La publicación el jueves por la mañana del informe del fiscal especial del Departamento de Justicia, Robert Mueller, se ha convertido en la ocasión para una reanudación a gran escala de la guerra política en Washington entre dos facciones igual de derechistas: la Administración de Trump, con su base de apoyo fascistizante, y el Partido Demócrata, alineado con las secciones dominantes del aparato militar y de inteligencia de los Estados Unidos.

A los pocos minutos de la publicación del documento ligeramente redactado, los demócratas del Congreso afirmaron que sus acusaciones de que Trump colaboró con Rusia habían sido confirmadas, mientras que la Casa Blanca y Fox News elogiaron la reivindicación del presidente. Ambos bandos encontraron municiones para sus reclamos en el informe de 448 páginas.

La investigación de casi dos años de duración de Mueller se centró en la presunta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, la posible colusión con Rusia por parte de la campaña de Trump y los esfuerzos posteriores de Trump para bloquear y cerrar la investigación. El informe de Mueller se divide en dos libros: uno sobre los reclamos de la intervención rusa y el otro sobre los posibles cargos de obstrucción a la justicia.

El informe de Mueller acepta acríticamente la afirmación de las agencias de inteligencia estadounidenses de que hackers rusos robaron documentos del Partido Demócrata y los entregaron a WikiLeaks, que los publicó en julio y octubre de 2016. Estos documentos demostraron que el Comité Nacional Demócrata trató de manipular la campaña de las primarias demócratas a favor de Clinton frente a su principal contendiente, Bernie Sanders, así como el texto de los discursos que Clinton pronunció a puerta cerrada para grupos de banqueros de Wall Street, asegurándoles que una administración de Clinton serviría sus intereses.

Lejos de representar una intervención ilícita de Moscú, las revelaciones de WikiLeaks fueron una rara inyección de verdad en una campaña electoral dominada por las mentiras sin fin de ambos partidos, cada una de los cuales afirmaba representar los intereses de los trabajadores estadounidenses cuando ambos partidos, los demócratas tanto como los republicanos, representan a las grandes empresas y la aristocracia financiera.

Las revelaciones sobre Clinton tuvieron un impacto considerable, pero casi no decidieron el resultado de la elección, ya que Clinton se negó a hacer un llamamiento a la clase trabajadora, confiando en cambio en su apoyo a los mandos de las agencias de seguridad nacional.

En cuanto a la campaña en las redes sociales, el otro supuesto componente de la interferencia rusa en las elecciones, éste fue trivial en su impacto. Según un cálculo, las entidades rusas gastaron $75,000 en anuncios de Facebook, correos electrónicos y mensajes de texto, una pizca en una campaña electoral en la que los demócratas, republicanos y multimillonarios que apoyan a un lado o al otro gastaron cerca de $5 mil millones.

La declaración categórica del informe de que las agencias de inteligencia rusas fueron la fuente de los correos electrónicos filtrados publicados por WikiLeaks, una afirmación que no puede ser verificada por ninguna evidencia disponible públicamente, sentará las bases para una escalada de los esfuerzos bipartidistas para criminalizar al editor de WikiLeaks, Julian Assange, y para intensificar los ataques a la libertad de expresión en Internet.

Después de revisar en detalle los contactos incidentales entre los asistentes de la campaña de Trump y los rusos, tanto funcionarios del Gobierno como ciudadanos privados, el informe de Mueller concluye que ningún asistente de Trump trabajó en nombre del Gobierno ruso y que no hubo una conspiración entre la campaña de Trump y Rusia para colaborar contra Clinton (Mueller rechazó la palabra "colusión" como legalmente sin sentido).

Este hallazgo refuta el núcleo de la campaña contra Rusia emprendida por los demócratas y sus aliados de los medios de comunicación durante los últimos dos años, o tres años si se incluyen los reclamos de apoyo ruso a Trump hechos por la propia campaña de Clinton. En la versión más febril, Trump es un agente de Vladimir Putin en la Casa Blanca.

Al comentar sobre el informe, el periodista Glenn Greenwald señaló: "El resultado de todo eso fue que ni un solo estadounidense, ya sea con la campaña de Trump o en otra función, fue acusado de la cuestión central de si hubo alguna conspiración o coordinación con Rusia en torno a la elección, ningún estadounidense fue sujeto a cargos o siquiera acusado de ser controlado o trabajar bajo órdenes del Gobierno ruso ...

"Estos hechos son fatales para los teóricos de la conspiración que han ahogado el discurso de los EUA durante casi tres años con una fijación peligrosa y distraída en un thriller de espionaje ficticio que involucró acusaciones de chantaje sexual y financiero, infiltración nefasta del Gobierno estadounidense u una trampa electoral que dio poder a un presidente ilegítimo".

Desde que Trump ingresó a la Casa Blanca, los demócratas han optado por enfocar su oposición a Trump en los reclamos de una conexión rusa, no en sus ataques contra inmigrantes, apelaciones abiertas a fascistas o recortes de impuestos para los ricos.

En lugar de movilizar la oposición popular a este Gobierno de ultraderecha, los demócratas han recurrido a los métodos de un golpe de palacio, aliándose con la facción del aparato de seguridad nacional que buscaba continuar la política agresiva contra Rusia en Siria, Ucrania. Europa del Este y Asia Central, adoptada durante el segundo mandato de la Administración de Obama.

El segundo volumen del informe de Mueller detalla una serie de 10 episodios, cada uno de los cuales podría constituir una instancia de obstrucción a la justicia, desde los esfuerzos de Trump para obtener clemencia para su exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, hasta su despido del director del FBI, James Comey. sus intentos de despedir al propio Mueller, y sus amenazas de exculpar a los testigos como el expresidente de campaña Paul Manafort y Michael Cohen, exabogado y "apañador" de problemas de la Organización Trump.

Mueller rechaza el argumento autoritario del asesor legal de Trump de que el presidente no puede ser acusado de obstruir la justicia porque, como jefe de la rama ejecutiva, está a cargo de todas sus actividades, incluidas las decisiones de investigar y procesar delitos. Esta es una versión actualizada de la doctrina de Richard Nixon de que "si el presidente lo hace, debe ser legal", que finalmente explotó en Watergate.

En cada uno de los 10 episodios, Mueller da detalles extensos, luego hace un análisis de tres partes: ¿hubo un acto manifiesto de obstrucción, esto se relacionó con una investigación en curso y fue la intención del presidente obstruir? En casi todos los casos, responde las tres preguntas afirmativamente.

Sin embargo, la conclusión de esta sección es que Trump no está exonerado ni acusado, lo cual fue anunciado por el fiscal general William Barr el mes pasado en una carta de cuatro páginas al Congreso que anunciaba la finalización de la investigación.

Sin embargo, según el informe de Mueller, la falta de una acusación no es el resultado de la falta de evidencia, como sugirió Barr. En una sección clave, al comienzo del segundo volumen, Mueller explica que su investigación estaba vinculada por una decisión de la Oficina del Asesor Jurídico, otra parte del Departamento de Justicia, que un presidente en funciones no puede ser acusado de cargos penales.

El único remedio constitucional para la conducta criminal en la Casa Blanca es que el Congreso actúe, escribe: "La conclusión de que el Congreso puede aplicar las leyes de obstrucción al ejercicio corrupto de facultades por parte del presidente cuadra con nuestro sistema constitucional de controles y contrapesos y con nuestro principio de que ninguna persona está por encima de la ley”.

En otras palabras, el único recurso disponible es un juicio político.

Esta parte del informe pinta una imagen de una Casa Blanca asediada por la campaña emprendida por secciones del aparato militar y de inteligencia, respaldado por el Partido Demócrata y los medios de comunicación, utilizando las falsas acusaciones sobre Rusia para provocar que Trump se involucre en una interferencia descarada en la investigación de Rusia, mientras que asesores y asesores clave de la Casa Blanca trataban de detenerlo.

Mueller escribe: "Los esfuerzos del presidente para influir en la investigación casi no tuvieron éxito, pero eso se debe en gran parte a que las personas en torno al presidente se negaron a cumplir órdenes o acatar sus solicitudes".

La respuesta de los demócratas al informe de Mueller fue redoblar los reclamos de interferencia rusa, mientras que al mismo tiempo destacan los cargos de obstrucción a la justicia. El representante Jerrold Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que se encargaría de cualquier proceso de juicio político, dijo que se realizarían audiencias sobre el informe de inmediato, comenzando con la convocatoria de Mueller para testificar sobre el conflicto evidente entre su evaluación del caso contra Trump y la evaluación presentada por Barr en su carta al Congreso, donde enfatizó que Trump había sido absuelto en todos los aspectos.

Sin embargo, la mayoría de los dirigentes demócratas del Congreso estaban evadiendo apostar por un juicio político, citando la posibilidad de que el Senado controlado por los republicanos se negaría condenar a Trump y lo destituirían de su cargo. El líder de la mayoría Steny Hoyer, la portavoz Nancy Pelosi y Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y el principal defensor de la campaña contra Rusia, se pronunciaron en contra de apurar una destitución sin un apoyo republicano significativo.

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[10 de abril de 2019]

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[28 de marzo de 2019]

(Publicado originalmente en inglés el 19 de abril de 2019)