A finales del mes pasado en Brasil un grupo de sindicatos y activistas de derechos humanos asociados con la Comisión Nacional de la Verdad (Comissão Nacional de Verdade, CNV) presentaron una acusación a la Oficina del Fiscal Público ( Ministerio Público Federal ) denunciando a la empresa Volkswagen de haber colaborado con el ejército en la persecución y tortura de sus propios trabajadores durante la dictadura de 21 años (1964-1985) que fue apoyada por EEUU. La CNV fue creada por una ley del 2012 para investigar abusos de derechos humanos en el país.

El golpe de abril de 1964 del ejército brasileño, con la ayuda y dirección de la embajada estadounidense, la CIA y el gobierno del presidente Lyndon Johnson, derrocó al gobierno elegido democráticamente del nacionalista reformista João Goulart y estableció el modelo para futuros regímenes de terror apoyados por EEUU en Chile (1973), Argentina (1976) y en otras partes del hemisferio.

Bajo la junta militar argentina, la Ford Motor Company fue acusada similarmente de haber indicado quiénes eran trabajadores militantes en sus fábricas, que eran administradas como un estado policíaco además abrir sus instalaciones para que la policía secreta interrogara y torturara trabajadores automotrices.

El detonante para las acusaciones contra VW Brasil fueron los documentos recolectados por el grupo de trabajo del CNV “Dictadura y represión de trabajadores y el movimiento sindical” el cual estableció que Volkswagen Brasil había creado “listas sucias” de trabajadores militantes en sus fábricas para el Departamento de Orden Social y Político (Departamento de Ordem Política e Social, DOPS), la temida policía secreta del país. Estas listas, según los denunciantes, incluían los nombres completos de los trabajadores, sus domicilios y los departamentos en que trabajaban.

“Hay casi 200 ‘reportes de ocurrencias’ realizados por la seguridad de [VW] y enviados a la DOPS”, según un reporte del diario brasileño Estadão. “En estos, se informa de trabajadores siendo sorprendidos por la Policía Militar (PM) que, en vez de ser llevados a alguna estación de policía, eran llevados a una oficina de la PM o a una fábrica de la VW en São Bernardo do Campo [en el estado de São Paulo] para así ser identificados e interrogados. Existen informas de torturas y palizas de trabajadores vinculados a partidos comunistas dentro de la fábrica”.

São Bernardo do Campo es, junto con Santo André y São Caetano do Sul, una región industrial conocida como el ABC Paulista en dónde compañías automotrices como VW, Ford, General Motors y Mercedes-Benz han operado desde finales de los años cincuenta. La región eventualmente se convirtió en la cuna del Partido de los Trabajadores y la plataforma para el futuro presidente Luiz Inázio ‘Lula’ Da Silva, quién fue un importante líder sindical a comienzos de los años ochenta durante los últimos años de la dictadura. La región en recientes años ha sido uno de los epicentros de la profunda crisis económica del país, lo que se ve reflejado en los enormes despidos y los recortes de salarios.

En 1980 cuando Lula dirigió una huelga de 41 días por una alza salarial de 15 por ciento, los DOPS recibieron una lista de 436 trabajadores de plantas que pertenecían a VW, Mercedes-Benz y la siderúrgica Villares. Aunque también se informa que estas dos últimas compañías (y otras) colaboraron con el régimen, VW es la primera en ser denunciada, aceptar oficialmente los cargos y negociar para reparaciones judiciales.

El diario Carta Capital cuenta la historia del ahora retirado trabajador Lúcio Antonio Bellantini, quién en 1972 a la edad de 28 fue detenido y entregado al jefe de seguridad de VW, Adhemar Rudge, un ex coronel del ejército. “En aquel tiempo, distribuía el periódico Voz Obrera y discutía política con personas con la intención de llevarlos al sindicato y luchar contra la dictadura y por la democracia. Ese fue mi crimen”, declaró.

Fue torturado por más de un mes por la DOPS, quiénes estaban tratando de obligarlo a que identifique a personas que conocía en el movimiento obrero y el PCB (Partido Comunista de Brasil). “Lo que quiero ahora es que VW construya un memorial y cuente el papel que realizó en este período de represión. La lucha es para que la historia sea registrada y enseñada a los niños, para que nunca se vuelva a repetir”, declaró Bellantini.

El informe de la CNV declara que Rudge fue traído ahí como jefe de seguridad de VW Brasil para reemplazar a un ex nazi: el austríaco Franz Paul Stangel, quién fue deportado en 1967 luego de tres pedidos de extradición para que confronte cargos por su papel en los campos de concentración nazi de Sobibor y Treblinka en Polonia. Rudge permaneció en el puesto hasta 1991.

La central de Volkswagen en Alemania hizo una declaración en la que afirmó que en respuesta a las acusaciones seleccionaría a un historiador alemán independiente para que reseñe su propia historia en Brasil, como lo había hecho en Europa con respecto a la colaboración de la compañía con el régimen nazi.

Sin embargo, predeciblemente, no ha habido ninguna consecuencia de importancia de las acusaciones de la CNV, organización creada por el Partido de los Trabajadores. Miles de ex asesinos y torturadores de la dictadura permanecen libres gracias a una ley de inmunidad apoyada por cada uno de los gobiernos que siguieron el fin del gobierno militar a finales de los años ochenta.

Más aún, bajo el actual gobierno del presidente Michel Temer (traído al poder por la destitución de la presidenta del Partido de los Trabajadores Dilma Rousseff) es menos probable que se quebranten los lazos amistosos con multinacionales foráneas por crímenes cometidos bajo la dictadura mientras cumple con las órdenes de la burguesía nacional y las casas de finanzas internacionales de hacer pagar a la clase trabajadora por la crisis capitalista.