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El miércoles, 7 de enero, el Presidente Bush anunció un plan, por cierto bastante nebuloso, para conceder estadía legal—temporaria y limitada—a casi 12 millones de inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos. Desde el punto de vista político, esta propuesta es profundamente cínica. Bush se jactó de que su plan es más "humanitario" que el sistema actual, pero la verdad es que el objetivo del plan es sólo uno: favorecer enormemente a las empresas y a los patronos. Si se convierte en ley, establecería una mano de obra de segunda categoría y superexplotada en Estados Unidos.

Bush dio a conocer el plan desde la Casa Blanca, donde hizo alusiones al "sueño norteamericano" y dijo que dichos trabajadores, víctimas del "abuso y la explotación", por fin saldrían de "las sombras". Pero partidarios de los inmigrantes criticaron al plan ferozmente y lo catalogaron como sistema de servidumbre legal que podría terminar en la intensificación de las represiones y las deportaciones en masa.

El plan no incluye ningún criterio nuevo para concederle a los trabajadores indocumentados que actualmente residen en el país la oportunidad de convertirse en residentes permanentes o en ciudadanos. Bush se declaró explícitamente en contra de todo tipo de "amnistía que automáticamente le conceda la ciudadanía a los trabajadores indocumentados".

Más bien, el plan establecería una nueva categoría de "trabajadores eventuales" con derechos limitados y dependientes de la merced del gobierno y los patronos.

Muchas fuentes consideran que el plan es una estratagema hipócrita para ganar el favor de la población hispana del país durante este año de elecciones presidenciales; población que los estrategas Republicanos más y más consideran clave en ciertos estados, inclusive California, Texas y la Florida. La propuesta casi no ofrece ningún detalle, y ni siquiera se refiere a otros proyectos de ley sobre la inmigración que están bajo consideración ante el Congreso de Estados Unidos.

Según la estratagema de Bush, a los inmigrantes indocumentados ya en Estados Unidos y los que desean emigrar se les permitiría solicitar visas como trabajadores eventuales, lo cual los dejaría permanecer en el país un total de tres años, con la posibilidad de por lo menos una extensión siempre que estén empleados.

Los trabajadores indocumentados que actualmente residen en Estados Unidos tendrían que comprobar que están empleados, ser sometidos a una prueba de seguridad y pagar una cuota. Los que solicitan trabajo desde el exterior serían elegibles únicamente cuando se les ofrezca empleos que, según el gobierno, los trabajadores estadounidenses rechacen. El Ministerio de Trabajo estaría a cargo de producir una lista de los empleos vacantes, los cuales serían llenados con la ayuda de contratistas privados.

El gobierno y ciertos sectores de la prensa han propagado la idea que el plan protege a los trabajadores contra los abusos patronales, pero esto es en gran parte una fantasía. La verdad es que no concede ningún derecho nuevo en los lugares de trabajo. Las leyes actuales ya presuntamente garantizan a los trabajadores inmigrantes indocumentados varios derechos: al salario mínimo, a recibir ayuda del Programa para la Compensación a Trabajadores [si se lastiman mientras laboran], a reglamentos que rigen la seguridad y la salud en el trabajo, a horas adicionales, y a organizarse en sindicatos.

No existe ninguna razón para creer que a los patronos se les va a obligar a poner en práctica estos reglamentos con más vigor que antes. Más bien, el plan obligaría a los trabajadores a depender aún más de los patronos, quienes actuarían como los auspiciadores de su estadía.

Susan F. Martin, perito en cuestiones de inmigración en la Universidad de Georgetown y ex jefe de la Comisión sobre la Reforma de Inmigración durante la década del 90, le dijo al Washington Post: "Con este tipo de legislación vamos a crear una gran cantidad de lo que básicamente serían sirvientes casi esclavos". Añadió que "esta es la propuesta acerca de la inmigración más inquietante que he visto durante los últimos 25 años".

Raúl Aguirre, presidente del Consejo Nacional de la Raza, grupo hispano partidario de los derechos de los inmigrantes, ha catalogado a la propuesta de Bush de ser "no más que otra versión del programa para braceros", plan iniciado durante la Segunda Guerra Mundial que facilitó la entrada de millones de trabajadores agrícolas mexicanos al país bajo contratos provisionales. Fueron explotados brutalmente en los campos. El plan de Bush, añade el Sr. Aguirre, "parece ofrecer a las empresas acceso total a los trabajadores inmigrantes que requieren, pero aparentemente no le ofrece mucho a los trabajadores mismos".

Luego de su estadía provisional y vencerse toda extensión, los trabajadores corren el riesgo de ser deportados. Aunque podrían solicitar sus tarjetas de residencia, estas tardan una eternidad: de ocho a quince años para la mayoría de los mexicanos.

Bush afirmó que su gobierno aumentaría la cantidad de residencias permanentes—las cuales le dan a las personas que no son ciudadanas el derecho permanente a vivir y trabajar en Estados Unidos—pero no detalló cuantas.

Actualmente, el gobierno de Estados Unidos limita la cantidad de residencias permanentes anuales que concede a 140,000. Pero la cantidad de inmigrantes indocumentados que residen en el país es 100 veces mayor, y millones en el extranjero han solicitado visas. En la última lotería que terminó la semana pasada, casi 10 millones de personas solicitaron las 110,000 visas disponibles.

Dado que al cabo de cinco años el resultado final de la propuesta es la deportación, es dudable que grandes cantidades de trabajadores indocumentados salgan a la luz y participen en el programa. Tendrían que ser sometidos a interrogaciones e imágenes biométricas.

El apoyo más entusiasta para el plan proviene de los grandes comercios, los cuales lo aceptan como medida para regularizar y legitimar la continua super explotación de la mano de obra inmigrante. Pero si de alguna manera el plan significa la amnistía, esta sería únicamente para las empresas como Walmart, cuyas tiendas fueron objeto de redadas el año pasado. La acción resultó en el arresto de 245 trabajadores supuestamente indocumentados que limpiaban las tiendas. El efecto principal del plan sería legalizar la explotación de la mano de obra inmigrante barata.

"La economía no puede expandirse a menos que tengamos los trabajadores que puedan llenar los empleos que están disponibles", dijo Randy Johnson, Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. "El anuncio de hoy nos da una buena oportunidad para echar hacia adelante y adoptar una reforma de la inmigración que sea sensible y amplia".

Varios sectores del propio Partido Republicano de Bush se opusieron al plan porque éste no era lo suficientemente draconiano en el tratamiento de los indocumentados. Por ejemplo, el dirigente de los Republicanos en la Cámara de Diputados, Tom Delay, del estado de Texas, expresó "reservaciones acerca de permitir que inmigrantes ilegales participen en un programa de trabajadores invitados que parece recompensar el comportamiento ilícito".

El Diputado Elton Gallegly, Republicano de California y miembro del comité encargado de redactar las leyes sobre inmigración, dijo que el plan de Bush "no es más que el perdón de un acto criminal que, según la ley, no difiere en nada de impromir billetes de $100 en su propio garaje".

Otros miembros de la mayoría Republicana de la cámara indicaron que el plan recibiría poca prioridad y que lo más probable era que éste no se adoptara como ley muy pronto. Y la verdad es que el Congreso recientemente dejó "morir" en comité un proyecto de ley sobre la inmigración de mucho menor alcance.

No es muy probable que Bush pase mucho tiempo politiqueando para que su plan no sufra el mismo destino. Al mismo tiempo que quiere pasarse como amigo del inmigrante para que el electorado hispano lo favorezca, también trabajará fuerte para movilizar a su base ultra derechista, que es fanática en su hostilidad hacia los trabajadores extranjeros.

El anuncio tomó lugar justamente días antes de Bush asistir a una reunión hemisférica cumbre en Monterrey, México. El gobierno mexicano del presidente Vicente Fox previamente había criticado ferozmente la negligencia del gobierno de Bush en cuanto al tema de la inmigración; negligencia debida a los ataques terroristas del 11 de septiembre, 2001, las guerras en el extranjero y la persecución policial de inmigrantes en Estados Unidos mismo.

Bush comenzó su presidencia con negociaciones bilaterales con Fox acerca de propuestas para reglamentar la estadía de los inmigrantes mexicanos, que constituyen casi el 70% de los indocumentados en Estados Unidos. Pero las negociaciones terminaron abruptamente. Bush dejó bien claro el miércoles que este plan era unilateral, no uno negociado con México.

Aunque México y los propios inmigrantes mexicanos en Estados Unidos han mostrado poco apoyo entusiasmo o apoyo popular por el plan, el gobierno de Fox lo considera algo muy positivo, a pesar que el tema principal que había empujado en las negociaciones con Washington durante la primavera y el verano del 2001—es decir, la creación de un plan que le concediera residencia permanente los trabajadores indocumentados—ha sido excluido del programa de Bush.

Para la clase gobernante mexicana, la cuestión clave no son los derechos democráticos de los trabajadores inmigrantes emprobrecidos que trabajan al norte de la frontera. Más bien son las divisas que estos trabajadores constantemente envían a México, las cuales constituyen hoy día la segunda fuente mayor de ingresos extranjeros. El gobierno de Fox considera que este programa para establecer trabajadores eventuales es el complot perfecto para asegurar que esta fuente de ingresos no se detenga.