Gobierno francés amenaza prohibir manifestaciones contra reforma laboral

por V. Gnana y Alex Lantier
20 junio 2016

El miércoles 15 de junio, luego de la gran movilización proletaria del día anterior, contra la regresiva ley de reforma laboral del gobierno de Partido Socialista (PS), el presidente François Holland y el primer ministro Manuel Valls amenazaron con imponer una veda sobre las manifestaciones de protesta contra esa ley.

En la radio Inter France, Valls exigió el fin de manifestaciones como las del martes en París, que trajo a la calle a por lo menos 75 mil trabajadores, según las cifras conservadoras de la policía. Sobre la Confederación General de los Trabajadores (CGT, estalinista), dijo Valls: “Les pido que no organicen mas manifestaciones en París”.

Valls dejó en claro que el PS estaba decidido no hacer caso a las movilizaciones e imponer la ley, que el 75 por ciento de la población rechaza, sin siquiera la hoja de parra de cambios menores. “El gobierno no cambiará el documento que ya fue el resultado de negociaciones con los sindicatos… es un documento que beneficia a los empleados, a la patronal y crea nuevos derechos”, declaró. “Cuando uno ya no puede garantizar la seguridad en las manifestaciones, cuando 700 u 800 amotinados pueden infiltrar las protestas, uno no organiza esas manifestaciones, que rápidamente se pueden degenerar”.

Terminó diciendo que el PS prohibiría más movilizaciones contra la ley laboral. Valls añadió que si la CGT pide permiso para nuevas manifestaciones, “vamos a cumplir con nuestro deber, caso por caso”.

El miércoles, Holland reiteró personalmente la amenaza de Valls de vedar las manifestaciones contra la ley laboral, durante una reunión del gabinete. Según su portavoz, Stépahne Le Foll, Hollande dijo: “en momentos en que Francia es anfitrión del Euro 2016 [torneo de futbol], en momentos en que encara el terrorismo, no se permitirán manifestaciones si no se puede garantizar la seguridad de las personas y de la propiedad pública”.

Entrevistado por la radio Europe 1, Hollande hizo hincapié en que el PS impondrá la ley laboral sin ningún cambio de importancia. “Demasiados gobiernos han cedido” a similares rechazos, añadió que “esta ley, que se debate hasta en la calle, se impondrá”.

Jean Christophe Cambadélis, primer secretario del PS, también pregonó esas amenazas. Pidió una “pausa en las manifestaciones, porque se están degenerando en la violencia”. Sugirió que los “amotinados” estaban aprovechándose de la CGT.

La derecha apoya el llamado de prohibición de protestas del Partido Socialista. “No podemos aceptar continuas manifestaciones en las grandes ciudades de Francia”, declaró François Fillon, un ex primer ministro. Marion Maréchal Le Pen, del Frente Nacional (FN, neofascista) dijo: “Debemos plantear la cuestión de la legitimidad de estas manifestaciones. Si los sindicatos no pueden evitar el tipo de violencia que ya hemos visto durante semanas, hay que acabar, a todo costo, con las movilizaciones”.

Plantear que para prevenir la violencia es necesario vedar las manifestaciones es un pretexto tramposo para justificar pisotear sobre los derechos democráticos del proletariado. Valls y Hollande actúan como si unos pocos cientos de amotinados no identificados hubieran podido vencer a los miles de policías presentes en París, y en otras ciudades francesas y hubieran saqueado y rapiñado importantes partes de la ciudad.

Todo lo contrario, jóvenes y obreros, que en su gran mayoría protestaban pacíficamente, han sido atacados con violencia por la policía antimotines. En las ocasiones en que sí hubo confrontaciones, los manifestantes pacíficos fueron inmediatamente cercados y rodeados. No obstante el repudio a la ley crece y se hace más decidido.

Enfurecidos por el rechazo del proletariado, el PS y toda la clase de poder francesa indican que están dispuestos a hacer trizas los derechos democráticos y criminalizar todas las manifestaciones de oposición obrera. La consecuencia de esa estrategia es la construcción de un régimen policial para que imponer la austeridad que hoy exige la clase europea de poder.

La exigencia del Partido Socialista que se prohíban las protestas tiene un transcendental significado político e histórico. El conato para implementar tal política despertará una enraizada oposición en la clase obrera. Tal medida significa nada menos que la destrucción de derechos democráticos que la clase obrera logró conseguir en la lucha contra el fascismo europeo y contra los regímenes que fueron impuestos con el apoyo de Estados Unidos inmediatamente después de Segunda Guerra Mundial.

La clase de poder pudo descarrilar la revolución social, a pesar de sus crímenes históricos bajo el fascismo, más que nada por el papel que jugaron los partidos estalinistas, que impidieron la lucha de la clase obrera por el poder.

Sin embargo encararon un sentimiento anticapitalista explosivo, la creciente influencia del movimiento trotskista en muchos países europeos y también en Francia, y la amenaza de revolución socialista que representaba la existencia de la URRS. Tuvieron que conceder muchísimos derechos sociales y democráticos.

El artículo 7 del preámbulo de la Constitución francesa de 1946, formalmente garantiza el derecho a la huelga, que el régimen de Vichy, colaboracionista con los nazis, había repudiado.

El artículo 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, firmada por Francia y muchos otros países europeos, formalmente garantiza el derecho de asamblea y de manifestaciones.

Lo que ahora se devela son las consecuencias políticas de la disolución de la Unión Soviética hace veinticinco años y la estrategia de austeridad impuesta por los bancos y los gobiernos europeos desde entonces, que se aceleró con la crisis económica del 2008. Los derechos que garantizan la Constitución francesa y la Convención Europea de Derechos Humanos dificultan el ataque de austeridad contra el proletariado europeo. Por lo tanto la clase de poder ahora se prepara para barrer con esos derechos y reprimir la oposición social con un enorme y creciente aparato policial y de espionaje electrónico

Así queda expuesto el significado del estado de emergencia que el PS impuso luego del ataque terrorista del 13 de noviembre en París. En varias ocasiones el World Socialist Web Site ha puesto sobre aviso que el blanco de esas medidas nunca fue la red terrorista islámica –que las potencias de la OTAN tolera porque es un vehículo útil en su guerra indirecta por cambio de régimen en Siria— sino la clase obrera. El PS ahora se empeña en criminalizar la oposición obrera contra su estrategia de austeridad.

La campaña en defensa de derechos democráticos requiere más que nada una nueva dirección revolucionaria en la clase obrera. La CGT y sus aliados seudoizquierdistas, como el Frente de Izquierda (Front de gauche), demostrarán su impotencia con, y repudiarán, la lucha por la movilización de la oposición proletaria al PS.

Las declaraciones de Valls y Hollande demuestran que nada saldrá de la reunión del viernes17 entre el secretario general del la CGT Philippe Martínez y la ministra de trabajo Myriam El Khomri; todo lo contrario, será para preparar una traición. Martinez le dijo a la prensa que “el gobierno se equivoca en no negociar y en exigir precondiciones para todo dialogo… Espero que el viernes dejar de lado todas las precondiciones y que la discusión nos permita dar pasos adelante”.

Es obvio, sin embargo, que el PS no cambiará la ley y no tiene ninguna intención de negociar nada con Martínez que no sea la rendición de Martínez y la CGT.

Cuanto más obvio sea que el único camino posible hacia delante es una lucha intransigente contra el PS, más se opondrán el Frente de Izquierda y la CGT. Integran el Frente de Izquierda viejos aliados políticos del PS. Votó en la Asamblea Nacional a favor del estado de emergencia. Incluso envió a su principal miembro, Eric Coquerel, el mes pasado a una manifestación neofascista en apoyo de la policía. Por lo tanto, no cabe duda que repudiará con saña la defensa de derechos democráticos en contra del PS.

La cuestión clave que encaran los obreros franceses es la movilización del apoyo de la clase obrera mundial. El PS elaboró la ley de reforma laboral, que se basa en las leyes de Hartz en Alemania, con la asistencia de políticos europeos. Al encarar la primera ola de manifestaciones en marzo, el PS coordinó su respuesta con social demócratas de Alemania, Italia y Portugal. Existe una oposición explosiva a la austeridad y a la represión policial entre los trabajadores de todos esos países. Es allí donde los trabajadores franceses descubrirán sus aliados más importantes.