Un tribunal italiano condenó el mes pasado a dos ex-dictadores latinoamericanos y a otros seis ex-funcionarios y militares a cadena perpetua por su participación en la muerte de 23 ciudadanos italianos. Estas 23 víctimas estaban entre las decenas de miles de opositores a los regímenes fascistas-militares de América Latina que fueron asesinados, torturados y encarcelados ilegalmente, en el marco de una campaña de represión respaldada por Estados Unidos, conocida como la Operación Cóndor en los años setenta y ochenta.

Los condenados el 17 de enero incluyeron al ex-dictador peruano, General Francisco Morales Bermúdez, de 95 años, y al General Luis García Meza, de 87 años, quien impuso un reinado sangriento de terror en Bolivia de 1980 a 1981. García Meza ya está sirviendo una condena de 30 años de prisión en Bolivia por los crímenes de su dictadura.

Recibieron la misma sentencia el Primer Ministro del gobierno de Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada, y el ex-comandante en jefe del Ejército Peruano General German Ruiz Figueroa; el Ministro del Interior del gobierno de García Meza, Luis Arce Gómez; el ex-Ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco (1973-76); y dos ex-oficiales militares chilenos, Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama.

Durante las décadas de 1970 y 1980, las dictaduras en Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, con la ayuda de la CIA de los Estados Unidos, desarrollaron la Operación Cóndor, un programa de represión continental coordinada, aunando sus recursos policíaco militares con el propósito de cazar exiliados, regresándolos a sus países a una muerte segura y permitiendo —al mismo tiempo—a los escuadrones de la muerte de la policía secreta, cruzar libremente todas las fronteras.

Hace diez años, cuando se inició el proceso, un juez italiano emitió órdenes de detención preventiva en espera de la extradición, de 140 funcionarios de las antiguas dictaduras latinoamericanas. Cuando el juicio terminó el mes pasado, la cifra había sido reducida a 27 por los obstáculos burocráticos lanzados por los gobiernos latinoamericanos, así como por la muerte de muchos de los acusados, incluidos los generales genocidas argentinos Jorge Videla y Roberto Viola, junto con el ex-dictador uruguayo General Gregorio Álvarez, todos ellos condenados a prisión en sus propios países por los crímenes de sus dictaduras.

Aunque el veredicto ha sido aclamado por algunos grupos de derechos humanos como una victoria y una confirmación oficial de los crímenes transfronterizos cometidos en el marco de la Operación Cóndor, hubo indignación entre muchos de los presentes, particularmente parientes de los uruguayos secuestrados, torturados y asesinados por las dictaduras. Uruguay contabilizó 33 de las 42 nacionalidades italianas cuyas desapariciones y muertes fueron objeto del juicio desde el principio. Sin embargo, sólo uno de los uruguayos juzgados, el ex-Ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. De los 19 acusados declarados no culpables por la corte, 13 eran uruguayos, muchos de ellos reconocidos militares, asesinos y torturadores.

La más desastrosa de las absoluciones—en cuanto a la credibilidad de la corte—fue la de Jorge Tróccoli, un capitán naval uruguayo retirado, quien reconoció abiertamente haber torturado a prisioneros bajo la dictadura y quien sirvió como enlace entre la dictadura uruguaya y la infame Escuela de Mecánica Naval (ESMA), uno de los principales centros de tortura en Argentina. Tróccoli escribió un libro y dio algunas entrevistas defendiendo sus crímenes como actos de “guerra”.

El veredicto de Tróccoli fue el más significativo porque él era el único acusado que estaba realmente al alcance de la justicia italiana. Habiendo obtenido la ciudadanía italiana, huyó a Italia en 2007 después de que se iniciara un proceso en su contra en Uruguay. Los intentos uruguayos de extradición fueron frustrados y Tróccoli ha podido vivir bien desde entonces —mucho más allá de los medios de un oficial naval uruguayo jubilado—en una costosa zona de la costa de Amalfi en el sur de Italia, aparentemente como beneficiario de la protección de agencias de inteligencia.

Si bien la justificación de las decisiones del tribunal sólo se proporcionará en los próximos meses, parece que se le permitió a Tróccoli ampararse en la defensa de la “obediencia debida”, la afirmación de que estaba “siguiendo órdenes”, la cual se rechazó cuando fue usada por los acusados nazis en los procesos de Núremberg. En su caso, esta defensa es manifiestamente falsa, dada su admisión pública que nadie le ordenó torturar, y del testimonio de otros oficiales, que no había sanciones contra quienes se negaran a participar en estos crímenes.

En un video-entrevista en Roma, una joven uruguaya expresó su enojo por la decisión de la corte: “Son genocidas. Es una vergüenza lo que está sucediendo. Estoy completamente indignada. Viajé miles de kilometros para tener una respuesta y obtener condenas. Y, de nuevo, mis padres están desaparecidos. No sé su destino. Nací en un centro clandestino. Tengo 39 años y pensé que saldría libre hoy.”

Raúl Sendic, el Vicepresidente de Uruguay que asistió a la audiencia final de la corte, fue considerablemente más optimista, declarándose “decepcionado” pero “no en posición de juzgar a este tribunal”. Sendic, cuyo padre Raúl, fundador del movimiento guerrillero urbano de los Tupamaros, pasó una docena de años en prisión bajo la dictadura uruguaya, es miembro del Frente Amplio (Frente Amplio), alianza electoral en la que entraron los ex-guerrilleros para proseguir sus política burguesa.

Otro aspecto notable del juicio, fue la posición de la fiscalía italiana, que aunque Washington estaba claramente al tanto de la Operación Cóndor—la evidencia contra algunos de los acusados provenía de archivos del Departamento de Estado —no participó en sus crímenes.

Sin embargo, hay amplia evidencia que la CIA y el gobierno de los Estados Unidos dirigieron y orientaron la represión. La posición de las autoridades italianas fue probablemente impulsada por consideraciones políticas, tanto por el deseo de no contrariar a Washington, como del conocimiento que los Estados Unidos nunca permite que ningún ex-funcionario sea juzgado en virtud del derecho internacional.

Uno de los principales arquitectos de la Operación Cóndor, Manuel Contreras, ex-jefe de la notoria policía secreta chilena, la Dirección de Inteligencia Nacional o DINA—que también fue identificado como un “capital activo” pagado por la CIA— atestiguó que dos escandalosos asesinatos llevados a cabo por sus agentes habían sido aprobados y organizados conjuntamente por la CIA.

El primero fue el del general Carlos Prats, el ex-jefe del ejército chileno, que se había opuesto al golpe de estado apoyado por Estados Unidos, encabezado por el general Augusto Pinochet. Él y su esposa fueron asesinados en 1974 con un carro bomba en Buenos Aires, donde habían buscado refugio. El segundo asesinato fue el de Orlando Letelier, ex-Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno derrotado de Salvador Allende y figura clave en la oposición internacional a Pinochet. También murió en un atentado con carro bomba en 1976 junto con su ayudante, Ronni Moffitt, en las calles de Washington, D.C.

Documentos desclasificados también dejaron en claro que el entonces Secretario de Estado Henry Kissinger, fue plenamente informado de la Operación Cóndor por el Ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura militar argentina, Almirante Cesar Guzzetti, en una reunión de la OEA en 1976. Kissinger expresó su apoyo a los crímenes, urgiendo a su contraparte argentina para “hacerlos rápidamente” y asegurándole “Queremos que tenga éxito”.

El más destacado entre los culpables que aún no está encarcelado en su propio país fue el peruano General Francisco Morales Bermúdez. Fue condenado en relación con los asesinatos de tres argentinos de origen italiano que habían huido a Lima como refugiados de la dictadura de Videla.

En un artículo del 23 de enero, el diario español El País describió en detalle el destino de los tres: “El argentino Carlos Alberto Maguid fue secuestrado en Lima, Perú, el 12 de abril de 1977. En el momento de su captura, disfrutaba de asilo político en el país ... en una parada de bús central, cuatro oficiales del Ejército peruano se llevaron a Maguid en un Volkswagen blanco al Ministerio de Guerra, donde sus compatriotas lo esperaban. No está claro si fue ejecutado en Perú o llevado a Argentina.

“Las Montoneras María Inés Raverta y Noemí Esther Gianetti de Molfino fueron secuestradas en la misma ciudad tres años más tarde... Ambas fueron llevadas a la zona de recreación militar de Playa Hondable ... y entregadas al ejército argentino.

“Las sesiones de tortura incluyeron descargas eléctricas en la vagina, ahogamiento en el mar, golpes y tortura al estilo Túpac Amaru, utilizando vehículos en lugar de caballos. ... Raverta fue entregada por las autoridades peruanas a la frontera con Bolivia. Nunca se le oyó de nuevo. Molfino se mantuvo viva un poco más; su cuerpo fue encontrado semanas más tarde en un hotel de Madrid.”

Según El País, la corte estableció que Morales permitió que el personal militar argentino entrara en el país y les ofreció asistencia en “tortura en instalaciones del estado peruano y ocultando la desaparición forzada”.

En una entrevista realizada en julio de 2015 con el diario peruano El Comercio, Morales Bermúdez negó que la Operación Cóndor tuviera presencia en Perú. En su defensa, insistió en que el régimen militar que encabezaba estaba “decidido a conducir al país al sistema democrático al retirarse del poder”.

Todo esto es mentira. Morales Bermúdez llegó al poder en 1975, con el respaldo de la CIA, en un golpe militar derechista que derrocó a su predecesor, el General Juan Velasco Alvarado. El régimen militar de Velasco había antagonizado a Washington, siguiendo un curso nacionalista de izquierda, estableciendo vínculos con la Unión Soviética y Cuba, mientras realizaba nacionalizaciones, incluso cuando intentaba reprimir a la clase obrera peruana.

Morales Bermúdez implementó las demandas del FMI y coordinó las políticas de su régimen siguiendo de cerca las de Washington y otras dictaduras militares latinoamericanas, incluso a través de la colaboración con la Operación Cóndor. Sus llamadas “reformas” llevaron al colapso económico y a una creciente resistencia de la clase obrera peruana que obligó a los militares a renunciar al poder.

No hay tratado de extradición entre Italia y Perú, y los gobiernos anteriores se negaron a enviar a Morales Bermúdez para ser juzgado en Lima. Dada su avanzada edad, 95, y el carácter derechista del actual gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, es aún menos probable que sea enviado a cumplir su sentencia.