Con más trabajadores uniéndose a la huelga en el gigante conglomerado estatal de energía de Brasil, Petrobras, el pasado martes 4 de febrero, el ministro del Tribunal Laboral, Ives Gandra Martins Filho, dictaminó que el 90 por ciento de los trabajadores de Petrobras deben continuar trabajando durante la huelga.
El ministro también impuso multas diarias de hasta R $500,000 (US $116,000) contra los sindicatos que desobedecen su decisión. Según la federación sindical de trabajadores petroleros FUP, que está afiliada a la federación sindical CUT controlada por el Partido de los Trabajadores (PT), las multas diarias podrían costarle a los 13 sindicatos afiliados hasta R $4,5 millones (US $ millón).
Según Martins Filho, “existe un riesgo de escasez” debido a la huelga. Además, descubrió que Petrobras no había violado el acuerdo de negociación colectiva firmado en noviembre pasado, como afirma la FUP. La FUP ya ha apelado la decisión dictatorial del ministro, que será discutida en el plenario del Tribunal Laboral y puede ser revocada.
Los trabajadores de Petrobras han estado en huelga desde el 1 de febrero contra el cierre de la Fábrica de Fertilizantes de Nitrógeno (Fafen) en el estado sureño de Paraná, el despido de sus casi 1,000 trabajadores y las medidas del gobierno del presidente fascistoide de Brasil, Jair Bolsonaro, para privatizar refinerías y filiales del conglomerado energético.
La decisión de Martins Filho, preparada en estrecho contacto con el gobierno de Bolsonaro, es un ataque al derecho de huelga por parte de los trabajadores petroleros y otros sectores de la clase trabajadora brasileña. Sin embargo, los trabajadores petroleros de Petrobras han desafiado la decisión del ministro, decidiendo la semana pasada continuar su huelga.
Con la decisión de los trabajadores petroleros de continuar la huelga, el 6 de febrero, Martins Filho ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de los sindicatos que participaron en la huelga, al tiempo que permitió que se contratara a trabajadores temporales para evitar la huelga. Declaró que la huelga es “abusiva” y tiene “connotación política”.
Martins Filho tiene un largo historial de ataques contra trabajadores, particularmente trabajadores petroleros. Un juez de derecha y miembro de la reaccionaria orden católica Opus Dei, en noviembre pasado prohibió el inicio de la huelga de los trabajadores petroleros, también consideró la huelga abusiva y amenazó con bloquear las cuentas bancarias del sindicato e imponer multas a millones. El carácter inconstitucional de la decisión de Martins Filho fue anulado a principios de diciembre pasado por el pleno del Tribunal Laboral, que consideró su decisión como una violación del derecho de huelga.
La decisión de Martins Filho no ha sido la única medida estatal policial empleada para reprimir la lucha de los trabajadores de Petrobras. El lunes pasado, 120 oficiales de la policía militar fueron desplegados en la refinería Duque de Caxias, en Río de Janeiro. También hay informes de que la gerencia de Petrobras impidió que los trabajadores dejaran dos refinerías para mantenerlos en funcionamiento, además de numerosos casos de acoso contra los trabajadores en huelga.
El gobierno de Bolsonaro está monitoreando de cerca el movimiento de huelga en Petrobras. El año pasado, el diario Folha de S. Paulo informó que la Oficina de Seguridad Institucional (GSI), que controla la Agencia de Inteligencia de Brasil (ABIN), estaba “siguiendo de cerca” el proceso que condujo a la firma del Acuerdo de Trabajo Colectivo (ACT) entre la empresa y FUP “en vista del riesgo de huelga”.
La decisión de Martins Filho atestigua el temor dentro del gobierno de Bolsonaro y la élite gobernante brasileña de que la huelga de los trabajadores de Petrobras crecerá y se extenderá a otras secciones de los trabajadores del sector público y privado.
La semana pasada, los maestros del estado de Minas Gerais, en el sureste del país, el segundo más poblado del país con 90,000 maestros en las escuelas públicas estatales, y del estado de Piaui, en el noreste del país, decidieron ir a la huelga contra los bajos salarios. Estas huelgas, que tienen lugar cuando el año escolar acaba de comenzar, son una continuación de la ola de huelgas de docentes en varios estados brasileños a fines de 2019.
También la semana pasada, la federación sindical de trabajadores postales afiliada a CUT, Fentect, fue presionada por trabajadores de base para anunciar una huelga nacional a partir del 12 de febrero. Desde el año pasado, los trabajadores postales han estado luchando contra la privatización de la compañía, programada por el gobierno de Bolsonaro para el próximo año, y un aumento de casi el 100 por ciento en las contribuciones a su plan de atención médica.
Sin embargo, por segunda vez este año, Fentect pospuso la huelga hasta el 3 de marzo después de reunirse con la otra federación sindical de trabajadores postales, Findect, afiliada a la federación sindical CTB, controlada por el Partido Comunista Maoísta de Brasil (PCdoB).
Mientras tanto, la huelga de los trabajadores de Petrobras continúa creciendo. El sábado, según FUP, la huelga involucró a cerca de 20,000 trabajadores petroleros, afectando a 88 unidades de Petrobras en 13 estados brasileños, incluidas 37 plataformas petroleras costa afuera, 11 de las 13 refinerías de Petrobras y 17 terminales de Transpetro, la subsidiaria responsable del transporte de petróleo y gas.
El viernes pasado, cuando la huelga de los trabajadores petroleros completó una semana, los trabajadores y simpatizantes de Petrobras se reunieron frente a la sede de la compañía en Río de Janeiro para una manifestación. La diputada federal del PCdoB de Río, Jandira Feghali, emitió un discurso nacionalista denunciando al gobierno de Bolsonaro por su “alineación y sumisión total” a los Estados Unidos, lo que, según ella, socava el desarrollo nacional. Agregó que “Exigimos públicamente que el presidente [de la Cámara Baja Rodrigo] Maia ayude en la negociación y aplicación del convenio colectivo de trabajo (ACT)”.
Sin embargo, los trabajadores en huelga de Petrobras no tienen nada que ganar con este llamamiento a Maia, quien es el líder de los Demócratas (DEM), el sucesor de ARENA, el partido que gobernó bajo la dictadura militar brasileña. PCdoB tiene un largo historial de alianzas con Maia y su DEM, ya que apoyó su elección para presidente de la Cámara Baja de Brasil en 2017 y 2019. El año pasado, Maia fue en gran parte responsable de aprobar la reforma de pensiones del gobierno de Bolsonaro.
El llamado de Feghali se produce en medio de los movimientos del PCdoB y otros partidos brasileños para formar coaliciones electorales para las elecciones municipales de este año, que, a su vez, prepararán las coaliciones para las elecciones presidenciales del 2022. A fines de enero, el partido lanzó el “Movimento 65”, que reemplazó el martillo y la hoz en el logotipo de la fiesta con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña. Según el manifiesto “Movimento 65”, su objetivo es “unir a los líderes de la clase trabajadora y de los segmentos empresariales”, que tienen un “compromiso con la defensa de Brasil”.
El objetivo del movimiento es reproducir en todo Brasil la alianza política que gobierna el estado nororiental de Maranhão. Allí, el gobernador del PCdoB, Flavio Dino, a quien se menciona como candidato para las elecciones presidenciales de 2022, gobierna en alianza con el DEM y, en su mandato anterior, gobernó en alianza con el derechista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). En las últimas semanas, Dino se reunió con el presentador de televisión multimillonario y crítico neoliberal de Bolsonaro, Luciano Huck, quien tiene estrechos vínculos con el PSDB y también está siendo citado como candidato para las elecciones presidenciales de 2022, y con el ex presidente del PSDB Fernando Henrique Cardoso (FHC). El año pasado, el gobernador Dino siguió los pasos al gobierno de Bolsonaro impulsando la reforma de las pensiones en su estado.
La semana pasada, el PT también se movió hacia la creación de un frente amplio para las próximas elecciones. El lunes pasado, en la manifestación convocada por las federaciones sindicales contra la “desindustrialización” de Brasil y la presencia de Bolsonaro en la Federación de la Industria del Estado de São Paulo (FIESP), el presidente de la CUT, Sérgio Nobre, declaró: “Tengo mucho respeto por muchos directores [de la FIESP] porque ya he negociado con muchos de ellos. Ahora, FIESP no ha sido un sindicato de empleadores durante mucho tiempo, se ha convertido en un aparato político de [su presidente] Paulo Skaf”.
La queja de Nobre contra Skaf expone el hecho de que él y los otros líderes de las federaciones sindicales no ven a FIESP como un enemigo de clase. Lo que a él y a los demás líderes de las federaciones sindicales les gustaría hacer es reemplazar a Bolsonaro negociando los intereses de los trabajadores brasileños con la FIESP. Esto se expuso aún más en el documento publicado por las federaciones sindicales en la manifestación del 3 de febrero, que repitió el antiguo lenguaje del nacionalismo burgués, impulsando al sector industrial como de gran importancia para un “proyecto de desarrollo”, que solo será posible con “acciones estructuradas que involucran a diferentes organismos gubernamentales en sintonía con grupos sindicales y empresariales“.
Luego, el viernes pasado, Folha informó que Lula, después de decir que Bolsonaro tenía derecho a completar su mandato de cuatro años de ataques contra la clase trabajadora brasileña, “ha defendido la expansión de las alianzas tácticas en la confrontación con el gobierno de Bolsonaro” y que el PT había autorizado alianzas con partidos como el PSDB de FHC y el DEM de Maia.
En vista de las repercusiones negativas, el directorio nacional del partido, que se reunió en Río de Janeiro para celebrar el 40 aniversario del PT, se apresuró a lanzar un documento que defiende la formación de un Frente Democrático Popular en 2022 para rescatar “el proyecto del gobierno popular iniciado con Lula, en 2003”.
El supuesto “gobierno popular” de Lula se basó desde el principio en una serie de alianzas con elementos de derecha de la burguesía brasileña y su subordinación a los mercados financieros internacionales. Para asegurar a la clase dominante capitalista la confiabilidad de su gobierno, Lula eligió como su vicepresidente, el industrial de derecha José Alencar, y Henrique Meirelles, el ex director general de Fleet Boston Financial Group, como presidente del Banco Central de Brasil.
El documento del PT defiende un “plan de empleo e ingresos de emergencia” y una “reforma tributaria justa y solidaria”, además de defender como su “centro electoral estratégico la construcción de alianzas” con el PCdoB, los partidos burgueses PDT y PSB, y el pseudoizquierdista partido PSOL. Según el documento, “así es como acumularemos fuerza y las condiciones para DERROTAR A BOLSONARO Y A SU GOBIERNO”.
El intento de presentar estas alianzas como una especie de alternativa de “izquierda” a Bolsonaro es un fraude. El PT respalda una alianza con el PCdoB, que a su vez respalda una alianza con el PSDB de FHC y el DEM de Rodrigo Maia, que apoyan al gobierno del presidente fascistoide.
Los trabajadores petroleros de Petrobras y aquellos que están comenzando su lucha contra el gobierno de Bolsonaro y los gobiernos estatales del PT deben rechazar los llamamientos nacionalistas y pro-corporativos de los sindicatos y los llamados del PCdoB y PT para formar un frente amplio contra el gobierno de Bolsonaro. La consecuencia de este movimiento político es la subordinación política de la clase obrera a las facciones de la élite gobernante brasileña insatisfecha por razones tácticas con el gobierno de Bolsonaro, para quien el PT y el PCdoB han servido como portavoces.
La tarea urgente para los trabajadores brasileños es la formación de comités de base para superar la política conciliadora de los sindicatos y los partidos burgueses de izquierda y pseudoizquierda con un programa internacionalista y socialista. Esto requiere construir la sección brasileña del Comité Internacional de la Cuarta Internacional para liderar a la clase trabajadora en su lucha contra Bolsonaro y por un gobierno obrero en Brasil.
(Publicado originalmente en inglés el 11 de febrero de 2020)