Francia extiende estado de emergencia por tres meses

23 November 2005

Este artículo apareció en nuestro sitio en su inglés original el 17 de noviembre, 2005.

La decisión del gobierno de Francia de extender el estado de emergencia por tres meses adicionales representa una grave amenaza a los derechos democráticos y civiles. No existe precedente moderno en Francia para semejante declaración de poderes de emergencia. Originalmente, la medida había sido impuesta el 12 de noviembre por solamente doce días

El pretexto para esta extraordinaria medida es la ola de manifestaciones violentas, en contra de la represión policíaca, por jóvenes inmigrantes en los barrios pobres que rodean a París y otras ciudades francesas. Los motines comenzaron el 27 de octubre y empezaron a desvanecer durante días recientes.

Las autoridades han reaccionado al estallido elemental de la ira contra la pobreza entrinchada, la discriminación, los abusos de la policia y las declaraciones racistas abiertas del Ministro del Interior, Nicolas Sarkovsky, con una enorme represión policíaca. Desde el inicio de las rebeliones, 3000 individuos han sido arrestados, y 1700 policías CRS contra motines han formado cuarteles en los barrios pobres.

Ahora el gobierno gaullista de Jacques Chirac y el Primer Ministro Dominique de Villepin se están valiendo de los disturbios para establecer un precedente que justifique un gobierno autoritario con enormes insinuaciones para los derechos democráticos de toda la población de Francia.

El estado de emergencia se extendió de acuerdo a las disposiciones de una ley adoptada en 1955 que, hasta el mes pasado, no se había invocado por medio siglo. El Consejo de Ministros tomó la decisión la mañana del 15 de noviembre, y la Asamblea Nacional votó por ella en la tarde. Le otorga al estado francés poderes represivos que por lo regular caracterizan a tiempos de guerra civil.

La medida fue adoptada en la Asamblea Nacional por un voto de 346 a 148. La Unión por un Movimiento Popular (UMP), de tendencia gaulista, y la Unión por la Democracia Francesa (UDF), de tendencia centro-izquierda, votaron a favor. El Partido Socialista, el Partido Comunista, los Radicales de Izquierda y los Verdes votaron en contra. El Senado, bajo el control de la UMP, endorsará la decisión el jueves.

Según las disposiciones de la ley, el gobierno puede ordenarle a la policía que lleve a cabo redadas y arrestos en masa. El gobierno puede prohibir manifestaciones y censurar los medios de prensa. La policía tiene autoridad para registrar hogares y restringir el movimiento de individuos sin tener que presentar pruebas razonables para sus acciones.

La ley de 1955 fue producto de la brutal subyugación colonial de Argelia, y nunca antes había sido puesta en práctica en Francia. El gobierno gaullista la invoca ahora para preparar a sus fuerzas represivas en una confrontación fundamental social y política con la clase obrera.

Al presentarle a su gabinete el estado de emergencia, el Presidente Chirac enfatizó que la índole de la medida era "estrictamente temporal". La extraordinaria duración de la extensión, sin embargo, indica que estas palabras mienten.

Liberation, una publicación con vínculos al Partido Socialista, publicó un editorial el 16 de noviembre con el titular, "Estado policial?", que expresaba los temores de varios sectores de la clase gobernante que tales medidas no iban a lograr contener la rebelión. "La verdad es que el Ministro del Interior tiene que estar muy ciego para creer que leyes de emergencia pueden ser un remedio eficaz para la ira que ha hecho que los suburbios ardan. O que el estado de emergencia puede curar los males del racismo, el desempleo y las injusticias, que son la raíz del mal francés...La prolongación es inútil, y podría resultar peligrosa".

En un esfuerzo para lograr apoyo par a las medidas policiales, el gobierno esta tratando de entusiasmar los sentimientos racistas y anti inmigrantes. Cuando el Ministro del Interior Sarkovsky le presentó a la Asamblea Nacional la extensión del estado de emergencia, éste anunció que se habían iniciado procesos para deportar a diez extranjeros que habían participado en los disturbios. Ha prometido expulsar del país a todo extranjero que participe en los motines, tenga o no tenga visa de residencia. Pero el hecho es que entre los arrestados son pocos los extranjeros.

El oficial principal de la CRS, Christian Lambert, le declaró a la prensa que sus fuerzas podrían poner en práctica una nueva manera de hacer cumplir la ley: "Nos apoderaremos de estos territorios otra vez...No vamos simplemente a saludar a los propietarios de las tiendas pequeñas; seremos una patrulla de policías que van a asegurar los distritos...El ministro optó por enviar a la CRS a los lugares más difíciles. Somos empleados civiles increíblemente bien entrenados, de mucha experiencia, y bien duros".

Los disturbios han sido pintados estrictamente como acción de inmigrantes, pero lo que más le ha molestado al gobierno es la inquietud de los trabajadores en contra de la privatización de los servicios públicos y otras agresiones contra las normas de vida. El mes pasado, la huelga general de un día lanzó a las calles de Francia las multitudes de trabajadores y jóvenes más numerosas en muchos años, y el 21 de noviembre, los trabajadores ferroviarios se irán en huelga a nivel nacional en contra de los planes del gobierno para privatizar y reducir los salarios.

El gobierno ha usado la rebelión de la juventud para ver hasta donde puede llegar. La policía entrenada contra los motines provocó intencionalmente a la juventud de Clichy-sous-Bois, suburbio de París, el 31 de octubre, para mantener a la rebelión hirviendo. El régimen entonces impuso el estado de emergencia por doce días y estableció toques de queda. También cerró sitios web en el internet. Luego del 12 de noviembre, prohibió por 22 horas todas las reuniones y manifestaciones en París. El próximo día fue anunciado el plan para extender el estado de emergencia por tres meses.

Durante todo este período, los sindicatos obreros, el Partido Socialista, el Partido Comunista, los Verdes y los llamados partidos de la "ultra izquierda"—la Liga Comunista Revolucionaria y Lucha Obrera—han rehusado exigir que la policía contra los motines se retire de los vecindarios o hacer un llamado para tumbar al régimen gaulista. Han, por lo tanto, dado ánimo al gobierno para que intensifique su represión.

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