Dos oficiales de la policía paramilitar de Carabineros de Chile han sido puestos bajo detención preventiva en relación con la violenta represión del estado policial desatada contra las manifestaciones masivas del año pasado contra la desigualdad social. Los arrestos se produjeron dado que sólo se han permitido dos docenas de casos simbólicos de los muchos miles de demandas que han languidecido en los tribunales. Han sido cínicamente seleccionados por el Partido Comunista estalinista y sus acólitos políticos para sembrar peligrosas ilusiones en la llamada democracia chilena y el parlamentarismo.

La fiscalía anunció el viernes pasado el arresto del excapitán Patricio Maturana por su participación en el ataque contra Fabiola Campillai, de 36 años y madre de tres hijos. En la noche del 26 de noviembre, Campillai fue disparada a quemarropa por las fuerzas especiales con una bomba lacrimógena en la cara, luego se le negó la asistencia y se le dejó morir. Sólo sobrevivió gracias a la intervención de los vecinos. Fabiola ha sido sometida a numerosas operaciones intrusivas y ha perdido la vista y los sentidos del gusto y el olfato.

Maturana fue destituido de su cargo a principios de agosto en lo que fue un procedimiento puramente administrativo: sus superiores despidieron al sádico policía por negar la asistencia a una víctima y omitir el procedimiento legal correspondiente. No se presentaron cargos. El capitán Jaime Fernández también fue dado de baja por negarse a prestar asistencia así como por dar declaraciones contradictorias —Fernández retuvo su cámara corporal GoPro que implicaba a Maturana en el asalto a Campillai.

Alejandra Arriaza, abogada de Campillai, confirmó a los medios de comunicación lo que es un hecho conocido: que Carabineros miente, oculta información y crea continuamente obstáculos a los casos de derechos humanos que se presentan contra la institución.

“Es grave que (Carabineros) no se ha puesto a disposición de la investigación desde el primer día", dijo Arriaza a CNN Chile, sino "permanentemente durante estos largos nueve meses es obstruir la justicia". Arriaza planteó que muchos de los policías implicados en los casos actuales están acusados de abusos anteriores de los derechos humanos, que se habían dejado languidecer en los tribunales.

"Si se hubiesen investigados a tiempo [y] sancionados en forma oportuna, hoy día esta gente no habría estado gozando del poder que tienen de seguir en las calles, desplegar armas y atacar a su propio pueblo", dijo.

Estos puntos se aplican especialmente al ex teniente coronel Claudio Crespo, quien el 21 de agosto fue puesto en prisión preventiva por la jueza Marcia Figueroa, quien dictaminó que el "acusado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad" y que representaba un "peligro de fuga".

El tribunal escuchó que el 8 de noviembre del año pasado Crespo, "abusando de su posición y con la intención de castigar", disparó 170 cartuchos desde una distancia de 24,5 metros apuntando específicamente al tercio superior de los cuerpos de los manifestantes. A las 6:10 de la tarde, el estudiante de psicología Gustavo Gatica recibió múltiples perdigones en la cara, resultando en la pérdida total de su visión. El tribunal ha concedido 90 días a los fiscales para llevar a cabo una investigación criminal.

Como en el caso Campillai, la atención de los medios internacionales jugó un papel importante en el avance del caso de Gatica. Después de que los grupos de derechos humanos filtraran los nombres de Crespo y del coronel Santiago Saldivia en junio, el alto mando de Carabinero transfirió a Saldivia a un cómodo puesto en la Dirección de Bienestar, y despidió a Crespo por una infracción administrativa de manipulación de los registros de su cámara GoPro antes de presentarla a los auditores internos.

Si los casos no hubiesen llamado la atención internacional, todos estos policías habrían permanecido en sus puestos y muy posiblemente habrían recibido ascensos. Esto no es una conjetura, sino que es confirmado por Crespo, quien ha ascendido de rango a pesar de una década de carrera de extrema violencia.

En 2013, un médico de la región de Valparaíso testificó ante una Comisión Ética contra la tortura que el capitán Crespo torturó a menores en su furgoneta policial durante las manifestaciones estudiantiles de 2011 y 2012. En 2018, el mayor Crespo fue acusado de disparar a la cara de un manifestante desde menos de cinco metros. Durante las manifestaciones del año pasado, el ahora teniente coronel Crespo fue captado por la cámara estrangulando a jóvenes, amenazando con disparar a un bombero y disparando indiscriminadamente contra los manifestantes.

Este es el modus operandi del aparato estatal de Chile. Ya sea bajo el gobierno militar o civil, ha recurrido a la violencia para aplastar a los jóvenes rebeldes y las acciones militantes de la clase obrera. La policía y las fuerzas armadas son el brazo represivo del Estado que mantiene el orden burgués y protege la propiedad privada capitalista.

La dictadura fascista-militar de Augusto Pinochet desató en los primeros cinco años después del golpe militar de 1973 un reinado de terror sangriento contra la izquierda política. La clase obrera sufrió torturas que a menudo terminaron en desapariciones forzadas y fosas comunes. Las fuerzas armadas, Carabineros y servicios secretos fueron permitidos, con un asentimiento de sus patrocinadores en Washington, niveles sin precedentes de criminalidad y delincuencia estatal.

En la constitución de Pinochet fueron consagradas leyes antiterroristas que criminalizaban toda protesta social como una amenaza a la seguridad nacional. Militarizó a la policía e hizo un uso frecuente del ejército para controlar a los civiles. Estas medidas eran un intento de intimidar a la clase obrera e impedir la formación de cualquier tipo de organizaciones independientes, ya que la dictadura se lanzó con su programa de choque económico de libre mercado contra la población. Desde entonces, tanto los gobiernos civiles de centro-izquierda como los de derecha sólo han añadido sus propias leyes autoritarias y han agudizado las antiguas, especialmente con el estallido de protestas estudiantiles radicales contra la educación privada a partir de la década de 2000.

Otro punto de inflexión se alcanzó con el estallido de huelgas y manifestaciones en las que participaron millones de trabajadores y jóvenes el año pasado en oposición a la desigualdad social, la corrupción gubernamental y la represión estatal, cuando la crisis económica mundial, cada vez más profunda, comenzó a hacerse sentir. En respuesta, el multimillonario presidente de ultraderecha Sebastián Piñera pronunció su discurso "estamos en guerra", que puso en marcha una serie de leyes draconianas para prohibir las protestas. Decretó por primera vez en los 30 años de gobierno civil un Estado de Emergencia Constitucional.

Esto permitió a los militares, a las fuerzas especiales de Carabineros y a las boinas negras desatar una violencia descontrolada, sabiendo muy bien que contaban con la protección institucional: El jefe de Carabineros, el General Mario Rozas, dijo en secreto a los oficiales que contaban con su apoyo y respaldo y que no "daría de baja a nadie por procedimiento policial".

Durante los últimos tres meses de 2019, la policía militarizada y el ejército dispararon 152.000 cartuchos del calibre 12, cartuchos de gas lacrimógeno y granadas de gas irritante que provocaron decenas de muertos y miles de heridos y mutilados. Hubo un número creciente de informes sobre simulacros de ejecuciones, violaciones, torturas y cámaras de tortura, de graves palizas con resultado de muerte y de desapariciones forzadas, crímenes de Estado que han seguido ocurriendo hasta el día de hoy a medida que la pandemia de coronavirus se desgarra en todo el país.

En medio de la mayor crisis del dominio burgués desde el período revolucionario de 1968-1973 y del creciente peligro de una dictadura de estado policial, la "izquierda" parlamentaria chilena y sus organizaciones satélites trabajan para ocultar la naturaleza de clase del estado capitalista. Esta tarea ha recaído especialmente en los estalinistas chilenos, que han hecho una carrera política de promoción de la "vía parlamentaria al socialismo".

Los pocos casos simbólicos de derechos humanos a los que se ha permitido proceder están siendo cínicamente explotados para sembrar ilusiones en los tribunales, el parlamento y las demás instituciones del Estado burgués, entre ellas la de que la policía y las fuerzas armadas pueden ser reformadas democráticamente.

El diputado del PCCh Hugo Gutiérrez pidió una reestructuración "profunda" de la policía uniformada. El senador Alejandro Navarro, exsocialista y ahora jefe del frente electoral Progresista, lamentó que "la credibilidad de Carabineros está nuevamente en entredicho". Le pidió al director "que se haga a un lado", añadiendo que La Moneda [el palacio presidencial] no sólo tiene el deber moral sino también legal de pedírselo". La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada Emilia Nuyado (PS), pidió al ministro del Interior y al Presidente que "exijan una mayor colaboración a una institución subordinada al poder político".

Vale la pena recordar que hace 50 años el gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende argumentó en términos similares.

"Los escépticos y los catastrofistas dirán [que] un Parlamento que tan bien sirvió a las clases dominantes es incapaz de transfigurarse para llegar a ser el Parlamento del pueblo chileno", dijo Allende en su primer discurso ante el Congreso en mayo de 1971. "Aún más, enfáticamente han dicho que las Fuerzas Armadas y Carabineros, hasta ahora sostén del orden institucional que superaremos, no aceptarían garantizar la voluntad popular decidida a edificar el socialismo en nuestro país".

"Por mi parte declaro... que fundándose esta Institución en el voto popular, nada en su propia naturaleza misma le impide renovarse para convertirse de hecho en el Parlamento del Pueblo. Y afirmo que las Fuerzas Armadas chilenas y el Cuerpo de Carabineros, guardando fidelidad a su deber y a su tradición de no interferir en el proceso político, serán el respaldo de una ordenación social que corresponda a la voluntad popular expresada en los términos que la Constitución establezca". Los estalinistas fueron más allá cuando los preparativos para un golpe respaldado por la CIA se hicieron cada vez más abiertos, declarando al Ejército como "el pueblo en uniforme".

Dos años después del discurso de Allende, el gobierno de la Unidad Popular fue derrocado por las Fuerzas Armadas y Carabineros apoyadas por los Estados Unidos, Allende fue asesinado y una dictadura fascista-militar de 17 años se instaló sobre los cuerpos de miles de militantes obreros.

Ha llegado el momento de que la juventud y la clase obrera saquen lecciones de las amargas y trágicas experiencias sufridas repetidamente bajo la mala dirección de la izquierda nacional-reformista chilena y se vuelvan hacia el internacionalismo socialista revolucionario promovido por el movimiento trotskista del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de septiembre de 2020)