Las Inundaciones de Chile Desenmascaran Falta de Planificación e Infraestructura

29 June 2000

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Severas inundaciones por todo Chile durante el mes pasado han causado por lo menos 17 muertes. Se calcula que 129,000 personas han perdido sus hogares. Lluvias torrenciales azotaron la capital, Santiago, convirtiendo a más del 75% de las calles metropolitanas, inclusive la carretera principal de la ciudad, en pantanos. Las regiones del centro y del sur del país — de importancia agricultora mayor — también se encuentran entre las más afectadas.

Las inundaciones se consideran las peores de Chile durante los últimos 20 años. Semanas de lluvia a cántaros causaron daño mayor a la infraestructura, sobretodo a las carreteras y los puentes, a un coste que se calcula en $1.5 billones.

Se declaró un estado de emergencia en la zona metropolitana de Santiago. Las escuelas tuvieron que cerrar sus puertas, los servicios de tren se cancelaron, y muchos vecindarios sufrieron apagones de luz a causa de los grandes vientos. Varias zonas de la ciudad quedaron paralizadas; muchas de las carreteras estaban bloqueadas y varios puentes se habían desplomado.

Vientos a 90 kilómetros por hora y lluvias abrumadoras destruyeron muchas casas, forzando a miles guarecerse en refugios por todo Santiago. La gran mayoría de las personas que quedaron sin hogar a través de la zona metropolitana provenían de los barrios más pobres de Santiago, incluyendo a Pudahuel, El Monte, Talagante, Isla de Maipo y San Ramón.

Cinco mineros se sofocaron a muerte cuando una fuerte tormenta en el norte del país, formada de agua y hielo, los atrapó dentro de una mina.

Diez de miles de personas perdieron sus hogares en el sur del país, sobretodo los pobres del campo. Muchos viven cerca de los ríos que se desbordaron y barrieron con sus viviendas. Fueron forzados a vivir en escuelas que pronto se convirtieron en hospederías provisionales. La reacción del gobierno al sufrimiento de las víctimas de las inundaciones ha sido tan inadecuado que mucha gente ha regresado a sus hogares saturados de agua para tratar de secarlos y usarlos de carbón.

Se calcula que en el sur las cosechas, los sistemas de irrigación y los recursos agricultores, tales como el ganado y los invernaderos, han sufrido daños de $6.5 billones. Las carreteras permanecen inundadas y no permiten que se transporte el alimento para los ganados, causando que éstos mueran por inanición.

El desastre ha desenmascarado sin piedad al gobierno de Ricardo Lagos, primer presidente del Partido Socialista desde que el General Augusto Pinochet derrocara a Salvador Allende en el famoso golpe militar de 1973.

En primer lugar, el único dinero destinado a asistir a las personas que las inundaciones han dejado sin hogar ha provenido de las donaciones del público en general, pagadas a una cuenta en el Banco del Estado. Al pueblo también se le ha urgido que contribuya mantas (frazadas), ropa, alimentos no perecederos y material para la construcción.

Segundo, aunque Lagos ha tratado de mostrar su consternación por las víctimas que han quedado sin hogar — visitó los suburbios de Santiago más devastados — la responsabilidad por el desastre cae directamente sobre sus hombros. Lagos fue Ministro de Obras Públicas por seis años bajo el gobierno de Eduardo Frei. Permitió que la infraestructura que se diseñó para prevenir los desastres resultara totalmente inadecuada.

Tal como divulgó un diputado del parlamento, sólo 40% de Santiago cuenta con alcantarillas para las aguas pluviales. Durante su ministerio, el gobierno aumentó el área de las zonas residenciales de 2.7 a 14 millones de metros cuadrados sin a la misma vez expandir el sistema de acueductos para la lluvia. La vivienda barata para los pobres siguió construyéndose más y más cerca de las montañas de los Andes sin instalar drenajes para el agua de tormentas. Estos suburbios son los más afectados por este último desastre. Además, las zonas que anteriormente habían sido instaladas con drenaje para el agua fueron construidas en concreto.

Durante las últimas inundaciones importantes de Chile en 1997, las viviendas construidas por el gobierno fueron las más afectadas; fueron incapaces de aguantar el azote de grandes tormentas. Cuando las inundaciones ocurrieron en junio de ese año, el gobierno, con tal de reducir los costes, contrató a una empresa privada, Copeva, para reparar los hogares. Cuando las inundaciones volvieron a ocurrir en agosto, los mismos hogares fueron borrados del mapa. Bajo enorme presión pública, el ministro Lagos se vio obligado a admitir que las viviendas construidas por el gobierno en estas zonas no estaban capacitadas para el tipo de inundaciones que sufrieron. Trató de culpar a las compañías de construcción.

Hoy día Lagos asume el mismo punto de vista. Sostiene que las leyes actuales fracasan en proteger a las víctimas de viviendas construidas mal. Por ejemplo, visitó 400 familias del barrio pobre, Maipú, quienes estaban coléricos acerca de las condiciones y la falta de reacción por parte del gobierno. Lagos declaró que las irresponsables compañías de construcción tenían la culpa y que el gobierno quería introducir un proyecto de ley para proteger a los consumidores.

Esto es una táctica para desviar al pueblo del hecho que el gobierno mismo es responsable por la carencia de planificación y de fondos suficientes para financiar la infraestructura. En primer lugar, fue el propio gobierno el que contrató a las compañías.

Este desastre de la vivienda es parte de un panorama mucho más amplio. Durante la última década, la economía de Chile se ha basado en un programa enorme de desnacionalización, cuyos beneficios han ido a parar en manos de la élite rica mientras la clase trabajadora ha tenido que encararse a las reducciones de personal, la reestructurización, la eliminación de los servicios públicos y la disminución de los niveles de vida.

Las inundaciones — y la reacción del gobierno de Lagos — demuestran que esta política seguirá continuando. Las declaraciones que Lagos hiciera cuando se inauguró como presidente — que la gente ordinaria gozaría de reformas en la vivienda y en la infraestructura — han probado ser completamente fraudulentas.

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