España: El gobierno intenta prohibir la asistencia de los partidos separatistas vascos a las elecciones.

19 March 2008

Este artículo apareció en nuestro sitio en su inglés original el 20 de Febrero de 2008.

En el periodo previo a las elecciones generales del mes de marzo, el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) está dejando claro que se mueve hacia apaciguar a los votantes de derechas. Incluso los más fieles partidarios del partido dentro de los medios de comunicación cuentan en el periódico El País las similitudes entre las campañas del PSOE y el derechista Partido Popular (PP).

En la región vasca del noroeste del país, esto ha tomado una forma predecible, con el gobierno haciendo nuevos intentos de prohibición de dos partidos separatistas vascos a participar en las elecciones del 9 de marzo. La policía ha detenido también a 14 nacionalistas vascos bajo sospecha de tratar de reorganizar el partido separatista Batasuna, prohibido tras la detención de sus dirigentes, en octubre del año pasado.

El Primer Ministro José Luis Rodríguez Zapatero también ha descartado cualquier negociación con el grupo separatista armado ETA (Euskadi ta Askatasuna-Patria Vasca y Libertad) si el PSOE es reelegido. Él le dijo a la cadena de televisión Cuatro que “no hay esperanza alguna de volver a abrir el diálogo en la próxima legislatura.” Hizo un llamamiento para que el grupo deponga las armas sin condiciones.

Zapatero había tratado de abrir conversaciones con ETA tras su alto el fuego en 2006. Fue vilipendiado por esto por el PP del ex Primer Ministro José María Aznar, aunque Aznar había hecho lo mismo en 1998. Tras el colapso del cese el fuego, el PSOE anunció un fortalecimiento de la policía y el poder judicial, que llevó a la detención el pasado otoño, de 23 dirigentes de Batasuna (ampliamente considerado como el brazo político de ETA). El PP aplaudió las detenciones.

Batasuna fue proscrito en 2003 por sus presuntos vínculos con ETA. Esta fue la primera vez desde el final de la dictadura del general Franco en que un partido había sido prohibido por el estado español. Efectivamente privaron del derecho al voto al 15 por ciento del electorado local que votaron a favor de Batasuna. El PSOE ha continuado apretando las tuercas sobre ellos. La semana pasada el resto de los principales portavoces de Batasuna, Pernando Barrena y Patxi Urrutia, miembro del consejo nacional del partido, ambos fueron detenidos después de prometer que Batasuna estará presente el 9 de marzo “no importa las circunstancias.”

A través de pactos electorales, votos de Batasuna fueron trasladados a dos pequeños partidos nacionalistas. La ANV (Acción Nacionalista Vasca), existía desde 1930 como un partido nacionalista marginal, aunque se afirma que Batasuna lo había reactivado como un vehículo electoral. EHAK-PCTV (Partido Comunista de las Tierras Vascas) se formó en 2002. Era completamente desconocido antes del pacto electoral de 2005 que lo vio recibir los votos de Batasuna.

Ambos partidos están representados en el parlamento regional y han sido objeto de la represión estatal de separatistas vascos. Sus sedes fueron registradas durante las redadas del mes de octubre, y a la mitad de los candidatos de la ANV se les impidió participar en el pasado mes de mayo en las elecciones regionales y locales. Ambos partidos están ahora bajo la amenaza de los tribunales españoles.

El Fiscal General Cándido Conde-Pumpido indicó hace dos semanas que se iniciarían los procedimientos en contra de los partidoss por sus presuntos vínculos con ETA. Esto suspendería las actividades de los partidos, cerraría sus oficinas y congelaría sus activos. A ambos partidos también se les impediría presentar candidatos (a las elecciones generales) el 9 de marzo. Conde-Pumpido argumentó que EHAK-PCTV había financiado Batasuna, y, a cambio, Batasuna había proporcionado apoyo operacional a ambos, EHAK-PCTV y la ANV. La policía informó de que “Batasuna ha sido fundamental para permitir que PCTV y ANV continuaran funcionando”.

Los procedimientos fueron llevados por el principal juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, quien también ejerció el procedimiento que condujo a la prohibición de Batasuna y autorizó el pasado mes de octubre las redadas. Hizo un llamamiento para la prohibición durante un período de cinco años de EHAK-PCTV y la ANV.

Como un paso hacia la suspensión de la ANV, Garzon acusó al cabeza del partido Kepa Bereziartua y otros dos miembros del partido de pertenecer a una organización terrorista. En virtud de la Ley de Partidos Políticos del 2002, por lo menos un miembro de un partido debe ser acusado de un delito relacionado con el terrorismo antes de que el partido se pueda suspender. Los cargos contra Bereziartua son que el ANV “proporcionó fondos” a Batasuna y, por tanto, ayudó a “financiar las actividades terroristas de ETA-Batasuna”.

El 8 de febrero, Garzón anunció la suspensión de las dos partidos por su presunta vinculación con ETA y Batasuna, bloqueando asi su participación en las elecciones del 9 de marzo. Se afanó en afirmar que la suspensión no es una medida ad hoc para impedir a los partidos presentarse a las elecciones el próximo mes. “Su suspensión se lleva a cabo con independencia de esa circunstancia”, afirmó, pero insistió en que era “una medida de precaución”.

Catorce miembros de los partidos han sido acusadas de delitos relacionados con el terrorismo, pero Garzón alegó que otros miembros electos de los partidos no tendrían que renunciar a sus escaños. Su decisión, dijo, “no afecta a sus actividades como individuos y titulares de los puestos públicos.” Esto no es realmente cierto, si los partidos están suspendidos y se les impide presentarse a las elecciónes.

Hubo desacuerdos tácticos dentro de la clase dirigente acerca de como tratar a los partidos. Cuando el asunto se remitió al Tribunal Supremo, la puja de Garzón de suspender los partidos fue revocada. El Tribunal Supremo está igualmente comprometido con la ilegalizacion final de los partidos, pero insiste en que este proceso se debe desarrollar en los próximos meses. Los esfuerzos para disolver de inmediato a los partidos, advirtió, sería “desproporciónado”.

En la declaración revocando la decisión sobre ANV, el Tribunal Supremo destacó que su juicio es totalmente “compatible” con Garzón. Aunque sus oficinas están autorizadas a permanecer abiertas en virtud de su decisión y a la ANV se le permite que continúe la organización de actos públicos, siguen siendo excluidos de participar en las elecciones. Tampoco son ya elegibles para subvenciones públicas. El Tribunal Supremo hizo hincapié en su preocupación de que el partido no gane ningún escaño en el Parlamento, lo que les garantizaría la inmunidad frente a futuras decisiones de limitar sus actividades. Posteriormente, emitió una declaración similar sobre EHAK-PCTV.

Elogiando la decisión sobre la ANV, El País fue claro en el razonamiento. Reconociendo que una decisión de suspensión de los partidos ahora “significaría su aplicación antes del hecho, como medida de precaución, lo cual significaría el resultado final de un proceso legal”, el periódico afirma que la prohibición de presentarse a las elecciones en marzo era “una medida preventiva”. Si el Tribunal Supremo no hubiera dado este paso ahora, pero posteriormente quisiese prohibir al partido, “no habría entonces ninguna manera de obligar a los candidatos electos a abandonar sus asientos.” El País afirma, convincente, que el Tribunal Supremo debe considerar que es probable que las partidos serán finalmente prohibidos.

Por su parte, los políticos nacionalistas están tratando de utilizar los ataques para promover su agenda separatista y regionalista. Representantes de la autodenominada “izquierda abertzale [nacionalistas]”, incluida Batasuna, llamaron a “huelga general” la semana pasada en contra de la “represión judicial, política y policial”. Reveladoras fueron sus demandas dirigidas sólo a los “ciudadanos vascos”, pidiendo a los huelguistas apoyo por un “marco democrático y la libertad de este país [el País Vasco]”.

La declaración pidió un “voto por la independencia” el 9 de marzo, y se utilizaron los ataques a los partidos vascos como una oportunidad para insistir en la demanda de separatismo contra los nacionalistas moderados del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que domina el gobierno regional. Acusaron al PNV de apoyar los ataques de Zapatero a las partidos de la región. Refiriéndose a una manifestación prohibida contra las suspensiones en Bilbao el fin de semana, donde se efectuaron varias detenciones, denunció a “la policía política del PNV” por actuar en defensa del “marco constitucional español”.

No hay nada progresivo sobre el separatismo que está siendo avanzado por los nacionalistas vascos. Ellos están buscando un mayor control sobre una de las regiones más ricas de España, con objeto de garantizar las inversiones internacionales. Con negociación directa con los organismos internacionales, y mediante la reducción de sus subvenciones fiscales a las regiones más pobres de España, su objetivo es labrarse un nicho para la burguesía vasca en el mercado global. Esto sólo puede lograrse sobre la base de una mayor explotación de la clase trabajadora regional, ofreciéndola como mano de obra barata para las corporaciones europeas y transnacionales.

El separatismo vasco sólo sirve para dividir a los trabajadores vascos de sus hermanos y hermanas de clase en España y en el plano internacional. Esto ha encontrado su expresión más reaccionaria en las campañas de bombas de ETA, con sus ataques indiscriminados contra los trabajadores y los turistas. ETA había perdido mucho apoyo después los ataques del 11 de septiembre de 2001, y los atentados de Madrid en 2004. Se vió obligada a un alto el fuego por la hostilidad a su agenda regional y el fracaso de su estrategia de la lucha armada. A través del “proceso de paz”, ETA buscó un frente combinado de partidos nacionalistas vascos en el parlamento regional. Pero no encontró apoyo para su participación en las negociaciones del gobierno, cuando el PSOE se acercó al PP. Por tanto, ETA anunció el fin de su alto el fuego en junio del año pasado, y la reanudación de su campaña “en todos los frentes.”

Las bombas y asesinatos de ETA han proporcionado una excusa para fortalecer el aparato represivo del estado, y el uso de ese aparato para atacar los derechos democráticos en todo el país. La policía se jacta de haber impedido diez ataques en los últimos meses. Un oficial de la policía vasca fue citado recientemente diciendo que “Si ETA continúa como ahora, pronto entregarán sus armas.”