La segunda semana del nuevo gobierno de Brasil liderado por el presidente Jair Bolsonaro, el fascistoide ex capitán del Ejército, ha visto frenéticos preparativos para enviar la llamada "reforma de las pensiones" a la próxima sesión, que comenzará en febrero. La medida reaccionaria es vista por unanimidad por los inversionistas nacionales e internacionales como la tarea más apremiante en el brusco giro hacia la derecha del sistema político brasileño.

Como para demostrar la centralidad de la llamada reforma para la burguesía brasileña e internacional, la experta Maria Cristina Fernandes tituló su columna en el diario financiero Valor el 10 de enero, "El límite de gastos del [Ministro de Economía Paulo] Guedes se encuentra con el muro de Trump", argumentando que, al igual que Trump, "Guedes ve el cierre de un gobierno como una alternativa".

El cierre del gobierno brasileño se activaría automáticamente por el llamado "límite de gastos", una enmienda constitucional votada por el Congreso en 2016, para detener el gasto del gobierno cuando sobrepase más de lo asignado en el presupuesto. En su primer discurso, Guedes manifestó su disposición a utilizar la amenaza de un cierre para obligar al Congreso a aprobar la reforma de las pensiones.

La reforma ha sido un objetivo importante dentro de los círculos gobernantes brasileños durante al menos cuatro años y se ha articulado desde el gobierno anterior del Partido de los Trabajadores (PT) de Dilma Rousseff, que cayó a raíz de la destitución de 2016. Ha sido repetidamente retrasado por el gobierno de su sucesor y ex vicepresidente, Michel Temer, ya que fue sacudido por cargos de corrupción y parecía estar en peligro de caer durante todo el 2017.

Más tarde, con el acercamiento de las elecciones generales de 2018, el temor a las derrotas electorales para los congresistas que votaron a su favor lo apartó de la agenda una vez más.

Significativamente, cualquiera que sea la popularidad que el fascistoide Bolsonaro había reunido durante sus años como miembro de la coalición del Congreso liderada por el Partido de los Trabajadores (PT) se debió en gran parte a sus denuncias demagógicas de la reforma, por las cuales fue criticado ferozmente por la derecha, por la prensa burguesa y el propio PT.

Antes de su caída, el PT afirmó que la crisis económica brasileña que selló el destino de su gobierno fue causada artificialmente por la negativa de votar por las medidas de austeridad por parte de los partidos de derecha en el Congreso, entre ellos el Partido Progresista (partido previo de Bolsonaro) y el partido del Movimiento Democrático Brasileño de Michel Temer.

Los pocos meses posteriores a la elección de Bolsonaro, sin embargo, han visto un esfuerzo cada vez mayor a favor de la reforma, que culminó en las declaraciones de Guedes. El principio central de la reforma es un aumento de la edad mínima de jubilación a 65 años, apenas por debajo de la esperanza de vida para los estados más pobres de Brasil y mucho más alto que los 55 años de vida para el ciudadano promedio nacido en los barrios marginales de la ciudad más rica de Sudamérica: São Paulo.

Otras medidas propuestas son el establecimiento de un esquema de capitalización individual en el que se permitirá la operación de los fondos de inversión, la reducción del beneficio de jubilación mínimo al 70 por ciento del salario mínimo (hoy, el salario mínimo es el beneficio mínimo que se paga a los trabajadores pobres que no pudieron pagar los impuestos de pensión durante su vida laboral), y la exclusión de los períodos de licencia por enfermedad del período de contribución de 30 años necesario para reclamar la jubilación.

El impacto social de la reforma –que es ampliamente odiada– no será menos que devastador. Se estima que no menos de 5 millones de familias, compuestas por 17 millones de personas, tienen las pensiones de sus miembros mayores como la principal fuente de ingresos, lo que representa más del 75 por ciento de los ingresos del hogar. Valor calcula que en 2017 el 10 por ciento de los municipios brasileños, las pensiones representan el 25 por ciento o más del PIB. En el 82 por ciento de los municipios, 4.500 de ellos, las pensiones suman un valor más alto que todos los impuestos federales, estatales y locales recaudados.

Los preparativos del gobierno para una medida tan destructiva son una serie de medidas para aumentar sus poderes represivos para enfrentar las inevitables explosiones sociales.

En su primera medida como presidente, al firmar la medida provisional que nominaba a su gabinete, Bolsonaro le encomendó a su secretario, el general retirado Carlos Alberto dos Santos Cruz, la responsabilidad de “supervisar, monitorear, coordinar y seguir las actividades y acciones de las organizaciones internacionales y las ONG en el territorio nacional”.

Este lenguaje deliberadamente limitado pero draconiano fue inmediatamente resaltado por las ONG y organizaciones ambientales como una reminiscencia de la vigilancia de la era de la dictadura de 1964-1985, en el cual, en entonces y como ahora, se justifica con el lenguaje nacionalista de derecha sobre "proteger los intereses económicos", particularmente en la región amazónica que es rico en minerales.

Incluso se están presentando medidas más radicales bajo el pretexto de combatir el crimen. El ministro de Justicia, Sérgio Moro, el derechista ex juez de distrito responsable de las sentencias más prominentes en la investigación de corrupción de Lava Jato que envolvió todo el espectro político en los últimos cuatro años, presuntamente presentará al Congreso una ley que alarga el período de detención provisional.

Mientras tanto, el propio Bolsonaro ha aprovechado una serie de ataques por parte de bandas del crimen organizado en comercios e infraestructura pública en el estado nororiental de Ceará para anunciar su intención de extender la draconiana ley antiterrorista de Brasil, presentada por el PT en el 2016. La extensión abarcaría la “destrucción de propiedad pública o privada”, una medida que inevitablemente abrirá el camino para enmarcar como terroristas a quienes participan en manifestaciones antigubernamentales y, de manera inmediata, a los brasileños involucrados en la gran cantidad de movimientos de ocupaciones ilegales. Este último consiste en decenas de miles de personas cuyos miembros afirman que las tierras que ocupan se ajustan a la definición de "propiedad improductiva" de la Constitución brasileña que debe ser objeto de expropiación por parte del estado.

Cada una de estas medidas y anuncios ha sido respondida por la oposición del PT y todos los autoproclamados "nacionalistas" con una sumisión cada vez mayor y un intento de minimizar la gravedad de las acciones del gobierno. En todo caso, el PT y sus portavoces, CartaCapital y Brasil247, han profundizado su búsqueda de un terreno común con elementos del gabinete de Bolsonaro, a la espera de que los conflictos devasten al equipo de Bolsonaro ya que la campaña puede beneficiar los próximos esfuerzos electorales del PT.

La postración del partido quedó clara inmediatamente después de la elección, cuando con total cobardía, el candidato presidencial del PT, Fernando Haddad, dijo a una audiencia de Nueva York en el "Foro de los Pueblos" –promovido por Bernie Sanders y Yanis Varoufakis– que "no podemos animar errores del gobierno para aumentar nuestras posibilidades electorales” y que “tendremos cuatro años de crecimiento con Bolsonaro”.

La postura cínica del partido sobre la reforma de las pensiones, propuesta por primera vez por el PT, y el fanatismo cristiano de extrema derecha del nuevo presidente, que el PT ignoró cuando estaba en alianza con estas mismas tendencias en el Congreso, se ha unido a una promoción de las muchas figuras militares "responsables" en el gabinete y una adopción del lenguaje de derecha de la prensa burguesa, que critica la "incompetencia" de Bolsonaro.

Los esfuerzos del PT están totalmente dirigidos a destacar a los partidarios militares como los "adultos en la sala" y tutores de Bolsonaro, de quienes creen que se opondrán a las privatizaciones y a una política exterior "antiglobalista" de extrema derecha al estilo de Trump que perjudicarían los intereses comerciales brasileños, especialmente con China y Europa.

El 12 de enero, Brasil247 reaccionó ante la formación de un Consejo Ministerial de Relaciones Exteriores con un titular de celebración: "Los militares comienzan a aislar al loco Canciller", refiriéndose a Ernesto Araújo, el diplomático de extrema derecha nombrado por Bolsonaro como su ministro de Relaciones Exteriores. El informe continuó en tono elogioso: "los miembros del ejército insatisfechos con las ideas precarias y la agenda de Araújo han formulado el remedio habitual contra los incompetentes: formarán un consejo para su área", prácticamente despojándolo de sus poderes.

Esto siguió a otro más artículo pro militar del ex ministro de Relaciones Exteriores del PT, Celso Amorim, en CartaCapital el 11 de enero, titulado "¿Serán los militares los que salvarán nuestra política exterior?", en la cual planteó que el ala militar iría contra el gobierno y elogia a la antigua junta: "¿Cómo conciliar al nacionalismo ardientemente defendido al menos desde [el ex jefe de la junta, Ernesto Geisel] con una reverencia tan grande a los intereses estadounidenses?", refiriéndose a la política exterior de Bolsonaro. Y concluye: “tenemos que reconocer que los elementos más racionales en asuntos internacionales son precisamente los militares. Que así sea."

El hecho de que esta vuelta hacia el ejército se extienda más allá del ámbito de la política exterior queda claro por una gran cantidad de artículos y columnas por expertos autodenominados "nacionalistas" que, desde que el PT llegó al poder, se han convertido en sus principales propagandistas. En una columna del 9 de enero en Folha de S. Paulo, el economista Bresser-Pereira, ubicuo en los eventos pro-PT, escribió: "No podemos tener gobiernos que sean al mismo tiempo neoliberales y populistas de derecha", antes de predecir que los neoliberales no se aferrarían al gobierno "porque su modelo está en crisis, como vemos en el Reino Unido e Italia" y pidiendo una alianza con los "populistas de centro derecha".

La supuesta oposición de los militares, por razones pragmáticas, de negocios, al fanatismo cristiano evangélico de Araújo y otros miembros del gabinete, que los expertos se preocupan en que dañarán las inversiones y el comercio con la Unión Europea, es una justificación adicional para apelar al ala militar del gobierno. El experto Luís Nassif escribió que "Brasil ya tiene un gobierno militar" y "el momento es dejar esto atrás y luchar contra el oscurantismo". El verdadero contenido de "dejar esto atrás" puede aclararse en un artículo de diciembre que dice que "por la lógica de los militares, no debemos esperar que los fundamentalistas sobrevivan por mucho tiempo".

El artículo del 8 de enero de la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, en Brasil247 finalmente expone la profundidad de tales discusiones dentro del partido. Condescendientemente llamado "Necesitamos hablar sobre la soberanía nacional y el ejército", ofrece a los militares una amnistía por su oposición al PT. Ella hace un llamamiento directo y escribe que "los militares que participen en el gobierno de Bolsonaro responderán a su conciencia acerca de sus métodos y opciones en la conspiración para derrocar al Partido de los Trabajadores". Ella concluye: "Pero no serán juzgadas por las generaciones futuras solamente sobre la base de sus elecciones morales o políticas, sino principalmente sobre la base de su compromiso con la soberanía nacional".

Todo esto sigue a la publicación en Brasil247 del 29 de noviembre de los resultados de una infame "encuesta" que afirma que el 90 por ciento de sus lectores creía que el "grupo militar que rodea a Bolsonaro" debería intervenir para evitar que subordine a Brasil a la política exterior de Washington.

En cada punto, tal apelación se basa en una minimización traicionera y una mentalidad cínica hacia la profundidad de la crisis que envuelve a los círculos de la clase gobernante brasileña. En respuesta a la última portada del principal semanario de derecha Veja, en la que se compara al gobierno de Bolsonaro con la presidencia efímera del populista Jânio Quadros, en 1961, Brasil247 declara: “la fecha de vencimiento de Bolsonaro es la de una noticia falsa. Veja produjo una portada que destaca cuán desechable es este presidente". Ésta elogió a Veja por señalar que Bolsonaro tiene una agenda política que es "confusa, errática y carente de significado histórico y político".

Las primeras dos semanas del gobierno de Bolsonaro exponen no solo los graves peligros a los que se enfrentan las clases trabajadoras brasileñas y latinoamericanas, sino también la hostilidad absoluta de la "izquierda" oficial para contrarrestarlos seriamente. Las posiciones del PT están basadas en su clase: su partidarios no se encuentran en la clase trabajadora, sino la burguesía y los estratos de la clase media alta que están preocupadas por sus inversiones, acuerdos comerciales, precios de acciones y luchas basadas en la identidad por posiciones en los niveles más altos de negocios.

(Publicado originalmente en inglés el 15 de enero de 2019)