Un informe publicado el 8 de diciembre por el Ministerio de Justicia de Brasil revela que la población carcelaria del país se duplicó con creces entre el 2005 y junio del 2016, alcanzando un total de 720.000 personas. Esta cifra ubica a Brasil en la infame posición de ser el tercer país con más presos del mundo. Sorprendentemente, un 40 por ciento de los encarcelados está detenido sin ninguna condena.

La población penal del país, en valores absolutos, es sólo menor a la de los Estados Unidos, con 2,2 millones de encarcelados, y China —que tiene siete veces la población de Brasil— con 1,6 millones de encarcelados. La tasa de encarcelamiento también es la tercera mayor, con 343 prisioneros por 100.000 habitantes, detrás de EUA (666) y Rusia (455). A la vez, el informe también revela que Brasil tiene la tercera mayor tasa de hacimiento, con prisiones saturadas con una sobrepoblación de 197 por ciento, sólo detrás del régimen fascistoide de Duterte en Filipinas (316 por ciento) y el país vecino, Perú (230 por ciento).

Notablemente, durante sólo los últimos tres años 100.000 personas han terminado en los calabozos del sistema de apartheid social de Brasil.

La situación insoportable creada por estas condiciones volvió a explotar en Año Nuevo con una rebelión carcelaria en el estado occidental de Goiás que terminó con nueve muertos, dos de ellos por decapitación. Esto se ha transformado en una verdadera tradición festiva, después de numerosas revueltas de Año Nuevo el 2017 y 2014 que terminaron con docenas de muertes y decapitaciones.

En paralelo a las masacres carcelarias, las tropas federales brasileras han ocupado las capitales de cuatro estados —Río Grande del Norte, Sergipe, Río Grande del Sur y Río de Janeiro—. Sus actividades, que incluyen allanamientos casa por casa, operan por fuera del control civil y responden sólo a los tribunales militares. En cada caso, los gobernadores han decretado Emergencia Pública para dar impunidad a las fuerzas federales, y retenido los salarios de los funcionarios públicos y la policía estatal, ordenándoles que se quedaran en sus dependencias.

El regreso de la Policía Militar a las calles después que se negociara con los Gobiernos estatales no ha significado el retiro de las tropas federales. Por el contrario, en un decreto promulgado el 29 de diciembre por el presidente Michel Temer se contempla su despliegue al menos hasta julio, momento en que Río de Janeiro y Río Grande del Sur habrán completado un año bajo la intervención del ejército federal.

En este contexto de desórdenes carcelarios y represión militar, el suceso político más importante ha sido la suspensión por la Corte Suprema del Indulto Navideño presidencial de Temer, bajo el pretexto de que facilitaría la evasión de la justicia de empresarios y políticos condenados por la creciente investigación de Lava-Jato (Autolavado), una conspiración de sobornos en torno a grandes obras de infraestructura.

Después de que se presentara el decreto el 22 de diciembre, el fiscal federal Deltan Dallagnol, un ególatra y “crusado” anticorrupción, salió a la carga afirmando que el indulto —que podría disminuir las sentencias hasta en un 80 por ciento— socavaría la capacidad de su equipo para chantajear a los acusados para que se volviesen informantes del Estado.

Dallagnol presume ser heredero de las operaciones anticorrupción “Manos Limpias” italianas, sin molestarse en considerar que el principal resultado político de esa operación fue la llegada al poder de la Liga Norte, de tendencia fascista.

A Dallagnol le siguió la fiscal general nombrada por Temer, Raquel Dodge, quien le pidió a la presidenta de la Corte Suprema, Cármen Lúcia Rocha, que suspendiera el decreto con el pretexto de que “el presidente no tiene un poder irrestricto para otorgar indultos, de lo contrario se apropiaría del poder de las cortes y liquidaría las sentencias… destruyendo los pilares de la República Constitucional Brasilera”. El decreto de Temer también “mandaría un mensaje en contra de la Constitución” en una época de “rechazo a la corrupción sistémica”. Rocha aceptó el argumento, añadiendo su propia opinión de que “un indulto no puede ser un premio para el criminal ni implicar la tolerancia al crimen”.

El lenguaje derechista usado para suspender el decreto hasta febrero, después de que se acabe del receso de la Corte Suprema, no considera, notablemente, que la medida ha sido aplicada por múltiples presidentes brasileros desde los años cincuenta, y su uso ha aumentado desde el fin de la dictadura militar en 1985. Cada aplicación del indulto presidencial debe ser evaluada por las cortes locales, las que pueden fallar que los individuos encarcelados no son aptos para recibir un indulto.

En defensa de la medida, el Gobierno afirma que los datos del Ministerio de Justicia muestran que, además del 40 por ciento de los prisioneros que no están condenados, unos sorprendentes 80.000 —o 20 por ciento de los condenados— están en la cárcel por robo simple, y serían aptos para recibir el indulto después de la evaluación de la corte, la que está restringida a crímenes sin violencia o amenazas y requieren buen comportamiento y colaboración con las autoridades. Notablemente, los indultos presidenciales en Brasil nunca pueden aplicarse a los llamados crímenes atroces, que según la ley brasilera abarcan el tráfico de drogas, que representa un 36 por ciento de las condenas.

Un informe del diario O Globo de febrero del 2017, posterior a las masacres carcelarias de enero del 2017, descubrió que la llamada “Ley de Drogas” promulgada en el 2006 por el expresidente Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), ha elevado el número de presos encarcelados por delitos vinculados a drogas de 8,7 por ciento en el 2006 al mencionado 36 por ciento.

Aun así, desde 1997, los decretos presidenciales se han vuelto más abarcadores, aumentando la sentencia máxima admisible de seis a doce años y la condena cumplida mínima de un tercio a un cuarto de la condena original. El indulto también se ha ampliado para incluir a los ancianos y a las madres con hijos pequeños.

Los ataques contra el indulto del 2017 de Dallagnol y Dodge, respaldados por la prensa y la mayoría de los expertos, objetan con la ausencia de un límite máximo de condena para calificar a una revisión de condena, y la reducción de la condena cumplida mínima a un quinto de la sentencia original, además de la posibilidad de perdonar multas junto con las condenas de prisión y la “no exclusión” de crímenes de corrupción —los cuales, al no estar clasificados como crímenes atroces, nunca estuvieron excluidos de los decretos anuales—. Temer ignoró la recomendación de excluir la corrupción del indulto por el organismo técnico encargado de redactar el decreto, el Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria (CNPCP).

De hecho, el presidente del consejo y la mayoría de sus integrantes habían renunciado el 25 de enero del 2017 en protesta por la designación de Temer del abogado derechista Alexandre de Moraes como ministro de Justicia y su declaración de que la lucha contra el crimen necesitaba “menos estudios y más armas.” Como resultado, el CNPCP se volvió marcadamente más derechista.

El expresidente del CNPCP, Alamiro Velludo, se manifestó el 29 de diciembre en la Folha de S. Paulo, afirmando que “hay un clima de castigo avivado por el Lava-Jato, y los que salieron en contra del decreto son los órganos represivos, lo que considero peligroso”. No obstante, un informe del 29 de diciembre de un columnista de la Folha de S. Paulo y otro del sitio especializado en derecho ConsultorJurídico llegan a la misma conclusión: de los 50 políticos y empresarios condenados por el Lava-Jato, sólo 33 están cumpliendo condena y sólo uno ha cumplido una quinta parte de la condena mínima para ser apto de recibir un indulto.

El apoyo de la prensa y la presidenta de la Corte Suprema Carmen Rocha y la narrativa interesada del fiscal del Lava-Jato, Dallagnol, evidencian el avanzado estado de descomposición de las formas democráticas de gobierno en Brasil, donde la supuesta lucha contra la corrupción es usada cada vez más abiertamente para justificar la expansión de los poderes del Estado y atacar los derechos fundamentales.

Este giro derechista se está llevando a cabo con la total complicidad de la pseudoizquierda brasilera. En el Congreso, el primer cuestionamiento al decreto vino del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), un “partido amplio” que incluye tendencias morenistas y pablistas en sus filas.

El alto representante del PSOL en la cámara baja, Chico Alencar de Río de Janeiro, anunció el 27 de diciembre un proyecto de ley que limita los poderes del presidente para conceder indultos. Simultáneamente, el sitio morenista en español La Izquierda Diario informó al estilo más amarillista: “Regalo de Navidad: Temer firma indulto que beneficia a presos por corrupción”.

Respecto al destino de los cientos de miles de trabajadores y jóvenes que enfrentan el horrible abuso y violencia del inmenso sistema carcelario de Brasil, les es totalmente indiferente a estas supuestas “izquierdas” cuyas políticas reflejan los intereses de las capas más privilegiadas de la clase media-alta brasilera.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 13 de enero del 2018)