Sin ninguna evidencia nueva ni siquiera una investigación, el Ministerio Federal Público Federal de Brasil (MPF) ha presentado cargos de conspiración criminal contra el periodista de investigación Glenn Greenwald, quien estaba basado en Río de Janeiro, por su papel en el uso de chats filtrados para exponer la corrupción en el corazón de la llamada investigación anticorrupción Lava-Jato, parte del esquema de sobornos y sobornos masivos que se centró en el gigante petrolero estatal Petrobras e involucró a toda la élite política brasileña.
Los cargos representan una escalada importante de los múltiples ataques a los derechos democráticos centrales llevados a cabo por el presidente fascista del gobierno de Brasil, Jair Bolsonaro.
Greenwald, el fundador del sitio web The Intercept Brazil, un derivado de The Intercept, un sitio web de noticias con sede en Estados Unidos que fundó dos años antes, ha sido acusado por el MPF de haber "ayudado, alentado y guiado directamente" a personas que supuestamente ganaron acceso a chats en línea entre fiscales y otros funcionarios involucrados en la investigación de Lava-Jato.
La presentación de las acusaciones penales, que también implican que Greenwald supuestamente "ayudó, alentó y guio" a otros seis acusados para que hackearan las cuentas de mensajes de Telegram de altos funcionarios involucrados en el Lava-Jato, inicia un proceso legal que debe ser aprobado por un juez para avanzar. Hasta el momento, ni Greenwald ni los hackers acusados han sido arrestados.
No hay evidencia de que Greenwald haya participado en o facilitado algún hackeo, mientras que los acusados del hackeo, según los informes, insisten en que la información se obtuvo de las cuentas en la nube de Telegram.
El carácter político de los cargos se pone de relieve por el hecho de que la Policía Federal llevó a cabo una investigación el año pasado con base en la misma información que ahora se usa para acusar a Greenwald y se negó a presentar cargos. El juez de la Corte Suprema Federal, Gilmar Mendes, emitió una decisión en agosto pasado prohibiendo cualquier investigación adicional basada en la recepción, obtención o publicación de información de Greenwald, insistiendo en que "constituiría un acto de censura inequívoco". Mendes declaró el martes que los nuevos cargos representan una violación de su decisión.
La información publicada por Greenwald y muchos otros que trabajan en la investigación periodística de Intercept Brasil desencadenó una tormenta política porque implicaba que el fiscal jefe de Lava Jato, Sergio Moro, posteriormente elegido por Bolsonaro como ministro de Justicia, asesoró incorrectamente a la fiscalía en el caso contra el expresidente del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, conocido popularmente como Lula, e instó a la Oficina del Fiscal General a que retirara los cargos contra los políticos de otros partidos involucrados en el escándalo de sobornos.
La condena de Lula por cargos de aceptar sobornos de un importante contratista de construcción brasileño lo llevó a su encarcelamiento en 2018, descalificándolo como candidato en las elecciones de 2018 y posiblemente allanando el camino para la Presidencia de Bolsonaro.
El fiscal Wellington Oliveira presentó los nuevos cargos, acusando a Greenwald de asociación criminal y hacking ilegal de teléfonos alegando que había surgido nueva información de la investigación sobre las computadoras de los presuntos hackers informáticos que implican al periodista en decirles que eliminen los mensajes que se le enviaron. Esto, afirmó el fiscal, fue evidencia de una "conducta clara de participar en ayudar un delito" y "tratar de subvertir la idea de proteger una fuente periodística en una inmunidad para guiar a los delincuentes".
Oliveira ha servido previamente como un perro de ataque para el régimen de Bolsonaro, presentando cargos contra el presidente del Colegio de Abogados de Brasil, Felipe Santa Cruz, por calumnias contra Bolsonaro. Santa Cruz fue previamente objeto de la ira del presidente brasileño. Bolsonaro, un exoficial del ejército, publicó un video diciendo que si Santa Cruz quería saber cómo murió su padre, un disidente político que "desapareció" bajo la dictadura, él podía decirle.
Interrogado por los periodistas, Bolsonaro expresó su hostilidad visceral hacia Greenwald, un ciudadano estadounidense, declarando "Él no debería estar aquí. ¿Quién es este hombre? ¿Está él en Brasil?”. Cuándo lo presionaron para que respondiera si la acusación criminal no era un ataque a la libertad de prensa, el presidente fascistizante de Brasil respondió cínicamente, “¿Usted no cree en el sistema judicial?”.
Los artículos de Greenwald de 2013, basados en documentos filtrados por el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Edward Snowden, ganaron un Premio Pulitzer. Tuvo un papel clave en el inicio de las exposiciones de Snowden del espionaje generalizado e inconstitucional por parte de la NSA en los Estados Unidos y el público mundial. El denunciante de la NSA ha sido acusado en virtud de la Ley de Espionaje, posiblemente enfrentado la pena de muerte, por exponer los actos criminales del Gobierno. Lleva más de seis años viviendo en el exilio forzado en Rusia.
Existen marcadas similitudes entre las acusaciones presentadas contra Greenwald en Brasil y los cargos formulados contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, actualmente encarcelado en la famosa prisión de Belmarsh de máxima seguridad de Londres. Ahí, se enfrenta a una extradición a los EE. UU., donde hay cargos de espionaje que conllevan una cadena perpetua por exponer los crímenes de guerra de los Estados Unidos. Al igual que Greenwald, Assange está siendo acusado de "conspirar" con la valiente denunciante del Ejército de los Estados Unidos, Chelsea Manning, para obtener ilegalmente la información condenatoria de las computadoras del Pentágono que WikiLeaks hizo pública.
Dada la afinidad ideológica entre los presidentes fascistizantes de Brasil y Estados Unidos, hay muchas razones para sospechar que la persecución a Greenwald no se debe solo a la ira del Gobierno brasileño por las exposiciones de Lava Jato, sino a la de Washington por las revelaciones. sobre el espionaje de la NSA.
Greenwald emitió una declaración el martes declarando: "No nos dejarán intimidar por estos intentos tiránicos de silenciar a los periodistas". Intercept dijo en un comunicado: "No hay democracia sin una prensa libre, y los defensores de la prensa en todas partes deberían estar profundamente preocupados por el último paso autoritario de Bolsonaro".
La denuncia penal contra Greenwald ha sido ampliamente denunciada en Brasil. El Partido de los Trabajadores (PT), la aparente oposición política de Bolsonaro, emitió un comunicado diciendo que estaba "del lado de Greenwald" en contra de la "erección de un Estado policial". El Gobierno del PT fue el que introdujo la ley de cibercrimen en 2012 bajo la cual Greenwald está siendo acusado.
Mientras tanto, Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados y líder del Partido Demócrata (DEM) de extrema derecha calificó los cargos de "amenaza a la libertad de prensa". El DEM es el sucesor de ARENA, el partido político creado por la dictadura militar que gobernó el país desde 1964 hasta 1985, aplastando la libertad de prensa y asesinando a periodistas.
La Federación Nacional de Periodistas de Brasil (Fenaj) denunció los cargos contra Greenwald y advirtió contra "la amenaza de restricciones a la libertad de prensa, principalmente cuando entran en conflicto con las autoridades constituidas". Acusó a la Oficina del Fiscal General de participar en "una forma de intimidación contra el periodista y una amenaza contra la actividad periodística".
La federación insistió en que no es tarea de los periodistas determinar la legalidad de cómo se ha obtenido la información que reciben, sino verificar su precisión antes de hacerla pública. "El interés público y la búsqueda de información verdadera son las fuerzas impulsoras del periodismo, y ningún profesional puede ser denunciado como sospechoso de haber cometido un delito solo por honrar el compromiso de su profesión".
La organización de abogados Prerrogativas, que incluye a los abogados de defensa criminal más prominentes del país, emitió un comunicado expresando su "indignación" por los cargos, advirtiendo: "Esta acusación ataca violentamente la libertad de prensa al tratar de imponer responsabilidad penal a un periodista por su actividad profesional Esta acusación es una escalada peligrosa en el auge del autoritarismo, así como la consagración del uso político del proceso penal y la fragilidad de nuestra democracia".
(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de enero de 2020)