España: Funcionarios de policía de alto rango son enviados a prisión por "arresto ilegal" de militantes del derechista Partido Popular

26 June 2006

El 8 de Mayo, tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid impusieron penas de cárcel al comisario Rodolfo Ruiz Martínez, de 55 años, al inspector jefe Javier Fernández Gómez, de 52 y al inspector José Luis González Salgueiro, de 56.

Ellos no son policías corrientes. González Salgueiro fue el líder del grupo anti-GRAPO. GRAPO es el acrónimo de la sospechosa rama militar del Partido Comunista de España (Reconstituido), que ha perpetrado varios actos terroristas brutales.

El comisario, Ruiz Martínez, fue sentenciado a cinco años y medio de prisión e inhabilitación absoluta durante ocho años. Fernández Gómez fue enviado a prisión durante cinco años y suspendido por ocho años. González Salgueiro fue sentenciado a tres años de prisión. Los cargos fueron "detención ilegal", "falsificación de documentos" y "coacción". Además, los dos primeros funcionarios deben pagar compensación de 12.000 Euros que seran donados a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Los funcionarios han anunciado que apelarán al Tribunal Supremo.

Las sentencias, desproporcionadas y sin precedentes, aplicadas a los tres se refieren a la acusación de que en Madrid el pasado año detuvieron ilegalmente a dos destacados miembros del partido de derechas en la oposición, el Partido Popular (PP). Los dos militantes del PP, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, fueron reconocidos e identificados en fotografías de prensa atacando al entonces Ministro de Defensa del Partido Socialista (PSOE) gobernante, José Bono, en la manifestación.

El Partido Popular inmediatamente se querelló contra los policías que llevaron a cabo el arresto y exigieron dimisiones al gobierno.

El incidente tuvo lugar el 22 de Enero de 2005 en una manifestación masiva en Madrid organizada por la AVT. El anterior Presidente del Gobierno, José Maria Aznar, es socio honorario de la AVT y la manifestación era efectivamente una actividad del PP. Los manifestantes denunciaron estruendosamente al gobierno del PSOE de ser blando con el terrorismo así como por sus políticas de reconocimiento de derechos a los homosexuales, el aborto y la investigación con células madre.

El ministro del PSOE, José Bono, junto con la europarlamentaria Rosa Díez se unieron sin anunciarlo y sin ser invitados a la protesta para tender la mano al PP. Como pago, los acompañantes de Bono fueron sometidos a un continuo acoso. Una vez se difundió la noticia de que el ministro del PSOE estaba presente en la manifestación, el enfado hacia el gobierno se volvió contra el ministro quien fue rodeado por un grupo de hombres y mujeres que le insultaron, sacudieron y zarandearon. Bono recibió un puñetazo y alguien intentó golpearle con el palo de una bandera antes de ser rescatado por la policía y los guardaespaldas.

Desde el mismo momento que el PSOE fue elegido en las elecciones generales después del ataque terrorista con bombas en Madrid en 2004, el PP ha llevado a cabo una campaña de provocaciones para desestabilizar al gobierno. El PSOE ganó las elecciones como resultado de la oposición masiva a la participación de España en la guerra de Irak, la cual alimentó el enojo ya existente por el intento del gobierno del PP de negar el hecho que las bombas explosionadas en Madrid fueron un acto de militantes islamistas, acusando en cambio al grupo separatista vasco ETA.

El PP ha representado la elección del PSOE como un virtual golpe de estado, acusando al partido de organizar protestas callejeras ilegales en la jornada de reflexión el día anterior al de la votación.

Como ministro de Defensa, Bono fue, de hecho, una figura destacada en los intentos del PSOE de apaciguar al partido de derechas y restaurar el consenso político. En 2004 llegó a hasta invitar a los veteranos de la fascista División Azul del General Franco, que luchó en la Segunda Guerra Mundial al lado de la Waffen SS en la Unión Soviética, para participar junto a veteranos republicanos en la marcha militar el día de la Hispanidad.

El PSOE no respondió inmediatamente al ataque a su propio ministro por los manifestantes del PP. Solamente tres días mas tarde, cuando la prensa publicó los nombres de los responsables, un coche fue enviado para recoger a los dos militantes del PP. Estos fueron interrogados sobre el incidente durante unas pocas horas y mas tarde liberados. Los jueces luego construyeron el argumento que esto significaba una privación de libertad y de derechos civiles de los dos militantes. Este fue el argumento para el arresto y el procesamiento de los tres funcionarios de policía.

El veredicto ha indignado a varios de los presentes en la manifestación. Euopa Press ha informado el 5 de Mayo que una mujer de Navarra - identificada solo como MU - declaró recientemente en un juzgado en Pamplona que fue testigo de como los dos antes mencionados militantes del PP trataron de agredir a Bono. "Los dos militantes del PP, Antonia de la Cruz e Isidoro Barrios, intentaron golpear a Bono y si no lo consiguieron fue porque yo y otras personas nos interpusimos", explicó. Su " actitud fue de extrema violencia", continuó y ella fue a su vez atacada e insultada.

Preguntada por qué tardo tanto en denunciar los hechos MU replicó, "Porque jamás hubiera creído que lo que viví en primera línea y todo el mundo pudo ver después en televisión se convirtiera en una condena injusta e indignante contra unos funcionarios que cumplieron con su deber. Los policías condenados son las víctimas de un atropello. Decidí actuar porque los detenidos, junto a otra persona, fueron quienes intentaron agredir a Bono, y yo fui testigo directo de ello".

Otras personas también han dicho que informaron del ataque en su momento, pero nadie se ha puesto en contacto con ellos.

Después del veredicto uno de los funcionarios, Rodolfo Ruiz, afirmó que fue "una sentencia absolutamente injusta, arbitraria y radicalmente política".

En otras circunstancias, la policía actúa sin el menor temor de ser procesados por los tribunales. Cientos de personas, tanto ciudadanos españoles como inmigrantes han sido arrestados, golpeados, incomunicados sin cargos por largos periodos e incluso asesinados sin que ningún policía fuera condenado.

Anteriormente el 24 de Julio de 2005 en Almería, por ejemplo, un granjero de 39 años, Juan Martínez Galeano fue al cuartel de la Guardia Civil para buscar protección de la gente que lo perseguía después de un accidente de tráfico. Fue supuestamente golpeado hasta morir por nueve Guardias Civiles en sus dependencias con porras y armas paralizantes eléctricas, impulsando a Amnistia Internacional (AI) a solicitar al gobierno español "una investigación exhaustiva e independiente" sobre los hechos que condujeron a este fallecimiento. En un ejercicio de contención de daños Bono simplemente suspendió a ocho de los nueve funcionarios implicados en la agresión durante seis meses.

El Partido Popular, el único acusador en el caso del ataque a Bono, no satisfecho con el encarcelamiento y suspensión de los tres policías, está ahora pidiendo la dimisión del nuevo ministro de Defensa, José Antonio Alonso quien era ministro de Interior en el momento en el que tuvo lugar la afrenta. Alegan que Alonso rehusó admitir en el Parlamento que los arrestos de los militantes del PP fueran ilegales. Alonso ha declarado que el gobierno "no está de acuerdo" con la decisión judicial, la cual dijo que será obviamente recurrida por las partes afectadas.

Después de las sentencias de prisión diputados parlamentarios del PP convirtieron la sesión del Parlamento en una bufonada, sosteniendo las manos en alto con esposas y gritando "arréstame" cada vez que un miembro del gobierno hablaba. El líder del PP, Mariano Rajoy, está pidiendo una Comisión de Investigación para encontrar "quién dio la orden y por qué" para detener a los dos miembros del PP. También declaró que el PP va a pedir una sesión plenaria extraordinaria en el parlamento para discutir el asunto y que denunciará las detenciones ante la Unión Europea.

En respuesta a las payasadas de los diputados del PP el Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sumisamente afirmó: "Ellos no van a encontrar una repuesta nuestra a sus actitudes por nuestro respeto a esta institución democrática que tan difícil ha sido de conseguir."

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