Esta semana, la Organización Mundial de la Salud advirtió que Europa se enfrenta a “aumentos exponenciales” en los casos de COVID-19. En tan solo los últimos 10 días, el continente ha registrado más de un millón de nuevos casos, llevando el total desde el inicio de la pandemia por encima de los siete millones.
Conforme Europa emerge como un epicentro del repunte global del COVID-19, la Unión Europea está persiguiendo una política que está resultando en muertes a una escala sin precedentes, superando con creces las 200.000 muertes de la primavera.
Después de que los cierres revirtieron el pico inicial de COVID-19 en Europa, los Gobiernos de todo el continente se jactaron de haber controlado el virus. Los bancos centrales de Europa entregaron rescates de 1,25 billones de euros para la zona euro y 645.000 millones de libras esterlinas para el Reino Unido, y la UE negoció un rescate corporativo de 750.000 millones de euros. Al mismo tiempo, los Gobiernos europeos exigieron que los trabajadores volvieran al trabajo y los jóvenes a la escuela. La prioridad, insistieron, era evitar un nuevo cierre.
Todos estos argumentos fueron puestos completamente en evidencia. El número de nuevos casos diarios en Europa ha superado los 150.000, a medida que el virus se propaga fuera de control. Francia reporta más de 30.000 casos, Reino Unido casi 20.000, la República Checa casi 10.000, Italia 9.000, Bélgica, Polonia y los Países Bajos 8.000 y Alemania 7.000. Las autoridades informan diariamente de 13.000 nuevos casos en España, hasta hace poco el país más afectado de Europa, pero los periódicos informan de que los Gobiernos regionales están suprimiendo miles de casos de sus totales reales.
Incluso si el ritmo de contagio se mantuviera en sus niveles actuales, de 4,5 millones de casos por mes, abrumaría el sistema de salud de Europa. Sin embargo, los Gobiernos de la Unión Europea siguen rechazando emitir una orden general de permanecer en casa o de cierres de negocios, exigiendo en cambio que los trabajadores no esenciales vuelvan a trabajar para generar ganancias que respalden las enormes cantidades de capital financiero que se les están entregando a las grandes corporaciones. La UE ha sacrificado la salud y la vida de los trabajadores en beneficio de la aristocracia financiera.
Las autoridades de España, Reino Unido y Francia están anunciando toques de queda nocturnos o restricciones a la movilidad en determinadas ciudades en un intento de tranquilizar a un público cada vez más enfadado y temeroso. Sin embargo, desde Madrid a Marsella, París y Liverpool, estos toques de queda tienen una cosa en común: obligan a los trabajadores y a los jóvenes a seguir yendo al trabajo y a la escuela, donde se produce la gran mayoría de las infecciones. Con esta política, el número de nuevos casos seguirá aumentando exponencialmente.
A medida que el hemisferio norte se dirige hacia el invierno –temporada en que la gente se queda dentro de zonas poco ventiladas y las enfermedades como el COVID-19 se propagan y matan con mayor rapidez— se avecina un desastre en Europa y en todo el mundo.
El más grave de los escenarios solo puede prevenirse mediante la movilización política de la clase obrera europea e internacional. De hecho, fue solo la intervención independiente de la clase obrera la que obligó a que se adoptaran políticas de cierre esta primavera en Europa, que los epidemiólogos estiman que salvó la vida de millones de personas. Las huelgas salvajes que comenzaron en la planta automotriz de Fiat en Pomigliano y se extendieron a las plantas de acero, ingeniería y procesamiento de alimentos en Italia y gran parte de Europa cerraron las cadenas internacionales de suministro y obligaron a los Gobiernos de la Unión Europea a adoptar órdenes de refugiarse en el hogar.
Después de más de un millón de muertes por COVID-19 en todo el mundo, incluyendo más de 230.000 en Europa, está creciendo explosivamente la oposición social. Han estallado protestas masivas de jóvenes contra las políticas de regreso a las aulas en Grecia y Polonia, así como huelgas de enfermeras en España y Francia exigiendo más recursos y mejores salarios para hacer frente a la pandemia. Los trabajadores y profesionales de la salud están denunciando las políticas de "inmunidad colectiva" adoptadas por los Gobiernos de todo el mundo, que la revista médica británica de renombre internacional, The Lancet, ha sometido a críticas devastadoras e inequívocas.
The Lancet escribió: "La llegada de una segunda ola y el reconocimiento de los desafíos que se avecinan han provocado un renovado interés en el enfoque llamado inmunidad colectiva, que aboga por permitir un gran brote incontrolado en la población de bajo riesgo, protegiendo al mismo tiempo a los vulnerables. Sus defensores sugieren que esto llevaría al desarrollo de la inmunidad de la población de bajo riesgo a través del contagio, lo que a la larga protegerá a los vulnerables. Esta es una falacia peligrosa que no está respaldada por pruebas científicas".
"La transmisión incontrolada en personas más jóvenes arriesga una morbilidad y mortalidad significativa en toda la población", advirtió The Lancet. Añadió que esto amenaza con "abrumar la capacidad de los sistemas sanitarios de proporcionar cuidados intensivos y de rutina", garantizaría "epidemias recurrentes" y "corre el riesgo de exacerbar aún más las desigualdades socioeconómicas... ya puestas al descubierto por la pandemia".
The Lancet escribió que las medidas de permanencia en el hogar llevadas a cabo a principios de año eran "esenciales para reducir la mortalidad, evitar que los servicios de la salud se vean desbordados y ganar tiempo para establecer sistemas de respuesta a la pandemia para suprimir la transmisión tras el cierre".
Siete meses después de que se iniciaran los cierres en toda Europa esta primavera, ya no cabe duda de que el cierre de empresas no esenciales, combinado con inversiones masivas en salud pública, pruebas, cuarentenas y rastreo de contactos, es la única política científica para combatir el virus. Lo que queda por aclarar es el programa político de acuerdo con el cual la creciente oposición de la clase obrera puede convertirse en una lucha consciente por evitar una pérdida de vidas verdaderamente horrorosa. Una política científica solo puede aplicarse mediante la unificación y movilización internacionales de la clase obrera en lucha por el socialismo.
Solo un asalto masivo y revolucionario a la propiedad capitalista puede superar los arraigados intereses económicos que han dictado una política asesina ante el COVID-19. La conclusión ineludible del artículo de The Lancet es que la política de regreso al trabajo y a la escuela de los Gobiernos de la UE era una política falsa y anticientífica, impuesta por la aristocracia financiera contra los trabajadores y a la juventud a partir de mentiras.
Los funcionarios de la UE sabían que sus políticas provocarían muertes masivas. En marzo, cuando las huelgas obligaron a los funcionarios a aceptar los cierres, el Ministerio del Interior alemán preparó un informe clasificado según el cual "más de un millón" de alemanes podrían morir en 2020 del COVID-19 sin medidas de emergencia. En una reunión del Consejo de Seguridad Nacional francés, sus funcionarios presuntamente escucharon advertencias ultrasecretas sobre cientos de miles de muertes. Sin embargo, estas advertencias fueron ocultadas de la población y enterradas por los medios de comunicación, para que los bancos y los Gobiernos de la UE pudieran obligar a los trabajadores a volver al trabajo y reiniciar el flujo de ganancias.
Las burocracias sindicales europeas y sus partidos aliados de clase media, como el partido La Izquierda de Alemania, Podemos en España y el Nuevo Partido Anticapitalista de Francia, están implicados en esta política criminal. Después de no hacer nada para movilizar a los trabajadores esta primavera, ayudaron a implementar la política de regreso al trabajo. Después de que los sindicatos alemanes y franceses firmaran una declaración este verano apoyando los rescates de la UE, esperan que miles de millones de euros de los fondos de rescate pasen a través de los bancos y los comités laborales a sus carteras de acciones y a las arcas de los sindicatos, y están dejando morir a miles o millones de trabajadores.
Las secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) han llamado a los trabajadores y a la juventud a organizar comités de seguridad en los lugares de trabajo y en las escuelas, independientemente de los sindicatos, para oponerse a las políticas de inmunidad colectiva de la clase dirigente. A medida que el virus hace estragos en la población, es evidente que la defensa de la salud y la seguridad en cada lugar de trabajo y escuela es imposible sin una estrategia colectiva y revolucionaria para oponerse a la política de infecciones y muertes masivas de la aristocracia financiera.
Para ello es necesario construir el CICI como la dirección revolucionaria de la clase obrera internacional, para sentar las bases políticas de acciones de huelga coordinadas y masivas, la oposición sistemática y la toma del poder para incautar los recursos necesarios para una lucha científica y humana contra el COVID-19. Esto incluye una política de refugio en el hogar para la juventud y todos los trabajadores no esenciales, respaldada por financiamiento para los trabajadores y las pequeñas empresas que ya no pueden operar. Esto exige una lucha revolucionaria de la clase obrera para derribar la UE y sustituirla por los Estados Unidos Socialistas de Europa.
(Publicado originalmente en inglés el 17 de octubre de 2020)