El asesinato de Juliana Giraldo Díaz de 38 años, a manos de soldados en el departamento noroccidental colombiano de Cauca, ha alimentado una intensificación de las manifestaciones contra la violencia estatal en todo el país.

Un video de su esposo, Francisco Restrepo de 29 años, reclamando a los soldados, “No tenemos armas, no tenemos drogas, no tenemos nada”, pronto se volvió viral. Le siguieron manifestaciones que siguieron hasta la noche en Popayán, capital de Cauca; Cali, en el departamento vecino de Valle de Cauca; y Medellín.

En una entrevista con Semana, Restrepo explicó que estaba conduciendo junto a Giraldo y dos amigos atrás hacia una ciudad cercana para comprar repuestos cuando vio un grupo de soldados deteniendo vehículos sin las usuales señales de un retén.

Habiendo dejado los papeles de circulación en casa, giró el vehículo. En ese instante, dos soldados saltaron del matorral y dispararon una ráfaga de balas hacia el carro sin ninguna advertencia, manifestó Restrepo, impactando a Giraldo en la cabeza. “Pudimos haber sido cuatro los muertos”, dijo, añadiendo que los soldados inmediatamente intentaron “encubrirse, recogieron las vainillas [casquillos], recogieron los fusiles y se llevaron al actor material del crimen”.

Giraldo era ingeniera informática y tenía un salón de belleza en Miranda, Cauca. Vivía con Restrepo en el hogar de los padres de su esposo, quien explicó que también se ganaban la vida criando y vendiendo pollos, un actividad común entre familias de medios más limitados.

Anticipando las ensayadas disculpas oficiales, Restrepo declaró: “Ahora se puede pronunciar el ejército, se puede pronunciar el presidente de la república, ¿pero y eso qué? ¿Ellos me pueden indemnizar [por perder] a mi pareja? Nunca me va a pagar lo que una persona hacía por mí, era mi felicidad”.

Minutos después, el presidente colombiano Iván Duque y sus titulares militares condenaron el asesinato con tuits superficiales. El Ejército en sí emitió una declaración prometiendo cooperar con la investigación. Tales declaraciones se producen cuando el país está al borde de un estallido social.

El 9 de septiembre, protestas masivas en Bogotá desatadas por el asesinato del trabajador Javier Ordóñez fueron reprimidas por la Policía Nacional con disparos, masacrando a 14 personas. Esto llevó a un paro nacional el lunes que fue testigo de manifestaciones en todas las principales ciudades, con antimotines atacando violentamente a los manifestantes en Bogotá y Medellín.

El martes, la Corte Suprema emitió un fallo confirmando que, con base en evidencia de las protestas de masas en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla en noviembre de 2019, “existió y puede seguir existiendo una reiterada y constante agresión, desproporcionada de la Fuerza Pública respecto a quienes, de manera pacífica se manifestaron”.

El fallo ordena al Gobierno en 14 puntos que garantice el derecho a la protesta pacífica. La corte añade que la represión por parte del especializado Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) es aceptable, pero solo en “situaciones extremas”.

El Ministerio de Defensa rechazó los hallazgos y el fallo, declarando que “la protesta pacífica está garantizada” y el presidente Duque añadió, “El Estado colombiano ha sido siempre respetuoso de la libre expresión ciudadana pacífica”.

El jueves, no obstante, el ESMAD fue desplegado para atacar las protestas pacíficas en Cali y Popayán. Durante un enfrentamiento con manifestantes fuera de un cuartel militar en Cali, un policía disparó un arma que llevaba oculta contra los manifestantes y fue filmado posteriormente guardándola en su chaleco. Esto demuestra que la fuerza letal será nuevamente utilizada sin previo aviso.

Las fuerzas armadas y la élite gobernante están escalando las tensiones gradualmente a través de mayor violencia, reconociendo que la creciente resistencia popular a la violencia estatal deriva d tensiones sociales fuertemente exacerbadas por su respuesta criminal a la pandemia de coronavirus. En Colombia, esto ha resultado en el quinto mayor número de casos de COVID-19 en el mundo, casi 25.000 muertes, pobreza generalizada y desempleo del 25 por ciento.

Contrario a lo que la “oposición” oficial afirma, el giro al autoritarismo no se debe meramente a la perspectiva particularmente fascistizante del presidente Duque y su estrecho aliado en la Casa Blanca. Está arraigada en la recrudecida crisis social y política del capitalismo global.

Todas las facciones de la clase gobernante internacionalmente han centrado su respuesta a la pandemia en proteger su riqueza y asignar mayores recursos para preparativos de guerra, todo a expensas de las vidas y sustento de los trabajadores.

Esto se confirma por los propios esfuerzos de todos los partidos y sindicatos procapitalistas en la “oposición” para contener la oposición social y canalizarla detrás de llamamientos a los militares e ilusiones en una “reforma policial” y en la podrida política democrático-burguesa.

Los acontecimientos del jueves, en particular, revelan que la ola de protesta social está convergiendo con la oposición a la devastación causada por la guerra contrainsurgente del Estado contra las guerrillas de base campesina. Estas operaciones han resultado en la muerte de más de 200.000 civiles y el desplazamiento de 7 millones de personas desde la década de 1960.

La guerra ha sido impulsada por los esfuerzos del imperialismo estadounidense para desarrollar las fuerzas de seguridad colombianas como un bastión del control militar estadounidense sobre América Latina. Actualmente, estos esfuerzos se han centrado en la campaña para derrocar al Gobierno venezolano e instalar un régimen títere de EE.UU.

Washington ha justificado durante mucho tiempo su apoyo a la guerra en Colombia afirmando que se trata de una lucha contra el “narcoterrorismo”, un término comodín para referirse a las guerrillas campesinas, los cárteles de la droga y cualquier organización o Gobierno crítico de Washington.

Sin embargo, abundan las pruebas de que los funcionarios estadounidenses simplemente ignoran los estrechos vínculos entre las fuerzas de seguridad y oligarquía colombianas con los cárteles. De hecho, un memorándum de la Casa Blanca de 2017 señaló que Trump consideraba designar a Colombia en incumplimiento de las normas de tráfico. “En última instancia, no se designa a Colombia porque la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Colombia son socios cercanos de los Estados Unidos en materia de aplicación de la ley y seguridad”, afirma.

Ahora, el Gobierno colombiano y la servil prensa justifican una mayor represión y censura en línea, alegando que las protestas son organizadas por “organizaciones criminales” a través de redes sociales.

Miranda ha sido durante mucho tiempo uno de los puntos calientes de las operaciones militares contra las guerrillas y los campesinos.

Hasta 2010, el grupo de derechos humanos Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos documentó 176 “casos de falsos positivos” en el Cauca. El capítulo sobre el departamento explica:

Se ha presentado un actuar sistemático de parte de la fuerza pública por someter a las diferentes poblaciones del departamento a su control a sangre y fuego, esgrimiendo la acusación de “ser colaboradores de las guerrillas” y de paso demostrar a sus superiores y la opinión nacional e internacional sus “éxitos” presentando “bajas en combate” de ciudadanos humildes

El informe también cita el asesinato de un manifestante de 23 años por el ESMAD en 2007 en la misma carretera que Giraldo.

En agosto de 2019, tres indígenas murieron en un autobús en esa misma carretera en un presunto fuego cruzado, pero el caso nunca se resolvió. Solo la semana pasada, a unos pocos kilómetros al sur de la zona, cinco civiles que viajaban en un autobús público fueron alcanzados por balas pero sobrevivieron.

Una ola de bloqueos de carreteras y manifestaciones en 2012 exigiendo el cierre de la base militar de Miranda llevó al Ministerio de Defensa a insinuar amenazadoramente que “una organización terrorista” estaba detrás de las protestas.

Entre 2000 y 2010, miles de trabajadores y campesinos empobrecidos de todo el país fueron víctimas de los deliberados asesinatos de “falsos positivos” en los que los civiles asesinados por los militares fueron hechos pasar por guerrilleros para inflar el número de bajas. Los cables muestran que el Pentágono era plenamente consciente de esta práctica bárbara, pero continuó su colaboración y ayuda como de costumbre.

El descarado e imprudente ataque a Juliana Giraldo fue el resultado del total desprecio del Estado capitalista por la vida y sus tácticas de terror contra las masas empobrecidas a instancias de la clase capitalista colombiana y el imperialismo estadounidense.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de septiembre de 2020).