Las elecciones municipales en Brasil de noviembre y diciembre ponen al descubierto el giro de todas las facciones de la clase dominante hacia las odiadas fuerzas militares brasileñas, incluido sus homicidas fuerzas estatales de la Policía Militar.

Las elecciones de este año son las primeras que se celebran a nivel nacional después de la llegada al poder del presidente fascista de Brasil, Jair Bolsonaro. Expresando la imprescindible colaboración de todos los partidos políticos consagrados con su marca de autoritarismo, el número de candidatos a alcalde o vicealcalde provenientes de las Fuerzas Armadas o de la Policía Militar se ha duplicado este año en relación con las últimas elecciones a alcaldes, celebradas en 2016.

En las elecciones de 2018 ya se había triplicado la bancada del Congreso compuesta por exmiembros de las Fuerzas Armadas o Policía Militar. En su primer año en el cargo, Bolsonaro llenó su gabinete con oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas, que comprenden el 36 por ciento de los miembros de alto rango del gabinete, mientras triplicó el número de oficiales militares en los escalones más bajos del gobierno federal, incluida la administración de empresas estatales.

Con el fin de llevar a cabo su política asesina de “inmunidad colectiva” en respuesta a la devastadora pandemia de COVID-19, después de que dos expertos médicos renunciaran como ministros de salud en dos meses, nombró a un general del Ejército en servicio activo para el cargo, un acto sin precedentes incluso bajo la dictadura. También llenó el Ministerio de Salud con un número sin precedentes de oficiales militares.

Los dos primeros años de su presidencia también vieron crecientes amenazas por parte de Bolsonaro contra la Corte Suprema (STF), que investiga su participación en la organización de manifestaciones de extrema derecha e injerencia en las oficinas de la Policía Federal de Río de Janeiro para proteger a su hijo, el senador, Flávio Bolsonaro, de investigaciones de corrupción.

Los militares del gabinete, como el jefe de inteligencia de ultraderecha, general Augusto Heleno, hablan abiertamente de “consecuencias impredecibles” si las investigaciones llegan al presidente, mientras que los magistrados de la Corte Suprema consultan abiertamente con los jefes militares sobre los pasos a seguir. El fiscal general Augusto Aras ha apoyado la teoría pseudolegal de que el artículo 142 de la Constitución brasileña permite al presidente llamar al Ejército si la Corte Suprema o el Congreso “se extralimitan en sus deberes”, en este caso al intentar responsabilizar a Bolsonaro por actividades delictivas.

Frente a la abrumadora oposición social a las políticas de Bolsonaro, lo que pasa por la oposición de “izquierda” a su gobierno, el Partido de los Trabajadores (PT) y su apéndice pseudoizquierdista, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), buscan dar una cubierta izquierdista a la premisa esencial de su gobierno: que el ejército es el árbitro fundamental de la situación política del país.

El vehículo de esta campaña es la contienda de dos policías militares para alcalde y vicealcalde en los estados de Bahía y Río de Janeiro, respectivamente.

En Salvador, la capital de Bahía, que el PT ha gobernado durante cuatro mandatos consecutivos, el partido ha elegido como su candidata a la comandante de la Policía Militar, Denice Santiago, incluso frente a la oposición pública del consejo electoral local. Santiago, quien se unió al partido a instancias del gobernador de derecha del PT, Rui Costa, ha sido promovida grotescamente en términos raciales y de género, por encabezar la división especial de la policía militar encargada de frenar la violencia doméstica contra las mujeres. Se la presenta como la primera alcaldesa negra de la ciudad apodada la “Roma negra”, por tener un 80 por ciento de población negra y ser el principal centro de las religiones afrobrasileñas.

Sin embargo, la triste realidad es que la Policía Militar de Bahía, después de cuatro mandatos de gobierno del PT, es la segunda unidad más letal del país. Un tercio completo de sus intervenciones resulta en muertes, y más de 700 personas mueren cada año, de una población de poco más de 15 millones.

Por su parte, el PSOL ha elegido como candidato a vicealcalde al coronel de Policía Militar Íbis Souza. La líder de la lista, la diputada estatal Renata Souza, ha sido igualmente elogiada por ser la primera mujer negra en encabezar la comisión de derechos humanos de la legislatura estatal. La lista se eligió después de que el candidato preferido de la maquinaria del partido, el diputado federal Marcelo Freixo, se negara a postularse, acusando que la coalición electoral del PSOL era demasiado estrecha. Freixo había quedado en segundo lugar en las elecciones a la alcaldía de 2016, casi superando al chovinista evangélico Marcelo Crivella, con el apoyo de una gran cantidad de sectarios católicos e intereses comerciales.

En el comunicado de prensa que anunciaba la elección del teniente coronel Souza, el PSOL hizo todo lo posible para apaciguar a un electorado juvenil que antes buscaba atraer denunciando a la policía de Río, que mata a más de 1.800 personas al año, de una población de poco más de 16 millones. Afirmó que la candidatura de Souza es “una indicación importante de que la policía y los derechos humanos pueden caminar juntos”.

El partido siempre ha presentado las operaciones asesinas de la Policía Militar como resultado del racismo contra sus víctimas mayoritariamente negras, evitando a toda costa un llamamiento a toda la juventud de la clase trabajadora contra el conjunto del estado capitalista.

Tanto en Río de Janeiro como en Salvador, el PT y el PSOL están llevando la política de identidades a su conclusión lógica, como un medio para dar estabilidad a un estado capitalista cada vez más violento frente a la creciente oposición social.

Lo más significativo es que ambos partidos también están dando un paso más en lo que ha estado en el centro de su oposición a Bolsonaro: denunciarlo no como una amenaza para los trabajadores, sino para el capitalismo brasileño.

Desde las primeras señales de que Bolsonaro podría ser elegido en 2018, tanto el PT como el PSOL buscaron presentar a Bolsonaro como una amenaza para los intereses de la clase dominante brasileña, citando su elección como una probable fuente de aislamiento comercial y geopolítico, dada la alineación de Bolsonaro con las políticas unilaterales de Washington, que chocan con los intereses imperialistas europeos y afectan la relación de Brasil con China.

El PT trató de apelar a los militares destacando el aislamiento internacional de Bolsonaro en cuestiones geopolíticas. El exministro de Defensa y Relaciones Exteriores del PT, Celso Amorim, afirmó que los militares podrían “salvar la política exterior brasileña”.

Por su parte, el PSOL, que obtiene su principal fuerza electoral del estado natal de Bolsonaro, Río de Janeiro, ha buscado resaltar el efecto “dañino” para la élite política de la participación de Bolsonaro en el crimen organizado en la ciudad. En la medida en que el PSOL utiliza la retórica de los “derechos humanos” para denunciar la acción del crimen organizado en Río, y en particular las bandas de policías parapoliciales promovidas por Bolsonaro, las “milicias”, es por temor a que la oposición a las milicias y a Bolsonaro entre los trabajadores se vuelva contra el propio sistema capitalista.

Dichos esfuerzos culminaron en marzo y abril con los candidatos presidenciales del PT y del PSOL de 2018 pidiendo la renuncia de Bolsonaro y la unidad nacional en torno a su vicepresidente, el general Hamilton Mourão, a fin de enfrentar mejor la pandemia de COVID-19. El PT presentó artículos para un juicio político contra Bolsonaro por “amenazar la seguridad” del Estado capitalista al provocar oposición social con su política asesina de “inmunidad colectiva”.

Esta oposición es un resultado inevitable del crecimiento sin precedentes de la desigualdad social en los últimos cinco años de persistente crisis económica, un proceso enormemente acelerado por las políticas criminales de la clase dominante hacia la pandemia del COVID-19. El papel cada vez más prominente de los militares, y especialmente de la asesina y criminal Policía Militar, refleja la incompatibilidad objetiva de las formas de gobierno democrático-burguesas con esta polarización social.

En estas condiciones, a pesar de su retórica de “izquierda”, tanto el PT como el PSOL están encubriendo los peligros que plantea el crecimiento de la extrema derecha dentro del ejército y la policía de Brasil. Esto es parte de una tendencia internacional arraigada en la incompatibilidad de los métodos de gobierno democrático burgueses con el estado avanzado de la crisis capitalista. Ha encontrado expresión en el uso de policías fuertemente militarizados y escuadrones antiinmigrantes para aterrorizar a los trabajadores en las ciudades estadounidenses, y en la penetración masiva de elementos neonazis en las fuerzas de seguridad alemanas.

Estos esfuerzos encuentran un suelo especialmente fértil en la policía militar brasileña y han sido promovidos conscientemente por Bolsonaro y sus aliados electorales de 2018, como el gobernador de São Paulo, João Doria, y el exgobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel. Todos ellos buscaron hacer de los miembros de la Policía Militar de bajo rango uno de sus distritos electorales clave y patrocinaron una política de disparar a matar que hizo que los asesinatos policiales aumentaran en un 30 por ciento en los primeros meses de 2020 en São Paulo y al mayor número en 22 años en Rio.

El hecho de que el PT y el PSOL estén llevando a cabo campañas promilitares que presentan a la Policía Militar como una base de apoyo democrática, opuesta a las políticas de extrema derecha de Bolsonaro, es una condena contra el carácter de clase de estos partidos. A pesar de sus acaloradas disputas con Bolsonaro centradas en la política exterior, tanto el PT como el PSOL temen más a la clase trabajadora que al propio Bolsonaro. Están intentando darle al aparato asesino y represivo del Estado capitalista brasileño una tapadera de “izquierda” por temor a que Bolsonaro no esté lo suficientemente preparado para hacer frente al estallido social que se avecina.

(Publicado originalmente en inglés el 10 de octubre de 2020)