Pogromo antivenezolano en el norte de Brasil subraya la promoción oficial de la extrema derecha del país

por Miguel Andrade
1 septiembre 2018

Los hechos acontecidos desde el pogromo antivenezolano llevado a cabo el 18 de agosto en Roraima, el estado más septentrional de Brasil, así como las reacciones de las autoridades brasileñas ante ello, han subrayado el creciente giro del sistema político del país a la extrema derecha.

Los informes iniciales surgidos el día del pogromo en la ciudad de Paracaima establecieron que una demostración contra un asalto a un comerciante local atribuido a inmigrantes venezolanos culminó en disturbios por los recursos sobrecargados del estado y el fracaso de las autoridades federales para reubicar a la gran cantidad de venezolanos que ingresan en el estado empobrecido. Pasando por el único camino hacia la frontera norte de Brasil, su objetivo es encontrar trabajo y mejores condiciones de vida en el sur industrial de Brasil o en Argentina y Chile.

Luego se reveló que los relatos del asalto fueron falsificados para provocar el pogromo, con la participación del Partido Patriota, de extrema derecha, que también había denunciado falsamente el desplazamiento de brasileños de hospitales públicos para hacer lugar para los venezolanos.

Por lo menos 1,200 venezolanos fueron perseguidos hasta la frontera, luego de que docenas de brasileños prendieron fuego un campamento donde soldados del ejército inspeccionaban a inmigrantes. Mientras los soldados observaban, las bandas de extrema derecha arrojaron piedras a los venezolanos, agrediendo incluso a niños pequeños.

Cuando los venezolanos empezaron a irse, soldados brasileños hicieron un cordón para separarlos de los agresores, que los denunciaron como traidores. Luego comenzaron a reunir las pertenencias abandonadas de los venezolanos y las llevaron a la plaza central de la ciudad para prenderles fuego. En otra muestra del carácter coordinado de la acción, las bandas errantes empezaron a buscar venezolanos en otras instalaciones militares para arrastrarlos, llevándolos a la frontera.

Pero el pogromo fue solo el inicio de una campaña de terror en curso. Ante la reiterada negativa de la Corte Suprema del país y las autoridades federales a permitir que Suely Campos, la gobernadora derechista del estado, cierre la frontera, pandillas de motociclistas han cruzado la ciudad de noche para expulsar a los venezolanos sin hogar e imponer un toque de queda a quienes tienen papeles y pueden encontrar un refugio.

Un líder de pandillas, entrevistado por Deutsche Welle el 23 de agosto, reveló que sus acciones están coordinadas con la Policía Militar local. Según los informes, los venezolanos que pasan sus días tratando de obtener documentos brasileños y encontrar trabajo ahora vuelven a cruzar la frontera de noche para dormir en el suelo en un estacionamiento dentro del territorio venezolano.

Roraima es el estado menos poblado de Brasil, con solo 530,000 habitantes y un PBI de apenas 9 mil millones de reales (US$ 2,300 millones). Compartiendo frontera con Venezuela, ha recibido unos 130,000 venezolanos que huyen de la crisis económica cada vez más profunda de su país. Se estima que 50,000 permanecieron en el estado. La ciudad de Paracaima tiene solo 4,500 habitantes, y apenas el 21 por ciento de la población tiene acceso al sistema de alcantarillado.

La principal dificultad para los migrantes, que generalmente caminan por lo menos 200 km de la ciudad fronteriza de Paracaima a la capital estatal, Boa Vista, es el aislamiento geográfico del estado del resto de Brasil. Su única conexión terrestre con el resto del país es un precario enlace de carretera de 800 km a Manaus, una zona económica especial que alberga un centro de fabricación en lo profundo de la selva amazónica, de donde es posible salir en avión o navegando por el río Amazonas otros 1,600 km hasta Belém para llegar a la red de carreteras del país.

Plagados de pobreza e incluso mala salud —los venezolanos han perdido un promedio de 11 kg en los últimos años debido a la escasez de comida— estos migrantes han sido recibidos con desprecio e indiferencia por parte de las autoridades, viviendo en campamentos improvisados repartidos por todo el estado y enfrentando una tasa de desempleo del 65 por ciento. Un programa de reubicación anunciado el 12 de febrero ha beneficiado solo a 800 venezolanos, con São Paulo, el estado más rico del país con una población de 45 millones, ofreciendo refugio a apenas 300.

Copiando la reacción de los regímenes europeos más derechistas, el gobierno australiano y el de Trump, la clase dominante brasileña está usando la situación precaria que enfrenta la población venezolana— y más ampliamente la reciente afluencia de haitianos, africanos, bolivianos y un pequeño número de refugiados sirios recientes— para crear una base para un movimiento masivo de extrema derecha que contrarreste la radicalización de la clase trabajadora. En el caso de Brasil en particular, también se emplea esta agitación para justificar un alineamiento más cercano con el imperialismo estadounidense en el camino a la guerra contra Venezuela.

Brasil, el quinto país más grande y el sexto más poblado del mundo —y la economía, el territorio y la población más grandes de América Latina por un amplio margen— ha recibido menos del 2 por ciento de los 2.3 millones de venezolanos que han dejado su país. Sin embargo, tras el rechazo inicial al cierre propuesto de la frontera, el líder del gobierno en el Senado, Romero Jucá, un senador por el estado de Roraima que puede perder su bancada en las elecciones generales de octubre, anunció el 20 de agosto, al salir de una reunión con el presidente Michel Temer, que propondría una ley para cuotas de inmigración, citando como ejemplo la reaccionaria política de refugiados de la Unión Europea. Jucá también aclaró que haría campaña a favor del cierre de la frontera, en un aparente desacuerdo con Temer.

Al mismo tiempo, el 22 de agosto, Temer envió a su ministro de Seguridad Pública, Raul Jungmann, a Colombia —recientemente confirmado como un “socio global” de la alianza de la OTAN y el aliado más confiable de EUA en la región durante décadas— para coordinar una respuesta a la crisis. Esta decisión se tomó apenas dos semanas después de que el secretario de Defensa de EUA, general James Mattis, declarara en una gira latinoamericana que Brasil debería liderar las discusiones acerca de cómo poner presión sobre el gobierno de Maduro.

Sin haber llegado a un acuerdo concreto con Colombia, Jungmann declaró en una conferencia de prensa al retornar a Brasil que no ofrecería ayuda a Roraima más allá de enviar a 120 agentes de la Fuerza Nacional para reprimir a los venezolanos, mientras el gobierno federal llegó a la conclusión de que el estado tenía fondos no utilizados y que debería ser capaz de lidiar con los migrantes. Él agregó que la gobernadora de Roraima, Suely Campos, era “libre” para solicitar la intervención federal en el estado si el delito era un problema, y que las fuerzas armadas estaban listas para actuar ante el pedido.

La militarización del estado de Roraima —con un apoyo creciente de amplias capas de los militares del país para Jair Bolsonaro, el fascista ex capitán de reserva del ejército y candidato presidencial, la inacción militar ante las bandas de extrema derecha y el reconocimiento abierto de la colaboración entre tales elementos y la Policía Militar del estado— es una indicación clara de la voluntad de la clase dominante de poner al frente de la política brasileña a las fuerzas más retrógradas.

Muy conectada con la economía venezolana, e incluso integrada en su red eléctrica debido al aislamiento del resto de Brasil, y plagada de violentas disputas de tierras en torno a las reservas indígenas que cubren la mitad de su territorio, la crisis de Roraima se ha convertido en un punto de encuentro de la reacción brasileña en preparación para grandes batallas de clases.

De forma significativa, el Partido de los Trabajadores (Partido dos Trabalhadores, PT) ha permanecido en gran medida silencioso en relación con los pogromos antirrefugiados en Roraima. Por un lado, muchos de sus partidarios seudoizquierdistas respaldan el régimen de Maduro en Venezuela y se niegan a reconocer la salida de refugiados económicos del país como otra cosa que no sea la propaganda imperialista. Por el otro, el partido detesta alienar los elementos de extrema derecha y antiinmigrantes con los que él mismo se alió durante sus 13 años en el poder.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 28 de agosto de 2018)