¿Había estado los Estados Unidos prevenido del ataque del 11 de septiembre?

Cuarta parte: La negativa en investigar

16 February 2002

Utilice esta versión para imprimir | Envíe esta conexión por el email | Email el autor

Ver Primera parte: Advertencias; Segunda parte: Vigilando a los piratas aéreos; Tercera parte: Los Estados Unidos y el terrorismo del Medio Oriente; Cuarta parte: La negativa en investigar

Este conjunto de artículos ha analizado evidencia que indica que las agencias de espionaje estadounidenses habían recibido suficiente información advirtiéndoles acerca de los ataques del 11 de septiembre. Esta información consistía de detalles particulares acerca de los métodos, de los blancos probables y hasta de la identidad de varios de los piratas aéreos, incluso el nombre del dirigente principal, Mohammed Atta. Pero hay otros temas que provocan inquietud y que no se han resuelto, tales como el fracaso en lanzar a tiempo aviones de defensa aérea para interceptar los jets de aerolíneas comerciales.

Desde el punto de vista político, sin embargo, existe un indicio de prueba mucho más importante que todos los otros, pues sugiere que la historia acerca del 11 de septiembre todavía no ha visto fin: la negativa del gobierno de Bush y el Congreso Nacional en conducir siquiera una investigación de la agresión terrorista y de la reacción del gobierno hacia ella.

Más de cuatro meses después del mayor acto genocida en tierra estadounidense, no se ha convocado a ninguna audiencia congresista, no se ha anunciado ninguna comisión investigadora y se ha ignorado toda sugerencia para formar una organización semejante. hasta las investigaciones internas del FBI se han postergado. Esta inercia es extraordinaria; carece de toda explicación política. Apesta a encubrimiento con raíces políticas.

Los Republicanos bloquean comisión bipartita

La reacción inicial del Congreso al 11 de septiembre fue establecer una comisión independiente cuyos integrantes iban a ser nombrados conjuntamente por los dirigentes del Congreso y la Casa Blanca. Esta comisión tendría a su cargo la investigación de todos los eventos que tomaron lugar antes del ataque, inclusive la manera obvia en que las agencias de espionaje de los Estados Unidos fracasaron en impedir o prevenir la piratería aérea suicida. El Comité sobre Asuntos de Espionaje de la Cámara de Diputados había incluido semejante propuesta cuando presentó su anteproyecto de ley para financiar las actividades del espionaje estadounidense. Fue entonces que la Casa Blanca intervino.

El 6 de octubre, la Cámara de Diputados votó y aprobó el presupuesto para el espionaje con enorme aumento de la porción para los gastos, pero al mismo tiempo comenzó a darle la espalda al llamado para investigar la falta de preparación que el 11 de septiembre había revelado. Los dirigentes Republicanos tomaron pasos para restringir la autoridad de la comisión, y presentaron una enmienda para negarle dos poderes: el de obligar a personas a comparecer ante sí y el de garantizarle inmunidad a los testigos. Cambiaron el énfasis original; ahora éste consistía en hacer un estudio de los “impedimentos estructurales” que se interpusieron a la colección y análisis de la información obtenida a través del espionaje. Es decir, en vez de investigar la manera en que el FBI y la CIA fracasaron en prevenir el 11 de septiembre, la responsabilidad de la comisión ahora era como darle nuevos poderes amplios a las agencias de espionaje.

Los Republicanos del congreso evidentemente estaban cumpliendo los deseos del gobierno de Bush. Los Demócratas rehusaron agitar para que se pasara lista durante la votación y, por consiguiente, permitieron que el plan Republicano se adoptara colectivamente por medio de voto oral aclamador. El New York Times escribió: “El gobierno ahora mismo no tiene mucho apetito para que se le haga una autopsia al fracaso en descubrir y derrotar el complot”.

Dos semanas después, los senadores John McCain y Joseph Lieberman, Republicano y Demócrata, respectivamente, declararon en el programa de televisión, Meet the Press [ Encuentro con la prensa], que apoyaban la formación de una comisión independiente para la investigación de los ataques del 11 de septiembre. Entre otros ejemplos, Lieberman citó el precedente establecido luego del ataque contra Pearl Harbor, cuando se formó una comisión especial para investigar la preparación militar. El Demócrata expresó que esperaba el apoyo del gobierno de Bush para esta propuesta.

Pero el 21 de noviembre, el presidente Demócrata del Comité del Senado sobre Asuntos de Espionaje y sus contrapartes Republicanos, Robert Graham de la Florida y Richard Shelby de Alabama, declararon que se abstendrían de toda investigación sobre el fracaso en predecir o prevenir los ataques contra el World Trade Center y el Pentágono hasta cierto momento indefinido del 2002. Los dirigentes de la Cámara de Diputados expresaron su acuerdo y optaron por esperar hasta el nuevo año. Graham dijo que no sería oportuno conducir semejante investigación durante la guerra en Afganistán, y Shelby la llamó una distracción. Ambos senadores dijeron que habían estado en comunicación con la Casa Blanca, la cual expresó unanimidad con la decisión de postergar toda audiencia.

Durante el mismo período, el FBI tomó los pasos para ponerle fin a toda investigación jurídica de la piratería suicida. El 8 de octubre el New York Times informó que “funcionarios de antigüedad en las agencias de hacer cumplir la ley han dicho que el Departamento de Estado y el FBI han ordenado a sus agentes en todo el país que reduzcan sus investigaciones sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre para que puedan seguir pistas que prevengan un segundo ataque, quizás inminente”.

Poco después, dos funcionarios de mayor antigüedad en el FBI decidieron jubilarse. Neil J. Gallagher anunció que abandonaría su puesto como jefe de la sección encargada de la seguridad nacional. Thomas J. Pickard, jefe a cargo de la investigación diaria de los ataques del 11 de septiembre, le informó a la agencia el 31 de octubre que el también se iría. Las jubilaciones de ambos entraron en efecto el 30 de noviembre.

Anteriormente, Pickard se había encargado de conducir muchas investigaciones sobre el terrorismo para el FBI y contaba con tan sólo cincuenta años de edad. Su salida tan abrupta bajo condiciones de guerra es, pues, verdaderamente extraordinario. Bajo otras circunstancias, la prensa habría reprobado sus acciones como negligencia de sus deberes. O por otra parte pudo haber alabado su deshaucio como ejemplo que el FBI estaba “barriendo su casa” luego de un fracaso tan desastroso. Pero no fue así. La prensa casi no le hizo caso a la jubilación del hombre principalmente responsable de investigar el 11 de septiembre.

El precedente establecido por Pearl Harbor

El fracaso en investigar el 11 de septiembre se ha justificado invariablemente en que semejante investigación no sería oportuna durante tiempos de guerra o que sólo serviría para fomentar acusaciones partidarias.

Pero como la experiencia con el gobierno de Clinton demostrara, el Washington de hoy día no carece de mala gana para culpar a otros o utilizar las investigaciones para resolver diferencias políticas. Sólo se puede imaginar lo que habría sido la reacción de los republicanos congresistas si el 11 de septiembre hubiera ocurrido en el 2000 y no en el 2001. Pero como el escritor del New York Times, R.W. Apple, observó el 14 de diciembre: “es sorprendente que hasta ahora son pocas la personas dentro o fuera de los ámbitos del gobierno que se han mostrado dispuestos acusar a las agencias de descuidar sus deberes. Y tampoco se ha escuchado al coro pedir la cabeza de George J.Tenet, director del espionaje central”.

En cuanto a la postura que los tiempos de guerra no permiten una investigación de importancia, el precedente de Pearl Harbor la refuta por completo. En menos de un mes después del ataque, Roosevelt nombró una comisión dirigida por el juez de la Corte Suprema, Owen Roberts, para investigar la conducta de funcionarios militares durante la represalia. Se prestó testimonio ante la comisión, ésta presentó sus decisiones, y censuró a dos militares de alto rango, eficazmente poniéndole fin a sus carreras sin hacerle el menor daño a las acciones de guerra de los Estados Unidos.

Si al gobierno de los Estados Unidos en aquella época le fue posible conducir una investigación mientras ponía en marcha una movilización militar sin precedente contra dos adversarios poderosos—el Japón Imperial y la Alemania Nazi —, ¿por qué es imposible hoy día, cuando el presunto enemigo es una pequeña pandilla de terroristas en uno de los países más pobres del mundo?

La Casa Blanca y los apologistas que lo defienden se han valido mucho del precedente establecido por la Segunda Guerra Mundial para justificar la orden ejecutiva de Bush: que a las personas acusadas de terrorismo se les debe someter a juicio ante tribunales militares. Citan el caso en que Roosevelt aprobó la formación de un tribunal militar para enjuiciar a ocho saboteadores alemanes que habían sido capturados. Pero en cuanto a la investigación del ataque “de sorpresa” del 11 de septiembre, ignoran el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial.

(El ejemplo de los tribunales de Roosevelt es quizás inadvertidamente revelador, puesto que éste había ordenado que los trámites del juicio se llevaran a cabo en sesiones privadas cerradas al público. La razón de esta acción no se debió a que era necesaria desde el punto de vista militar durante tiempos de guerra, sino porque los funcionarios de alto rango entre los militares y las agencias de espionaje iban a sufrir una humillación política. Dos de los ocho saboteadores se entregaron a las autoridades luego de llegar a los Estados Unidos, pero al principio el FBI rehusó creerles su relato y pensó que su primera llamada telefónica había sido una “chifladura”. A la vez que J. Edgar Hoover, director del FBI en ese entonces, quería encubrir esta negligencia de su parte, el Departamento de Guerra quería mantenerse callado acerca de la facilidad con que los ocho habían desembarcado en la Florida y en Long Island por medio de submarinos, hecho conocido por el alto comando de los nazis, pero desconocido por el público estadounidense.)

Un nuevo ímpetu para la investigación

El 20 de diciembre, dos meses después de sus comentarios iniciales, McCain y Lieberman revelaron una propuesta de ley para establecer una comisión de investigación bipartita compuesta de 14 miembros. El modelo para ésta era la Comisión Warren o las investigaciones relacionadas con Pearl Harbor. Bush había de seleccionar a cuatro de los miembros; los diez restantes serían nombrados por los dirigentes congresistas de ambos partidos. McCain sugirió que los ex senadores Gary Hart y Warren Rudman fueran co- presidentes debido a que anteriormente habían participado en una comisión similar. Èsta había predicho en 1999 que, en el futuro, un ataque terrorista “en suelo estadounidense probablemente causaría una gran cantidad de muertos”.

McCain anunció que él y Lieberman habían hecho este plan público porque “todas estas agencias muestran cierta resistencia a una investigación independiente”.

Al explicar la razón por qué era necesario una investigación en que el poder legislativo y el ejecutivo colaboraran, McCain declaró que “Ni el régimen [de Bush] ni el Congreso es capaz de conducir una investigación—de lo que sucedió el 11 de septiembre—que sea independiente, completa y sin ninguna afiliación a un partido político”.

Anne Womack, vocera de la Casa Blanca, reaccionó al plan, pero sin comprometerse. Repitió la excusa de Bush para permanecer inmóvil: “Esperamos con ilusión la oportunidad de someterlo [el plan] a estudio”, dijo. “En este momento el Presidente concentra sus esfuerzos en la guerra contra el terrorismo”.

Al informarle al público acerca de los nuevos llamados para el establecimiento de una investigación independiente, el New York Times dijo: “Un asesor del congreso, con muchos años de servicio, dijo que para los Demócratas, la reacción confusa del gobierno ante el ántrax que se había descubierto en cartas de correo a los senadores Tom Daschle, Demócrata del estado de Dakota del Sur, y a Patrick J. Leahy, Demócrata del estado de Vermont, le había pegado al blanco en el senado, ocasionando que aumentara el interés en conducir una investigación minuciosa y detallada del gobierno mismo, inclusive de la aparente carencia de planes para luchar contra el terrorismo biológico”.

Tenemos el derecho a interpretar este lenguaje de fábulas de Esopo en relación a lo que ya se sabe acerca de los ataques con ántrax, el cual consistía de esporas poderosísimas que se habían obtenido de un programa secreto de guerra biológica auspiciada por el Ejército de los Estados Unidos. Los ataques de ántrax fueron un atentado para destruir la dirección Demócrata del congreso. Esto lo reconocen varios Demócratas, y lo más probable que Mccain también. Lo cual los ha impulsado a formular esta contrarréplica tan cautelosa y vacilante.

Sería una tontería confiar en estos pasos tan tentativos. Si analizamos la historia de las reacciones del Partido Demócrata ante las provocaciones del estado y de las agresiones contra los derechos democráticos, nos damos cuenta que éste se ha ido cuesta abajo durante el último cuarto de siglo: desde las revelaciones limitadas del escándalo de Watergate, a la Comisión Church, a los delitos de la CIA y el FBI entre el 1973 y 1976, al fracaso en abrir paso ante la muralla erigida por el gobierno de Reagan en relación al escándalo de Irán-contra en 1987, a su postración ante los ataques de la derecha para desestabilizar el gobierno de Clinton, que terminaran en el juicio político del ex presidente.

Provocación y guerra

La información que hemos resumido en este repertorio de artículos representa solamente los hechos que han salido al día en los Estados Unidos y en los medios de prensa internacionales. El público no tiene acceso a los datos mucho más numerosos—basados en intercepciones electrónicas, espionaje secreto y en otras fuentes—que estaban a disposición de toda la maquinaria de espionaje estadounidense durante el período antes del 11 de septiembre. Aún así, este selección limitada muestra la falsedad de las declaraciones estadounidenses que el ataque contra el World Trade Center fue una sorpresa imprevista.

Cuando se investiga cualquier homicidio, hay que hacer una pregunta: ¿quién es el beneficiario? Los beneficiarios principales de la destrucción del World Trade Center se encuentran en los Estados Unidos: el gobierno de Bush, el Pentágono, la CIA, el FBI, la industria de las armas de fuego, la industria petrolera. Es lógico preguntarse si aquellos que se han beneficiado hasta el extremo de esta tragedia contribuyeron con los esfuerzos a que sucediera.

A los que consideran inconcebible que los Estados Unidos lleve a cabo semejante acción, les recordamos que aprendan de la historia. En casi todas las guerras desde que los Estados Unidos se convirtiera en poder mundial hace un siglo, la clase gobernante se ha valido de acontecimientos o atrocidades similares para vencer la renuencia instintiva del pueblo estadounidense en participar en conflictos extranjeros.

En varios casos el casus belli fue una invención total, como sucedió en 1964 con el incidente del Golfo de Tonkin, lo cual resultó en que el congreso adoptara la resolución que autorizó la enorme intervención de los Estados Unidos en Vietnam. O puede que el pretexto haya sido un accidente, como la explosión que destruyó el buque de guerra Maine en el Puerto de la Habana en 1898 y le abrió paso a la guerra contra España. Pero en la gran mayoría de los casos, el evento escogido para desatar la guerra ha tenido sus raíces, hasta cierto punto, en la manipulación que el gobierno estadounidense ha llevado a cabo a escondidas.

El hundimiento del buque Lusitania en 1915 fue consecuencia predecible de una decisión del gobierno de Wilson: permitirle a los buques de pasajeros transportar cargamentos de armas al flanco franco-inglés de la Primera Guerra Mundial. Cuando un submarino alemán torpedeó al barco, resultando en la pérdida de 1,200 vidas, la reacción colérica del público impulsó a los Estados Unidos a meterse en la guerra. Pearl Harbor también fue previsto por el gobierno de Roosevelt, aunque quizás no la fecha y el lugar específico. Pero si se sabía que existía la posibilidad de un ataque japonés preventivo una vez que los Estados Unidos, durante el verano de 1941, cancelara todos los cargamentos de petróleo y chatarra al Japón.

Pero un caso de manipulación todavía más burdo fue la invasión Iraquí de Kuwait en agosto de 1990, la cual ocasionó el despliegue a escala mayor—y de permanencia aparente—de tropas estadounidenses en el Golfo Pérsico y la Península Arábica.

Es un hecho que durante la década de los 1980, Saddam Hussein había sido aliado militar de los Estados Unidos, quien le suministrara información de espionaje y cargamentos de armas—todos aprobados por el gobierno—a sus esfuerzos bélicos contra Irán. Luego de Irán verse obligado a aceptar un alto a las hostilidades, el cual fue, en gran parte, favorable a Iraq, los Estados Unidos (y Arabia Saudita también) comenzó a inquietarse, principalmente porque quería prevenir que Baghdad, con su ejército de un millón de soldados ya puesto a prueba en los campos de batalla, dominara el Golfo Pérsico.

Siguió toda una serie de conflictos que en su mayoría fueron provocados por Kuwait. El emirato de gran riqueza petrolera exigía que Iraq inmediatamente le reembolsara billones de dólares en préstamos de guerra a la misma vez que agotaba el petróleo de los campos Rumaila, los cuales se encuentran, en su mayor parte, dentro de la frontera Iraquí, lo que puso a Iraq en una situación económica bien difícil. Saddam Hussein tomó represalia con alardes amenazadores de su poder militar, refiriéndose a Kuwait como la decimonovena provincia de Iraq, que se le habían extirpado cuando el imperialismo británico se la robó al país.

La reacción de los Estados Unidos a este conflicto fue bastante cautelosa. En su famosa reunión con Saddam Hussein el mes antes de la invasión Iraquí, la embajadora estadounidense, April Glaspie, declaró que la pugna entre Iraq y Kuwait era asunto que los dos países tenían que resolver por sí mismos y que los Estados Unidos no jugaba ningún papel en ello. En tanto, bajo órdenes de Colin Powell, quien en ese entonces era jefe del estado mayor, el general Norman Schrwarzkopf formó los planes para una invasión estadounidense enorme contra Iraq en el Golfo Pérsico. La estrategia para ser puesta en práctica por este plan se completó en julio de 1990, o sea, pocos días antes del encuentro entre Glaspie y Hussein.

Existen suficientes razones para creer que EE.UU. tácitamente alentó el ataque iraquí, lo cual sirvió de pretexto para destruir las fuerzas militares de Iraq y realizar el objetivo que la política extranjera de los Estados Unidos había deseado por largo tiempo: el establecimiento del dominio estadounidense en el Golfo Pérsico, rico en petróleo. Del mismo modo, el gobierno de Bush ha visto en la catástrofe del World Trade Center la oportunidad para desplegar las fuerzas militares estadounidenses en el Asia Central y la Cuenca del Caspio. Dicha región contiene vastas provisiones de petróleo sin explotar y se espera que se convierta en el Golfo Pérsico del Siglo XXI.

Después de la invasión iraquí de Kuwait, varios funcionarios estadounidenses fueron citados en el sentido de que no habían sospechado que Saddam Hussein se apoderaría de todo el país. Es decir, habían alentado sus apetitos y esperaban que solamente desatara un conflicto fronterizo con los Estados Unidos en el papel de árbitro, lo cual fortalecería la presencia de éste en la región del Golfo. Puede que se haya dado un error igual en cuanto a las piraterías aéreas del 11 de septiembre, cuyas consecuencias fueron mucho más devastadoras de lo que se pudo haber esperado.

Es imposible determinar, con los hechos actuales a nuestro alcance, hasta que punto el gobierno de los Estados Unidos sabía por adelantado acerca de la catástrofe del World Trade Center. Pero la duda merece una investigación más minuciosa y completa.

Otras explicaciones—que el FBI y la CIA fueron culpables de una ineptitud tan espectacular que llega a la negligencia criminal—tampoco hacen relucir al gobierno. Un gobierno que permitió, o que probó ser incapaz de prevenir, la matanza de miles de ciudadanos ahora le pide al mismo pueblo que confíe ciegamente en una campaña militar sin límites.