Este artículo apareció por primera vez en nuestro sitio, en su inglés original, el 21 de Noviembre de 2007.

El Congreso español recientemente aprobó la Ley de la Memoria Histórica que por primera vez condena oficialmente las ejecuciones en masa y otros crímenes cometidos durante la guerra civil española (1936-1939) y la dictadura militar del General Francisco Franco (1939-1975) que siguió.

Acerca de 500,000 personas fueron asesinadas en la guerra civil, y se estima que 200,000 murieron durante la dictadura, la mayoría de los cuales aún se encuentran enterrados en fosas comunes sin señalar.

La nueva ley describe los delitos como injustos y las sentencias de los tribunales civiles y los tribunales militares como ilegítimos. Se ofrece compensación a los "que han sufrido persecución o violencia, por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil o la dictadura" y facilita la exhumación de las fosas comunes. También pide la eliminación de los símbolos franquistas de los edificios públicos y prohíbe actos políticos en el mausoleo de Franco en el Valle de los Caídos. Se ofrece la nacionalidad española a los nietos de los exiliados durante la dictadura y a los miembros de las Brigadas Internacionales que fueron a luchar en contra de ella.

Después de casi tres años de retraso y con algunos comentaristas pensando que no entraría en vigor antes de las próximas elecciones generales del mes de marzo, el Congreso aprobó la ley por 184 votos contra 137. El gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la mayoría de los partidos nacionalistas, incluido el catalán Convergencia i Unió (CiU) y Partido Nacionalista Vasco (PNV), e Izquierda Unida - Iniciativa per Catalunya els Verds (IU-ICV), partido dominado por los estalinistas, la apoyaron. El derechista Partido Popular (PP) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se opusieron.

La Viceprimer Ministro del PSOE María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que finalmente se lograría la justicia para las víctimas de Franco. "Este es un momento muy importante para España", dijo Emilio Silva, que dirige la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. "Pero esta ley es el comienzo, no el final, y llega con mucho retraso", añadió.

El portavoz parlamentario del PP Eduardo Zaplana denunció la ley, afirmando que "el Parlamento nunca antes había sido utilizado para hacer un repaso de ese trágico y dramático momento de la historia, la guerra civil." El diputado del PP, Juan Costa, acusó al PSOE de estar "deseando hacer añicos el consenso que nos ha dado la estabilidad democrática de 30 años. "

La nueva ley se ha diluido de manera considerable y se hacen importantes concesiones a la derecha. No obstante, sí es cierto que rompe el llamado "consenso", amenazando con llevar a la superficie todos los problemas políticos no resueltos de la guerra civil, la victoria de los fascistas y las décadas de represión que le siguieron.

Las bases de la actual monarquía parlamentaria y la constitución se levantaron sobre la represión de las experiencias de la guerra civil en un "pacto de olvido" acordado entre el PSOE, el Partido Comunista Español (PCE) y los dirigentes del régimen franquista, cuya principal preocupación era evitar un ajuste de cuentas revolucionario con el viejo orden según se estaba derrumbando. En los 30 años transcurridos desde la transición, no se ha enfrentado a un juicio ningún fascista, y las ejecuciones sumarias de opositores de Franco nunca han sido revocadas en el derecho español. Muchos de los que participaron conservan el poder, privilegios y fortunas mal habidas, incluyendo la familia de Franco, que sigue siendo una de las más ricas de España.

La derecha ha denunciado la Ley de la Memoria Histórica y su introducción por parte de un gobierno que ya condena como ilegítimo y que ha tratado de desestabilizar.

El PSOE fue elegido en marzo de 2004, como resultado de un movimiento izquierdista de la clase obrera que derribó el gobierno del PP de José María Aznar. La victoria del PSOE siguió a los atentados en los trenes de Madrid, llevados a cabo por extremistas islámicos, pero que Aznar trató de culpar al movimiento separatista vasco, ETA. Las mentiras del gobierno se convirtieron en el enfoque de la abrumadora hostilidad a la alianza de Aznar con la administración Bush y a la participación de España en la guerra contra Irak, asi como oposición a las políticas económicas neoliberales del PP.

Durante las elecciones de 2004 el PSOE hizo un ligero giro a la izquierda. Este se basó en el apoyo a la anulación de las penas de muerte dictadas por los tribunales fascistas, las cuales a menudo refrendó Franco, cientos a la vez, sin siquiera leer los cargos.

Sin embargo, el PSOE abandonó rápidamente sus promesas. Ramón Jáuregui Atondo, diputado por Álava, portavoz del PSOE de la Comisión Constitucional de la Cámara de Diputados, justificó la decisión declarando, "Nosotros no podemos y no debemos -añado yo - de una sola vez, acabar con toda la seguridad jurídica desarrollada a lo largo de 40 Años, anulando miles de sentencias, incluso si todos reconocemos la falta de justicia o de garantías judiciales implicada."

Como resultado de ello, los que fueron responsables de las ejecuciones se mantendrán libres de ser procesados, como ha ocurrido bajo las sucesivas administraciones — una situación que la organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha condenado como una violación del derecho internacional.

El PSOE se opone a enjuiciar a los fascistas — muchos de los cuales han sido altos funcionarios del PP y su precursora, la Alianza Popular (AP) — porque podría desacreditar las instituciones creadas durante la transición. Manuel Fraga, un ministro principal bajo Franco, fue fundamental en la transformación de la AP en el PP en 1989 y en preparar el camino a Aznar, quien se convirtió en presidente del PP y luego fue primer ministro en 1996.

En lugar de una anulación de las sentencias de los tribunales, a las víctimas de Franco y sus familias sólo se les permitirá "solicitar una reparación individual" previo examen de los méritos de cada caso por un consejo compuesto por cinco científicos sociales veteranos que decidirán si procede o no anular las sentencias y pagar una indemnización — un proceso que podría llevar décadas.

Es debido a la "montaña de procedimientos judiciales" que afrontan las víctimas y sus familias y el hecho de que la nueva ley permite que "se libren los viejos franquistas" que ERC votó en contra. El portavoz del Congreso ER,c Joan Tardá, añadió que Zapatero había "condenado a las víctimas de la era de Franco a una segunda muerte." El ERC está usando su campaña en contra de esta ley para desviar el movimiento a la izquierda de la clase obrera hacia el callejón sin salida del separatismo catalán, argumentando que la justicia es imposible bajo el centralizado estado español.

Originalmente, Izquierda Unida (IU) también se opuso a la ley, diciendo que no cumplía el "objetivo final" de anular las sentencias. Sin embargo, giró hacia el PSOE en el último momento después de que aceptara la enmienda que describe los crímenes de Franco como "ilegítimos". Un portavoz de IU justificó el cambio de opinión diciendo, "Nosotros estamos de acuerdo con la ley porque vemos el término "ilegítimo" como la puerta que abre el camino a la anulación."

En IU el apoyo a la ley ha causado caldeadas tensiones que estallan en la organización. El representante de IU en el Parlamento andaluz, Antonio Romero, atacó al líder nacional, Gaspar Llamazares, declarando que, "El contenido de la ley es débil, descafeinado. Se ríe en la cara de las numerosas víctimas de Franco." Romero también cuestionó por qué los diputados de IU votaron a favor de la ley, a pesar de que podía haber sido aprobada cómodamente sin sus votos.

Las asociaciones de víctimas también hicieron campaña para que el grotesco monumento en el Valle de los Caídos, que contiene las tumbas de Franco y del fundador del fascismo español, José Antonio Primo de Rivera, la cual fue construida con mano de obra esclava de republicanos, sea convertido en una institución para el estudio de la guerra civil y los crímenes de Franco. En lugar de ello, el monumento ha sido entregado a la Iglesia Católica, en un acto de "despolitización", para que lo gestione como monumento religioso a todos los que perdieron la vida. Al hacer esto fomenta también la idea de que los republicanos y los izquierdistas estaban a la par de sus agresores fascistas, una reclamación respaldada por Zapatero cuando declaró, "España tuvo una guerra civil en la que todo el mundo fue víctima."

La Iglesia también ha sido eximida de la prohibición de los símbolos franquistas en una enmienda propuesta por el CiU y apoyada por el PP siempre que se pruebe que hay razones "legales", "artísticas" o "religiosas" para hacerlo. Dado que la mayoría de los símbolos se encuentran en iglesias o edificios relacionados, esto hace de la cláusula casi una evasión universal.

También falta en la ley una estrategia sistemática nacional del gobierno en relación con el descubrimiento de las fosas comunes de víctimas de Franco, dejando a los ayuntamientos determinar el dinero y los recursos que quieran aportar.

De ningún modo los trabajadores españoles estarán satisfechos con las medidas a medias tintas y evasiones que el PSOE y sus partidarios han consagrado en la ley. Las demandas de justicia no desaparecerán, y aquellos partidos que se auto-proclaman de izquierda que tratan de evitar que se realicen sólo se desacreditarán a sí mismos.

De manera similar, el PP, la extrema derecha y la Iglesia Católica ya han desestimado las concesiones que se les han concedido, como irrelevantes y han montado un contra-ataque.

Dos días antes de que el Congreso español aprobara la Ley de la Memoria Histórica, el Vaticano beatificó a 498 "mártires" españoles - la mayoría clérigos muertos durante la Guerra Civil. El cardenal José Saraiva Martins se dirigió a la multitud de derechistas, unos 40.000, algunos ondeando banderas de la época de Franco. Él atacó al Gobierno español por hacer el divorcio y los matrimonios gays más fáciles y por desbaratar los planes del PP para hacer obligatoria la religión en las escuelas. El orador instó a los católicos a hacer los mismos sacrificios que aquellos beatificados para defender la iglesia contra el aumento del laicismo diciendo, "El martirio es una posibilidad realista para todo el pueblo cristiano".

El Papa Benedicto XVI añadió que el ejemplo de los "mártires" de España, "atestigua el hecho de que el bautismo compromete a los cristianos a participar con valentía en expandir el Reino de Dios, yendo tan lejos como para sacrificar su propia vida."

El PSOE de nuevo buscó apaciguar a la Iglesia, aceptando las beatificaciones y asgurando que la Ley de la Memoria Histórica no es una amenaza para su poder y privilegios. El Ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos incluso presidió a la delegación oficial española en la ceremonia.

Pero el ala derecha reconoce que, independientemente de los esfuerzos realizados por el PSOE y sus aliados, la ruptura del "pacto de olvido" y las demandas de los trabajadores de un ajuste histórico de cuentas con el franquismo son la señal del comienzo del fin de los esfuerzos realizados desde 1975 para enterrar el pasado. A su vez, esto servirá para impulsar los conflictos políticos y sociales actualmente en desarrollo en España y crear las condiciones para armar a la clase trabajadora con lecciones políticas de lo que supuso la derrota de la revolución española debido a las traiciones de los estalinistas y socialdemócratas, y de su papel en salvarle la piel a la burguesía durante el período de transición tras la muerte de Franco.