El miércoles por la noche, la policía colombiana utilizó armas de fuego para masacrar al menos a 10 personas que protestaban el asesinato policial de Javier Ordóñez, un abogado y taxista de 43 años, la noche anterior en la ciudad capital de Bogotá.
Un vídeo publicado en línea muestra a Ordóñez siendo repetidamente golpeado y torturado con pistolas paralizantes por los agentes de policía, que lo detuvieron por haber violado presuntamente la cuarentena de COVID-19. Las escenas, en las que Ordóñez suplicaba por su vida, decía “me ahogo”, y los testigos pedían a los oficiales se detuvieran, recuerdan a muchos el asesinato policial de George Floyd en los Estados Unidos.
Al emplear una fuerza mortal contra los manifestantes, el Gobierno colombiano del presidente de extrema derecha Iván Duque sigue el ejemplo de su patrón imperialista en Washington, la Administración de Trump, que ha utilizado a las fuerzas federales para secuestrar a los manifestantes en camionetas particulares y llevar a cabo el asesinato selectivo de un manifestante en Portland.
La masacre de Bogotá no ha hecho más que alimentar la ira. Se están planeando numerosas protestas para el resto de la semana en Bogotá, Medellín y Barranquilla, marcando un resurgimiento de las protestas masivas contra la desigualdad social que estallaron en toda América Latina el año pasado. La propia Colombia fue testigo de una ola inicial de protestas en los campus universitarios y de huelgas en el sector público.
Desde las primeras horas de la tarde del miércoles, a medida que el vídeo del asesinato de Ordoñez se hacía viral, las protestas encabezadas por jóvenes comenzaron a extenderse por los barrios predominantemente de clase trabajadora del área metropolitana de Bogotá y otras ciudades del país. Centrando su ira en la policía, los manifestantes, según los informes policiales, quemaron 22 comisarías locales y dañaron otras 49.
Después de emplear inicialmente gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y cargas con porras y vehículos, al anochecer, la Policía Nacional comenzó a utilizar municiones reales en varias partes de la ciudad, de manera claramente coordinada y sistemática contra los manifestantes desarmados.
Las autoridades del distrito de Bogotá informaron que siete civiles resultaron muertos y 248 heridos, 66 de ellos por disparos. En el municipio obrero de Soacha, que pertenece al área metropolitana de Bogotá, el alcalde confirmó que otros tres manifestantes fueron asesinados. Por lo menos tres de los heridos siguen en cuidados intensivos.
Los vídeos compartidos en las redes sociales muestran a grupos de agentes de policía empleando sus armas de fuego para hacer cumplir un toque de queda no declarado. Otros son vistos persiguiendo a manifestantes solos y ejecutándolos. Sin ningún peligro potencial cerca, policías uniformados y de civil dispararon indiscriminadamente ráfagas en al menos tres lugares distintos, como lo confirmó Semana. También se filmó a la policía vandalizando negocios para usar como chivo expiatorio a los manifestantes.
En una entrevista radiofónica, la pareja de Jaider Fonseca, la víctima más joven, de 17 años, describió el incidente: “La Policía empezó a hacer tiros al aire y luego hacia el frente donde estaban las personas protestando con piedras. [Jaider] salió a correr tan pronto empezaron a disparar, su única arma de defensa fue una puerta, se tapó pero recibió cuatro disparos; lo acribillaron”.
“No estaban matando a nadie, no estaban robando, sino exigiendo sus derechos”, concluyó.
El régimen de Duque y las autoridades policiales han iniciado con descaro una intensificación de la represión, incluyendo el despliegue de 300 efectivos más en Bogotá para asistir a la policía en la represión.
El propio Duque no ha mostrado ningún remordimiento. En cambio, amenazó a cualquiera que se atreviera a llamar a la policía “asesinos” y denunció “la violencia, el vandalismo y el odio... que haya incitaciones para que se pase por encima de la ley”.
A pesar de que el carácter unilateral y criminal de la embestida quedó claro en los vídeos ampliamente difundidos, el jefe de la Policía Nacional, Gustavo Alberto Moreno, defendió de manera ominosa el papel de la policía, declarando: “Esta policía, con humildad, reconoce sus errores, pero también exalta las labores heroicas de miles de policías”. Moreno ha recibido entrenamiento del Servicio Secreto de EE.UU. y del FBI y trabajó como agregado de la policía en Washington D.C.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien preside las operaciones militares del aliado más cercano del Pentágono en la región, amenazó a los manifestantes con nuevas medidas de Estado policial. “En lo que tiene que ver con quienes participaron en los hechos violentos y vandálicos de ayer, a través de redes sociales se han identificado perfiles que realizaron publicaciones en contra de la policía… dirigidos todos a deslegitimar la actuación y el servicio que presta la Policía Nacional”.
Luego ofreció recompensas de 13.500 dólares por información que ayude a “dar con el paradero y la identificación” de los participantes en las protestas.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de la Alianza Verde, reconoció que presidió los operativos represivos del miércoles desde la sede de la policía, pero aseguró en Twitter que no se dio ninguna orden de emplear armas de fuego. Sin embargo, en medio de los enfrentamientos entre policías fuertemente armados y jóvenes desarmados, López atacó continuamente el “vandalismo” y la “violencia” de los manifestantes.
Luego, la tarde del jueves, López buscó desviar cualquier culpa señalando al “comandante de la Policía Nacional que es el señor presidente de la República”, mientras añadió, “tenemos evidencias serias y sólidas del uso indiscriminado de armas de fuego por parte de miembros de la Policía”.
Estas respuestas de la élite política confirman que la clase dirigente se está arrojando hacia formas dictatoriales de gobierno. Cualquier llamado a palmadas en la mano administrativas tiene como objetivo desviar la ira social masiva, contando con que los medios corporativos, los políticos de “oposición” y los sindicatos se mantengan pidiendo una “reforma policial”.
Esto ya se ejemplificó a principios de este año, cuando un puñado de suspensiones e “investigaciones” internas se utilizaron para acallar un escándalo por una operación de perfilamientos y espionaje por parte de la inteligencia militar contra más de 100 periodistas, activistas y políticos.
La clase dirigente colombiana es consciente de que está sentada en un polvorín social. El Gobierno de Duque recientemente extendió hasta junio de 2021 un estipendio mensual de 160.000 pesos (43 dólares) por hogar, lo que ha escasamente evitado que alrededor de 2,6 millones de los hogares más pobres mueran de hambre durante la crisis pandémica.
Las asociaciones patronales han apoyado este programa, con un pequeño costo de 2 mil millones de dólares, como un medio para evitar levantamientos masivos. Sin embargo, esta mísera cantidad ha hecho poco o nada para proteger a las crecientes capas de trabajadores empobrecidos y desempleados del virus y la desesperación económica.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 90,3 por ciento de las muertes por coronavirus confirmadas corresponden a los tres estratos más pobres de la población, los cuales califican para subsidios de servicios públicos, mientras que el sexo estrato, el más rico, representa solo el 1 por ciento de las muertes por COVID-19.
Juan Daniel Oviedo, director del DANE, dijo a El Tiempo, “Los hogares pobres, con personas adultas mayores y menos educados, al no poder respetar las normas de aislamiento, por la necesidad de encontrar sustento, estuvieron más expuestos a la pandemia, lo cual se refleja en su alta mortalidad”.
Colombia tiene el sexto número más alto de casos confirmados de COVID-19 en el mundo (686.851) y el undécimo más alto de muertes confirmadas (22.053). El DANE, sin embargo, informó que, para el 23 de agosto, había 7.257 muertes sospechosas de COVID-19 que no tuvieron pruebas, y más de 10.000 muertes en exceso por encima del conteo oficial. Bogotá es el epicentro de la pandemia en el país con un tercio de los casos.
Mientras tanto, la riqueza de los colombianos que figuran en la lista de milmillonarios de Forbes ha aumentado durante la pandemia a más de 13.700 millones de dólares. Ahora, la oligarquía colombiana, en asociación con sus patrocinadores financieros y corporativos en Wall Street y en Europa, está procediendo a intensificar enormemente la explotación de la clase obrera y los recursos naturales de Colombia.
El Gobierno de Duque levantó la mayoría de las medidas de cierres el 1 de septiembre, excepto para las escuelas, los eventos sociales y actividades interiores recreativas.
La masacre de manifestantes en Bogotá indica la voluntad de la clase dirigente colombiana a recurrir a medidas letales y un régimen autoritario para aplastar la oposición desde abajo a su respuesta criminal a la pandemia. Ya ha demostrado su indiferencia hacia las vidas de los trabajadores respecto al COVID-19.
El giro hacia el autoritarismo de los Gobiernos capitalistas en Colombia y a nivel internacional deriva de los esfuerzos de la clase capitalista por defender su enorme riqueza en medio de niveles récord de desigualdad y una devastación social generalizada.
(Publicado originalmente en inglés el 11 de septiembre de 2020)
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