La versión original en inglés de este artículo apareció en nuestro sitio por primera vez el 7 de junio, 2005.

En su discurso a la Organización de Estados Americanos (OEA) alabando los beneficios de la democracia que se practica en Estados Unidos, el Presidente George W. Bush declaró el lunes pasado que los latinoamericanos "necesitan darse cuenta que en una sociedad democrática la gente puede caminar por las calles con seguridad".

Desafortunadamente, para aquellos que viajaron a la ciudad de Fort Lauderdale en el estado de la Florida para asistir a la asamblea general de la OEA, este sosiego democrático no abastecía lo suficiente. Más bien, el ambiente de esta reunión interamericana se parecía a la de un estado policial. Los que caminaban las calles—manifestantes y funcionarios—no sólo fueron acosados sistemáticamente. También se les amenazó con ser detenidos.

Tan intensa fue la represión llevada a cabo por la gran masa de policías federales, estatales y locales—-provenientes de veintiseis agencias diferentes—que la misma OEA presuntamente está preparando una queja formal contra las acciones del gobierno estadounidense.

El Ministro Asistente para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roger Noriega, se vio obligado a disculparse en público y ofreció las siguientes palabras al comenzar su discurso: "Quería expresar lo mucho que lamentamos los varios problemas con que algunos delegados y miembros de la sociedad civil se han dado en cuanto a la transportación y la seguridad".

Se habían eregido varios puntos de registro en todas las rutas que se dirigían a, o salían del, Centro de Conferencias Broward, donde las reuniones se llavaban a cabo. Los vehículos que transportan a los funcionarios a dichas conferencias fueron detenidos y sometidos a búsquedas con perros detectores de bombas, así como también a registros policiales por medio de detectores de metales. Numerosos fueron los casos en que a vehículos se les cerró el paso porque a los choferes no les consideró estar autorizados para entrar en la zona asegurada.

Muchos de los diplómatas latinoamericanos que se vieron forzados a seguir a pie fueron detenidos en varios puntos de registro y en varias ocasiones fueron obligados a regresar de nuevo a sus lugares de partida.

En la sala de la conferencia, a los perodistas se les trató como si les sospechara de ser criminales. A los corresponsales sólo se les permitía acercarse a los funcionarios sólo si estos últimos iban acompañados con guardias de seguridad.

Una corresponsall venezolana, Lyng-Hou ramírez, presentó una queja ante la OEA luego de ser detenida por agentes del Servicio Secreto y otros policías.

Según un informe publicado por La Jornada, periódico mexicano, la corresponsal, quien había sido oficialmente aprobada para cubrir la reunión para un grupo de prensa que representaba a varios periódicos destacados de Latinoamérica, fue detenida por más de una hora y se le amenazó con ser deportada.

A la corresponsal se le ha citado con haber expresado a los 20 agentes que la interrogaron, luego de la policía interceptarla mientras salía del centro, que no era ninguna "terrorista", sino una "periodista".

El periódico mexicano citó a un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos que defendió la detención basándose en que la "seguridad" tenía que ser acérrima" y añadió que Ramírez "no había sido la única" que fue detenida.

Ramírez declaró que los agentes rehusaron comunicarse con la OEA para confirmar que sus credenciales eran legítimos. Le respondieron que "nosotros somos los que establecemos los reglamentos, no ellos".

El incidente se inició luego de que los policías registraran su cartera, en la que encontraron un documento de la OEA acerca los derechos humanos, lo cual aparentemente la catalogó de sospechosa.

Varios cientos de personas se aparecieron para manifestarse en contra de la conferencia de la OEA, pero fueron consagrados a una zona de "libre expresión" lejos del centro de conferencias, donde la polícía contra los motines era mucho más numerosa.

Carlos Sobel, abogado que ha entablado pleito jurídico en defensa de los manifestantes, ha llamado "draconianas" a tales medidas. Declaró que "los diplómatas que asistieron a [la conferencia] podrán hablar de la democracia, pero no podrán verla en práctica".