El arresto de Pinochet en Chile y los asesinos del complot de la "Operación Cóndor" en Estados Unidos

7 January 2005

La versión original en inglés de este artículo apareció en nuestro sitio el 18 de diciembre, 2004.

El lunes pasado, Augusto Pinochet, ex dictador de Chile, fue arrestado y encausado por las matanzas y desapariciones de adversarios políticos que ocurrieron durante su gobierno. La acción contra el viejo tirano no ha ocasionado ningún comentario del gobierno de Estados Unidos; y la prensa estadounidense, en su gran mayoría, poca atención le ha prestado al caso.

Pero la pista de la evidencia contra el general jubilado, cuyo gobierno durante 17 años fue culpable de asesinatos, torturar y encarcelar a decenas de miles de chilenos, llega directamente a los pasillos de de Washington.

La semana pasada se recibió información que un juez chileno, siguiendo esta pista, había logrado asegurar una presentación documental de pruebas en la capital de Estados Unidos ante la cual dos de los participantes del infame programa “Operación Cóndor” serán obligados a prestar testimonio. Ambos han vivido durante décadas en Estados Unidos bajo la protección del gobierno federal.

Pero no son solamente estos asesinos los únicos que están implicados en el escándalo. Importantes funcionarios de Estados Unidos, en su capacidad actual o como ex-representantes del gobierno, son tan culpables como Pinochet de lo asesinatos en masa perpetrados en Chile y doquier durante el período de la Operación Cóndor.

A Pinochet se le han imputado cargos específicos: el secuestro de nueve individuos y el asesinato de uno de ellos. Las víctimas habían sido exilados chilenos detenidos por las fuerzas de seguridad de países vecinos y luego entregados a la policía secreta de Chile, DINA. Ésta entonces los detuvo en campos de concentración y centros de tortura. Jamás volvieron a aparecer.

Estos casos han sido inspirados por los cientos, para no decir miles, de individuos liquidados como resultado de un acuerdo—en 1975—entre el espionaje militar y los funcionarios de la policía secreta de seis dictaduras latinoamericanas. Otros países luego se unieron al pacto. La historia sociopolítica y el destino de estos individuos indican que los casos representan a miles de personas que estos regímenes asesinaron dentro sus propias fronteras durante la década del 70.

Los fiscales chilenos han declarado que escogieron a Cóndor como foco de sus acusaciones para que el dictador no pudiera alegar que no fue responsable de lo que sucedió.

Se rumora que el juez Juán Guzmán, jefe de los fiscales, ha obtenido pruebas contundentes que Pinochet participó directamente en la reunión— formalmente llamada “Primera Reunión Interamericana Sobre el Espionaje Nacional—que se llevó a cabo en Santiago de Chile y en la que se forjó la Alianza Internacional del Terror Estatal. Asistieron los funcionarios principales de las fuerzas armadas y de la policía de Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay.

Una acción como esta, sin la participación de Pinochet, habría sido imposible, y otra igual no podría sucedido sin el permiso del gobierno de Estados Unidos, que activamente apoyaba los golpes militares que llevaron a esas dictaduras al poder.

Documentos antiguamente secretos de Estados Unidos han dejado bien claro tres cosas: que Washington tenía conocimiento de la “Operación Cóndor” desde un principio; que sabía de los planes para asesinar a disidentes políticos exilados; y que no hizo lo mínimo para evitarlos.

Hay suficientes razones para sospechar que todo lo ocurrido sucedió con el permiso tácito de Estados Unidos, el cual ya había participado en varios asesinatos y tratado de perpetrar otros delitos similares durante las décadas del 60 y del 70, período en que a la CIA se le conocía popularmente como la “Compañía de Asesinatos por Acciones”. Había capacitado a la mayoría de los integrantes de la Operación Cóndor en la Escuela de las Américas, la cual en aquel entonces se ubicaba en Panamá bajo la supervisión del ejército de Estados Unidos. Además, tenía asesores militares y de la CIA que colaboraban íntimamente con las fuerzas militares y destacamentos policiales secretos de toda América Latina.

Henry Kissinger, en esa época asesor de Nixon pertinente a la Seguridad Nacional (luego pasó a ser Ministro de Relaciones Exteriores), fue uno de los arquitectos principales del golpe militar en Chile. Cuando el gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende fue elegido en 1970, Kissinger hizo el siguiente comentario: “No se por qué tenemos que quedarnos con los brazos cruzados mientras un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo”.

Desde el día de la victoria de Allende en las elecciones de septiembre, 1970, Kissinger fue dirigente de la conspiración que llevó al derrocamiento del Presidente de Chile y en la sangrienta matanza que se desató contra el pueblo chileno. Las acciones de Washington se parecieron bastante a las que el régimen de Pinochet, bajo los auspicios de la Operación Cóndor, pondría en práctica solamente varios años después.

Estados Unidos apoya los asesinatos

Aún antes del presidente del Partido Socialista ser inaugurado, el gobierno de Nixon ya había asignado $10 millones para financiar los planes para derrocarlo. Los esfuerzos de Estados Unidos inicialmente resultaron en el asesinato del General René Schneider, jefe del ejército del país, quien había expresado su oposición al golpe. El objetivo de esta acción era hacer parecer a los partidarios de Allende culpables del asesinato y así justificar el golpe militar. No sólo abasteció la CIA las armas de fuego que se usaron en el atraco, sino que eventualmente le pagó $35,000 a los homicidas. En 2001, basándose en documentos que comprueban la participación de Kissinger, la familia Schneider presentó una demanda contra el ex Ministro de Relaciones Exteriores en la que lo acusaban de ser responsable de la muerte del general.

El mismo conjunto de documentos, que habían permanecido secretos, dejaron bien claro durante los últimos días del gobierno de Clinton que Washington tenía conexiones muy íntimas con la Operación Cóndor; que estaba muy consciente del complot para cometer asesinatos en el extranjero (a Latinoamérica); y que no había tomado acción alguna para ponerle paro al complot.

El asesinato más famoso ocurrió en la misma ciudad de Washington. Orlando Letelier, ex Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Allende, se había convertido en la figura más destacada entre los que trataban de influir a Estados Unidos para que éste, basándose en los derechos humanos, rompiera sus relaciones con la dictadura.

El 21 de septiembre, 1976, Letelier viajaba en su carro por un sector de la Avenida Massachussets de la capital estadounidense, llamado La Hilera de las Embajadas, cuando explotó una bomba manejada por control remoto. El carro quedó destruído; la explosión le arrancó a Letelier ambas piernas y éste murió desangrado. Una asistente nortemericana, Ronni Moffit, recibió un perdigón en la garganta y murió ahogada en su propia sangre.

La CIA y el Ministerio de Relaciones Exteriores inmediatamente supieron que el atentado había sido organizado por la dictadura chilena. Desde un principio el gobierno de Estados Unidos trató de encubrir el papel de su aliado, Pinochet.

George H. W. Bush, padre del presidente actual, era en ese entonces director de la CIA. La agencia ya tenía suficientes pruebas de la culpabilidad de DINA, pero optó por entregarle a la prensa información falsa que alegaba que el crimen había sido perpetrado por “extremistas de izquierda” que trataban de desacreditar al régimen de Pinochet.

No sorprende que la revista Newsweek escribiera que “la policía secreta de Chile no participó” en el asesinato. Puntualizó que la CIA había llegado a esta conclusión debido a que “la bomba había sido demasiado primitiva para ser obra de expertos y porque el asesinato, que sucediera al mismo tiempo que los gobernantes de Chile trataban de ganarse el apoyo de Estados Unidos, sólo podría hacerle daño al régimen en Santiago”. (Newsweek, 11 de octubre, 1976).

Detectives del Ministerio de Justicia y fiscales del gobierno federal no recibieron ninguna ayuda de la CIA durante la investigación de los asesinatos. Pero una montaña de evidencia los llevó directamente a dos agentes del DINA: Michael Townley y Armando Fernández Larios.

Estos son los dos individuos que el juez chileno ahora va a investigar. Townly fue extraditado a Estados Unidos en 1978 y sirvió solamente cinco años de cárcel. Fernández llegó en 1987 y recibió una pena máxima de cinco meses en prisión. Ambos fueron puestos bajo la vigilancia del Programa para la Protección de Testigos. El gobierno de Estados Unidos les dio nuevas identidades, ayuda económica y seguridad vitalicia.

El juez ahora quiere enjuiciar a Pinochet por el asesinato en 1974 del General Carlos Prat y su esposa en Buenos Aires, que murieron cuando una bomba explotó en el carro en que viajaban. Townley ya ha confesado que él fue el fabricante no sólo de esta bomba, sino también de la que le arrebató las vidas a Letelier y a Moffitt.

El testimonio de Townly resultó en que al Coronel Juán Manuel Contreras, ex jefe de DINA, se le encontrara culpable del asesinato de Letelier y sentenciado a cárcel en Chile. También se le encontró culpable en Argentina de organizar el asesinato de Prats. Contreras, valioso agente bajo paga de la CIA, insiste que todas las actividades de DINA se cumplieron bajo órdenes de Pinochet.

¿Trabajaba Townley para la CIA?

Townley, hijo del director estadounidense de la Ford Motors en Chile, se integró a una organización chilena de la derecha extrema. Presuntamente se acercó a la CIA y ofreció sus servicios en el país. La agencia ha declarado que rechazó su oferta, pero ésta es la reacción típica pertinente a sus espías secretos. Todavía no se puede determinar con toda seguridad si Townley actuó bajo órdenes de DINA o si también trabajaba para la CIA. La protección que Washington le ha brindado sugiere la segunda alternativa.

Pero los vínculos con la CIA no terminan ahí. Para perpetrar exitosamente el asesinato en Washington, Townley había reclutado a un equipo de exilados derechistas anti castrenses que ya gozaban de íntimas relaciones con la CIA en el momento que ésta desataba varios ataques armados contra Cuba. Fueron los que abastecieron los explosivos y la mano de obra para plantar la bomba que estalló en el carro de Letelier.

Una de las figuras claves entre los exilados cubanos fue Guillermo Novo Sampol, quien logró la infamia cuando lanzó un ataque con bazukas contra la sede de la organización Naciones Unidas en Nueva York en 1964. Fue declarado culpable de homicidio premeditado [o asesinato en primer grado], conspiración [confabulación] y otros cargos en el caso Letelier y sentenciado a cuarenta años de cárcel. Este veredicto fue eventualmente declarado nulo debido a ciertos aspectos técnicos de los procedimientos judiciales.

En noviembre del 2000, Novo Sampol fue arrestado junto con tres otros exilados cubanos Se le imputó el cargo de haber planeado el asesinato de Fidel Castro mientras éste asistía a una reunión cumbre de los países iberoamericanos en Panamá. Entre los conspiradores se encontraba Luis Posada Carriles, veterano de la Bahìa de Cochinos entrenado por la CIA y quien anteriormente había sido acusado de participar en el bombardeo terrorista de un avión de pasajeros en el que 73 personas resultaron muertas. Carriles luego admitió que había jugado un papel estelar en la red Irán-Contra en Centroamérica y que tenía relaciones directas con Bush, en ese entonces Vicepresidente de Estados Unidos.

Hacia finales de agosto del año pasado, el presidente de Panamá, a punto de ceder el poder, perdonó a los cuatro individuos que habían sido arrestados por conspirar contra Castro. El perdón se anunció justamente el día antes de un rally de la campaña presidencial de George W. Bush en Miami. Éste rehusó criticar la liberación de los cuatro terroristas que habían recibido fallos condenatorios.

Tres de estos terroristas, inclusive Sampol, regresaron a Miami. Fueron recibidos por una tumultuosa bienvenida auspiciada por destacados exilados cubanos de extrema derecha que en ese momento jugaban un importante papel en la campaña electoral de Bush en la Florida.

Otro vínculo entre el gobierno actual y estos asesinos merece investigación. Porter Gross, nombrado director de la CIA en septiembre, se había integrado a ésta como espía secreto en 1962. Se basó en Miami y participó en varios planes para derrocar a Castro. Su puesto le facilitó lazos muy íntimos con los terroristas cubanos exilados que habían participado directamente en el asesinato de Letelier. En 1970, Gross renunció oficialmente de la CIA.

Parece que Pinochet por fin va a ser enjuiciado en Chile. Una de las preguntas más obvias es: ¿por qué nunca ha sido enjuiciado por un tribunal de Estados Unidos? Hay suficientes pruebas para encausarlo ante las autoridades jurídicas de Estados Unidos, pues fue autor principal de lo que en ese entonces era—antes del 11 de septiembre, 2001—el peor atraco terrorista en toda la historia de Washington.

Pero no ha habido una acusación formal porque el gobierno de Estados Unidos en general, así como también ciertos destacados individuos que participan en el gobierno actual, están implicados en el asunto. Todos también merecen ser enjuiciados por desatar masacres, represiones y la tortura en Chile y en toda latinoamérica durante la década de los 70.

Henry Kissinger pertenece en el banquillo de los acusados junto con el dictador chileno. Un tribunal de Chile país ha pedido su extradición. Es todavía figura muy destacada en los asuntos de la clase gobernante de Estados Unidos y el gobierno lo protege. En el 2002, el gobierno de Bush trató de nombrar—sin éxito— a este criminal de guerra como presidente del comité “independiente” a cargo de investigar los ataques terroristas que ocurrieron en Nueva York y Washington el 11 de septiembre, 2001.

George Bush padre también merece ser enjuiciado; bajo su mando, la CIA fomentó y encubrió a escuadrones de la muerte que rondaban por toda Latinoamérica y, a fin de cuentas, en las calles de Washington.

Las figuras más destacadas del gobierno de Bush—el Vicepresidente Dick Cheney y el Ministro de Defensa, Donald Rumsfeld—también están comprometidos. Cheney fue director del personal de la Casa Blanca durante la Operación Cóndor y Rumsfeld Ministro de Defensa a cargo de las relaciones de Estados Unidos con las fuerzas militares de Latinoamérica.

Un análisis de las relaciones del gobierno actual de Estados Unidos con el caso de Augusto Pinochet muestra que los que ahora dirigen la llamada “guerra mundial contra el terrorismo” están implicados en actos terroristas auspiciados por el estado.

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