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Durante el tiempo que ha transcurrido desde los ataques terroristas contra Nueva York y Washington, Los Estados Unidos ha presenciado una transformación radical en su forma de gobierno; en las relaciones entre, por una parte, el pueblo y, por otra, la policía y las fuerzas armadas; y en el sistema constitucional y jurídico.

Se está creando una agencia policíaca política cuyos garfios se extienden por doquier, consecuencia de la adopción de una ley “anti terrorista” que efectivamente combina el FBI y la CIA y anula la antigua separación que existía entre el espionaje en el exterior del país y las acciones policíacas en el interior del mismo.

Al mismo tiempo que Afganistán es bombardeado, el gobierno de Bush ha declarado que la guerra tiene un segundo frente: aquí mismo en Los Estados Unidos. El gobierno federal emite “alarmas terroristas” vagas y sin corroboración que causan ansiedades y sin darle protección al público. Voceros del gobierno urgen que la población se acostumbre a ciertas medidas—tales como las investigaciones policíacas casuales y los bloqueos de carretera—como si fueran un hecho permanente de la vida. La Guardia Nacional patrulla los aeropuertos, muelles, puentes, túneles y hasta el mismo capitolio en Washington.

Las garantías constitucionales fundamentales—el derecho de hábeas corpus, el derecho del acusado saber los cargos que se le imputan, el derecho de la persona detenida consultar con un abogado, hasta la presunción de la inocencia—se han tirado a un lado para millones de inmigrantes provenientes del Medio Oriente y el Asia Central. Para la población entera, el derecho a la vida privada casi ha sido abolido. A las agencias gubernamentales de espionaje se les ha dado permiso para que planten micrófonos e intercepten llamadas telefónicas, vigilen transacciones financieras y conduzcan otros tipos de espionaje tal como les plazca.

Si el 10 de septiembre al ciudadano estadounidense ordinario se le hubiera mostrado una fotografía de Los Estados Unidos de hoy, los más probable es que su respuesta habría sido: “Este no es Los Estados Unidos que conozco. Se parece más a un estado policíaco”.

La amarga ironía es que estos ataques tan extensos contra los derechos democráticos se han perpetrado en nombre de una guerra declarada para defender “la libertad” y “la democracia” contra el terrorismo. Pero ni el gobierno de Bush, ni sus compinches en el Partido Demócrata—ni tampoco los medios de prensa, obedientes y cómplices que son—se han molestado en explicar la siguiente contradicción: el gobierno de Los Estados Unidos, en ningún momento de su historia durante el Siglo XX, ha asumido semejantes poderes. Ni durante la Primera Guerra Mundial, ni durante la Segunda, ni siquiera durante la Guerra Fría, cuando los antagonistas eran naciones poderosas con vastos armamentos, se dio una transformación tan radical del estado y el sistema jurídico. ¿Por qué sucede esto hoy, cuando el presunto enemigo consiste de una pequeña banda de terroristas que llevan a cabo sus actividades desde las cuevas de uno de los países más pobres del mundo?

La ley anti terrorista

Uno de los elementos claves de la agresión contra las libertades civiles es la nueva acta “anti terrorista”, que el Congreso debatiera a la carrera y promulgara como ley solamente cinco semanas después de los ataques terroristas. La ley define el terrorismo de tal manera que ahora éste incluye actividades políticas y libertades de expresión que previamente habían sido protegidos por la Carta de los Derechos de la Constitución estadounidense. Le da amplia autoridad a las agencias policíacas para que conduzcan investigaciones secretas, espionaje electrónico de mayor alcance y la detención preventiva sin restricciones de personas bajo sospecha de terrorismo. A las personas que no son ciudadanas, inclusive aquellos de residencia permanente lícita, se les puede negar re entrada al país por haber expresado su punto de vista político. Pueden ser deportadas por haber tenido la más mínima asociación con cualquier organización que el gobierno haya designado “terrorista”. El Fiscal General de la nación, John Ashcroft, la semana pasad expandió la lista de estos grupos de 46 a 74.

Entre las medidas más ominosas de la ley se encuentra la abolición de la “pared de fuego” entre las agencias de espionaje para el exterior y el interior del país. La Agencia Central de Espionaje (CIA) ahora tiene la autoridad de compartir información con el FBI. Podrán, por lo tanto, colaborar en el espionaje dentro del país y preparar acciones penales. Al FBI también se le ha autorizado compartir con la CIA, sin recurrir a órdenes judiciales, información obtenida durante las diligencias de los Gran Jurados, lo cual le da a la CIA acceso a información sobre el interior del país que anteriormente se le había prohibido.

Un artículo en el Washington Post del 4 de noviembre llevaba el siguiente titular: “Nace un gigante de espionaje: posible ley anti terrorista cree instrumento para el interior de alcance sin precedente”. El artículo subrayó que los medios de prensa han concentrado su atención en las disposiciones de la nueva ley que tienen que ver con el espionaje electrónico y la interceptación de llamadas telefónicas y, por lo tanto, ha logrado que se ignoren otras disposiciones que fundamentalmente han de alterar las actividades de las agencias de espionaje estadounidenses. Según el Post, uno de los aspectos más significantes de la ley es que “le concede poder al gobierno para que cambie la misión elemental del FBI: de resolver delitos a espiar en el interior del país”.

La ley anula reformas jurídicas promulgadas bajo el Acta sobre el espionaje en el exterior de 1978, que separaba las funciones del FBI como investigador de delitos de sus actividades de espionaje contra espías extranjeros y terroristas internacionales. El Post comenta: “el proyecto de ley efectivamente destruye las paredes de fuego jurídicas adoptadas hace 25 años durante la época [del escándalo] de Watergate, cuando la nación se quedó alarmantemente sorprendida cuando se reveló que el presidente [Nixon] había abusado su autoridad al espiar contra militantes políticos en el interior del país”.

Estos cambios se extienden mucho más allá de la mera expansión cuantitativa de varios poderes de investigación. Constituyen en realidad una reestructuración fundamental de los sistemas policíacos y de espionaje que expande los límites y alcance de éstos.

En días recientes, funcionarios federales han hecho exhortaciones para que se anulen las restricciones contra los poderes policíacos a nivel estatal y local. Larry Thompson, Fiscal General Asistente, ha lamentado que los agentes del Departamento de Justicia “no tienen suficientes ojos y orejas” para vigilar a las personas bajo sospecha de terrorismo. Dijo que “es necesario hacerle un repaso” a las restricciones impuestas sobre las jefaturas locales.

Muchas jefaturas locales ya están anulando reglamentos que rigen la conducta de espionaje, establecidos para proteger los derechos promulgados por la Carta de Derechos. La Comisión de Los Ángeles para la Investigación de la Policía votó para relajar las restricciones impuestas contra el espionaje que se habían adoptado a principios de la década de los 1980 luego de revelaciones que la policía vigilaba a manifestantes anti guerra, políticos liberales y otros disidentes políticos. Las jefaturas de otras ciudades mayores están dando pasos para resucitar los métodos de espionaje que el “Escuadrón Rojo” utilizaba en sus actividades del pasado.

Aterrorizando al público

El 29 de octubre, el gobierno emitió su segunda alarma general sobre el terrorismo en menos de tres semanas. Declarando que había posibilidades de enormes ataques terroristas contra EE.UU. o sus intereses por todo el mundo, el Sr. Ashcroft, Fiscal General de la nación, fue completamente vago en cuanto a los blancos de las amenazas, los métodos o los perpetradores. No dio ninguna información para respaldar la declaración que existía un peligro inminente. No presentó ninguna idea sobre como el público habría de reaccionar al presunto peligro. No obstante, le notificó a 18,000 agencias policíacas locales que “continuaran lo más alertas posible y que inmediatamente notificaran al FBI de cualquier actividad rara o sospechosa”.

Ashcroft le instruyó al público que aceptara medidas extraordinarias, tales como detenciones o allanamientos fortuitos por la policía o la Guardia Nacional e interrogaciones de agentes del FBI. Dijo, “Le pedimos al pueblo estadounidense que coopere y que tenga paciencia cuando—y si es que—se encuentren con medidas adicionales llevadas a cabo por las autoridades federales o locales a cargo de hacer cumplir la ley y otros cuya responsabilidad es proteger la seguridad pública”.

Como consecuencia inmediata de la alerta, se desplegaron tropas de la Guardia Nacional de varios estados para vigilar centros de transporte, abastecimientos potables y plantas nucleares. Estas tropas fueron adicionales a las que ya patrullaban los aeropuertos principales desde los acontecimientos del 11 de septiembre.

Hacia fines de semana, el dirigente Minoritario de la Cámara de Diputados, Richard Gephardt, anunció que el Congreso, por medio de apoyo bi partita, iba a autorizar la colocación de soldados armados en el capitolio. La Corte Suprema subsiguientemente anunció que le iba prohibir al público entrada a sus audiencias.

El gobierno reclama que las “alertas contra el terrorismo” se han hecho para notificar y proteger al público. Pero sin información específica acerca de la amenaza inminente, es decir, cuando y donde los terroristas van a atacar, ¿qué se espera que el pueblo haga? La índole abstracta de estas alertas demuestra que son esencialmente un engaño. Su verdadero propósito es acostumbrar a la población a las invasiones de la vida privada, el desmantelamiento de las garantías constitucionales y la militarización general de la sociedad. Las autoridades quieren que el pueblo acepte como normal el despliegue de tropas armadas en los aeropuertos, edificios públicos, puentes, puntos de inspección en las fronteras y en las calles.

El gobierno de Bush se ha valido de los ataques de ántrax como arma adicional para apabullar al pueblo con tal que acepte las restricciones de tan largo alcance contra las libertades civiles. Aunque las pruebas que se han revelado hasta ahora sugieren que elementos ultra derechistas tipo Timothy McVeigh son probablemente los más sospechosos, la Casa Blanca y los medios de prensa constantemente indican que el culpable de estos ataques de ántrax es Osama bin Laden y que su organización, Al Qaeda, extiende su red por todas partes y representa una amenaza peligrosísima.

Las alertas como las que se hicieron el 11 y el 29 de octubre no tienen otra intención que facilitar la consolidación del nuevo sistema estatal de represión interna. El 29 de octubre, el mismo día de la alerta más reciente, el Presidente Bush presidió sobre la primera reunión del Consejo para la Seguridad de la Patria. Esta nueva organización no tiene precedentes. Incluye al ex gobernador Tom Ridge, quien ha sido nombrado su director; al Fiscal General; a los secretarios de defensa, de la tesorería, del transporte y de los servicios humanos y de la salud; y a los dirigentes del FBI y la CIA. Los poderes de este consejo, como los del Consejo son vagos y carecen definición, lo cual indica que sus poderes casi no tienen límites.

Después de esa reunión, Bush anunció la creación de todavía otra agencia con autoridad policíaca no muy definida: una “agrupación encargada de seguirle la pista a terroristas extranjeros” encabezada por Ashcroft. La creación de esta organización es parte de una política fronteriza que le dará al gobierno la capacidad de prohibir, con mayor facilidad, la entrada a inmigrantes que caen bajo sospecha de tener vínculos con terroristas, y tomar medidas enérgicas contra aquellos que solicitan o ya tienen visas de estudiante.

Detenciones masivas de los inmigrantes

Estos cambios tan profundos llegan bajo condiciones en que la red nacional de seguridad iniciada después del 11 de septiembre se expande, con la cantidad de personas detenidas llegando a más de 1,100. Aunque los funcionarios del gobierno federal no revelan cuantos de los detenidos han sido puestos en libertad, un vocero del Departamento de Justicia ha declarado que “la mayoría” de ellos todavía permanecen prisioneros. El apresamiento de estos individuos todavía permanece secreto; el gobierno no ha dado ninguna información acerca de la identidad de los detenidos, sobre donde se encuentran, por qué han sido detenidos y que cargos—si es que en realidad los hay—se les imputa.

Muchos se encuentran en aislamiento penal. Miembros de las familias desconocen el paradero actual de las personas bajo sospecha y otros no gozan de representación jurídica o se les ha negado comunicación con sus abogados. Mucha de la acción penal contra los detenidos ocurre en diligencias secretas de los tribunales. Al público no se le permite examinar los documentos pertinentes a estos tribunales, lo cual se hace para ocultarle al escrutinio público las actividades de las agencias federales, estatales y policíacas.

El Departamento de Justicia, sin dar ninguna razón, ha rechazado las súplicas de grupos dedicados a la defensa de los derechos civiles y de varios diputados por información acerca de las detenciones preventivas. Kate Martín, directora del Centro para los Estudios sobre la Seguridad nacional, ha comentado que la conducta del gobierno durante las investigaciones “se parece espantosamente a la ‘desaparición' de personas en Latinoamérica".

Luego de cada una de las alertas nacionales contra el terrorismo desde el 11 de septiembre, la cantidad de detenidos ha aumentado bastante, triplicándose en las últimas semanas. Uno de los objetivos principales de las alertas es indicarle a las jefaturas policíacas estatales y locales que expandan sus actividades de espionaje y detengan a más personas bajo sospecha.

Aunque la masacre del World Trade Center y el Pentágono sirve de pretexto para estos arrestos masivos, a ningún detenido se le ha imputado delitos relacionados con los ataques del 11 de septiembre. Hasta el Departamento de Justicia ha declarado que no más de 10 o 12 de los detenidos están bajo sospecha—pero sin pruebas—de tener vínculos a los secuestradores de los aviones. La gran mayoría de los arrestos tienen otro propósito, que no tiene nada que ver con investigaciones del ataque terrorista: intimidar a la población inmigrante y acostumbrar a pueblo estadounidense en general a métodos que previamente definían las dictaduras militares y policíacas.

“Guerra en dos frentes”

Funcionarios del gobierno han enfatizado que las medidas anti terroristas adoptadas durante las últimas semanas no deberían ser consideradas temporales. En una conferencia el 29 de octubre, Ridge declaró: “Queremos que Los estados Unidos esté lo más alerta posible. Y es posible que de vez en cuando demos la misma alerta general”.

Donald Rumsfeld, Secretario de Defensa , en una columna publicada en el Washington Post del 1ro. de noviembre desmesuradamente declaró que no sólo debería el pueblo estadounidense aceptar una guerra abierta y sin fin contra el terrorismo, sino que también ha de “prepararse para la próxima guerra, guerra que puede diferenciarse enormemente no sólo de las del siglo pasado, sino la nueva guerra contra el terrorismo que hoy luchamos”. Es decir, Los Estados Unidos se va a la guerra no por un período limitado en Afganistán, sino indefinidamente. Por lo tanto, las medidas policíacas dirigidas al interior del país que el gobierno está llevando a cabo tienen que aceptarse como si fueran permanentes.

Hay una frase muy-llama-la-atención que más y más aparece rutinariamente en las declaraciones de los funcionarios del gobierno de Bush: Los Estados Unidos está luchando en una “guerra de dos frentes”. Al anunciar su alerta terrorista la semana pasada, Ashcroft dijo: "Confío en que el pueblo estadounidense podrá comprender el conflicto dentro de este contexto, donde hay un frente en el extranjero y otro aquí en Los Estados Unidos”.

Al día siguiente, Ridge dijo lo siguiente: “Estamos involucrados en una guerra de dos frentes contra el terrorismo. El 31 de octubre, durante un discurso pronunciado para fomentar la aprobación del plan para estimular la economía, Bush dijo,”Por primera vez en la historia de nuestra nación, parte del frente de batalla se encuentra aquí mismo en nuestro país”.

Pero nunca se explica lo que la expresión “dos frentes” precisamente significa. Pero a luz de las extraordinarias medidas de seguridad que el gobierno ha tomado desde el 11 de septiembre, las alusiones a una batalla dentro “nuestro país” adquieren un significado que hiela la sangre. Al tratar de crear un ambiente de miedo e histeria acerca de ataques terroristas inminentes, las autoridades quieren identificar como enemigo a toda persona que ha sido detenida en las investigaciones, haya o no pruebas contra ella. Se usarán los mismos métodos contra los que se oponen a la guerra contra Afganistán y otras políticas del gobierno dirigidas al interior y el exterior del país.

Antes y después del 11 de septiembre

Las acciones del gobierno durante el período desde el 11 de septiembre constituyen la agresión más grave y sostenida contra los derechos civiles en toda la historia de Los Estados Unidos. Nadie debería creer que semejantes medidas han sido una reacción solamente a los ataques contra el World Trade Center y el Pentágono. Hace mucho tiempo ya que los sectores más derechistas de la élite gobernante han querido imponer medidas similares; sectores que se han aprovechado de los trágicos sucesos del 11 de septiembre no sólo para ejecutar su programa político en el país, sino también para lanzar la intervención militar en Asia Central, región rica en petróleo.

Los cambios arrolladores representan la culminación de dos décadas de reacción política y ataques contra los derechos democráticos y mediante las cuales ha habido un aumento constante de las fuerzas represivas del estado: dos millones de estadounidenses en las cárceles, miles en el corredor de la muerte, restricciones jurídicas contra los derechos de los acusados, expansión de los poderes de la policía para espiar y conducir la vigilancia electrónica. Con estos desarrollos ha surgido una derecha de mentalidad fascista que tiene poco apoyo, pero sí una enorme influencia en el Partido Republicano, en el Congreso nacional y ahora en la Casa Blanca.

Aquellos que quieren sostener que la reciente profundización de los ataques contra las libertades civiles no son más que una reacción al 11 de septiembre ignoran un hecho incontrovertible: que el gobierno de Bush tomó el poder a base de una agresión sin precedentes contra el derecho democrático más elemental—al voto. La campaña de Bush y el Partido Republicano para secuestrar las elecciones y tomar el poder, a pesar de haber perdido el voto popular nacional, se consumó cuando la mayoría derechista de la Corte Suprema de Los Estados Unidos paró el recuento lícito de votos en el estado clave de la Florida y le regaló la presidencia a Bush. El gobierno que se apodera del estado con métodos fraudulentos y con conspiraciones tiene que gobernar de la misma manera.

Este gobierno se ha comprometido a una política interna y externa que se ajuste a los intereses de los sectores más ricos y privilegiados de la sociedad estadounidense.También es un gobierno de enormes crisis. Antes de los ataques terroristas, el gobierno de Bush ya mostraba signos de desorden interno. Su angosta base social de apoyo era socavada por la depresión económica que comenzaba a profundizarse no sólo en Los Estados Unidos, sino mundialmente.

Los Republicanos habían perdido control del Senado y a nivel internacional el gobierno de Bush se encontraba más y más aislado, con aliados en nombre solo y enemigos que se oponían a su postura agresiva y unilateral. Los que llevan las riendas del gobierno de Bush consideraron que los eventos del 11 de septiembre les daba una oportunidad muy bienvenida para defender al gobierno y obtener el respaldo del público al atacar militarmente a los presuntos agresores. Esto lo hacían mientras se preparaban para el comienzo de una lucha social sobre el desempleo que aumentaba, la depresión que empeoraba y la política pro corporativa del gobierno con la expansión y la reforma de los poderes policíacos del estado.

La campaña “anti terrorista” del gobierno de Bush es una advertencia muy clara. Luego de la debacle en la Florida durante noviembre y diciembre del 2000, la prensa publicó muchos comentarios, satisfechos de sí mismos, que declaraban que, diferente a muchos países, la amarga lucha política en Los Estados Unidos no había acabado con los tanques en las calles. Bueno, en lo que podemos llamar un golpe de estado en cámara lenta, los tanques están en las calles y los soldados rodean el capitolio.

Todas las formas tradicionales de democracia burguesa en Los Estados Unidos están en duda. El gobierno de Bush de Bush expresa un desprecio hacia la democracia que satura a sectores poderosos de la oligarquía corporativa y financiera, así como también a sus aliados semi fascistas en la derecha cristiana, la camarilla de cabilderos que abogan por las armas y el movimiento de las milicias. Están preparados para imponer el régimen más autoritario posible. Conceptos tales como la separación de poderes entre las tres ramas del gobierno o la vigilancia legislativa de la rama ejecutiva se están echando a un lado con tal de expandir enormemente la autoridad policíaca del ejecutivo federal.

Vale la pena mencionar que durante el apogeo de la alarma sobre el ántrax a mediados de octubre, los Republicanos se mostraron a favor de clausurar el Congreso y levantar sus sesiones indefinidamente con tal de darle mano libre, aquí y en el exterior, a Bush, el FBI, la CIA y los militares.

La guerra del gobierno de Bush contra los derechos democráticos ha desenmascarado la incapacidad del Partido Demócrata para oponerse seriamente a las fuerzas de la extrema derecha que dominan al Partido Republicano. A las pocas horas de los ataques del 11 de septiembre, los demócratas prometieron apoyo sin condiciones a la Casa Blanca de Bush, declarando que la disidencia política ya no se podía permitir. Losa dirigentes Demócratas no sólo formaron fila para concederle a Bush un mandato sin restricciones para lanzar una guerra en el exterior, sino que aseguraron que su proyecto de ley “anti terrorista” se aprobara, suprimieron toda investigación de la manera en que las agencias de espionaje fracasaron en prevenir los ataques del 11 de septiembre, y sancionaron la destrucción de las garantías constitucionales por medio de la red policíaca que todavía continúa.

El colapso político del Partido Demócrata es la culminación de un prolongado proceso de adaptación a los sectores más derechistas de la élite gobernante. Los Demócratas ya habían mostrado su incapacidad y falta de voluntad para defender los derechos democráticos, primero cuando se postraron ante la confabulación Republicana para desacreditar a Clinton con un juicio político y luego ante el robo de las elecciones del 2000.

Por el momento, la gran mayoría de los que han caído en la red del gobierno son inmigrantes de linaje desciende del Medio Oriente y Asia Central, pero sólo es cuestión de tiempo antes que estos métodos anti democráticos se usen más extensivamente. Se le puede poner paro a todos los ataques contra los derechos democráticos con la organización independiente de la clase obrera, la cual uniría a todos los sectores del pueblo trabajador—inmigrante y nativo—en una lucha política contra la oligarquía financiera y sus voceros políticos.