El cegamiento de Gustavo Gatica y el regreso a la violencia policial estatal desenfrenada en Chile

por Mauricio Saavedra
16 julio 2020

Ocho meses después de que el estudiante universitario Gustavo Gatica fuera cegado por la policía antidisturbios, ningún oficial ha sido arrestado. En el caso de la obrera Fabiola Campillai, que estuvo a punto de morir por el impacto en la cabeza de una bomba lacrimógena, los Carabineros no han hecho público qué oficiales estaban involucrados. Estos dos casos son representativos de los miles de abusos de los derechos humanos cometidos en Chile desde el estallido de las masivas manifestaciones contra la desigualdad social el año pasado. Revelan un nivel de impunidad no visto desde los 17 años de dictadura militar, cuando miles de personas fueron detenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas.

El 6 de julio, la Policía de Investigaciones (PDI) hizo una promesa superficial a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de que las investigaciones de los dos casos se concluirían en los "días siguientes". La PDI ha estado prometiendo esta tarea desde antes del brote del coronavirus en marzo, pero continúa arrastrando los pies mientras los grupos de derechos humanos y los periodistas de investigación publican más pruebas condenatorias. La PDI trabaja en coordinación con la Fiscalía civil, un cuerpo desdentado cuando se trata de procesar a Carabineros.

"La policía tiene la obligación de comunicar los resultados para disminuir la percepción de impunidad", dijo a los diputados el director general de la PDI, Héctor Espinosa. "Estamos comprometidos con la verdad... Tengo absoluta confianza en que mi institución estará a la altura de las circunstancias en estos dos casos, porque el país necesita saber qué pasó".

El teniente coronel Crespo apuntando a un bombero en la Plaza Dignidad. (Crédito: @frentefotografico)

Espinosa parece haber convencido a la comisión de derechos humanos del Parlamento y a su presidenta Emilia Nuyado (Partido Socialista), quien elogió abiertamente a la institución.

Ningún trabajador con conciencia de clase, joven o estudiante—aquellos que han soportado el peso de la escalada de abusos de los derechos humanos—tiene la expectativa de que el aparato represivo del Estado, completamente corrupto y brutal y que actúa al servicio de las elites empresariales y financieras gobernantes, sea llevado ante la justicia. Los Carabineros son una unidad militar autónoma que apenas responde ante los órganos civiles y han mentido, ofuscado y ocultado información desde el principio en estos casos, como en tantos otros que los precedieron y los siguieron.

Aproximadamente a las 16.00 horas del 8 de noviembre del año pasado, Gustavo Gatica, un estudiante de psicología de 21 años, recibió un disparo en la cara de la policía antidisturbios mientras se encontraba en la calle Carabineros de Chile. Desde una distancia no superior a 30 metros, las fuerzas especiales disparaban indiscriminadamente perdigones de plomo recubiertos de goma a cientos de jóvenes que se encontraban detrás de barricadas improvisadas.

Cada cartucho libera 12 perdigones. En el espacio de cuatro horas, tres policías antidisturbios de alto rango utilizaron 420 cartuchos, liberando un total de 5.040 perdigones contra los jóvenes. Esto salió a la luz sólo a finales de junio debido a las pruebas filtradas, publicadas por Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos e investigación, que revelaron las identidades de los tres agentes: coronel Santiago Saldivia, teniente coronel Claudio Crespo y teniente coronel Andrés Graves.

El subdirector general de Carabineros, inspector general Diego Olate, también se dirigió a los diputados en la sesión parlamentaria de la semana pasada exclusivamente para encubrir los crímenes de sus agentes. Crespo, dijo, "una hoja de vida intachable, con felicitaciones". Olate añadió que quería dejar constancia de "que la medida disciplinaria (contra Crespo) está relacionada con el incumplimiento de protocolos" y no con las lesiones sufridas por Gatica.

Olate se refería al hecho de que la institución se había visto obligada recientemente a retirar a Crespo porque se había hecho público que el policía había intentado ocultar su presencia en los acontecimientos del 8 de noviembre: descargó su cámara corporal en su ordenador antes de presentarla a los auditores internos. De hecho, los auditores inicialmente ni siquiera tomaron su declaración, a pesar de que era un oficial de mando y había disparado personalmente 170 cartuchos. Desde entonces ha aparecido más información sobre este policía sádico, que tiene un largo historial de violencia y "tortura sistemática de menores", según un médico.

Gustavo Gatica (Crédito Eduardo Gatica)

El día del cegamiento de Gustavo Gatica, la Asociación Médica y la Sociedad de Oftalmología publicaron un escalofriante informe en el que se afirmaba que 176 personas habían sufrido graves lesiones en los ojos en las dos semanas anteriores de protestas. El 60 por ciento tenía una severa disminución de la visión, y el 30 por ciento había quedado ciego de un ojo. Esto equivale a más de dos tercios de todas las lesiones oculares causadas por armas "no letales" en manifestaciones o zonas de conflicto en el mundo desde 1990 hasta 2017.

El estallido de las manifestaciones masivas del 18 de octubre, desencadenadas por el aumento de las tarifas del transporte público, fue inmediatamente enfrentado con una violencia sin precedentes por parte del estado policial. La administración ultraderechista del multimillonario presidente Sebastián Piñera puso en marcha una serie de leyes draconianas para prohibir las protestas y decretó por primera vez en los 30 años de gobierno civil un Estado de Emergencia Constitucional. Esto permitió a los militares, a las fuerzas especiales de Carabineros y a las boinas negras desatar un reino de terror.

"Estamos en guerra", transmitió Piñera por televisión en vivo. "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite". La guerra de Piñera fue y sigue siendo contra la clase obrera, los estudiantes y los jóvenes que han sido objeto de 50 años de medidas contrarrevolucionarias sociales y políticas que han contribuido a enriquecer a los descendientes de la dictadura cívico-militar fascista de Augusto Pinochet y a crear uno de los países más desiguales del mundo desde el punto de vista social.

Chile, el "parangón" de los evangelios del libre mercado del Banco Mundial y el FMI impuestas a la fuerza, cuenta hoy con poblaciones y campamentos en medio de condominios, un 25 por ciento de desempleo en medio de 4.000 multimillonarios y, con el inicio de la pandemia COVID-19, hospitales públicos colapsados para los pobres en medio de clínicas de conserjería para los ricos.

Para el 26 de noviembre del año pasado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile informó que al menos cinco personas habían muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2.300 habían resultado heridas, de las cuales más de 1.400 fueron heridas por armas de fuego y 220 sufrieron graves traumas oculares.

La Fiscalía registró más de 1.100 denuncias de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por Carabineros. En el caso de Josué Maureira, informó que había sido violado con una luma mientras se encontraba bajo custodia policial.

Mientras tanto, Amnistía Internacional documentó la práctica de Carabineros y soldados de atropellar o intentar atropellar a manifestantes que caminaban por la calle en al menos nueve ocasiones en las ciudades de Colina, Quilpué, Santiago, Viña del Mar y Valparaíso.

Tambien se referieron al "uso de gases lacrimógenos de manera inadecuada y en cantidades alarmantes... así como en hospitales, universidades, hogares e incluso escuelas, afecta gravemente a niños, adolescentes y otras poblaciones que requieren cuidados especiales... Sus disparos al cuerpo de las personas a corta distancia y a través de lanzagranadas... ha generado graves heridas, incluso en los ojos".

Así es como Fabiola Campillai, de 36 años y madre de tres, fue casi asesinada por las Fuerzas Especiales en la comuna obrera de Cinco Pinos en el Gran Santiago la noche del 26 de noviembre. A las nueve de la noche, Fabiola y su hermana Ana María se dirigían a su trabajo en Carozzi S.A., una empresa de procesamiento de alimentos. Al girar por la Avenida Portales Oriente, la policía antidisturbios disparó una bomba lacrimógena a la cara de Fabiola desde menos de cinco metros.

Ana María gritó a los policías que se encontraban a dos metros de distancia para ayudar a su hermana al hospital "Se está muriendo, se está desangrando" les dije. Me hicieron con la mano (que me fuera). Sonrieron y me tiraron una lacrimógena a los pies".

Fabiola ha sido sometida a múltiples procedimientos de alto riesgo para evitar la filtración de líquido cefalorraquídeo y ha quedado con una cicatriz que va horizontalmente de un oído al otro. Perdió, además de la vista, los sentidos del gusto y el olfato.

La semana pasada La Tercera publicó un video de la cámara corporal GoPro del Capitán Jaime Fernández donde se escucha a los oficiales diciendo: "¿se la pitió (mató), verdad?" "El Matu parece que le pegó, le pegó con una…" mientras que un tercer disparo por el Capitán Patricio Maturana Ojedabut.

Hasta la fecha, nadie ha sido acusado. Los fiscales han solicitado más tiempo para investigar el caso.

No hay un recuento del total de víctimas de la represión del estado policial, las cifras del propio estado son una subestimación deliberada. El pasado mes de marzo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos publicó un balance que indica que 3.838 hombres, mujeres y niños fueron hospitalizados debido a las graves heridas causadas por las balas, los botes de gas lacrimógeno y las palizas. De ellos, 460 sufrieron heridas en los ojos. El Instituto de Derechos Humanos registró, durante las visitas a las comisarías de policía, la detención de 11.389 hombres, mujeres, adolescentes y niños. Entre los detenidos, 2.146 denunciaron algún tipo de violación de los derechos humanos: violencia sexual (257); tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes (617); y uso excesivo de la fuerza (1.272).

La INDH reconoció que las cifras "no representan el universo de personas perjudicadas desde la crisis social, sino que son sólo una muestra de los casos observados o confirmados".

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de junio de 2020)