Cientos de trabajadores iniciaron una huelga en seis empacadoras de frutas del condado Yakima en Washington para exigir que las empresas les den el equipo de protección personal (EPP), un pago por riesgos y condiciones seguras de trabajo que reduzcan el peligro de contraer el nuevo coronavirus que causa el COVID-19.

El viernes pasado, el primer grupo de trabajadores hizo huelga en la Allan Brothers Fruit Company, después de que doce de ellos saliera positivo al virus. Según se informa la gerencia ocultó los casos positivos e incluso le ordenó a un empleado enfermo que regresara a trabajar.

La acción de los trabajadores en Allan Brothers desencadenó una serie de paros en las instalaciones cercanas: Matson Fruit, Jack Frost Fruit, Monson Fruit y, más recientemente, en Columbia Reach y Madden Fruit.

Los trabajadores agrícolas del condado Yakima se están uniendo a las huelgas de trabajadores frigoríficos en Crete, Nebraska, los trabajadores textiles de la fábrica de American Apparel en Selma, Alabama, los recolectores de basura en Nueva Orleans, Luisiana, los trabajadores de las maquiladoras en México, los trabajadores de los centros de llamada en Brasil y numerosas otras luchas que están estallando en todo el mundo contra las condiciones peligrosas impuestas por las empresas y los Gobiernos durante la pandemia de COVID-19.

Mientras que las huelgas de Yakima sucedieron espontáneamente a raíz del enojo de los obreros, los representa Familias Unidas por la Justicia (FUJ), que comenzó a negociar con Jack Frost ayer. FUJ es un sindicato de trabajadores agrícolas local que representa a unos 500 trabajadores, que fue fundado en 2013 y se afilió al Consejo Estatal Laboral de Washington de la AFL-CIO en 2015.

Los trabajadores intentaron manifestar sus inquietudes con la gerencia, pero los ignoraron. Rosalina Gonzalez, quien ha trabajado por 19 años en el almacén de Columbia Reach Pack, le dijo a Yakima Herald-Republic, “Hay mucha gente que ha salido positivo aquí. Siento que corro peligro pero tengo que trabajar. No tengo opción”.

“Mucha gente no sabe por lo que pasamos en este trabajo”, le explicó otra huelguista, Maria Valdivinos, a la prensa local. “Sentimos que no nos apoya nadie”.

En piquetes de huelga guardando el distanciamiento social y caravanas de protesta, los trabajadores han cargado pancartas en español e inglés que dicen, “Los trabajadores antes de las ganancias”, “Los trabajadores agrícolas somos esenciales, no dispensables”, “Somos humanos”, “No más esclavitud” y “Necesitamos protecciones”.

Además de las demandas básicas de mascarillas, provisiones sanitarias y medidas de distanciamiento social en el trabajo, los huelguistas exigen un aumento a su sueldo por riesgo de 13,85 dólares a 15,85 dólares por hora.

La empresa no ha aceptado estas demandas, afirmando que ha hecho todo lo que puede para proteger a los trabajadores y ni siquiera considerará un aumento salarial. El dueño y presidente de Hansen Fruit, Eric Hansen, declaró, “Si esto se trata de dinero entonces me desilusiona mucho que la huelga esté engañando al público”.

Gracias a la explotación de estos trabajadores y de miles de otros, el condado de Yakima es el principal condado de Washington en producción agrícola y ganadera, según los investigadores de la Washington State University, generando aproximadamente 1.650 millones de dólares en productos agrícolas al año.

Localizado 150 millas (240 km) al sur de Seattle, el Valle de Yakima tiene el mayor número de casos de COVID-19 en relación con su población de todos los condados del estado de Washington, con un caso por cada 123 personas. Las estadísticas más recientes confirman 1.916 casos y 65 muertes, probablemente una gran subestimación debido a la falta de pruebas masivas en todo Estados Unidos.

La elevada tasa de infección está correlacionada con la concentración de trabajadores agrícolas migrantes en la región, que viven y trabajan en condiciones precarias que los hacen especialmente vulnerables al nuevo coronavirus.

Poco menos de la mitad de la población del condado de Yakima es hispana o latina, y muchos de ellos son trabajadores agrícolas por temporada que provienen de México y América Central. A los trabajadores inmigrantes se les niega la licencia de conducir, una vivienda adecuada, la seguridad laboral y los beneficios del seguro social, incluidos los aprobados en la Ley de Emergencia CARES.

Durante muchos años antes del estallido de la pandemia, los trabajadores de Yakima han denunciado el robo de salarios, el acoso sexual, los asaltos, las jornadas laborales terriblemente largas y los bajos salarios. El índice de pobreza en el condado de Yakima es del 18 por ciento, casi el doble del índice nacional.

“Hay gente que viene sin papeles [migratorios] y tiene que dormir en el suelo, en coches y en situaciones más deplorables”, dijo un trabajador agrícola local llamado Diego al World Socialist Web Site: “Hay miles de civiles que perdieron sus trabajos, y muchos trabajan en ranchos sólo 4 u 8 horas a la semana y no son elegibles para los programas de ayuda del Gobierno de los Estados Unidos”.

Muchos trabajadores agrícolas de Yakima expresan su temor a perder sus empleos y, por lo tanto, los ingresos para mantener a sus familias, si tomaran medidas aisladas. “Si hablamos, no sabemos a dónde ir o no, quién nos oirá, y si habrá apoyo de los compañeros de trabajo”, dijo preocupado Raúl, un trabajador agrícola de la vecina Borton Fruit cuya esposa trabaja en uno de los lugares en huelga.

“Sin embargo”, añadió, “apoyo las huelgas. Sus demandas de ser trabajadores esenciales son muy justas y necesarias. Los trabajadores no deben temer, porque ya han hecho la parte más dura, alzar la voz”.

Las acciones de los trabajadores de Yakima reflejan el aumento de la oposición de la clase obrera a la insistencia de la clase dominante de que los trabajadores deben arriesgar sus vidas trabajando en condiciones inseguras o perder sus empleos. Los trabajadores considerados “esenciales” temen cada día contagiarse del virus mortal en el trabajo y transmitírselos a sus seres queridos en casa.

En lugar de movilizar los recursos del país más rico del planeta para generar la capacidad de pruebas masivas junto con el rastreo de contactos y las medidas de cuarentena que son necesarias para combatir el virus de manera efectiva, la Administración de Trump está avanzando en la “reapertura de la economía” para que todos los trabajadores vuelvan al trabajo y que las ganancias de las corporaciones y de Wall Street puedan continuar.

A fin de llevar adelante su lucha por condiciones de seguridad laboral que los mantengan a ellos y a sus familias a salvo del COVID-19, los trabajadores agrícolas de Yakima deben crear sus propios comités de seguridad en cada lugar de trabajo para reafirmar que su salud y seguridad no son negociables.

Estos comités deben desarrollarse independientemente de los sindicatos y del Partido Demócrata, que se han dedicado a evitar que la oposición de la clase trabajadora se abra paso. La AFL-CIO, a la que está afiliada la FUJ, no ha movido un dedo pese a que los trabajadores “esenciales” se estén muriendo a causa del COVID-19 y los trabajadores “no esenciales” estén siendo despedidos y lanzados a la pobreza.

Pero incluso con un pequeño aumento de sueldo y mascarillas faciales, los trabajadores no estarán protegidos. No debe haber ningún regreso al trabajo hasta que cada trabajador haya recibido la prueba y se le garantice un adecuado EPP y una licencia por enfermedad remunerada bajo la supervisión del comité de seguridad de los trabajadores. Además, los trabajadores deben luchar por mejoras permanentes en sus condiciones laborales y de vida, incluyendo a sus sueldos, beneficios y vivienda.

Estas demandas urgentes y necesarias no pueden ganarse suplicándole a la gerencia, cuyo único objetivo es generar ganancias a través de la explotación de los trabajadores. En cambio, los trabajadores de Yakima necesitan hacer un llamado a otros sectores de la clase obrera en las granjas, plantas frigoríficas, fábricas, tiendas de comestibles y almacenes para actúen en conjunto.

Unidos a través de las divisiones raciales, étnicas y nacionales, los trabajadores pueden librar una lucha común contra las corporaciones privadas, los principales partidos políticos y todo el sistema capitalista que subordina la vida de millones de personas a las demandas de la élite ultrarrica.

(Publicado originalmente en inglés el 16 de mayo de 2020)