A pesar de la gran pompa de los medios corporativos, el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” alcanzado por el Gobierno derechista chileno de Sebastián Piñera y varios partidos de la oposición no ha conseguido apaciguar las protestas que se han extendido por un mes.

Esta militancia continua muestra que, para los millones de trabajadores y jóvenes de todo Chile, la vida bajo el capitalismo se ha vuelto intolerable. Los manifestantes han desafiado una brutal represión militar y de Estado policial en la que murieron 23 personas, cientos perdieron un ojo y muchos han denunciado tortura y abuso sexual por parte del Estado.

Las historias de horror son innumerables. Reuters escribió el viernes sobre Alex Núñez, un reparador de 39 años de edad y padre de tres hijos, que murió poco después de que la policía le fracturara el cráneo cuando volvía del trabajo durante un toque de queda.

El domingo, Piñera se refirió al pacto en un discurso televisado: “Tuve que decidir entre dos caminos: el camino de la fuerza mediante el establecimiento de un nuevo estado de emergencia o el camino de la razón … escogimos el camino de la razón para darle una nueva oportunidad a la paz”.

Mientras promete una nueva Constitución, reconoce “abusos” por parte de las fuerzas estatales, y acuartela al ejército, Piñera ha proseguido por el “camino de la fuerza”, llamando a policías retirados al servicio activo y escalando la represión.

El acuerdo implica un referéndum para abril de 2020 con dos preguntas: 1) ¿Quiere usted una nueva Constitución?, y 2) ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? Las alternativas serán una convención mixta constitucional o una convención constitucional. La convención constitucional estaría totalmente integrada por chilenos expresamente elegidos para ello, mientras que la mitad de la convención mixta serían parlamentarios actuales. Las elecciones para la asamblea constituyente tendrían lugar el 25 de octubre junto con las elecciones provinciales previstas.

La asamblea constituyente reescribiría la Constitución, que fue establecida en 1980 por la dictadura militar de Augusto Pinochet y que fue invocada por Piñera para desplegar al ejército contra los manifestantes. El proceso incluirá votaciones sobre si cambiar cada uno de los artículos existentes, para lo que se requerirá una mayoría de dos tercios ya sea para su modificación o su eliminación. En otras palabras, cualquier bloque de un tercio podría vetar todas las modificaciones. Después, un referéndum popular final aprobará o rechazará el documento resultante.

Todos los partidos del Congreso aceptaron este mecanismo constituyente excepto el estalinista Partido Comunista de Chile (PCCh) y una minoría de la coalición pseudoizquierdista Frente Amplio. Poco después, sin embargo, el PCCh pidió a sus simpatizantes que votaran en el referéndum por una “convención constitucional”, legitimando así toda la farsa.

Durante todo el fin de semana, los manifestantes respondieron a estas maniobras volcándose otra vez a las calles de Santiago, Valparaíso, Antofagasta y otras ciudades principales para protestar contra el acuerdo. El domingo, un ardid publicitario por parte de la excandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, que recibió más del 20 por ciento de los votos en 2017, salió mal cuando los manifestantes corearon que se fuera de la principal plaza de Santiago llamándola “vendida”.

Estas acciones vienen tras dos huelgas nacionales desde que empezaran las protestas el 18 de octubre, implicando a millones de docentes, portuarios, mineros y otros trabajadores, así como cortes de rutas generalizados y manifestaciones de masas en todas las principales ciudades.

Un grupo de legisladores del PCCh y del Frente Amplio respondieron el lunes anunciando un proyecto de ley hacia un proceso de destitución contra Piñera citando violaciones a los derechos humanos. Mientras tanto, la Mesa de Unidad Social, que incluye a los sindicatos, federaciones estudiantiles y organizaciones de protesta dirigidas por el PCCh y el Frente Amplio, publicaron una declaración prometiendo convocar otra huelga general para exigir una “Asamblea Constituyente Plurinacional y Paritaria”, citando la inclusión de “asambleas territoriales, cabildos y trawun [asambleas mapuches]” que controlan los burócratas de Unidad Social.

A pesar de algunas disputas internas carreristas rivales, los esfuerzos del PCCh y del Frente Amplio encajan completamente dentro de la distribución del trabajo en el establishment político para canalizar las protestas tras el capitalismo chileno, que no puede ni quiere conceder ninguna reforma social y democrática real.

El PCCh y el Frente Amplio, sin embargo, han quedado severamente desacreditados tras innumerables traiciones por parte de sus sindicatos y la participación del PCCh y el Partido Humanista (Frente Amplio) en administraciones pasadas impulsadas por la austeridad. Más recientemente, sus dirigentes inicialmente respondieron criminalizando a los manifestantes como “vandalismo” y han alimentado ilusiones en las posibilidades de una asamblea constituyente bajo el capitalismo.

A través de las principales “asambleas populares”, dentro de los sindicatos, y mediante su publicación en línea La Izquierda Diario, el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) ha desempeñado un papel clave en la legitimación del PCCh y el Frente Amplio y en la canalización de la oposición tras ellos. Ha afirmado que estas asambleas gestionadas por funcionarios de eficacia comprobada leales al régimen burgués son un paso necesario hacia la “autoorganización popular”.

El dirigente del PTR en Antofagasta, Nicolás Bustamante, dijo en un acto en Buenos Aires el sábado organizado por su socio argentino, el PTS, que el PTR creó una de esas asambleas “desde el gremio del Colegio de Profesores[sindicato]… con el objetivo de ampliar este organismo a las demás organizaciones obreras de Antofagasta, como los portuarios y los mineros, como también hacia los pobladores de los barrios más organizados”. Su asamblea hasta ahora ha votado por “una campaña activa contra la represión” y por “exigir a la burocracia sindical de la Mesa de Unidad Social … volver a levantar la consigna ‘Fuera Piñera’ y una huelga general para lograrlo”.

El papel siendo desempeñado por el PTR revela aún más la naturaleza nacionalista y procapitalista de los sindicatos y la pseudoizquierda. Incluso pronunciándose ante audiencias internacionales en medio de levantamientos sociales de masas en toda la región, estos funcionarios pablistas declaman la perspectiva nacional oportunista de que lo único a lo que los trabajadores y jóvenes pueden aspirar es respaldar o aconsejar a los estalinistas locales y los burócratas sindicales.

Mientras tanto, hablando para círculos dirigentes estadounidenses, el New York Times escribió este fin de semana, “Hoy, en Chile, el propio capitalismo está a prueba”. En un podcast, los corresponsales del Times observaron que los manifestantes “exigen un ajuste de cuentas sobre la promesa de la prosperidad que nunca llegó”, con una “ira creciente y una sensación de que todo el sistema podría ser ilegítimo, no solo la distribución del dinero sino la justicia fundamental y para quién estaba trabajando el Gobierno y a quién estaba dando por descontado”.

El carácter global de esta militancia cada vez más intransigente entre los trabajadores contra la desigualdad social y las promesas hueras por parte de los Gobiernos capitalistas es puesta en evidencia en las calles de Irak, el Líbano, Hong Kong, Ecuador, Haití, Francia y más recientemente en la resistencia popular de masas contra el golpe respaldado por los EE. UU. en Bolivia.

Como escribió Bloomberg el lunes sobre América Latina, “los Gobiernos están en fuga y los inversores están descargando sus acciones tan rápido como pueden”. Cita a James Bosworth, un analista de riesgo, que declara sin rodeos, “Los Gobiernos no han tratado con las raíces del problema, y esos problemas no desaparecerán … de muchas maneras, los Gobiernos están atrapados”.

La fuga de capitales, que ha rebajado el valor del peso chileno a su nivel más bajo en una década, es una advertencia por parte de los inversores de que en medio de la ralentización económica global actual cualquier paso atrás por parte de la élite gobernante chilena será castigado por una espiral recesiva e inflacionaria como Argentina o peor. Como a principios de los '70, bajo el capitalismo, la única alternativa es un regreso al fascismo, para lo cual la clase dirigente se está preparando nuevamente utilizando a los estalinistas, los pablistas y las burocracias sindicales para encadenar a los trabajadores a la política burguesa.

Hasta Bloomberg sugiere que “algunos en Chile afirman que solo estarán satisfechos si Piñera renuncia”. Sin embargo, como se reconoce en el cántico “No son 30 pesos, son 30 años” —refiriéndose a las traiciones de todo el establishment político desde que terminara la dictadura de Pinochet— el remplazo de Piñera por otro régimen capitalista sería solo otra farsa como la asamblea constituyente para dejar intactos los intereses de lucro de la oligarquía local y las finanzas globale.

(Publicado originalmente en inglés el 19 de noviembre de 2019)