El Caso Abner Louima: Tres Policías Neoyorquinos Culpables de Encubrir Tortura

15 March 2000

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El 6 de marzo, el jurado de un Tribunal Federal de Primera Instancia en Brooklyn pronunció culpables a tres policías de Nueva York de haber conspirado con encubrir, en 1997, la tortura de un inmigrante haitiano en un cuartel de la policía.

Es posible que Thomas Weise y Thomas Bruder ambos reciban condena de cárcel por cinco años por impedir una investigación federal del asalto salvaje contra Louima. Al tercer policía, Charles Schwarz, ya se le había encontrado culpable en un juicio anterior de ser cómplice de Justin Volpe cuando éste torturó al trabajador inmigrante. La tortura se llevó a cabo en un cuarto de baño del Distrito 70 en el barrio de Flatbush, Brooklyn.

Volpe, pronunciado culpable de un ataque sodomita contra Louima usando un palo de escoba roto y perforarle el recto y la vejiga con una herida de una pulgada de diámetro, fue condenado a treinta años de cárcel. Schwarz, culpable de haber aguantado a Louima mientas lo atacaban, se enfrenta a cadena perpetua.

Los tres policías se mostraron incrédulos e iracundos con el veredicto. “¡Son unos desgraciados mentirosos; esto es pura mi— da!”, exclamó Schwarz, quien dirigió

su ira contra su propio abogado. Mientras se lo llevaban para ponerlo bajo custodia de nuevo, le pegó a la pared y gritó otras obscenidades. Los otros dos acusados salieron al pasillo del sexto piso con sus parientes, otros agentes de la policía y funcionarios de la Asociación Benevolente de Patrulleros (PBA), maldiciendo y llorando. Bruder le tiró objetos a la pared. Por su parte, Weise gritó “¡Te voy matar!” a una persona que trató de ayudar a su madre, quien había caído al piso llorando a lágrimas. Guardias de la corte, que sin duda hubieran aplastado a cualquier otro grupo de criminales que se hubiera comportado de la misma manera, se restringieron en apoyo moral.

La PBA, mayor sindicato de policías de la ciudad, había insistido desde el primer juicio que a Schwarz se le había pronunciado culpable injustamente y había jurado comprobar su inocencia en el juicio de la conspiración. Con suma confianza debido a la exoneración de los cuatro policías de la Unidad Contra el Crimen Callejero responsables de haber matado a Amadou Diallo a balazos, el sindicato se había esperanzado con veredictos de exoneración para los tres, no con fallos de culpabilidad para todos.

Diferente al primer juicio acerca del caso de Louima, donde todos los policías permanecieron mudos, Schwarz esta vez presentó testimonio a su propio favor. A Volpe se le puso en libertad temporaria para que testificara que fue Weise, no Schwarz, el que había estado con él en el baño durante la tortura del trabajador inmigrante.

Pareció, sin embargo, que el jurado no creyó la lógica de estos dos argumentos. Aunque gran parte del juiciose basaba en pruebas indirectas, incluyendo llamadas telefónicas entre los acusados y entre éstos y sus presuntos co conspiradores entre ex funcionarios y funcionarios actuales de la PBA, la defensa no pudo controlar las historias incompatibles e inconstantes de los policías. El Schwarz mismo increíblemente sostuvo que no había estado consciente de la índole del ataque contra Louima, aun después que investigadores de la Oficina de Asuntos Departamentales Internos (IAB) habían invadido el cuartel de policía. Bajo intenso contrainterrogatorio, contestó todas las preguntas con que no podía recordar.

En el juicio anterior, los policías habían testificado que Volpe nunca había escondido su depravado ataque. Más bien había marchado por cuartel con el palo de escoba en mano, vanagloriándose que había “quebrado el espíritu de un hombre”.

El alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) ambos trataron de presentar el caso de Louima como “la excepción que confirma la regla”: un puñado de policías que funcionan fuera de la ley habían sido llevados a la justicia a causa del testimonio de otros policías y la labor de IAB.

El hecho es que la investigación policial fue forzada por noticias de primera página basadas en la información que una enfermera en la sala de emergencias le había informado a la prensa acerca de las heridas horribles de Louima. Policías que testificaron contra Volpe, Schwarz y otros dos agentes fueron ellos mismos culpables del encubrimiento hasta el momento en que acusaciones formales se mostraron inminentes. En realidad, la acusación de impedir el debido proceso de la ley habría sido procedente contra docenas de policías que se encontraban trabajabando desde el momento que Louima fue arrestado hasta que lo metieran en la ambulancia en el Distrito 70. Y lo más probable es que también sería procedente contra los superiores del departamento, quienes esperaban que el escándalo desapareciera.

En cierto sentido más fundamental, la tortura en el cuartel tomó lugar en un ambiente socio-político y social bien definido que Nueva York ha engendrado. El gobierno municipal, empedernido en defender la riqueza, los privilegios y el bienestar de una élite de ricos a través de la supresión de los derechos de millones de residentes obreros y pobres, quienes muchos son, tal como Diallo y Louima, inmigrantes, le ha concedido enormes poderes a la policía.

Durante el juicio, el fiscal sostuvo que Volpe y Schwarz compartían un mismo motivo para asaltar a Louima: “enseñarle a respetar a los policías” luego de una noche en que sufrieron golpes al tratar de dispersar una multitud que se había congregado en el exterior de un club nocturno haitiano. Pero este no es un sentimiento que lo comparte solo un grupito de policías abusadores; ha sido fomentado por un gobierno que continuamente ha tratado de culpar a las víctimas de los homicidios y el salvajismo que la misma policía ha desencadenado contra ellos.

Los fiscales federales, sin embargo, se fueron al extremo para desligar el caso de Louima del problema mucho más general: las atrocidades asesinas y la corrupción desenfrenada del NYPD. La fiscal que representó al gobierno federal, Loretta Lynch, declaró que la moral principal de la causa había sido que mentir contra un “policía compañero” era la peor “traición a la insignia y a la hermandad”. Dijo que el veredicto ayudó a la ciudad a llegar a una “resolución”. El procurador principal, Alan Vinegrad, Fiscal Federal Auxiliar, le hizo menosprecio a la pregunta que le hizo un periodista acerca de los vínculos que existen entre este caso y la manera en que el NYPD generalmente trata de encubrir la violencia policíaca. Insistió que este era meramente un caso acerca de “tres individuos que mintieron para proteger a uno de los suyos”.

El juicio también desenmascaró el papel de la PBA, la cual le brinda un apoyo importantísimo al tan referido “Código de Silencio” bajo el cual agentes de la policía metódicamente mienten acerca del abuso policíaco para protegerse unos a otros. Esta práctica es tan común que según el estudio de la Comisión Mollen en 1994—establecida para investigar un escándalo ardiente acerca de la violencia y el tráfico de drogas policíacos—los policías mismos conversan entre sí acerca de “testimentir” ante los tribunales y las cortes.

Los fiscales catalogaron de “testigo desfavorable” a Michael Immitt, fiduciario de la PBA (lo cual equivale a agente de negocios), quien presidiera una reunión en la que los fiscales declararon que el complot se había maquinado para mentir acerca de la presencia de Schwarz durante el atraco en el cuarto de baño. Immit mantuvo en el estrado de los testigos que no tenía ninguna idea acerca de la índole de los cargos contra los policías, inclusive el mismo día que el ataque contra Louima apareció en grandes titulares de los diarios.

También subió al estrado de los testigos Anthony Abate, ex representante del Distrito 70 ante la PBA. Abbate había sido anteriormente despedido del Departamento de Policía por dos razones: vociferar calumnias racistas contra un agente de policía negro y mentir acerca de un regaño violento y repleto de obscenidades que le hizo a una joven policía luego que ésta tratara de presentar, en el cuartel misma, una charla sobre la violencia en el hogar. Cuando se le preguntó acerca de la gran cantidad de llamadas telefónicas que los agentes responsables por el arresto de Louima le habían hecho luego que surgieron las primeras revelaciones de su primera ordalía, Abbate sostuvo que su única participación había sido “escuchar con compasión a los policías”.

Weise fue sucesor de Abbate como representante del distrito. El hermano de Volpe también había tenido el mismo puesto en el sindicato. Pero ésta no fue la primera vez que representantes del sindicato se hallaron implicados en un caso de violencia bárbara. Francis X. Livoti, agente de policía del Bronx, recibió condena de cárcel federal por violar los derechos civiles de Anthony Baez, quien fue estrangulado en diciembre, 1994.

¿El crimen de Baez? Permitió que su pelota de fútbol rebotara contra el carro patrullero de Livoti.