añadió: “En todas partes del mundo existen procesos de paz como el nuestro en Irlanda del Norte; hay países que están saliendo de la guerra civil; países que están abandonando sus regímenes represivos y convirtiéndose en democracias. Es para ellos decidir si continúan viviendo en el pasado o le ponen límites”.
Igual que España, ninguno de los países que había abogado por la extradición de Pinochet se opuso al fallo final de Straw, acción que hubiera sido posible con otra revisión judicial. Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos que participaron activamente en los procesos anteriores también declinaron interponer objeciones legales de último momento para retrasar la salida de Pinochet. No apelaron la decisión de Straw en ninguna corte superior.
La Organización para la Vigilancia de los Derechos Humanos declaró que, a pesar de Straw permitirle a Pinochet que regresara a Chile, “el arresto de [éste] representa un adelanto permanente en la causa por los derechos humanos”. De la misma manera, Paul May, portavoz del Comité Chileno por la Justicia, dijo, “Estamos orgullosos de que este país ya no es un refugio para dictadores jubilados”.
Amnistía Internacional declaró que “el precedente que este caso establece es el más importante desde los Juicios de Nuremberg. Este caso ha corroborado que el crimen de la tortura ahora puede justiciarse en cualquier rincón del mundo, no importa donde o quién lo haya perpetrado”.
Fue el decreto de extradición español que forzó al gobierno Laborista británico a arrestar a Pinochet. Anteriormente, a éste se le consideraba huésped muy bienvenido al Reino Unido; sus viajes frecuentes como Jefe Procurador de Armas a menudo resultaba en pedidos muy lucrativos para varios fabricantes de armas británicos.
El gobierno británico cayó en un doble aprieto. Por una parte, se enfrentaba a demandas ampliamente populares que al ex dictador lo justiciaran. Por otra parte, el drama se desenlazaba cuando las preparaciones de guerra de OTAN contra Yugoeslavia ya iban bien avanzadas. Los poderes de la OTAN habían tratado de justificar sus objetivos bélicos declarándose oponentes de los abusos servios contra los derechos humanos en Kosovo. Poner en libertad inmediata a Pinochet, cuya responsabilidad por crímenes que su gobierno cometió está bien documentada, habría socavado la postura de la Gran Bretaña: que ésta actualmente ejercía una política exterior moral y que abogaba por llevar a la justicia al presidente de Serbia, Slobodan Milosovic, por crímenes de guerra.
El obstáculo final que pudo prevenir el retorno de Pinochet a su país se superó cuando La Oficina Procuradora de la Corona Británica (CPS) confirmó que no trataría de buscar juicio en el Reino Unido. En una declaración con la que se solidarizó el Procurador General, la CPS hizo constar que le había aconsejado a la Policía Metropolitana que “no existía ninguna perspectiva realista en esta jurisdicción para declarar al Senador Pinochet culpable de ninguna acción criminal”.
La posibilidad que a Pinochet se le lleve a juicio en Chile es remota, pues como senador vitalicio goza de inmunidad contra cualquier acción jurídica. El parlamento chileno ha promulgado una reforma constitucional que le daría inmunidad permanente a todos los ex jefes del gobierno. La nueva medida tomará efecto este mes.