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Debido a las últimas acciones represivas del gobierno de Fidel Castro, el gobierno de Bush está considerando nuevas medidas drásticas contra Cuba, que incluirían la prohibición de envíos de divisas por parte de los cubanos de los Estados Unidos a sus familias en la isla, y los vuelos fletados por los emigrados cubanos para visitar su patria. El objetivo de ambas sanciones es endurecer el bloqueo de cuarenta años contra la nación caribeña e intensificar las cargas emocionales y económicas que pesan sobre los cubanos que viven en ambos lados del Estrecho de Florida.

La campaña internacional que Washington fomenta para aislar a Cuba, presuntamente basada en la violación de los derechos humanos, es sin duda un espectáculo de hipocresía desenfrenada. El propio gobierno estadounidense ha encarcelado a más de 600 personas, incluso a niños, en la base naval de la Bahía de Guantánamo sin imputarles ningún cargo, pero ahora condena a Cuba por encarcelar a 75 disidentes, todos respaldados por Estados Unidos, a partir de las decisiones tomadas en juicios sumarios breves y sin jurado. Cuando era gobernador del estado de Texas, George Bush, ordenó la ejecución de 152 individuos. Sólo el mes pasado fue responsable de la masacre de miles de civiles iraquíes. Ahora se alarma indignado cuando Cuba ejecuta a tres piratas—primeras ejecuciones impuestas por el estado en los últimos tres años—por haber secuestrado un transbordador cubano y amenazado con matar a los pasajeros del barco.

La cobardía de los gobiernos mundiales—y sobre todo la de la Unión Europea—ante las intimidaciones de los Estados Unidos, se muestra en las acciones de la Comisión sobre los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la cual optó por adoptar una resolución edulcorada instando a Cuba a aceptar un inspector de derechos humanos a la vez que ignora, en absoluto silencio, el comportamiento bestial de los Estados Unidos en Irak y en el campo de concentración en Guantánamo.

No cabe duda que Washington ha jugado un papel estelar en provocar las acciones del régimen cubano, y las está explotando deliberadamente para sumar nuevas agresiones contra la asediada nación caribeña.

Sin embargo, el desprecio a las fanfarronerías del gobierno de Bush cuando trata de pasarse por campeón de los derechos humanos y, además, la defensa del derecho de Cuba a protegerse de la agresión estadounidense, de ninguna manera significan que las medidas draconianas del régimen de Fidel Castro se puedan justificar.

Los socialistas se oponen a la pena de muerte en los Estados Unidos y también deben rechazarla en Cuba. Juicios sumarios que duran sólo un día y que terminan en ejecuciones o en sentencias de hasta 28 años de cárcel le hacen burla a los derechos democráticos básicos, no importa quien sea el acusado o que gobierno lleve a cabo el enjuiciamiento.

Que el gobierno castrista tenga que recurrir a estos métodos pone de manifiesto la profunda crisis interna del régimen. En realidad, la crisis es consecuencia de dos factores: la presión de los Estados Unidos y las decisiones políticas del partido gobernante de la misma Cuba; partido que llegó al poder en 1959 tras el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista, quien se mantuvo apuntalado por los Estados Unidos.

El apoyo de la colonia de exiliados cubanos derechistas que reside en la Florida jugó un papel importantísimo en la instalación de Bush en la Casa Blanca en el 2000, pues éstos ayudaron a poner fin al recuento de votos en ese estado. Bush incluyó en su gobierno a muchos de esos elementos derechistas nacidos en Cuba, como el líder Otto Reich, nombrado al frente de la política hacia Latinoamérica.

El gobierno de Bush envió a La Habana a un nuevo jefe de la Sección de Intereses de EE.UU. [SIE], James Cason, con órdenes de fomentar la oposición al gobierno cubano. El diplomático primero usó las oficinas de SIE para celebrar reuniones con disidentes y el mes pasado invitó a estos elementos a su casa para una conferencia. Ha sido funcionario en la fundación de grupos opositores en Cuba y ha emitido declaraciones públicas criticando al régimen de Castro. Simultáneamente, ha alabado a los opositores como “futuros líderes” del país. Cason ha dado a conocer abiertamente que su objetivo es unificar a todos los grupos disidentes en un partido opositor único. Con el objetivo de debatir este proyecto, por lo regular se reúne con la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) y otros grupos de exilados implicados en complots terroristas contra Cuba.

Por otro lado, la declaración pública del gobierno de Bush sobre la ‘guerra preventiva ", junto con las acusaciones sin fundamento de John Bolton, tercer funcionario más alto del Ministerio de Relaciones Exteriores, de que Cuba ha emprendido un programa de guerra biológica, han causado temores justificados en la Habana de que la política de los Estados Unidos hacia Cuba derive progresivamente hacia una agresión militar sin paliativos. La guerra contra Irak suscita la inevitable pregunta de si Cuba está entre los próximos objetivos de “cambio de régimen” por medio de acciones militares.

El embajador de los Estados Unidos ante la República Dominicana, Hans Hertell, recientemente planteó precisamente la misma cuestión. Le declaró a la prensa dominicana que “Creo que lo que pasa en Irak va a mandar una señal muy positiva y es muy buen ejemplo para Cuba”. Añadió que la guerra en el Oriente Medio era sólo el comienzo de una “cruzada de liberación que cubrirá al mundo entero, inclusive Cuba”. Jeb Bush hermano del presidente y gobernador del estado de la Florida, ha expresado ideas semejantes.

Esta extraordinaria campaña de provocaciones encabezada por Cason en cuanto a los disidentes cubanos parece haber sido hecha con la intención de provocar precisamente la reacción de Castro.

En artículos publicados en las dos últimas semanas, el veterano diplomático estadounidense Wayne Smith (que renunció en 1982 como dirigente de la SIE en La Habana por no estar de acuerdo con la política del gobierno de Reagan hacia Cuba) ha dado a entender que, con las ejecuciones y los encarcelamientos en Cuba, el gobierno de Bush ha conseguido exactamente la reacción que quería.

Smith escribió lo siguiente en el diario Los Angeles Times del 7 de abril: “El gobierno de Bush se sentía incómodo con los indicios de tolerancia que Castro había mostrado, pues eso simplemente había alentado a los que, en los Estados Unidos, que querían suavizar las restricciones impuestas a los viajes y comenzar a desmantelar el embargo. Se esperaba que el Congreso nacional comenzara a adoptar esa línea durante esta primavera. Pero, ¿qué hacer para desviarlos?

“Lo que el gobierno hizo está bien claro. Le ordenó al jefe de la SIE en la Habana que empezara a convocar a varias reuniones con los disidentes cuyo propósito era la provocación y hasta dio cursillos en su propia residencia, donde les entregó equipo diverso. Hasta llegó a dar conferencias de prensa después de varias reuniones. El gobierno sabía que estas tácticas provocarían la reacción de Cuba, preferiblemente exagerada.

El gobierno de Bush ansiaba poner freno al sentimiento, creciente entre los Republicanos de los estados agrícolas (los que mejor representan los intereses de la industria agropecuaria) de que las restricciones al comercio con Cuba se estaban cancelando. El conflicto encarnizado entre estos elementos y los exiliados rabiosamente anticastristas, quienes forman una de las bases clave de los Republicanos, le han presentado al gobierno un grave problema, pues se acercan las elecciones. Los partidarios en el Congreso que respaldan legislación para ponerle fin a las sanciones han dado a conocer que esta propuesta ha mordido el polvo.

Durante más de cuarenta años, Castro ha sido continuado objetivo de la agresión de los Estados Unidos, inclusive de intentos de homicidio y provocaciones. No parece posible, pues, que simplemente haya caído inocentemente en la trampa de Bush. La decisión de ejecutar a tres personas y enviar a otras 75 a la cárcel fue, desde el punto de vista político, tan intencional como las provocaciones de los Estados Unidos.

Disidentes cubanos financiados por los Estados Unidos

Wahington no ha hecho ningún esfuerzo concertado para refutar las pruebas detalladas que el gobierno cubano ha presentado afirmando que las actividades antigubernamentales de muchos de los que encausó y fueron hallados culpables habían sido financiadas enteramente por fondos estadounidenses.

A la prensa no se le permitió presenciar los juicios y la evidencia anunciada por el gobierno cubano no se refería a todos los acusados. Puede que entre los encausados se encuentren opositores políticos al régimen castrista que no actuaran bajo salario de los Estados Unidos o que no fueran agentes de éste. No obstante, las pruebas presentadas por el gobierno cubano dejan bien claro que el eje del llamado movimiento disidente ha sido el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados unidos, la CIA, y la Sección de Intereses Estadounidenses en la Habana.

En una conferencia a principios de mes en La Habana, el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, presentó a la prensa extranjera una gran cantidad de pruebas. Que el material fuera tan copioso se debió sobre todo a que el gobierno cubano había infiltrado profundamente a los grupos disidentes.

Ocho espías testificaron durante los juicios; varios habían participado durante una década en estas organizaciones disidentes respaldadas por el dinero estadounidense. Se cree que otra cantidad de espías permanece infiltrada en estos grupos, y el ministro de relaciones exteriores de Cuba ha afirmado que su gobierno posee información adicional acerca de las actividades secretas de los Estados Unidos entre los disidentes que no ha revelado al público.

Las pruebas presentadas por Pérez Roque contra los encausados por subversión se basaron en el historial de agresión de los Estados Unidos contra Cuba y en el análisis detallado de como el dinero pasa de Washington a los bolsillos de aquellos que se han autoproclamado activistas por los derechos humanos y periodistas independientes.

Dijo: “Nosotros consideramos y los fiscales consideran y el pueblo de Cuba considera que el que recibe dinero de una potencia extranjera, apoya el bloqueo, contribuye a difundir información tendenciosa que justifica el bloqueo; comete actos al servicio de una potencia extranjera ... y por tanto, nuestras leyes deben servirnos para defendernos de estas conductas.”

El ministro de relaciones exteriores citó testimonio prestado ante el Congreso de los Estados Unidos de que la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) ha gastado alrededor de $22 millones desde 1997 para poner en práctica disposiciones de la Ley Helms-Burton, que obligan al gobierno a financiar a los adversarios del régimen castrista en Cuba. Y la CIA, a través de arreglos secretos, también provee fondos para desestabilizar a la isla políticamente.

Gran parte del dinero destinado a AID provino de organizaciones que presuntamente no son gubernamentales, las cuales, de acuerdo a estadísticas citadas por Pérez Roque, son dirigidas por exiliados cubanos anticastristas. El Center for a Free Cuba (Centro para una Cuba Libre) recibió $2.3 millones; el Internal Dissidence Working Group (Grupo Interno de Trabajo sobre la Disidencia), $250,000; Freedom House (Casa de la Libertad), más de $1.32 millones; Dissidence Support Group (Grupo para el Apoyo de los Disidentes), $1.2 millones; Cubanet, sitio en del internet, $800,000; y el Instituto por la Democracia en Cuba, $1 millón.

La AFL-CIO como dispensadora de fondos

También entre aquellas organizaciones que envían fondos para la subversión se encuentra American Center for International Solidarity (Centro Estadounidense por la Solidaridad Internacional—ACILS), frente de la CIA manejado por la burocracia sindicalista de la AFL-CIO [Federación Estadounidense de los Trabajadores-Congreso de Sindicatos Industriales] ACILS, que hace un año contribuyó al golpe fracasado contra el gobierno venezolano de Hugo Chávez, recibió $168,575 para establecer un proyecto que desalentara las inversiones extranjeras en Cuba.

La National Policy Association (Asociación para la Política Nacional), recibió tres veces esa cantidad para los mismos propósitos. Esta organización incluye en su junta directiva a burócratas de la AFL-CIO, tales como el presidente Charles Sweeney y al presidente de UNITE, Jay Mazur, así como también a jefes ejecutivos empresariales como Frank Carlucci, presidente del grupo Carlyle y antiguo servidor de la CIA y el Pentágono.

Fiscales cubanos presentaron documentos con los gastos y recibos de este dinero y así pudieron seguir la pista de documentos del gobierno de los Estados Unidos hasta llegar a los disidentes. Además de los salarios mensuales, el dinero se usó para comprar de todo: computadoras, televisores, muebles para el hogar, y equipos de ollas y sartenes. En varios casos, estas mercancías fueron obsequiadas a otros con el propósito de ganar su cooperación.

Entre los pagarés se encontraban los firmados por Osvaldo Alfonso Valdés, del grupo “Todos Unidos”, así como también cartas enviadas a él por Carlos Alberto Montaner en las que confirmaba el envío y recibo de cientos de dólares en pagos mensuales. Muchos sospechan que Montaner, periodista de extrema derecha basado en Madrid, es espía de la CIA.

En una declaración al tribunal, Alfonso Valdés admitió que “en nuestro trabajo opositor hemos podido ser utilizados por funcionarios de la Sección de Intereses” y que los disidentes sabían que “los recursos que nos llegan para nuestras labores provienen de fondos que aprueba el gobierno de ese país.” También admitió haberse reunido con un funcionario de USAID, quien había ido para comprobar que el dinero le estaba llegando a él y a otros, así como para hablar sobre la manera más segura de trasladar los fondos.

El ministro de relaciones exteriores de Cuba también estableció que los grupos de oposición habían hecho circular ciertas publicaciones impresas en las mismas oficinas de la Sección de Intereses, como fue en el caso de Revista de Cuba, o publicadas en el exterior con dinero del gobierno de los Estados Unidos y enviadas a Cuba por medio de conductos diplomáticos, como lo fue en el caso de la revista, El disidente.

Dijo Pérez Roque: “Por eso cuando a mí me dicen que estas son Organizaciones No Gubernamentales, siempre aclaro que sí son gubernamentales, lo que pasa es que son del gobierno de Estados Unidos y actúan a su servicio.”

¿Qué se puede decir de escritores y activistas políticos cubanos que dependen de fondos del gobierno de los Estados Unidos? La verdad es que no son disidentes; son conformistas; gente que se ha aliado con lo que ellos creen es el ganador. En un país cuya cultura nacional ha sido definida por la lucha contra el dominio estadounidense, estas figuras apenas pueden auto denominarse como representantes de la liberación.

Pero sí ha habido disidentes verdaderos en Cuba. A principios de la década del 60, los trotskistas cubanos presentaron un programa socialista basado en la movilización independiente de la clase obrera como única manera de defender a la revolución cubana del imperialismo. Su caso mostró que no tenían ningún vínculo a potencias extranjeras. No obstante, el régimen castrista los encarceló, confiscó sus publicaciones y destruyó su imprenta.

No cabe duda que las actividades de Cason y el financiamiento de los disidentes por los Estados Unidos son una burda infracción de la soberanía cubana y una intromisión en sus asuntos internos, ambas llevadas a cabo por un gobierno comprometido con el derrocamiento del régimen cubano.

Espías de Castro encabezan grupos “disidentes”

Pero a pesar de su resonancia, estos grupos disidentes no representan, por sí mismos, ninguna amenaza al régimen castrista. El hecho que varios espías cubanos se elevaran hasta la cabeza de estas organizaciones es revelador de la debilidad de estos grupos y de su dependencia de los Estados Unidos.

Resulta que la principal asociación de los “periodistas independientes” era dirigida por dos agentes de la seguridad cubana. Cason se vio obligado a admitir que uno de ellos había funcionado como organizador principal de la reunión que tuvo lugar en su residencia. Igualmente, el presidente del “Partido pro Derechos Humanos de Cuba” era miembro de las fuerzas de seguridad cubanas. Es casi imposible que agentes secretos obtengan el liderazgo de un movimiento que goce de un amplio apoyo popular.

¿Cuál era, entonces, la urgencia de convocar juicios de un día de duración y enviar a la mayoría de estos disidentes a largos plazos de cárcel? Si la idea era lanzar una clara señal de advertencia a Washinton sobre la firme determinación de Cuba a resistir la agresión militar, ¿no habría sido más apropiado expulsar a Cason el Provocador del país? Éste todavía permanece firmemente arraigado en la Sección de Intereses Estadounidenses en La Habana.

En cuanto a la ejecución de los tres piratas, la pena capital ni siquiera puede justificarse argumentando sobre la índole del delito, pues ninguno de los pasajeros sufrió daño físico alguno. Por otra parte, no es probable que frene a la gente desesperada y pobre que quiere emigrar por razones generalmente económicas y no políticas. Los partidarios de las ejecuciones han catalogado a los piratas de “terroristas” y hasta han sugerido que son espías de los Estados Unidos para justificar estos asesinatos aprobados por el Estado.

No cabe duda que Estados Unidos tiene cierta responsabilidad en la provocación de estas acciones de piratería (han ocurrido siete durante los últimos meses) al incumplir su compromiso migratorio—firmado por el gobierno de Clinton—de conceder 20,000 visas anuales: apenas 700 visas han sido emitidas durante los últimos seis meses. Pero ha sido el mismo régimen castrista el que ha usado la emigración—el bote de los “marielitos” en 1980, así como también la oleada de balseros a mediados de la década del 90—para aliviar las presiones sociales del país y presionar a Washington.

Es muy probable que el mensaje subyacente en las dacronianas medidas represivas no haya sido dirigido a Washington, a los grupos disidentes aislados o a potenciales piratas, sino a elementos dentro del propio régimen de Castro. Tras más de 40 años en el poder, las contradicciones políticas y económicas que forman las bases del régimen han cambiado en profundidad y extensión.

La revolución cubana no originó ni el socialismo ni un estado obrero en la isla. El poder político cayó en manos de un ejército guerrillero encabezado por Castro cuya base era la pequeña burguesía nacionalista cubana. Aunque su programa inicial era de carácter democrático, reformista y nacionalista, el movimiento castrista se vio obligado a tomar medidas radicales por dos motivos: las exigencias de las masas cubanas y la oposición intransigente de los Estados Unidos a toda mejoría de las condiciones sociales que se hiciera a expensas de las ganancias/beneficios privados y de los intereses de las empresas estadounidenses.

La respuesta de Castro fue el inicio de una ola de nacionalizaciones, primero de las industrias estadounidenses y luego de las cubanas, seguido por una orientación hacia la Unión Soviética para conseguir ayuda. La alianza entre el régimen de Castro y la burocracia estalinista de Moscú, que sumado a la adopción del guerrillerismo castrista por fuerzas izquierdistas en Latinoamérica, contribuyó enormemente a la desorientación del movimiento obrero por todo el continente y todo un ciclo de derrotas catastróficas que culminaron en dictaduras militares. [Ver “El castrismo y la política del nacionalismo pequeño-burgués” http://www.wsws.org/es/articles/1998/jan1988/cas-j17.shtml]

La encrucijada económica y política de Cuba

La disolución de la Unión Soviética por la burocracia del Kremlin y su adopción de una política restauradora del capitalismo significaron el desastre económico para Cuba, que dependía en gran medida de las subvenciones soviéticas. El bloque soviético era mercado para el 83% de las exportaciones de Cuba y también abastecía al país con el petróleo subvencionado.

Esta isla nación todavía ha de recuperarse de las consecuencias que trajo la disolución de la URSS. Su economía está hecha pedazos. El año pasado, sus exportaciones disminuyeron de $1.7 billones a $1.4 billones, y se espera que registre otra baja este año. Antes de desaparecer la Unión Soviética, las exportaciones cubanas llegaban a $5.4 billones.

La contracción mundial del comercio turístico—principal fuente de los ingresos de la isla durante los últimos años—ha profundizado la crisis. En comparación al año anterior, la Cuba del 2002 registró una baja de 5% en la cantidad de turistas que viajan a la isla. Y el aumento del precio del petróleo importado sólo ha complicado los problemas.

La orientación hacia el turismo y a la economía basada en el dólar ha conducido a una polarización social muy aguda en el país, lo que ha puesto en peligro las conquistas sociales, de salud, y educativas de la revolución cubana.

A medida que el líder cubano se acerca a los setenta, crece la especulación acerca de por cuanto tiempo más puede dirigir las riendas del gobierno y que forma tomará la sucesión. Esta situación abre la posibilidad que un sector de la élite gobernante quiera restablecer la economía basada en el mercado libre y las buenas relaciones con Washington.

Es posible, pues, que los juicios y ejecuciones hayan sido advertencias a elementos en el interior del régimen castrista.

No sería la primera vez que el líder cubano se ha valido del pelotón para ejercer su control monolítico. En 1989, el General Arnaldo Ochoa y otros tres generales fueron ejecutados. Se les había imputado los cargos—falsos—de traficar con drogas y un tribunal marcial los condenó sumariamente.

Siendo adolescente, Ochoa se había unido a guerrilleros antibatista en 1958 y durante treinta años sirvió en las fuerzas armadas de Cuba, desde la batalla contra la invasión de la Bahía de Cochinos auspiciada por la CIA en 1961 hasta la campaña contra las fuerzas de África del Sur y otras bajo el control de la CIA en Angola durante la década del 80.

Era el comandante más popular de las Fuerzas Revolucionarias de Cuba y los oposicionistas lo consideraban una baza atractiva cuando la burocracia moscovita, bajo Mikhail Gorbachev, se dirigía a marchas forzadas hacia la restauración capitalista y deseaba distanciarse de la Habana.

El mensaje estaba bien claro: no se toleraría ninguna duda acerca del régimen de Castro.

Resulta trágico el callejón sin salida al que se enfrenta hoy la revolución cubana y las crecientes dificultades que 40 años de sanciones le han impuesto a pueblo cubano. Pero esto de ninguna manera altera el carácter social esencialmente burgués y autoritario del régimen castrista. Al contrario; la cuesta abajo de la revolución cubana está indisolublemente vinculada a estos hechos políticos.

Las decisiones políticas tienen sus consecuencias. Aquellos que presentaban al castrismo y al guerrillerismo guevarista como nueva estrategia de la lucha revolucionaria eludiendo, por tanto, la necesidad de luchar por el desarrollo de una dirección socialista consciente y por la independencia política de la clase obrera, son muy responsables de la crisis de perspectiva actual, no sólo en Cuba, sino por toda Latinoamérica.

La defensa de Cuba contra la agresión estadounidense es principalmente cuestión política más que militar. La derrota de toda intervención de los Estados Unidos depende del desarrollo de una nueva perspectiva revolucionaria que se oponga a la política del nacionalismo burgués que el régimen de Castro practica. Requiere la movilización de la clase obrera—en la misma Cuba, en los Estados Unidos y en toda Latinoamérica—como fuerza política, independiente y unida internacionalmente, para la lucha por el socialismo. Esta es la perspectiva por la cual lucha el Partido Socialista por la Igualdad en los Estados Unidos y sus partidos fraternales de la Cuarta Internacional que existen por todo el mundo.