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Esta declaración apareció en nuestro sitio originalmente en inglés el 13 de julio, 2004.

Funcionarios del gobierno de Bush han solicitado un análisis detallado de la estrategia jurídica necesaria para postergar las elecciones de 2004. Esta movida constituye una amenaza implícita para revocar la Constitución de Estados Unidos, cancelar los derechos democráticos y establecer una dictadura policíaca-militar. Representa la acción desesperada de un régimen desacreditado e impopular que le teme no sólo a la derrota electoral, sino a la explosión de tensiones sociales y políticas en Estados Unidos.

La revista Newsweek, que divulgara la noticia de la petición del gobierno, ha nombrado a las tres agencias federales que la promovieron: la relativamente nueva Comisión para La Asistencia con las Elecciones [Election Assistance Commission], que fue la primera en sugerir las posibilidades; el Departamento para la Seguridad de la Patria [Department of Homeland Security: DHS], que constantemente ha estado emitiendo alarmas—sin ninguna prueba concreta—acerca de acciones terroristas durante a las elecciones; y las Oficinas del Consejero Jurídico del Ministerio de Justicia [Office of Legal Counsel of the Department of Justice], que actualmente estudia las leyes jurídicas y constitucionales para cumplir con una petición de Tom Ridge, ministro del DHS.

El presidente de la Comisión para la Asistencia con las Elecciones, DeForest Soaries, le ha enviado una carta los dirigentes Demócratas y Republicanos de ambas cámaras del Congreso nacional en la que puntualiza que no existe ninguna disposición constitucional legal para postergar las elecciones: “Parece que no existe ningún proceso claro para suspender o postergar el voto durante las elecciones si sucede un ataque terrorista importante”.

El Partido Socialista por la Igualdad (PSI) categóricamente rechaza esta mentira: que las preparaciones para atrasar las elecciones se deben a la posibilidad de un ataque terrorista. Es el tipo de mentira que se utilizó para justificar la guerra ilegal contra Irak; mentira para legitimar medidas anti democráticas extremistas que han sido parte integral del programa de la Administración Bush desde que ésta asumiera las riendas del poder luego de robarse las elecciones presidenciales del 2000.

A este gobierno no se le puede creer nada de lo que diga acerca de “amenazas terroristas”. El informe del Comité de Inteligencia del Senado, publicado la semana pasada, ha establecido que el gobierno, sin duda alguna, sistemáticamente mintió acerca del peligro que Irak y sus llamadas armas de destrucción masiva presentaban a la seguridad nacional. El gobierno de Bush consiste de gente, desde el presidente mismo, al vicepresidente, a otros subordinados, que dicen cualquier cosa para justificar sus acciones delictivas en cuanto al militarismo y la política.

Este gobierno también consiste de hombres peligrosos y desesperados que están listos para valerse de todo para quedarse en el poder. Si en realidad existe el peligro de un episodio terrorista antes de las elecciones en noviembre, sus planificadores y perpetradores serán individuos de la extrema derecha con vínculos al gobierno de Bush y a las varias agencias policiales y de espionaje, no militantes de células secretas de Al Qaeda que funcionan en el país.

Al gobierno de Bush revelar que se prepara a postergar y cancelar las elecciones en caso de un ataque terrorista, es posible que le haya dado el motivo político, para no decir ánimo, a elementos neo fascistas entre sus partidarios que lleven a cabo semejante acto; elementos que no están dispuestos a aceptar la derrota de este gobierno en las venideras elecciones nacionales.

Aún si aceptáramos la posibilidad de que Al Qaeda podría lanzar un ataque terrorista, este de ninguna manera justifica la postergación de las elecciones nacionales, decisión que no ha tenido ningún precedente desde que George Washington fuera elegido a la presidencia hace 216 años. Durante la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, y hasta durante la Guerra Civil, cuando las batallas rugían en doce estados, las elecciones nacionales se llevaron a cabo a su debido tiempo. Hasta en la Guerra de 1812, cuando los británicos barrieron a Washington, y quemaron la Casa Blanca, el gobierno no levantó el menor dedo para cancelar las elecciones.

No ha habido ninguna explicación clara por qué un ataque terrorista, si en realidad ocurriera, obligatoriamente ocasionaría la postergación de las elecciones de noviembre. Más bien han habido ciertas referencias al impacto que tuvo el ataque en Madrid sobre las recientes elecciones, en la que el gobierno derechista pro guerra fue derrotado. Estas referencias se basan en una premisa tácita pero obvia: que las elecciones deben ser postergadas o canceladas luego de un acto terrorista porque el pueblo puede votar “erróneamente”, tal como hizo el pueblo español.

Las contradicciones sociales de la sociedad estadounidense

No es la amenaza de un ataque terrorista, inspirado por fuerzas extranjeras, las que animan al gobierno de Bush a postergar las elecciones de noviembre. La verdadera razón para esta amenaza sin precedentes contra los derechos democráticos ha de encontrarse en los conflictos y las contradicciones sociales internas de la sociedad estadounidense. El hecho que el gobierno seriamente considera la cancelación de las elecciones presidenciales significa que toda la estructura de la democracia burguesa estadounidense ha llegado no simplemente a una encrucijada política, sino un callejón sin salida histórico.

Tal como a menudo nos mostró la sangrienta historia del Siglo XX, la transición de la democracia burguesa a varias formas de dictadura policial-militar, inclusive el fascismo, comienza exactamente cuando los antagonismos y los conflictos sociales de una sociedad llegan a un punto tan explosivo que no se pueden resolver por medio de las estructuras tradicionales constitucionales. Esta es la situación que actualmente existe en Estados Unidos, donde el abismo social que existe entre la clase gobernante extraordinariamente rica y las masas del pueblo trabajador es mucho más profundo y amplio que en todos los otros países capitalistas avanzados.

La amenaza con cancelar las elecciones ha de considerarse dentro del contexto de la reciente historia política de Estados Unidos, la cual ha sido definida por las crecientes agresiones contra las normas democráticas tradicionales. Un aspecto importantísimo de este período ha sido la manera en que elementos de mentalidad fascista se han apoderado del Partido Republicano; elementos que consideran que el proceso electoral es una barrera intolerable a sus planes para eliminar todas las restricciones a la acumulación de la riqueza privada en el interior del país y la expansión del poderío militar de Estados Unidos por todo el mundo. Es imposible poner en práctica semejantes planes a través de la democracia, aún cuando la oposición oficial del Partido Demócrata, el cual está absolutamente comprometido a defender el sistema de ganancias y los intereses de la clase gobernante empresarial, es flácida y cobarde.

Desde a mediados de la década del 90, la extrema derecha ha laborado sistemáticamente, primero para socavar y sacar del poder al gobierno de Clinton a través de las investigaciones del fiscal Starr, que terminaron en el juicio político de ese presidente en el Senado, y luego con el robo de las elecciones del 2000, que culminara cuando la Corte Suprema intervino en la crisis electoral que ocurrió en estado de la Florida.

Este proceso ahora culmina en un punto donde se discuten abiertamente los planes para suspender las elecciones del 2004. Nadie debería malentender las intenciones de esta movida: la postergación del voto en el 2004 significa la cancelación de las elecciones y el atrincheramiento de George W. Bush en la Casa Blanca por un período indefinido.

La evolución de este proceso es extraordinario y verídico: primero, la subversión de un presidente elegido; luego la instalación de un presidente no elegido en el poder que no ganó el voto popular; y ahora el esfuerzo por postergar el voto por medio de lo cual es casi un golpe de estado.

Las amenazas para cancelar las elecciones del 2004 es el apogeo de todas las medidas represivas que la Administración Bush ha adoptado, basándose en los ataques terroristas del 11 de septiembre, 2001, como pretexto: la adopción del Acta Patriota, el establecimiento del Ministerio para la Seguridad de la Patria; la creación del Comando del Norte (primer comando centralizado que ahora controla todas las tropas en Estados Unidos continental); la creación de una red internacional de campamentos de concentración para prisioneros atrapados por los militares de Estados Unidos y por la CIA; el uso de la tortura en estos campamentos y en las prisiones militares de Irak; y la presión constante para que los tribunales, ahora dominados por funcionarios nombrados por Bush, ratifiquen medidas que más puedan agredir las libertades civiles de manera aún más drástica.

Las Oficinas del Consejero Jurídico (OLC), que actualmente repasas las disposiciones legales y constitucionales que se requieren para suspender las elecciones, es la misma agencia del gobierno que hace dos años emitiera un memorándum (de 50 páginas) para justificar el uso de la tortura contra prisioneros detenidos durante la “guerra contra el terrorismo” del gobierno de Bush. La OLC declaró que, como “jefe de las fuerzas armadas”, el presidente esencialmente podía asumir poderes dictatoriales durante una guerra. Ni los tribunales ni las leyes adoptadas por el Congreso nacional podrían tocarlo, ya que él está por encima de la ley.

No cabe duda que estas preparaciones tienen que ver con mucho más que análisis jurídicos. Ya toda una red de agencias policiales del gobierno federal está activamente preparando toda una serie de planes alternativos.

Hace dos meses la Agencia Federal para la Dirección de Emergencias [FEMA: Federal Emergency Management Agency], división del Ministerio para la Seguridad de la Patria, puso en práctica unos ejercicios llamados Forward Challenge ‘04, los cuales sirvieron para movilizar a 4000 integrantes del personal federal en más de 100 lugares secretos. Misión: simular una reacción a ataques terroristas contra Washington. FEMA tiene una larga historia como la agencia principal que prepara la represión interna de las masas en el mismo Estados Unidos. En la era del gobierno de Reagan fue responsable por el plan conocido como Operación Rex ‘84, que incluyó preparaciones por encarcelar a cientos de miles de inmigrantes centroamericanos y militantes contra la guerra en caso de un conflicto entre Estados Unidos y Nicaragua.

El artículo publicado por Newsweek fue obviamente una revelación calculada del gobierno de Bush para poner a prueba la reacción del público y de la prensa a la posibilidad de cancelar las elecciones. El autor del breve informe fue Michael Isikoff, quien jugara un papel estelar en el asunto Lewinsky, cuando sirviera de coordinador entre Linda Tripp, quien grabó las conversaciones de Lewinsky acerca de sus relaciones con Clinton, y las oficinas del asesor legal independiente, Kenneth Carr.

Por lo menos un dirigente del Congreso nacional, el diputado Republicano Christopher Cox del estado de California, ha reaccionado favorablemente, refiriéndose a la cuestión como si fuera simplemente un asunto técnico. En una entrevista por televisión el domingo por la noche, puntualizó que funcionarios de la ciudad de Nueva York habían cancelado las elecciones primarias que iban a tener lugar el 11 de septiembre, 2001. Éstas se celebraron en una fecha posterior.

“No hay nadie que tenga el derecho a hacer lo mismo en cuanto a las elecciones federales. El ministro Ridge, pues, le ha pedido al Ministerio de Justicia que lo haga y que le provea un expediente legal que le informe que debe hacerse. ¿Es necesario comparecer ante el Congreso y adoptar nuevas leyes?”

Hasta ahora la reacción del Partido Demócrata y de la prensa es muy significante. La prensa ha menospreciado la noticia, y los periódicos se han limitado a pequeños artículos enviados por cable que ni siquiera aparecieron en los diarios más importantes del país, tales como el New York Times y Washington Post. Las noticias por la televisión han sido rutinarias; han tratado la extraordinaria petición como si fuera un plan de emergencia ordinario; es decir, una acción burocrática sin ningún significado político.

Durante el curso de una entrevista por CNN, Condoleezza Rice, asesora de la seguridad nacional en el gabinete de Bush, participó en un intercambio, aparentemente ensayado de ante mano, con el anfitrión del programa, Wolf Blitzer. Éste le preguntó acerca del artículo de Newsweek. Luego de Rice declarar que el gobierno de Bush no tenía “ninguna intención” de suspender las elecciones de noviembre, Blitzer simplemente continuó con otros temas.

La campaña presidencial de Kerry y Edwards no ha reaccionado oficialmente a la sugerencia que sus esfuerzos electorales podrían desaparecer en caso de un evento “terrorista” real o resultado de un complot interno. Según se informa, Kerry declaró que era “demasiado temprano” para hacer comentarios sobre el caso.

Las declaraciones de los dirigentes Demócratas en el Congreso nacional también fueron muy suaves. El congresista Edward Markey, del estado de Massachusetts e integrante del comité que se encarga de vigilar al Ministerio de la Seguridad para la Patria, declaró que, aunque lo mejor sería prevenir un ataque terrorista, vale la pena planear con anticipación por semejante evento.

Estas reacciones reivindican las advertencias que el Partido Socialista por la Igualdad hizo en diciembre del 2000, luego que el Partido Demócrata capitulara ante la decisión de la Corte Suprema, en la causa, Bush contra Gore: ningún sector significante en la clase gobernante está dispuesto a defender los derechos democráticos, pues considera que la democracia representa una amenaza a su riqueza y a sus privilegios.

Apenas hace dos meses que el PSI advirtió acerca del peligro de una provocación durante el proceso electoral del 2004. En nuestra declaración electoral, titulada “¡Brindar apoyo al Partido Socialista por la Igualdad durante las elecciones nacionales de Estados Unidos en el 2004!”:

“La decisión de Bush para basar su salvación política en una apocalíptica “guerra contra el terror” sugiere consecuencias nefastas para el pueblo de Estados Unidos. No hay razón para presumir que el gobierno de Bush voluntariamente va a entregar las riendas del poder aún violando la voluntad popular. Existe un peligro muy real que, durante el transcurso de la campaña del 2004, el gobierno permitirá, o dirigirá, un nuevo ataque terrorista devastador en Estados Unidos, sobretodo si la suerte electoral de Bush no resulta tan afortunada. Ya han aparecido varias advertencias en la prensa del país que si semejante ataque sucediera, las elecciones del 2 de noviembre serían postergadas o canceladas del todo, o se llevarían a cabo bajo ley marcial.”

Nada es más peligroso que la paralización debida a la inacción. La postergación—es decir, la cancelación—de las elecciones no es simplemente un asunto técnico. Significaría tanto para el destino de la democracia de Estados Unidos como lo fue para la República Romana cuando Julio César cruzó el Rubicón. Representaría el punto de no volver, el abandono definitivo a las normas democráticas y a las legalidades constitucionales; es decir, un viraje hacia los métodos de dictadura policial y de guerra civil.

El peor peligro actualmente es la falta de la preparación y conciencia política en la clase obrera. Hay que sobreponerse a esta situación por medio de la lucha para organizar a la clase obrera como fuerza política independiente. El punto esencial es la creación de una verdadera alternativa política a los Demócratas y a los Republicanos, partidos de la plutocracia empresarial y financiera. Ese es el significado de la campaña política que ahora conduce el Partido Socialista por la Igualdad en las elecciones del 2004.