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Este mes la cadena nacional de televisión, CBS-TV, decidió no mostrar la película en series acerca del ex Presidente Reagan y su familia que ya había financiado y rodado. El hecho marca otro importante paso hacia la disolución de la democracia en Estados Unidos. Sólo bastó que los comentaristas derechistas y el Comité Nacional Republicano organizaran una campaña de cartas, correo electrónico y protestas para que los ejecutivos de CBS—y sus jefes en la empresa gigante de Viacom—se convencieran que la series tenía que cancelarse apenas dos semanas antes de ser televisada. De todos modos, es la primera vez que una cadena nacional de televisión de Estados Unidos, debido a presión política, cancela de su horario un proyecto ya terminado.

Pero si la policía de la derecha Republicana que se encarga de vigilar el pensamiento humano estableció las bases de esta capitulación, la prensa, que antes podía considerarse liberal, también jugó un papel no menos importante en la debacle. El New York Times furiosamente atacó a CBS-TV no porque ésta había accedido a la presión derechista, sino porque en primer lugar había concebido la idea de mostrarle al público la series, cuya crítica a Reagan de ningún modo es severa.

El Washington Post no se quedó atrás. Uno de sus editoriales comienza menospreciando el significado de las acciones de CBS: "Cuando a una cadena de televisión se le obliga a cancelar un controversial programa acerca de una figura nacional, ello no significa que la oscura noche del fascismo ha descendido sobre la nación..." El Post sugiere que la cadena "puede haber tenido la razón" y puntualiza su solidaridad con los partidarios de Ronald Reagan, quienes afirman que una de las declaraciones anti homosexual de Reagan en la película "ni se ha documentado ni tampoco es característica del ex presidente". El Post se refiere a los "éxitos indisputables" de Reagan y declara que el ex presidente "todavía cuenta con la acogida de gran parte de la nación".

Ambos periódicos ignoran el tema básico y fundamental: las ondas públicas ahora están sujetas al veto de elementos de extrema derecha cuya influencia grotesca en el gobierno y la prensa no goza para nada del verdadero apoyo del pueblo estadounidense. Y ningún sector del ámbito político que reina se atreve a hacer la menor oposición a estos elementos.

La prohibición de la película acerca de Reagan no se basa en ningún fondo legal. El ex presidente es una figura pública y, por lo tanto, objetivo de escritores, productores y directores que escogen pintarlo de manera crítica.

Desde el punto de vista histórico, la época de Reagan marcó un cambio fundamental hacia la decadencia en la democracia estadounidense. El gobierno de Reagan terminó en un pantano de escándalos y criminalidad, sobretodo cuando se descubrió que la Casa Blanca había conspirado secreta e ilícitamente para financiar a los terroristas Contra en su guerra contra el gobierno y el pueblo de Nicaragua. Si los Demócratas se hubiesen atenido a la Constitución de Estados Unidos, aún de la manera más tenua, el llamado "Escándalo Irán-Contra" habría probablemente terminado en el enjuiciamiento político de Reagan por parte del Congreso de Estados Unidos..

Bush recurre a las fuerzas de la reacción

El significado político de la debacle de CBS es de gran importancia, y dos sucesos políticos adicionales de la semana pasada le prestan mayor fuerza aún. El 5 de noviembre, solamente un día después de CBS cancelar la mini series sobre Reagan, George Bush firmó un proyecto de ley que prohíbe el llamado "aborto parcial"; ley apoyada por los cabilderos derechistas contra el derecho al aborto. Bush convirtió su aprobación de dicha ley en una celebración de la victoria, que tuvo lugar en el Edificio de Oficinas Reagan y a la cual asistieron cientos de destacados dirigentes cristianos derechistas y otros super partidarios de las bases Republicanas.

Bush pronunció un discurso ante fanáticos intolerantes, tales como Jerry Falwell, representante de los bautistas fundamentalistas. Lanzó un ataque al principio básico democrático de la separación de la iglesia y el estado, declarando que "El gobierno ni puede ofrecer, ni puede negar, este derecho a la vida, pues éste no proviene del gobierno, sino del Creador de la vida".

Ninguno de los informes de la prensa sobre el acontecimiento le hizo hincapié a la hipocresía tambaleante de esta declaración, proclamada por un hombre quien, durante sus cinco años como gobernador del Estado de Texas, permitió que se cumplieran las ejecuciones de 152 individuos.

La ceremonia en que se aprobó este proyecto este proyecto de ley muestra la estrategia política que Bush va a emplear para las elecciones presidenciales del 2004. La campaña Republicana, en primer lugar, recurrirá a los sectores más atrasados y reaccionarios de la población. Según el tomo de la revista Newsweek publicada el 3 de noviembre, Karl Rove, asesor político principal de Bush, ha dejado entender que está determinado a recibir los votos de 4 millones de cristianos evangélicos que no votaron en el 2000.

El mismo día que el proyecto de ley sobre el aborto se convirtió en acta, la Casa Blanca de Bush, en un acto que apenas fue notado, notificó a los Comités de Apropiaciones de ambas cámaras del Congreso nacional—los senadores y los diputados—que ya no respondería a las preguntas que miembros de la minoría Demócrata le habían presentado. Los Demócratas de dicho comité de la Cámara de Diputados acababan de pedirle información acerca de cuanto dinero la Casa Blanca había gastado al instalar un pendón con la leyenda "Misión Cumplida" cuando Bush se apareció a bordo del portaviones USS Abraham Lincoln el 1ro. de mayo y anunciara que la guerra en Irak había terminado.

Con este memorándum, fechado 5 de noviembre, el gobierno de Bush repudió normas parlamentarias que habían estado en vigencia por largo tiempo. Con un gesto de la pluma, desafió no solo la legitimidad de toda oposición política, sino también el derecho del Congreso, otorgado por la misma Constitución de Estados Unidos, a vigilar los poderes de la Rama Ejecutiva del gobierno.

La agresión contra los derechos democráticos y las elecciones del 2000

La repugnante cobardía y el oportunismo burdo de los ejecutivos de la cadena de televisión, de los editores de periódicos y de los funcionarios Demócratas no han sido nada insignificantes en el desenlace de estos eventos. Pero el significado tiene raíces mucho más profundas que los motivos subjetivos y las espinas dorsales flexibles de figuras destacadas. Los sucesos de la última emana son eslabones muy importantes en una extensa cadena de sucesos que, cuando se vinculan unos a otros, denotan la agonía mortal de las instituciones democráticas en Estados Unidos. Esta evolución transcendental ha de arraigarse en históricos procesos socio económicos objetivos.

Los gobiernos democráticos no se plasman eternamente, anclados para siempre en abstracciones como el "Espíritu Norteamericano" o normas legales codificadas en la Constitución de Estados Unidos. A fin de cuentas, se basan en la existencia de ciertas relaciones sociopolíticas que restringen la capacidad de las clases propietarias para establecer gobiernos autoritarios y a la vez contribuyen a un acuerdo político en la clase gobernante que favorece normas parlamentarias y la vigilancia constitucional al poder ejecutivo. La clase que monopoliza el poder económico, sin embargo, no tiene ningún interés esencial en promover formas democráticas de gobierno.

El gobierno de Bush, el más reaccionario de la historia moderna de Estados Unidos, ha lanzado una agresión sin paralelo contra los derechos democráticos. Ha atropellado los principios constitucionales que separan a los tres poderes del gobierno: el legislativo, el ejecutivo y el judicial; los procesos legales establecidos; la separación de la iglesia y el estado; y las libertades codificadas en la Carta de los Derechos [las diez primeras enmiendas a la Constitución de Estados Unidos]. Y la oposicióm de la prensa y los políticos casi no existe.

Este agravio contra la democracia surgió desde que el Gobierno de Bush comenzó. Tomó las riendas del poder como consecuencia de una conspiración ilícita y delictiva para ignorar el voto popular por medio del fraude electoral y las confabulaciones de la mayoría Republicana derechista en la Corte Suprema. Debemos recordar que los líderes ideológicos de la mayoría Republicana en la Corte Suprema, en su infame dictamen del 12 de diciembre, 2000, dio la orden para parar el conteo de votos en la Florida, y declaró que el pueblo de Estados Unidos no tienen ningún derecho constitucional a votar por el presidente de su país. Esta decisión implícitamente respaldó a los legisladores de la Florida que estaban listos a hacerle caso omiso a todo voto que le diera al candidato Demócrata, Al Gore, los votos electorales del estado, y escoger electores que favorecieran a Bush.

La crisis política que surgió de las disputadas elecciones del 2000 se resolvió, no basándose en la fidelidad a principios de gobiernos elegidos y en el derecho del pueblo a que sus votos cuenten, sino en la decisión de los sectores más reaccionarios de la clase gobernante en instalar el candidato que ya habían escogido, sin importarles un bledo la voluntad del electorado. Fue un golpe de estado donde no se vertió una gota de sangre, pero sí significó una escisión irrevocable con los métodos y normas tradicionales.

Gore y el Partido Demócrata se postraron ante este robo del poder, y la prensa laboró afanosamente para cubrir al gobierno de Bush con el manto de la legalidad, pero nada de esto altera los hechos del caso.

David North, presidente del Comité de Redacción de la World Socialist Web Site [Sitio de la Maya Socialista Mundial] y Secretario Nacional del Partido Socialista por la Igualdad de Estados Unidos, en un informe que presentara el 3 de diciembre, 2000, ha dicho lo siguiente: "Esta decisión de la Corte ha de revelar hasta que punto la clase gobernante estadounidense está lista para romper con las normas constitucionales burguesas-democráticas tradicionales. ¿Está preparada para autorizar el fraude electoral y la supresión de votos con tal de poner en la Casa Blanca a un candidato elegido a la presidencia por medio de métodos flagrantemente ilícitos y anti democráticos?"

La WSWS y el PSI llegaron a la conclusión ocasionada por estos eventos, que existe en la clase gobernante de Estados Unidos no existe ningún sector significante que pueda defender los derechos democráticos. Los sucesos de los últimos tres años ampliamente han confirmado esta conclusión.

Luego, en un informe presentado en enero, 2001, este escritor hizo un resumen del significado de las elecciones del 2000 con las siguientes palabras: "Los medios de prensa y la clase gobernante política—tanto los liberales como los conservadores—han menospreciado los eventos de noviembre y diciembre, 2000, y quieren "marchar pa'lante" como si nada significante hubiera ocurrido. No obstante, para Los Estados Unidos—y para el mundo entero—todo ha cambiado para siempre".

La desigualdad social y la oligarquía en Estados Unidos

Este mar político de cambios se arraiga en los cambios dados en la estructura básica de la sociedad estadounidense; cambios de largo alcance. El factor de mayor significado es el enorme aumento de la desigualdad social. Durante el último cuarto de siglo ha ocurrido una vasta redistribución de la riqueza, cuyo ímpetu ha provenido de la política los gobiernos Demócratas tanto como de los Republicanos. Esta ha pasado de las manos del pueblo trabajador al 10% más rico de la población. Para las elecciones del 2000, la concentración de las fortunas en manos de una élite oligárquica ya había alcanzado niveles asombrosos.

Citemos varias estadísticas. Desde a mediados de la década del 70, el 1% de los hogares más ricos ha doblado sus ingresos de la riqueza nacional, del 20% al 38.9%. En 1999, el 1% más rico de la población, es decir, 2.7 millones de habitantes, recibió, luego de tomar en cuenta los impuestos que se le cobraron, un ingreso cuyo total igualó el ingreso de los 100 millones de ciudadanos con los ingresos más bajos. Entre 1977 y 1999, el ingreso promedio del 1% más rico, luego de pagar los impuestos, aumentó por las nubes: 370%, o sea, de $234,700 a $868,000.

Fue sobretodo durante la década del 90, que la locura por los ingresos no merecidos se apoderó de la clase reinante, quien se sintió liberada de toda restricción sobre la acumulación de la riqueza personal. Durante los años del gobierno Clinton-Gore, la compensación de los jefes principales de las empresas aumentó 535%. Típico de la era: en el 2000, los jefes empresariales ganaron 475 veces más que el ingreso del trabajador común. Los primeros años del Siglo XXI han presenciado la continuación de este proceso.

Tal como la experiencia histórica de la humanidad ha mostrado, la desigualdad social acérrima es, a fin de cuentas, incompatible con la democracia. Llega el punto en que los niveles de polarización social son tan extraordinarios que los métodos democráticos tradicionales no pueden restringirlos. Estados Unidos ha llegado a ese punto.

El abismo cada vez más ancho entre la oligarquía que rige la economía y las masas del pueblo trabajador va mano a mano con otros procesos relacionados que socavan las bases de la democracia. La base social tradicional de la democracia parlamentaria son aquellos sectores de la pequeña burguesía que sirven de almohadón entre las dos clases contrincantes principales: la capitalista y la obrera. Pero los enormes cambios que se han dado en la economía que afecta la vida cotidiana, que se relacionan a la mundialización de la producción y el desarrollo de las empresas transnacionales gigantes, en gran parte han disipado a la pequeña burguesía de Estados Unidos, cuya influencia socio política ha quedado enormemente reducida.

Un pequeño sector se ha aprovechado de las ganancias capitalistas orgiásticas y la especulación en la bolsa de valores y convertido en parte de la clase gobernante privilegiada. La enorme mayoría de aquellos a quienes anteriormente se les consideraba parte de la pequeña burguesía (la clase media)—los profesionales, los pequeños negociantes, granjeros, oficinistas—han sido impulsados a las filas de los que tienen que trabajar por sueldos, lo cual convierte a la clase obrera en la mayoría de la población.

Dos factores han tenido un gran impacto en la dinámica político social de la clase gobernante misma: el dramático aumento en la riqueza que proviene de la especulación en la bolsa de valores y mercados de bonos y otras formas de auto enriquecimiento que en gran parte han sido apartadas de la producción de mercancías útiles; y la ascendencia de nuevas industrias relacionadas a la tecnología de la computadora (ordenador) y telecomunicaciones. Un sector de arribistas fabulosamente ricos, cuyas fortunas se deben menos al establecimiento de imperios industriales que a las enormes ganancias que resultan de las acciones que constantemente suben de valor, la manipulación del mercado, adquisiciones apalancadas y simplemente suerte, han llegado a la cima del poder empresarial. Los elementos más parásitos y de visión más estrecha, que en gran parte han nacido de sus filas, encuentran sus nichos políticos en la dirección del Partido Republicano.

El programa de este elemento que más y más domina a la clase gobernante es la abolición de todas las restricciones jurídicas, políticas y morales a la acumulación de las ganancias empresariales y las fortunas privadas: los reglamentos que rigen el bienestar ambiental; los códigos que protegen la salud y la seguridad; las leyes contra los monopolios; los derechos de los sindicatos; estándar de salarios mínimos; y las restricciones sobre la jornada diaria y la mano de obra juvenil. Estas fuerzas exigen que la situación social y los derechos democráticos de la clase obrera retrocedan vertiginosamente a la época cuando la intervención estatal era mínima, pero de manera más bestial de la que prevalecía durante los tiempos de los barones ladrones.

Estos planes no pueden realizarse por medio de métodos democráticos. Ponerlos en práctica requiere que se impongan por medio de la fuerza bruta y la violencia del estado.

Y en cuanto a la prensa—el Cuarto Poder—ésta ha perdido el poco de independencia que tenía y se ha convertido, literalmente, en una sucursal que totalmente le pertenece a empresas gigantes tales como General Electri,c Viacom, Disney y al imperio de Murdoch. Más nunca que antes, son los intereses económicos y visión política de los jefes ejecutivos y grandes inversionistas los que dictan lo que hoy pasa por "noticias".

Un sistema en crisis

El aumento de la desigualdad social no refleja a un sistema capitalista saludable y vital; más bien representa su crisis y degeneración. Los escándalos empresariales de los últimos años no son simplemente aberraciones. Son síntomas de un sistema social enfermizo que ha engendrado una clase gobernante ahogada por la corrupción y el crimen. Sea en la prensa, en la que serviles ignorantes reciben millones para repetir como loros las mentiras del gobierno, o en el mundo empresarial, donde los jefes ejecutivos saquean a sus propias compañías para agrandar sus fortunas privadas y crean ganancias fantasmas enredando los libros de contabilidad, uno se topa con tremendo espectáculo: la decadencia intelectual, política y moral.

Este cabal criminal encuentra su máxima expresión política en el gobierno de Bush, que mezcla la ambición desnuda con la violencia y con el desprecio por los derechos democráticos del pueblo trabajador. Es un gobierno de, por y para la oligarquía de Estados Unidos.

No se puede confiar en que este u otro sector de la clase gobernante—liberal o conservador— va a defender los derechos democráticos. Y tampoco se le puede confiar a toda fuerza política que defienda al sistema social actual. Los derechos democráticos sólo pueden conservarse basándose en una lucha de masas social y política contra las bases económicas del gobierno de la oligarquía.

Ello exige la enorme redistribución de la riqueza y cambios enormes y profundos en la estructura económica con tal de quitarle el control de los recursos a la clase gobernante parásita y ponerla en manos de las amplias masas del pueblo trabajador. El principio económico fundamental tiene que ser la satisfacción de las necesidades humanas, no la acumulación de las fortunas privadas y las ganancias empresariales.

La democracia política no puede seguir existiendo a menos que se una a la lucha por la igualdad social. La única fuerza social que puede cumplir esta transformación revolucionaria es la clase obrera, la cual tiene que organizarse como fuerza política independiente y basarse en un programa socialista e internacionalista. El partido Socialista por la Igualdad y la World Socialist Web Site se han dedicado a establecer el nuevo movimiento político que cumplirá esta urgente misión histórica.