La Junta de Administración de Supervisión Financiera (FOMB) de la era Obama, un organismo no electo que dicta el presupuesto de Puerto Rico, anunció el sábado que recortaría drásticamente el gasto gubernamental después de que la legislatura del territorio estadounidense no votara por las “reformas” de la legislación laboral exigidas por la junta de supervisión.

El gobierno local, encabezado por el Partido Nuevo Progresista del gobernador Ricardo Rosselló, lleva meses trabajando con la FOMB en el plan fiscal. La versión final del plan, aprobada por la FOMB en abril, fue aclamada por los especuladores financieros como un gran éxito ya que pronosticó un potencial de $6,7 mil millones en pagos de deuda a los tenedores de bonos, $400 millones más que una estimación anterior de Rosselló.

Después de meses de intrigas a puertas cerradas mientras miles de personas morían por el impacto del huracán María y la respuesta criminalmente negligente de la administración Trump, la FOMB dio a conocer un plan para asegurar los intereses de Wall Street y otros ricos tenedores de bonos. El plan eliminaría miles de empleos, reforzaría la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA) y la empresa del agua, consolidaría decenas de agencias estatales, recortaría las pensiones del 10 al 25 por ciento para los empleados públicos jubilados y reduciría drásticamente los subsidios del gobierno a todos los 78 municipios de Puerto Rico. También recortaría los fondos a la única universidad pública de la isla, reduciría la licencia por enfermedad y el pago de vacaciones a la mitad, reduciría las pensiones para los jubilados y eliminaría los aguinaldos obligatorios de Navidad.

Una de las medidas más importantes dictadas por el nuevo plan fiscal fue la derogación de la Ley 80, que convertiría a Puerto Rico en una jurisdicción de empleo a voluntad, una supuesta reforma largamente buscada por las corporaciones estadounidenses y la clase capitalista nativa. La medida, entre otras cosas, permitiría a los lugares de trabajo despedir a los empleados sin motivo. El fracaso de la legislatura para llevar a cabo la derogación el viernes pasado provocó una feroz reacción por parte de la FOMB.

Justo un día después de la votación, la FOMB certificó otra versión del plan fiscal de la isla, que incluye la eliminación propuesta originalmente de bonos de Navidad para empleados públicos y recortes presupuestarios a organismos públicos, incluidos la legislatura y el poder judicial, entre otras medidas.

Además, los señores financieros anunciaron que el dinero disponible para el gobierno durante los próximos 30 años, incluido el servicio de la deuda, se ha reducido a aproximadamente $14 mil millones de casi $40 mil millones en la versión anterior del plan fiscal. En otras palabras, como castigo por no anular las protecciones laborales, la carga de la deuda de la isla —que fue creada por años de manipulación financiera por parte de los grandes inversores— se incrementará esencialmente, lo que requerirá medidas de austeridad aún más brutales.

El saqueo financiero de Puerto Rico subraya el estado colonial de la isla, que la FOMB considera poco más que el objetivo de un programa de reestructuración del Fondo Monetario Internacional. Si bien la junta considera que la legislatura está retrasando las reformas laborales como un revés, entiende por completo que los funcionarios del gobierno de la isla no tienen la intención de desafiar los dictados de los bancos. La miembro de FOMB, Ana Matosantos, dijo a los periodistas que, aunque la junta estaba decepcionada, “reconocemos que ese hecho no cambia nuestra acusación o la realidad de Puerto Rico”.

La FOMB y el gobierno de Puerto Rico han advertido reiteradamente que están listos para acudir a los tribunales, si es necesario, para resolver sus diferencias sobre la implementación del presupuesto y el nuevo plan fiscal. Lejos de representar una genuina oposición a los dictados de la FOMB, la incapacidad del gobierno local para despojar a las leyes laborales es, en el mejor de los casos, un intento limitado e impotente de ocultar su sumisión a Wall Street en condiciones de una mayor oposición por parte de la clase trabajadora, incluidos los maestros la isla.

El gobernador Rosselló estuvo de acuerdo en mayo con las reformas laborales en el plan fiscal, incluidas las medidas en cuestión. Como el World Socialist Web Site escribió en ese momento:

“Si el gobierno de Rosselló se niega a implementar las medidas fiscales, la FOMB podría demandarles para obligarlos a cumplir. Sin embargo, cualquier tipo de ‘oposición’ de Rosselló sería solo cosmética y estaría motivada puramente para salvar la cara con la clase obrera puertorriqueña, no por una genuina preocupación por la gente. Por el contrario, el gobierno de Rosselló ha hecho todo lo que está a su alcance para ayudar al saqueo de la isla por los intereses financieros. Esto incluye el apoyo entusiasta a la privatización de la educación pública y la mayor empresa pública de servicios públicos en los Estados Unidos, la AEE”.

En el transcurso de los debates entre el gobierno local y la FOMB sobre cómo arrebatar cada centavo a la clase trabajadora de la isla, más de 5.000 personas murieron por negligencia gubernamental, un hecho que los gobiernos locales y federales deliberadamente intentaron encubrir.

Mientras que los ocho representantes de los bancos y corporaciones que conforman la FOMB, muchos de ellos millonarios, continuaron con sus vidas en Nueva York y conspiraron para aumentar la matrícula en la Universidad de Puerto Rico y despojar a los trabajadores de sus pensiones y bonos de Navidad, miles de los trabajadores en Puerto Rico estaban muriendo porque no tenían acceso a las necesidades básicas como la electricidad, muchos durante meses. En oscuras habitaciones de hospital morían porque no podían recibir tratamiento de diálisis, no podían conectar sus dispositivos de respiración o no podían obtener su medicación adecuada. Cientos más se suicidaron frente a la devastación extrema y el abandono por parte del gobierno.

Mientras la FOMB estaba babeando por la privatización del sistema educativo y la utilidad eléctrica, los demócratas y los republicanos estaban aprobando un proyecto de ley histórico para canalizar trillones de dólares hacia los ricos y un proyecto de ley bipartidista para otorgarles a los militares más de $700 mil millones en fondos.

Para los puertorriqueños que emigraron de la isla, el establishment político ha sido igualmente despiadado. Millones de puertorriqueños ahora viven como refugiados dentro de su propio país, muchos en refugios para personas sin hogar o moteles hasta que se suspenden los fondos de socorro, lo que podría ser cualquier día. De hecho, el programa de asistencia temporal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias estaba programado que llegara a su fin el sábado por la noche, pero el sábado por la noche los evacuados recibieron un aplazamiento temporal cuando el juez federal suspendió sus salidas hasta el martes.

Las acciones de la FOMB y el gobierno local de Puerto Rico se encuentran entre los ejemplos más gráficos del desprecio e indiferencia de la clase dominante hacia la clase trabajadora. Sin embargo, al igual que los trabajadores del continente y de todo el mundo en la primera mitad de 2018, los trabajadores en Puerto Rico no se han quedado de brazos cruzados ante estos ataques. Protestas que involucraron a decenas de miles de personas han estallado desde el comienzo del nuevo año y ha surgido una nueva oleada de enojo dentro y fuera de la isla por la exposición del gobierno al encubrimiento de la cifra de muertos. Fuera de la capital del territorio surgió un monumento improvisado de más de 400 zapatos para honrar a las víctimas.

No falta ira y voluntad de luchar entre los trabajadores en Puerto Rico. Lo que se necesita sobre todo para luchar es la lucha para unir a los trabajadores de la isla y del continente en una lucha común contra los grandes partidos comerciales y la dictadura financiera de los bancos.

(Publicado originalmente en inglés el 2 de julio de 2018)