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Aquella personas que el gobierno y los medios de prensa han convencido de que la guerra contra Afganistán se está llevando a cabo para defender a las masas del pueblo estadounidense deberían considerar la política interior que se está planeando en el Congreso, aun mientras el gobierno expande su campaña militar en Asia Central.
La serie de estímulos económicos que el gobierno de Bush ha propuesto luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre le ofrece billones de dólares a los ricos por medio de la reducción de los impuestos, pero le ofrece poco auxilio a los millones de trabajadores y familias que han sido afectados por la tragedia.
Durante los días que siguieron el ataque, el Congreso aprobó $40 billones en asistencia de emergencia, gran parte de ella destinada a pagar los costos de limpieza del World Trade Center y del Pentágono y tomar los primeros pasos para reconstruir la infraestructura de las zonas de Nueva York que fueron devastadas.
Quince billones de dólares adicionales se usaron para asistir a las aerolíneas, quienes habían presionado extensamente para que se les ‘inyectara' el dinero que le pertenece a los contribuyentes [de impuestos o rentas internas]. Al mismo tiempo, despedían a más de 100,000 empleados. Esperando aprovecharse de la situación, la industria de los seguros también esta presionando para que se adopte legislación que establezca un fondo, respaldado por el gobierno federal, que la proteja de reclamos que resulten de ataques terroristas en el futuro.
Con el proyecto de ley para el estímulo de la economía, el gobierno de Bush se ha aprovechado de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre para avanzar su agenda pro corporativa. El programa proveerá solamente $3 billones en beneficios de desempleo (con extensión), primas para el seguro médico y costos para los trabajadores de jardines infantiles que han perdido sus empleos, resultado de los secuestros-bombardeos. No permite casi ningún dinero adicional para comenzar proyectos de construcción urgentes o para la reconstrucción de la infraestructura de la nación. La mayoría de los fondos—cuyo total se calcula entre $60 y $75 billones—están destinados a acelerar el plan para la reducción de las rentas internas (que batió el récord) promulgada por la ley a principios de año y que de varias maneras excluye a las corporaciones de pagar los impuestos.
Luego de reunirse en la Casa Blanca la semana pasada con aproximadamente 70 líderes del mundo de los negocios, Bush declaró: “El Congreso no necesita gastar más dinero; lo que tienen que hacer es reducir las rentas internas”. Los miembros del establecimiento político y corporativo entienden esto bien. Quiere decir la mayor parte de estos fondos caerá en manos de los sectores más ricos y privilegiados de la sociedad. Un asistente de la dirigencia Republicana comentó que con esta legislación el presidente “decidió irse con la gente que lo habían traído a bailar”; es decir, los sectores más voraces de la élite corporativa.
Varios Demócratas han protestado—aunque muy suavemente—los prejuicios extravagantemente pro negocios del plan de Bush. El diputado Charles Rangel (estado de Nueva York), Demócrata y miembro del más alto rango del Comité de Medios y Árbitros de la Cámara de Diputados, declaró: “Creen que pueden sacar al aire todo lo que quieran y cubrirlo con la bandera”.
Pero la oposición más escandalosa al plan proviene de figuras en el Partido Republicano, que han denunciado al plan porque, al no concederle suficiente plata a las grandes empresas, representa tremenda concesión a los Demócratas. Cierto grupo de diputados conservadores, con el Caudillo de la Mayoría del Congreso, Tom DeLay (Republicano de Texas), a la cabeza, se ha opuesto a todo gasto y asistencia a los trabajadores que han quedado destituidos de sus empleos o a la reconstrucción de la infraestructura. Según el grupo, el plan sólo debería incluir reducciones de las rentas internas.
Se espera que el Congreso apruebe las principales disposiciones del plan del gobierno durante las próximas semanas. El gobierno de Bush ha cambiado de parecer en cuanto a las reducciones en los impuestos que se le cobran a los ingresos de las corporaciones y los incrementos de capital. Pero es posible que se adopte otra política para reducir las rentas internas, cosa que por mucho tiempo los grandes negocios habían buscado.
Uno de los grandes despilfarros para los ricos es la propuesta para acelerar del año 2004 al 2002 la reducción por 1% de la tasa de impuestos sobre la renta que se fija al 27% de los ingresos. Esta categoría impositiva sólo se le aplica a un 24% de los hogares que ganan un promedio de $132,000 al año.
Entre las prioridades que Bush quiere añadirle a este programa está la revocación del impuesto mínimo alterno (AMT) que se le cobra a las corporaciones. Desde 1986, la Asociación Nacional de Manufacturantes ha estado tratando de hacer todo lo posible para que el AMT se rescinda. La anulación de éste permitiría que muchas empresas no paguen ningún impuesto sobre la renta.
Otra disposición extendería el período durante el cual a las empresas se les permitiría descontar hacia el pasado—de dos a cinco años—las pérdidas netas sufridas por sus actividades normales. Esto permitiría que los negocios recuperen varios impuestos de la renta que tuvieron que pagar sobre las ganancias récord que tuvieron a principios de los 1990. Las aerolíneas y la industria del petróleo son los patrocinadores más fervorosos de esta medida.
En contraste, los fondos y beneficios destinados a los trabajadores y sus familias son dolorosamente inadecuados y temporales. Los beneficios del seguro de desempleo han de extenderse de 26 a 39 semanas para los trabajadores que perdieron sus empleos luego del 11 de septiembre, pero solamente en aquellos estados donde la tasa de desempleo aumentara el 30% desde esa fecha. Sólo tres estados están exentos de este requisito del 30%: Nueva York, New Jersey y Virginia.
Sólo uno de tres trabajadores estadounidenses actualmente es idóneo para recibir los beneficios de desempleo, pero muchos que reciben sueldos bajos, que tienen oficios temporales, que son eventuales o trabajan por contrato, serán excluidos de esta cobertura. El hecho que los trabajadores idóneos para recibir los beneficios de desempleo sean tan pocos revela de la propuesta de Bush para extender los beneficios—con restricciones—es todavía más cínica. También revela la tremenda erosión en las condiciones de vida de los trabajadores que ha ocurrido como consecuencia de una ofensiva contra la clase obrera; ofensiva que ha durado veinte años con el apoyo de las corporaciones.
Más de 200,000 trabajadores estadounidenses han perdido sus empleos desde el 11 de septiembre, ya que las compañías en casi todos los sectores de la economía han anunciado reducciones importantes. Aquellos empleados que son idóneos para recibir los beneficios de desempleo van a tener muchas dificultades en encontrar nuevos trabajos, pues la crisis económica sigue profundizándose. Cuando los beneficios de desempleo se acaben, el último recurso para estos trabajadores serán los programas de asistencia social que el gobierno Clinton desentrañara al instituir sus “reformas de bienestar social”.
Bajo el disfraz de “gastos para la asistencia”, otra disposición del programa la robaría a un sector de la clase obrera para financiar a otro sector de la misma. Bush propone sacar $11 billones del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) con tal de expandir la cobertura médica para los desempleados. Bajo la ley de 1997 que creó CHIP, los estados reciben cierta cantidad anual para proveer seguro médico a los niños pobres. El dinero que no se gaste por tres años se le reparte a otros estados. Actualmente, este dinero llega a los $11 billones, los cuales los funcionarios del gobierno consideran “dinero que no se ha gastado”.
Ron Pollack, director ejecutivo Families USA, grupo que aboga por la salud, ha declarado que este dinero no estaba “tirado a un lado” esperando que lo gastaran; había sido destinado para el seguro médico de los niños pobres. Comentó: “No es manera muy eficaz de ayudar a las familias, cuando se le roba a los niños para pagar a los adultos”.
El plan de Bush también propone enviar cheques de descuentos a los contribuyentes que poseen recursos económicos escasos y que no recibieron el descuento de $300-600 establecido por la ley adoptada a principios de año. Esta medida, como las anteriores, es temporal y sólo de la daría una ayuda mínima a los trabajadores y a los pobres.
El estímulo que el proyecto de ley que Bush ha propuesto demuestra que no habido ningún paro en la ofensiva que la clase gobernante ha emprendido desde los ataques terroristas. Esta legislación debería conocerse por lo que en realidad es: otra oportunidad para que la élite corporativa avance sus limitados intereses clasistas a costillas de las masas amplias de la población. Las disposiciones de esta ley están hechas a la medida para satisfacer a los grandes negocios, quienes ya habían conducido una campaña para reducir sus impuestos.
El pueblo trabajador debería hacerse la siguiente pregunta: si el gobierno de Bush actúa tan despiadadamente para defender los intereses de una minoría privilegiada en cuanto a la política interior, ¿puede su política exterior ser motivada por intereses clasistas diferentes? Las mismas fuerzas capitalistas que respaldan el programa de Bush para estimular la economía promueven la guerra contra Afganistán, país de gran inestabilidad ubicado estratégicamente en una zona geográfica que contiene enormes reservas de petróleo crudo.
La familia Bush y el Vice Presidente Cheney, entre otros, tienen vínculos directos a la industria petrolera. La política interior del gobierno y su guerra en Asia Central representan dos lados de la misma moneda que se le ocultan al público, lo cual refleja los intereses de la oligarquía financiera.
El gobierno y los medios de prensa hacen llamados patrióticos a la unidad nacional en la “guerra contra el terrorismo” para manipular la opinión pública con tal de que apoye la guerra. Pero el plan económico que está siendo empujado en el Congreso revela que detrás de la unidad nacional, la clase gobernante está despiadadamente siguiendo su programa de guerra contra la clase trabajadora.