Han pasado un poco más de tres semanas desde que el asesinato de George Floyd el Día de los Caídos desencadenara protestas masivas por todo EE.UU. y el mundo. Los representantes políticos de la clase gobernante han respondido con, por un lado, fuerza bruta y amenazas de represión militar y, por el otro, promesas de “reformas” y “rendición de cuentas”.

Trump promulgó ayer una orden ejecutiva que integrará más a los trabajadores sociales y profesionales de salud mental con la policía, creará una base de datos para monitorear a los oficiales despedidos o condenados por el uso excesivo de la fuerza, y prohibirá llaves que asfixien a los individuos, con la excepción, como explicó el presidente, de “cuando la vida de oficial esté en riesgo”.

Trump anunció su orden ejecutiva en un discurso frente a oficiales policiales que estuvo repleto de llamados a la “ley y orden” y denuncias contra los manifestantes. La condición de Trump sobre estrangulamientos deja plenamente abierta la posibilidad de que esta practica letal se siga utilizando, dado que los oficiales policiales alegan rutinariamente que temen por sus vidas cuando hieren gravemente o matan a alguien.

Los demócratas han ofrecido su propio conjunto de cambios cosméticos, los cuales imitan en gran medida los de Trump, incluyendo la prohibición a estrangulamientos y la creación de una base de datos nacional sobre oficiales abusivos. También rechaza explícitamente la demanda popular entre manifestantes de “desfinanciar” la policía. El exvicepresidente y presunto candidato presidencial demócrata, Joe Biden, ha solicitado un financiamiento federal adicional de $300 millones para apuntalar los departamentos policiales de todo el país, mientras que el senador Bernie Sanders ha declarado que los policías necesitan salarios más altos.

Tales medidas serán menos que nada. Bien podrían cambiar el color de los uniformes policiales. Inevitablemente, las “reformas” de estos representantes de la clase gobernante terminarán fortaleciendo la policía como un aparato opresivo del Estado.

La promesa de una reforma policial ha sido ofrecida una y otra vez por parte de la clase gobernante como una supuesta solución a la violencia excesiva. Después de las rebeliones urbanas de los años sesenta, los demócratas afirmaron que tener a más policiales negros en las rondas, más jefes policiales negros supervisando las fuerzas y más alcaldes negros solucionaría el problema.

Medio siglo después, más de 13 por ciento de los oficiales policiales son afroamericanos, un porcentaje mayor que la población general. Muchos departamentos policiales por todo el país están encabezados por jefes policiales negros y ciudades tanto grandes como pequeñas tienen alcaldes negros. En la última década, la introducción de cámaras en los vehículos policiales y los uniformes de los policías también ha sido presentada como otra panacea.

Aun así, los asesinatos y abusos continúan, y de hecho han incrementado.

Lo que carecen todos los comentarios en la prensa sobre la violencia policial, ni hablar de las declaraciones de los políticos burgueses, es cualquier examen de qué es la policía y cuál es su relación con la sociedad capitalista.

La uniforme explicación dada de la violencia policial como una manifestación de racismo no explica nada. Por supuesto, hay racismo en la policía. Los sentimientos fascistizantes son compartidos ampliamente en las capas reclutada a las fuerzas policiales. Sin embargo, las víctimas de la violencia policial son los pobres y oprimidos de todas las razas. Incluso en medio de las protestas, siguen los asesinatos —incluyendo los de Rayshard Brooks, quien era negro, en Atlanta, Georgia, y de Hannah Fizer, quien era blanca, en Sedalia, Missouri—.

La policía no cumple la función de un instrumento de opresión racial, sino de un instrumento de gobierno de clase. Dado que Floyd fue asesinado en Minneapolis, cabe recordar el papel de la policía hace 86 años en vapulear a los huelguistas de la huelga general de Minneapolis en 1934.

Este es solo uno de muchos ejemplos. En todas las importantes batallas de clases y conflictos sociales de EE.UU. —desde la gran huelga ferroviaria de 1877 y la masacre de Haymarket de 1886 hasta la histórica huelga de mineros de cobre de Phelps Dodge en Arizona en 1983-85—, los trabajadores han enfrentado en la policía el instrumento para hacer valer la “legalidad” de la clase gobernante. No cabe duda de que un nuevo aumento en la actividad huelguística será testigo de la policía cumpliendo su papel clásico de atacar los piquetes de huelga. Y, en otro ejemplo histórico de la función tradicional de la policía en defender el derecho capitalista, los manifestantes, quienes han tenido la oportunidad de evidenciar recientemente a los policías en acción, deberían recordar la famosa revuelta policial de Chicago de 1968. Miles de manifestantes contra la guerra de Vietnam fueron brutalmente atacados cuando protestaban en las afueras de la Convención Nacional Demócrata.

En la medida en que se han incrementado la desigualdad social y las tensiones de clases duranta las últimas cuatro décadas, el tamaño y los presupuestos de la policía han crecido proporcionalmente. La policía recibe entre el 20 y 45 por ciento de los fondos discrecionales de los presupuestos de las principales ciudades de EE.UU. En total, el gasto anual en la policía es de $115 mil millones, $42 mil millones más que hace 40 años, en cifras ajustadas por la inflación.

El financiamiento federal policial, incluyendo el FBI y los fondos para las agencias policiales estatales y locales, se ha multiplicado más de cinco veces durante el mismo periodo. Desde 1980, el gasto total en la policía y las instituciones relacionadas ha aumentado del uno por ciento del ingreso nacional a dos por ciento, mientras que el gasto en los programas de bienestar social ha caído de uno por ciento a 0,8 por ciento.

Más allá, las fuerzas policiales están cada vez más integradas con el ejército, el instrumento del dominio imperialista estadounidense en el exterior. En las últimas dos décadas, las fuerzas policiales locales han recibido aproximadamente $7 mil millones en equipo militar. Cuando Trump llama a los manifestantes “terroristas nacionales”, meramente está extendiendo la lógica de la “guerra contra el terrorismo” a la oposición dentro de EE.UU. Las escenas de equipos paramilitares de SWAT con rifles de asalto y conduciendo vehículos acorazados para enfrentar a los manifestantes tienen todos los sellos distintivos de una fuerza de ocupación.

Mientras que el nivel de asesinatos policiales en EE.UU. es único entre las economías avanzadas, la brutalidad policial es un fenómeno universal.

Habitualmente, Brasil, donde la policía corrupta hace estragos en las empobrecidas favelas del país, lidera el mundo en brutalidad policial, matando a varios miles cada año. En Filipinas, miles de trabajadores pobres han muerto en la “guerra contra las drogas” del presidente fascista Rodrigo Duterte.

En Francia, la fuerza plena del Estado ha sido desatada contra los manifestantes predominantemente blancos de “chalecos amarillos”, así como contra los inmigrantes africanos que se han manifestado por la igualdad. Al este, la policía húngara ve casi mil quejas cada año por el uso de fuerza excesiva, sin resultar en consecuencias significativas para los oficiales culpables.

Han ocurrido huelgas de gran tamaño contra la violencia policial y en solidaridad con George Floyd en Kenia, Ghana, Nigeria y Sudáfrica, países donde las fuerzas policiales son notoriamente brutales. Cientos son asesinados cada año por las fuerzas de seguridad estatales en cada país. Un reporte de BBC News de abril señala que “las fuerzas de seguridad matan a más nigerianos que el COVID-19”:

Al menos 1.476 personas fueron asesinadas por actores estatales en el país el último año, según el Council on Foreign Relations. En su reporte sobre el periodo de cierres por el coronavirus en Nigeria, el NHRC, una agencia gubernamental, señaló que había descubierto, “8 incidentes separados de asesinatos extrajudiciales llevando a 18 muertes”.

¿Cómo se puede explicar esto por el racismo? El carácter internacional de la violencia policial, junto con la proliferación de dicha violencia en ciudades presididas por jefes policiales negros y alcaldes negros, desmiente la narrativa racialista, a saber, la afirmación de que lo que ocurre en EE.UU. es la opresión del “EE.UU. negro” por parte del “EE.UU. blanco”.

La violencia policial está vinculada al carácter de la sociedad capitalista. La brutalidad particular de la policía en EE.UU. se explica por la brutalidad particular de las relaciones de clases en Estados Unidos, la tierra de la desigualdad y el hogar de la oligarquía financiera.

En sus Orígenes de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado, escrito en 1884, Friedrich Engels realizó ofreció la explicación clásica marxista del Estado. Escribió que el Estado, “no es de ninguna manera un poder impuesto a la sociedad desde afuera…”

En cambio, es un producto de la sociedad en una etapa definida de desarrollo; es una admisión de que esta sociedad se ha enredado en una contradicción interna irresoluble, que se ha dividido en antagonismos irreconciliables que no es capaz de disipar.

Una característica central y distintiva del Estado, continuó Engels, es el establecimiento de un “poder público” que “no solo consiste en hombres armados sino también sus accesorios materiales, las prisiones e instituciones de coerción de todo tipo… Este [poder público] se fortalece… proporcionalmente en la medida en que los antagonismos de clases dentro del Estado se vuelen más severos y en que los Estados fronterizos se vuelven más grandes y populosos”.

Es decir, el Estado no es un árbitro neutral. Propiamente y acompañándolo, las “instituciones de coerción de todo tipo” son los instrumentos políticos de la clase gobernante que se originan por el carácter irreconciliable de los intereses de clases.

El Partido Socialista por la Igualdad busca la abolición de la policía. Pero la abolición de la policía está entrelazada con la abolición de la sociedad de clases. Nada cambiará con el cambio del color de la piel de los policías o el origen racial de las autoridades citadinas, ni con esta o aquella reforma simbólica.

Poner fin a la violencia policial y defender los derechos democráticos exigen la movilización de la clase obrera en EE.UU. e internacionalmente para abolir el Estado capitalista, expropiar a los oligarcas y establecer el control democrático sobre la vida económica sobre la base de las necesidades sociales y no el lucro privado. Es decir, exigen una revolución socialista.

(Publicado originalmente en inglés el 17 de junio de 2020)