Basándose en los votos de emergencia y empleando una fuerza policial brutal, los gobiernos estatales brasileños están imponiendo "reformas" de pensiones contra los trabajadores del sector público a nivel estatal que evitarán que los trabajadores se retiren. La legislación tiene como objetivo llevar a los empleados públicos en los estados a los mismos esquemas de pensiones de pobreza impuestos por Bolsonaro en el sector privado y a trabajadores federales del sector público a principios de año.

Desde noviembre, los sindicatos han cancelado y aislado las huelgas de docentes en todo el país, evitando una resistencia unificada de la clase trabajadora y abriendo el camino a la acción de los gobiernos estatales, muchos de ellos controlados por la autodenominada oposición política a Bolsonaro dirigida por el Partido de los Trabajadores (PT), que también domina a los sindicatos más grandes.

El pasado miércoles 20 de diciembre, el gobernador del PT en el estado nororiental de Ceará, Camilo Santana, se convirtió en el último en imponer un nuevo plan de pensiones después de que el gobernante comité del PT solicitase una votación de emergencia y se llamara a la Policía Militar del estado para enfrentar a los trabajadores que protestaban frente al edificio del capitolio estatal.

Santana sigue los pasos de otros gobiernos liderados por la oposición en el corazón histórico del Partido de los Trabajadores, el empobrecido noreste de Brasil, donde gobiernan las alianzas encabezadas por el PT y sus socios más pequeños, el Partido Socialista (PSB) y el Maoísta Partido Comunista (PCdoB), los cuales gobiernan ocho de nueve estados. Una semana antes, se empleó la represión policial para impulsar una propuesta similar en Piauí. El gobernante PCdoB en Maranhão se apresuró en votar la reforma de pensiones con una votación apresurada, y Bahía y Rio Grande do Norte tendrán sus propios votos en 2020.

Los votos del PT y del PCdoB también han sido cruciales para la imposición de la reforma en otros lugares, como el estado amazónico de Pará, donde el liderazgo estatal del PT emitió una carta pública cínica alegando que su aprobación de la reforma de las pensiones estatales era parte de una actitud "responsable" para "reducir el daño" de las medidas de Bolsonaro. En otros estados, donde el PT está formalmente excluido del gobierno debido a arreglos políticos particulares, se postula como opuesto a las reformas al inventar diferencias entre las medidas propuestas en la legislación de los diferentes estados.

Esto se expone sobre todo en São Paulo, donde Francisca Seixas, una funcionaria de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el sindicato local de docentes estatales APEOESP, se vio obligada a responder a las críticas de los trabajadores por el apoyo del sindicato al gobierno de Maranhão. Seixas intentó desviar las críticas alegando que las contribuciones a las pensiones en Maranhão no se recaudaron de manera uniforme para todos los trabajadores. Para los maestros, sin embargo, los impuestos de pensión en el estado alcanzarán el 14.5 por ciento, incluso más que el 14 por ciento que se está aplicando en São Paulo.

Luego agregó que las críticas al gobierno del PCdoB en Maranhão no tenían justificación, porque "calumniar al gobernador Flávio Dino en este punto es del interés exclusivo de los sectores más atrasados de la derecha brasileña [nuestro énfasis]".

Aún más cínica fue la postura de la federación sindical nacional CUT controlada por el PT en el estado de Sergipe, donde declaró que la reforma de las pensiones locales propuesta por el gobierno "no estaba de acuerdo con la oposición nacional del Partido [de los Trabajadores] a la reforma de las pensiones de Bolsonaro".

Los reclamos de la CUT apestan a deshonestidad. La "lucha" del PT a nivel nacional fue un fraude, y las manifestaciones y huelgas de los trabajadores fueron saboteadas incluso cuando los gobernadores del PT presionaron abiertamente para que la reforma federal se expandiera para incluir a los trabajadores estatales para que pudieran afirmar que sus manos estaban limpias, en lugar de tener que imponer los ataques ellos mismos en sus propios estados y pedir a la policía que golpee a los trabajadores que protesten.

Ahora se está empleando la misma teatralidad en los estados, con el papel particularmente traicionero de los votos de emergencia que se llevan a cabo mientras los maestros están en el receso de verano. Durante casi dos meses, los sindicatos del sector público han llamado a huelgas de carácter simbólico para cansar a los trabajadores, apagándolas a la primera oportunidad. En el estado sureño de Rio Grande do Sul, donde las huelgas vieron la respuesta más militante en todo el sector público y obtuvieron un amplio apoyo de los trabajadores del sector privado e incluso de los pequeños minoristas, el sindicato local de maestros CPERS hizo que los trabajadores salieran de las líneas de piquete gracias a un requerimiento judicial contra la reforma de pensiones otorgada por la Corte Suprema a solicitud del pseudoizquierdista Partido de la Libertad y el Socialismo (PSOL).

Después de una manifestación masiva en la capital del estado de Porto Alegre el 17 de diciembre, el sindicato y los funcionarios del PSOL alegaron que la reforma de las pensiones locales estaba "muerta en los tribunales" debido a la orden judicial y que los trabajadores deberían suspender la huelga y centrarse en acampar enfrente del parlamento estatal para garantizar que se les pagaría su salario por los días de huelga. Apenas un día después, se revocó el mandato y los legisladores aprobaron rápidamente la reforma.

Luego, el sindicato desmanteló el campamento frente a la legislatura y afirmó que una reunión en la ciudad de São Leopoldo, parte del cinturón industrial de Porto Alegre, lo había autorizado a centrarse exclusivamente en garantizar que se pagaría a los trabajadores por los días de huelga, a pesar de los grandes votos a favor de continuar la huelga contra la reforma de las pensiones, incluso sin pagar la huelga, en Porto Alegre y otros centros regionales.

Los esfuerzos generalizados del PT a favor de los ataques federales y locales contra las pensiones en Brasil exponen una vez más la hostilidad del partido hacia la clase trabajadora. También desenmascaran las falsas afirmaciones de sus líderes, en primer lugar el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, de que el partido es "lo contrario de Bolsonaro".

Pero también expone el papel traicionero de los grupos pseudoizquierdistas pequeñoburgueses que trabajan con el único objetivo de utilizar la abrumadora hostilidad de los trabajadores hacia Bolsonaro para restaurar la autoridad del PT entre ellos.

Al abordar las políticas del gobernador derechista del PT de Bahía, Rui Costa, el 15 de diciembre, el morenista grupo de Resistencia, que opera dentro del PSOL, intentó minimizar la colaboración del PT con Bolsonaro con aludiendo a un denominado "síndrome de Estocolmo". Una condición conocida popularmente que afecta a las personas que sufren abusos severos y, en un estado de profunda desesperación, parece desarrollar afecto por sus abusadores, con mayor frecuencia en los secuestros. El artículo afirma que a pesar de sufrir un "golpe de estado" en la destitución de 2016 de la presidenta del PT, Dilma Rousseff, que el PT aceptó sin ningún intento de movilizar a los trabajadores en su defensa, el partido "cree que puede restablecer un pacto social con los sectores burgueses y regresar al poder."

Más allá de la retórica pseudomarxista sobre los "sectores burgueses", que implica que el PT no es uno de ellos, el objetivo del artículo es eximir al PT, presentándolo como una presunta víctima de abuso extremo, de cualquier responsabilidad por sus propias políticas. También culpa a la clase trabajadora por romper con el partido, y exige en cambio que los trabajadores trabajen para rescatar al PT de sus cautivos y empujarlo a la izquierda.

Esto lo afirma aún más sin rodeos otra de las innumerables tendencias morenitas incrustadas en el PSOL, el Movimiento Socialista de Izquierda (MES), cuyo líder Luciane Genro fue responsable del mandato de la Corte Suprema utilizado para alejar a los maestros de Rio Grande do Sul de las líneas de piquete. El MES promovió abiertamente a la griega Syriza y a la española Podemos como un nuevo camino hacia el socialismo. Después de fingir sorpresa por sus traiciones, ahora intenta llevar a cabo los mismos servicios para los pro-imperialistas Socialistas Demócratas de EE.UU. y la Representante de la Cámara del Partido Demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez.

Después de unirse a la derecha brasileña en la campaña por el juicio político de Rousseff en 2016, la corriente ha hecho un cambio total, defendiendo la unidad con el PT y exaltando a Lula como "un líder de masas de la oposición contra el autoritarismo y el proyecto de la extrema derecha" a pesar de "su estrategia de cooperar con bancos, empresas constructoras y grandes capitalistas".

La posición del MES expone el carácter de clase de los partidarios pseudoizquierdistas del PT. Su postura como leales "críticos de izquierda" del PT sirve como un medio para canalizar la creciente oposición social detrás de este partido burgués con el fin de evitar y reprimir el tipo de revueltas explosivas de la clase trabajadora que han arrasado con gran parte de América del Sur.

La política de estas capas solo puede ayudar a preparar una repetición de las grandes traiciones sufridas por la clase trabajadora en Brasil y en todo el continente en los años sesenta y setenta. Romper el control del PT y sus satélites de pseudoizquierda en el movimiento obrero requiere una lucha intratable por la independencia política y la unidad internacional de la clase trabajadora a través de la construcción de una sección brasileña del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Publicado originalmente en inglés el 27 de diciembre de 2019