En la actualidad, no pasa un día sin que se anuncien nuevos despidos masivos. Las malas noticias que emanan de las juntas corporativas y los bancos llegan con gravedad y rapidez. Las empresas están utilizando la crisis del coronavirus y los miles de millones que han recibido de las arcas del Estado para recortar puestos de trabajo en masa e implementar drásticos recortes sociales planeados desde hace tiempo.

Esta ofensiva capitalista contra la clase obrera se basa en una estrecha colaboración con los sindicatos y sus representantes en los comités de empresa [también llamados comisiones internas]. Los sindicatos elaboran numerosos programas de racionalización, vinculados a recortes masivos de empleos y del gasto social, que son aplicados por sus funcionarios en la fábrica. Los que protesten contra ellos son intimidados y silenciados. Los que se resisten se encuentran rápidamente en las listas de despidos elaboradas por los comités de empresa en el marco de la “cogestión”, es decir, la colocación de los llamados “representantes de los empleados” en las juntas corporativas.

La “cooperación social” y la “cogestión”, las cuales están más consagradas en el derecho alemán que en casi ningún otro país, han significado siempre la renuncia a la lucha de clases y la subordinación de los intereses de los trabajadores a los intereses del capital. Durante el auge económico de los decenios de la posguerra, esto todavía podía combinarse con la obtención de aumentos salariales y mejoras sociales. En algunos casos, los sindicatos incluso organizaban huelgas más grandes, aunque siempre tuvieron cuidado de no poner en peligro el dominio capitalista.

Pero eso fue hace mucho tiempo. A partir de la década de 1980 a más tardar, los sindicatos han apoyado una ronda de ataques sociales tras otra. Organizaron el cierre de ramas enteras de la industria, como la del carbón y la del acero, ayudaron a redactar las leyes Hartz que introducían las llamadas “reformas” laborales y de bienestar y aseguraron que la resistencia al cierre de fábricas, como en Opel Bochum, permaneciera impotente y aislada. No ha habido grandes huelgas, en las que cientos de miles de trabajadores frenaban la producción durante semanas, en décadas.

Con la pandemia de coronavirus, que ha desencadenado la crisis económica internacional más profunda desde los años treinta, el papel de instrumentos de las corporaciones desempeñado por los sindicatos ha asumido nuevas dimensiones. En Lufthansa, el principal sindicato Verdi y los sindicatos sectoriales UFO y Cockpit están compitiendo con ofertas que reducen los salarios 20, 30 y hasta 45 por ciento, y eliminan decenas de miles de puestos. La situación es similar en la industria automotriz y de suplidores, en los bancos y en la cadena de tiendas Galeria Kaufhof Karstadt.

Sería absurdo llamar a los sindicatos “organizaciones obreras”. Son órganos de las empresas con la tarea especial de disciplinar a los trabajadores, garantizando una producción fluida y niveles cada vez mayores de explotación. A pesar de que aún haya trabajadores que son miembros de los sindicatos, no tienen ninguna voz. Frecuentemente, se convierten en miembros de los sindicatos porque, de lo contrario, no serían contratados o serían los primeros en ser despedidos o porque los sindicatos negocian beneficios especiales exclusivos para los miembros.

La transformación de los sindicatos en una fuerza policial de las empresas no es el resultado de la siempre abundante corrupción de los funcionarios individuales.

En primer lugar, proviene del punto de vista sindical, que acepta y apoya la propiedad privada capitalista y la amarga competición por mercados y ganancias. Cuánto más dominado esté el mercado mundial por los monopolios, más amarga se vuelve la lucha entre ellos y más se acercan los sindicatos a “sus” empresas nacionales.

Desde su perspectiva, los intereses de los sindicatos y los “negocios” son idénticos. Siempre hablan de la defensa de la ubicación de los negocios, nunca de la defensa de la clase obrera. En nombre de la defensa de la ubicación actual de la empresa, sacrifican empleos, salarios y prestaciones sociales, a menudo sin dejar nada. Por otro lado, rechazan hostilmente la movilización de la clase obrera más allá de las ubicaciones y las fronteras nacionales.

En segundo lugar, lo mismo aplica para los funcionarios de los sindicatos: el ser determina la conciencia. Ellos conforman una clase social privilegiada. Las corporaciones y el Gobierno gastan millones en mantener un ejército de funcionarios que ganan muchas veces el salario de un trabajador común. Los sindicatos dirigen sus propias escuelas y grupos de pensamiento —también financiados directa o indirectamente por el Estado y las empresas— que imparten una formación ideológica a los delegados sindicales y a los representantes de los comités de empresa y asesoran a las empresas sobre los despidos y los recortes.

Vale la pena echar un vistazo a esta red de instituciones, relaciones y fondos, que está cuidadosamente protegida de la mirada del público. Esto deja claro por qué no es posible reformar los sindicatos en interés de los trabajadores y por qué deben crearse nuevos órganos independientes de lucha, comités de acción.

Uno de los mecanismos más importantes a través de los cuales se canalizan los fondos de las empresas hacia los sindicatos es su participación en los consejos de supervisión de las empresas, lo cual está regulado por la ley en Alemania. La Ley de Cogestión de 1976 obliga a las empresas con más de 2.000 empleados a tener una representación igualitaria en los consejos de supervisión, es decir, que los empleados y los accionistas deben asignar cada uno la mitad de los miembros del consejo de supervisión. Al mismo tiempo, la ley asegura la supremacía de los propietarios capitalistas, ya que, en caso de litigios, el presidente, que es nombrado por los propietarios, tiene un doble derecho de voto. El número de empresas con una cogestión de este tipo varía entre 640 y poco menos de 700.

La Fundación Hans Böckler (HBS, todas las siglas en alemán), de propiedad sindical, fue fundada al mismo tiempo en que se promulgó la Ley de Cogestión. Es una fundación sin fines de lucro, es decir, con privilegios fiscales, y se financia a partir de dos fuentes: los emolumentos de los miembros del consejo de supervisión sindical, una gran parte de los cuales tienen que ser pagados a la fundación debido a resoluciones sindicales, y los millones de euros en subvenciones del Gobierno alemán.

Según el informe anual del IG Metall, el mayor sindicato de Alemania, “los 7.000 patrocinadores, en particular los miembros de los consejos de supervisión que pagan la mayoría de sus regalías a la HBS” forman la base de la fundación. En el año fiscal 2017/18, transfirieron un total de 47,1 millones de euros. Más de la mitad de esto provino de los titulares de mandatos de IG Metall. Además, la HBS recibió fondos por un total de 28,6 millones de euros del Ministerio Federal de Educación e Investigación.

En 2018, más de 75 millones de euros pasaron directamente de las empresas y el Gobierno federal a los sindicatos a través de la HBS. Con este dinero, la HBS financia la formación y la educación de los oficiales sindicales, así como varios institutos sociales y económicos, que preparan análisis sobre la competencia, los programas de racionalización, actividades de innovación y programas de recortes de todo tipo para los consejos de supervisión y las juntas corporativas.

El Instituto de Cogestión y Gestión Empresarial (IMU), que comenzó su labor a principios de 2018, se ocupa de “la consulta, la cualificación y la investigación para los representantes electos de la cogestión”. Aquí, los funcionarios del sindicato son capacitados para justificar y hacer cumplir los recortes sociales y laborales a los trabajadores.

El Instituto de Investigación Económica y Social (WSI) desarrolla políticas de negociación colectiva de los sindicatos que están estrechamente coordinadas con las empresas. El Instituto de Macroeconomía e Investigación del Ciclo Empresarial (IMK) desarrolla análisis de mercado e investiga las relaciones macroeconómicas.

Recientemente, el Instituto Hugo Sinzheimer de Derecho Laboral (HSI) también pasó a formar parte de HBS. Se centra en el desarrollo del derecho laboral y social nacional e internacional, que establece límites estrechos para las huelgas y los conflictos laborales.

Los sindicatos y HBS no sólo asesoran a las empresas, sino que también pueden contar con un ejército de funcionarios dentro de las empresas. Sólo la IG Metall tiene 50.000 representantes en los comités de empresa y 80.000 delegados sindicales. En 2018, se eligieron comités de empresa en un total de 28.000 empresas alemanas, con un representante de comité de empresa por cada 500 empleados liberados del trabajo a expensas de la empresa. Esto se asocia a menudo con un salario más alto, varios ingresos adicionales y otros privilegios.

La principal tarea de estos funcionarios pagados por la empresa es mantener la “paz industrial”, es decir, suprimir cualquier forma de oposición. En marzo, por ejemplo, IG Metall acordó una congelación salarial hasta finales de año para los 4 millones de trabajadores de la industria metalúrgica y eléctrica. Ahora está trabajando intensamente para volver a poner en marcha la producción, aunque las medidas de seguridad son deficientes en muchas fábricas y todavía existe la amenaza de infección por COVID-19.

La Fundación Hans Böckler se jacta abiertamente de que la cogestión aumenta las ganancias de las empresas. Un estudio reciente sobre la importancia de la cogestión afirma: “Las empresas con más cogestión suelen tener un rendimiento superior a la media en lo que respecta a los indicadores económicos clave: su rendimiento sobre los activos es en promedio alrededor de un 65 por ciento más alto que el de las empresas con una cogestión débil o nula”. El beneficio de la explotación de las empresas con más cogestión es en promedio casi un 11 por ciento más alto, y el flujo de caja por acción es incluso más de tres veces superior al de las empresas con poca cogestión”.

Esto no podría ser más claro. Todo se trata del “flujo de caja por acción” y “el rendimiento de la inversión”. Para ello, los llamados “representantes de los empleados” en los consejos de supervisión reciben salarios principescos, por no decir “bien lubricados”.

Los representantes sindicales en los consejos de supervisión a menudo afirman que no se benefician personalmente de esto y pagan sus emolumentos en su totalidad a HBS. Pero esto es una mentira.

Por un lado, aunque sigan las normas del sindicato, algo que no están legalmente obligados a hacer, pueden quedarse con al menos el 10 por ciento de los ingresos para sí mismos. Lo que pueden poner en sus propios bolsillos es fácil de calcular. La “calculadora de pagos” del sindicato se puede encontrar en Internet.

Así, un príncipe del comité de empresa como Michael Brecht, que recibió un total de medio millón de euros como vicepresidente del consejo de supervisión de Daimler en 2019, pudo quedarse con 60.000 euros más una parte de las cuotas de asistencia para sí mismo. Además, hay varios gastos y remuneraciones por las tareas que realiza en su calidad de miembro de la junta de supervisión.

Según los informes de los medios de comunicación, el salario anual de Brecht es de alrededor de 200.000 euros. Por lo tanto, es justo suponer que, junto con el salario del consejo de supervisión, cobra un cuarto de millón de euros anuales.

Otros jefes de comités de empresa a veces ganan incluso más. Por ejemplo, el jefe del comité de empresa general y de grupo de VW, Bernd Osterloh, afirma que cobra hasta 750.000 euros “en un buen año”. Se dice que el antiguo jefe del comité de empresa de Porsche, Uwe Hück, ha recibido hasta 500.000 euros al año.

La situación no es mejor en otros sindicatos. Frank Werneke (Partido Socialdemócrata, SPD), que el año pasado reemplazó a Frank Bsirske, el presidente de Verdi durante mucho tiempo, es miembro del consejo de supervisión del grupo asegurador AXA Leben. Su suplente en el consejo de Verdi, Andrea Kocsis, es vicepresidente del consejo de supervisión de Deutsche Post AG, y la miembro del consejo de Verdi, Stefanie Nutzenberger, quien desempeñó un papel clave en la reestructuración de Karstadt-Kaufhof, forma parte del consejo de supervisión del grupo minorista Rewe.

Christine Behle, también miembro del consejo de Verdi, ha heredado de Frank Bsirske el lucrativo puesto de vicepresidente del consejo de supervisión de Deutsche Lufthansa AG. También forma parte del consejo de supervisión de Hapag Lloyd AG, Bremer Lagerhaus-Gesellschaft y Dortmunder Stadtwerke AG. La lista de funcionarios sindicales que se enriquecen sin escrúpulos en el marco de la cogestión es larga.

Los trabajadores sólo pueden defender sus empleos, salarios y condiciones de vida rompiendo con los sindicatos, rechazando sus políticas nacionalistas que enfrentan a los trabajadores de un lugar contra otro, construyendo comités de acción independientes, uniendo fuerzas a nivel internacional y luchando por un programa socialista.

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(Artículo publicado originalmente en inglés el 6 de julio de 2020)