Jefe de Petrobras renuncia mientras que los camioneros brasileños acaban la huelga

por Miguel Andrade
7 junio 2018

La huelga de los camioneros brasileños que duró 11 días acabó el sábado luego de un comité de crisis formado por el presidente Michel Temer se reuniera en el palacio presidencial del Planalto y anunciara que todos los bloqueos y concentraciones de camiones han sido levantados en el país.

Una de las bajas en la huelga fue el presidente de Petrobras Pedro Patente, quien renunció el viernes después de que la política de “libre mercado” para el combustible que él había introducido fuese temporalmente rechazada; el gobierno buscó apaciguar a los huelguistas con una oferta de combustible descontinuado por un período de dos meses junto con la imposición de incrementos futuros en una base mensual.

Bajo Parente, una serie de medidas habían sido introducidas para satisfacer las demandas del capital financiero internacional y preparar a la gigantesca compañía estatal de energía para la privatización. Esto incluye el reajuste diario de precios de combustible de acuerdo con los precios del mercado global y el valor del real brasileño contra el dólar lo que acabó en un aumento del 19 por ciento el año pasado, siete veces la tasa de inflación.

El duro incremento en costos de combustible produjo la revuelta de los camioneros brasileños, quiénes también sufrieron un declive en el trabajo. Un estudio publicado el domingo por Folha de S. Paulo muestra que el número de camiones ha caído un 26 por ciento desde el periodo de crecimiento económico en el 2003-2007. Con la profundización de la crisis capitalista en Brasil, entre el 2014 y 2016, 72.000 empleos de camioneros fueron eliminados.

La huelga ha desnudado la crisis política y económica que engolfa la octava economía más grande del mundo y el quinto país más poblado del mundo. Esta causó una pérdida económica de 32 mil millones de reais (US$9 mil millones), paró el transporte público, la recolección de basura, los servicios públicos y las plantas de poder termoeléctricas. Cientos de ciudades y pueblos fueron declarados como emergencia a medida que el combustible y la comida se acababan y los aeropuertos fueron obligados a cancelar vuelos por la falta de combustible de avión.

Aun así, la huelga obtuvo una avalancha de solidaridad por parte de trabajadores y las clases media/bajas por todo Brasil. Las encuestas mostraron que un completo 87 por ciento de la población brasileña apoyaba la acción y que el 56 por ciento estaba preparado para apoyar su continuación. Un indicador revelador de la simpatía pública fue la completa ausencia de incidentes en supermercados y tiendas vacías que habría sido inevitable bajo otras circunstancias.

Remarcando esta reacción popular yace la desesperación económica compartido entre los camioneros con la abrumadora mayoría de la población. Desde que la crisis económica internacional azotara a Brasil con su fuerza total en el 2013 ésta condujo a una caída del 10 por ciento en el PBI durante tres años y desde el 2017 se viene dando una recuperación económica que ha sido llamado como la más lenta en la historia del país: una subida de 1 por ciento en el PBI en el 2017 y una proyección declinada de 2 por ciento para el 2018.

La pobreza extrema ha aumentado un 12 por ciento, un auge de 60 por ciento comparado al 2014, mientras que el Banco Mundial estimó que tan sólo en el 2017 3.6 millones de personas han caído bajo la línea de la pobreza. El desempleo se mantiene en el 24 por ciento, si se cuenta a las personas que ya han dejado de buscar empleo.

En una condena devastadora de la desigualdad y la opresión social, la tasa de mortalidad infantil se ha elevado 11 por ciento, a 15 niños por cada 1.000 nacimientos, como consecuencia directa de las medidas de austeridad que han recortado la asistencia a la pobreza por 4,4 millones de personas. Se espera que una enmienda constitucional que congele el gasto público por 20 años en el 2016 prive al sistema de salud de US$200 mil millones de inversiones que se habían anteriormente proyectado.

Los bloqueos montados por los cientos de miles de camioneros, 40 por ciento de ellos “autónomos” –es decir, auto-explotados en “compañías” de una sola persona, contratados y al borde de la pobreza– fueron bienvenidos en un acto de resistencia contra el sufrimiento soportado por cientos de millones bajo el combinado impacto del aumento del costo de vida, desempleo y pobreza.

Cuatro días antes de que la huelga terminara por completo, los principales sindicatos que representan tanto los camioneros “autónomos” y las compañías de camiones firmaron un acuerdo con el gobierno y comenzaron a denunciar a aquellos conductores que estaban continuando la acción. Debido a que fueron camioneros de base, organizándose a sí mismos mediante el app de redes sociales WhatsApp, quienes organizaron la huelga, no había certeza de que los sindicatos serían capaces de acabarla.

Al mismo tiempo, desde el apoyo inicial ofrecido por las compañías grandes de transporte y agronegocios, a la fingida y tardía simpatía por el Partido de los Trabajadores (PT) y los sindicatos, a la denuncia de la acción de los camioneros por los medios y la pseudoizquierda, la huelga ha expuesto una vez más las contradicciones del modelo económico y las alianzas políticas sobre las que se han sostenido por más de una década los gobiernos “izquierdistas” y “nacionalistas” en Latino América, los cuales ahora, uno por uno, están siendo reemplazados por coaliciones derechistas.

La expresión política dominante del movimiento fue una demanda por subsidios al combustible y exoneraciones de impuestos, una restauración de la política oficial que Brasil tuvo durante el auge del “boom de las materias primas” en el 2008 hasta el 2014, el cual fue seguido por varios “shocks de precios” que primero golpearon al precio del combustible y luego los precios de otros bienes, acelerando la inflación. La memoria del impacto inmediato del incremento de los precios del combustible en el costo general de vida ciertamente jugó un rol en la simpatía popular del movimiento.

A pesar del fuerte elemento de una revuelta espontánea que dio origen a la huelga, las grandes empresas fueron capaz de ejercer una poderosa presión a los camioneros, particularmente bajo condiciones en las que los camioneros en Brasil están representados por los mismos sindicatos que sus empleadores, quiénes también buscan un alto al creciente precio de los combustibles porque interfiere con su lucro.

Esta influencia de las grandes empresas se hizo sentir no sólo en las reuniones con el gobierno en dónde los subsidios y las exoneraciones de impuesto fueron el centro del acuerdo que condujo a que los sindicatos finalizaran la huelga, sino también la presencia de demandas de índole fascista por un derrocamiento militar del gobierno que fue visto en los estandartes de varios bloqueos. Esto se volvió una fijación de la prensa burguesa, el cual buscó desmoralizar a los huelguistas y descartar a sus acciones como un lockout de los empresarios.

Cuando Temer firmó el acuerdo el viernes con todos excepto uno de los sindicatos, él declaró que los camioneros que permanecían en la huelga actuaban para socavar la seguridad nacional y que estaba autorizando al ejército de que rompiera las manifestaciones, escoltara los camiones cisterna para que pasaran los bloqueos y confiscara los camiones. Mientras tanto, los medios corporativos siguiendo la línea de las agencias de inteligencia brasileña afirmando que “infiltrados” eran responsables por las persistentes acciones de los huelguistas y que estaban comenzando a perseguirlos y arrestarlos por todo el país.

Al mismo tiempo, surgieron reportes en escena de la prensa que retrataban a los camioneros que no confiaban las promesas del gobierno y no obedecían con los llamados a la desmovilización como teóricos de conspiraciones derechistas adictos a las “noticias falsas” y a las redes sociales. José da Fonseca Lopes, el presidente del último sindicato en huelga, Abcam, después de firmar un acuerdo con el gobierno, declaró que los huelguistas eran “personas que querían derrocar al gobierno” y añadió que “no tenemos nada que ver con esas personas”.

Mientras tanto líderes de la ultraderecha en Brasil también pidieron un fin a la huelga; el candidato presidencial fascistoide y capitán del ejército en reserva Jair Bolsonaro dejó de lado sus ex afirmaciones demagógicas de simpatía por los huelguistas y los acusó de esparcir el caos.

Las expresiones iniciales de apoyo a la huelga por elementos de la denominada bancada del congreso de “Balas, biblias y parrilla”, el cual se encuentra en la extrema derecha del espectro político brasileño, y la aparente voluntad de sacrificar la actividad económica para ejercer sus disputas con el gobierno, expresan las fuertes contradicciones del capitalismo brasileño, el cual está en las garras de fuertes fuerzas centrífugas debido a su inhabilidad de encontrar un nuevo lugar en el orden mundial, bajo condiciones de una demanda menor para las exportaciones de mercancías, las decaídas inversiones chinas y los repetidos rechazos del imperialismo estadounidense.

También hay cálculos políticos claros que subrayan este falso apoyo, dirigidos a desorientar y desviar la creciente radicalización de la clase trabajadora e intentar crear una base de apoyo para un movimiento de ultraderecha.

Ante esta amenaza, el papel del PT, los sindicatos y sus defensores entre la pseudoizquierda, a pesar de sus divergencias tácticas, es políticamente criminal.

El PT y los principales sindicatos, especialmente el duramente controlado CUT, buscaron canalizar el enojo popular por detrás del llamado para el despido o renuncia de Parente, el presidente de Petrobras nombrado por Temer.

Los cálculos del PT tienen como objetivo evadir cualquier confrontación con los grandes negocios y desviar el enojo masivo dentro de la clase trabajadora en seguros canales electorales con antelación a las elecciones de octubre. El PT espera retornar al Gobierno, por lo menos como un compañero menor en algún frente nacionalista. Su enfoque, por lo tanto, en las políticas “antinacionales” de Parente, hace un llamado a que las federaciones industriales se opongan, junto con los sindicatos, a las políticas “neoliberales” de Parente y Temer, los cuales contrastan con las enormes ayudas financieras a los negocios que tomaron lugar bajo el Ggobierno del PT.

No obstante, de manera más amplia, esto está profundamente vinculado a su convicción de que cualquier movimiento por la clase trabajadora puede salirse del control de los sindicatos. Los sindicatos no han hecho nada desde la destitución en el 2016 de la presidenta Dilma Rousseff del PT para contrarrestar las políticas de guerra de clase de Temer. En vez de eso, están obsesionados en una campaña de “Liberen a Lula” que tiene como objetivo asegurar la liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva del PT para que puede ser candidato para otro período presidencial en octubre. Ellos presentan al PT como un partido mejor capaz de lidiar con la crisis de gobierno en Brasil al crear un gobierno elegido “legítimo”.

Dado que los sindicatos no ofrecen ninguna respuesta a la guerra contra sus estándares de vida, ellos sólo facilitan la pose de la extrema derecha como la única oposición a las “élites”.

La reacción más significativa ha sido la de las de figuras de la pseudo-izquierda, liderados por el morenista “Fracción Trotskista” (FT) con sede en Buenos Aires, el cual administra el sitio web Esqueda Diário .

FT ha dado la versión más acabada a la campaña de difamación universal elaborada contra los camioneros, en la cual compararon su acción a la de la huelga de los camioneros que fue ayudada por la CIA en un intento de debilitar al Gobierno chileno de Salvador Allende en la antesala del golpe militar-fascista de 1973. Ellos afirmaron que los camioneros actuaban básicamente bajo las órdenes de los empresarios y por lo tanto la ola de solidaridad popular era un síntoma de un giro hacia la derecha de las masas.

Iuri Toledo de São Paulo escribió en un análisis del 30 de mayo, que hace referencia a la destitución del 2016: “no hay nada ‘contradictorio’ en las manifestaciones [de los camioneros]; durante el golpe institucional [la destitución de Rousseff] algunos sectores también declararon que debemos ´luchar contra la clase media golpista que está en la calle´”.

Esta posición reaccionaria no sólo amalgama camioneros “autónomos” empobrecidos con los privilegiados estratos de clase media alta que dominaron la mayoría de manifestaciones a favor de la destitución, sino que no sólo anula a la completa clase media sino también a aquellos trabajadores que apoyaron la destitución o fueron indiferentes al destino del Gobierno del PT, esto último fue una amplia posición dada la experiencia que dejó el PT con sus políticas procapitalistas.

Una perspectiva similarmente desmoralizada fue elaborada por Mário Magalhães del Intercept en una columna del 30 de mayo titulado “Los camioneros y sus empleadores añaden combustible a los sentimientos golpistas”, en el cual su valor para medir el sentimiento supuestamente derechista entre los camioneros es de que hubieron pocos llamados para ‘liberar a Lula’ e incluso pocos apoyos por las candidaturas de Marina Silva, Ciro Gomes, Geraldo Alkimim, Manuela D’Ávila o Guilherme Boulos”, entre otras listas de varios posibles candidatos del establishment, muchos de los cuales otorgaron una cubierta izquierdista al PT por años.

Todos estos elementos de pseudoizquierda de la clase media eran hostiles a la huelga de los camioneros –en claro contraste a los sentimientos entre las amplias masas de los trabajadores– precisamente porque se desarrolló afuera del control del PT y el CUT y señalaron el potencial para una explosión revolucionaria en Brasil.

(Publicado originalmente en inglés el 4 de junio de 2018)