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La administración de Syriza también mostró su verdadera cara en su política doméstica. Esto se vio claramente en el nombramiento de Giannis Panousis, un criminólogo y antiguo político del PASOK, como viceministro del interior, responsable de la protección civil y la policía. Entre las demandas de Panousis estaba la reintroducción de la policía comunal, una prevención del crimen más rigurosa y unidades móviles en ciertas regiones. También aseguró que la policía siguiera armada en las manifestaciones —una práctica que Syriza, antes de las elecciones, había prometido abolir.
En declaraciones a la prensa Panousis agitó contra la izquierda, afirmando que el distrito autónomo izquierdista de Atenas, Exarjía, estaba “controlado por la mafia”. Cumpliendo órdenes de Tsipras, en abril de 2015 usó la violencia policial y gas lacrimógeno contra los anarquistas que habían ocupado el despacho del rector de la Universidad de Atenas, y arrestó a 18 personas.
Según Eurostat, el gasto en orden público y seguridad en Grecia —incluyendo a la policía— aumentó del 3,9 por ciento del presupuesto total en 2015 al 4,5 por ciento en 2017.
El rumbo hacia el orden público del gobierno de Syriza quedó reflejado en más decisiones personales. El exministro del interior del gobierno derechista de Kostas Karamanlis (Nueva Democracia, ND), Prokopis Pavlopoulos, pasó a ser presidente a sugerencia de Tsipras, y el exjefe de inteligencia bajo Karamanlis, Dimitris Papangelopoulos, pasó a ser viceministro de justicia.
En agosto de 2018, la vieja política de ND Katerina Papakosta fue promovida a viceministra de defensa civil y así se hizo con el control de la policía. Justo antes había fundado un nuevo partido derechista (Nuevo Impulso Griego). Que ella comparte la mentalidad neonazi de mucho respecto a la aplicación de la ley lo demostraron los ataques verbales difamatorios de Papakosta a los refugiados: “Inmigrantes ilegales están llegando masivamente a nuestras fronteras por millares, como cucarachas”, dijo en 2012.
Después de la disolución de la coalición Anel en enero, Tsipras atrajo un montón de políticos ultraderechistas a su facción y a su lista electoral incluyendo a Terence Quick, el anterior secretario de Estado para asuntos exteriores; Thanasis Papachristopoulos; Vassilis Kokkalis; Kostas Zouraris; y Marina Chrysoveloni, la portavoz ante la prensa de Anel. En julio, también Papakosta fue a parar a la lista de Syriza. La antigua política de Anel y Ministra de Turismo Elena Kountoura, hija de un conocido general y monárquico, incluso ganó un escaño por Syriza en el Parlamento Europeo.
Política hacia los refugiados
Contrariamente a sus promesas electorales, Syriza no solo continuó las políticas migratorias inhumanas de su predecesor sino que las intensificó dramáticamente.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, solo en 2015 más de 850.000 personas —la mayoría de ellas de zonas de guerra de Siria, Afganistán e Irak— huyeron de Turquía a lo largo del Mediterráneo a Grecia. Cientos de refugiados pagaron con su vida el peligroso camino en balsas inflables.
El gobierno griego y la UE, que son responsables de los crímenes de guerra y de estar cerrando Europa, hacen que estas personas traumatizadas y agotadas, incluyendo a muchas mujeres y niños, estén en campos improvisados, barracas o al aire libre sin un mínimo de estándares sanitarios, soportando un trato brutal por parte de la policía.
Para impedir que los refugiados lleguen a Europa, los países de la OTAN acordaron en febrero de 2016 a iniciativa de Grecia, Alemania y Turquía desplegar el ejército en el Egeo. Bajo el pretexto de combatir a “contrabandistas” y la “inmigración ilegal”, la operación de la OTAN actualmente en desarrollo, en cooperación con la agencia de protección de fronteras Frontex y las autoridades griegas y turcas, tiene la intención de sellar militarmente la “Europa Fortaleza” y aumentar los preparativos de guerra contra Rusia.
Durante el mismo período, los países balcánicos occidentales, incluyendo a Macedonia del Norte, acordaron cerrar sus fronteras, impidiendo de este modo que los refugiados continúen hacia el norte de Europa. Cerca de 8.500 refugiados quedaron atollados de repente en la frontera entre Grecia y Macedonia. Las imágenes impactantes de las terribles condiciones del campo provisorio de Idomeni dieron la vuelta al mundo.
Pero el gobierno griego y la UE persiguieron una política despiadada de disuasión. El 18 de marzo cerraron un acuerdo criminal con Turquía por el que se internaron refugiados en campos de concentración —llamados “puntos calientes”— y se los deportó con celeridad a Turquía.
El pacto entre la UE y Turquía, implementado por el gobierno de Syriza como el portero de la Europa fortaleza, eliminó el derecho básico al asilo y fue considerado ilegal por varias organizaciones de los derechos humanos y por las Naciones Unidas. Desde entonces, encarcelados en puntos calientes abarrotados, miles de refugiados están desde hace años en condiciones catastróficas. Dos meses después del acuerdo el gobierno de Syriza empleó gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra refugiados que protestaban en Idomeni y ordenaron evacuar el campo.
El Estado griego es responsable de incontables maltratos, enfermedades y fallecimientos de refugiados, pero solo raramente llega algún caso a los tribunales. En julio una familia siria se querelló por la muerte de su padre en el campo Moria. Mustafa Mustafa, de 46 años, murió por envenenamiento con monóxido de carbono mientras dormía después de construir una estufa improvisada para mantener a raya el frío invernal. Esa misma semana un egipcio de 20 años de edad y un joven paquistaní corrieron la misma suerte.
Apenas en unos pocos casos Grecia fue sentenciada a indemnizar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por ejemplo, cuatro refugiados menores de Afganistán que fueron detenidos en celdas bajo circunstancias ilegales así como nueve refugiados menores de Marruecos, Irak y Siria, cada uno recibió entre €4.000 y €6.000.
Las crecientes protestas de refugiados, residentes y asistentes fueron reprimidas con violencia y acoso policial. El 22 de abril de 2018, cuando bandas fascistas atacaron una protesta de refugiados en Lesbos, la policía antidisturbios no intervino. Tsipras había alentado previamente a estas fuerzas antiinmigrantes revirtiendo el veredicto de un tribunal administrativo griego que exigía el fin de la detención de refugiados en la isla.
Esta primavera el gobierno ordenó el desahucio a la fuerza de cuatro casas okupadas en el distrito de Exarjía, dejando en la calle de 200 a 300 refugiados que vivían allí. En protesta, los entonces refugiados sin techo establecieron un campamento en la Plaza Sintagma, que también fue despejado por la policía a finales de abril.
En acuerdo con la UE, el gobierno de Syriza ha obstruido el trabajo de ONGs y periodistas y criminalizó la ayuda humanitaria. Esto fue ejemplificado por el caso de la nadadora y asistente de los refugiados siria Sara Mardini, quien huyera ella misma en bote a Grecia en 2015. Fue condenada con otros 30 miembros de la ONG Centro Internacional de Respuesta de Emergencia (ERCI) en agosto de 2018 por supuesto tráfico y participación en una “organización criminal” y fue encarcelada por varios meses.
Los hechos del reinado de cuatro años de Syriza hablan por sí solos. En cada ámbito —en política social y económica, en política exterior y doméstica, y en política hacia los refugiados— el partido pseudoizquierdista en cooperación con su socio de coalición ultraderechista hizo cumplir brutalmente los intereses de la clase gobernante contra los trabajadores, los jubilados y los jóvenes, y así allanó el camino del nuevo gobierno ultraderechista de ND bajo Kyriakos Mitsotakis. Los primeros meses ya han mostrado que la nueva administración está continuando e intensificando el rumbo ultraderechista establecido por el gobierno de Syriza.
Fin
(Publicado originalmente en inglés el 13 de septiembre de 2019)