El miércoles fue el tercer día de protestas masivas en todo Perú. Miles de personas se movilizaron para protestar contra la crisis política, económica y sanitaria que azota a este país sudamericano. Los manifestantes fueron recibidos con cañones de agua y represión policial.
El lunes 9 de noviembre, el Congreso peruano destituyó al presidente Martín Vizcarra de su cargo. Al día siguiente Vizcarra fue reemplazado por Manuel Merino, presidente del Congreso. Se realizaron manifestaciones en varias ciudades en oposición a la destitución de Vizcarra. Como presidente hasta las elecciones del 11 de abril de 2021, Merino también sigue presidiendo el Congreso.
Merino es el tercer presidente en el lapso de un período presidencial; Pedro Pablo Kuczynski, el predecesor de Vizcarra, fue elegido en 2016.
Merino defendió la acción del Congreso, definiéndola como un "proceso de transición democrática" para defender a la nación peruana y declarando que los votos de la asamblea "no fueron comprados" y siguieron el debido proceso.
Vizcarra había sido impugnado por "incapacidad moral permanente". Se alegó que había recibido sobornos relacionados con proyectos de construcción en 2011-2014, cuando Vizcarra era gobernador de la provincia sureña de Moquegua. Las acusaciones se basan en acuerdos con otros acusados, sin que se haya celebrado ningún juicio ni se haya realizado ninguna investigación.
La destitución de Vizcarra fue el resultado del segundo intento de destitución de la legislatura. Un intento de destitución hace dos meses, supuestamente por "tráfico de influencias", no obtuvo los dos tercios de los votos necesarios de la legislatura.
El Departamento de Estado de los EE.UU. indicó que los funcionarios de los EE.UU. estaban "siguiendo los acontecimientos de cerca".
"Esperamos que las instituciones peruanas defiendan la constitución y el estado de derecho", declaró un portavoz. "Observamos que las elecciones nacionales están programadas para abril. Como una región de democracia y prosperidad, hacemos un llamado a los peruanos para que continúen persiguiendo sus fines políticos a través de un proceso pacífico, legal y democrático".
Irónica e hipócritamente, la declaración llegó el mismo día en que el secretario de Estado Mike Pompeo dijo en una conferencia de prensa del Departamento de Estado que habría una "suave transición a una segunda administración Trump", respaldando el intento de la Casa Blanca de anular los resultados de las elecciones presidenciales de EE.UU.
La declaración del Departamento de Estado tenía más que ver con su deseo de sofocar la reacción popular a la remoción de Vizcarra que con cualquier defensa genuina del proceso democrático.
En Lima, la capital de Perú, la decisión de reemplazar a Vizcarra por Merino llevó a mucha gente a las calles. El lunes por la noche y el martes, la multitud marchó y se reunió para protestar por el nombramiento de Merino. Una marcha de protesta del martes por las calles del centro de Lima fue bloqueada para llegar al edificio del Congreso. En el curso de diez horas de protestas, docenas fueron arrestados y varios fueron heridos por la policía.
Las protestas también tienen lugar en las ciudades de Ayacucho, Cusco, Trujillo, Piura e Iquitos, centros de la minería y la industria.
Aunque Vizcarra ha negado todas las acusaciones en su contra, la corrupción política ha sido endémica en las élites gobernantes de Perú. El propio Vizcarra se convirtió en presidente tras la dimisión del presidente Kuczynski debido a las acusaciones de corrupción en marzo de 2018 que implicaban al gigante brasileño de la construcción Odebrecht. Casi todos los expresidentes peruanos vivos han sido implicados en pruebas de corrupción.
La destitución de Vizcarra fue llevada a cabo por todos los partidos políticos representados en la legislatura. Sesenta y ocho de los que votaron (de 130 legisladores) han sido acusados de prácticas corruptas y se les ha prohibido presentarse de nuevo a las elecciones.
La destitución de Vizcarra y el nombramiento de Merino se han producido en el contexto de una crisis social y económica cada vez más profunda. Además de que su gobierno está atormentado por acusaciones de corrupción, el Perú es un epicentro de la pandemia COVID-19, con la tasa de mortalidad per cápita de COVID-19 más alta de América.
Mientras los políticos peruanos continúan enriqueciéndose a través del servicio a la oligarquía financiera del país y el capital extranjero, Perú implosiona. Para agosto de este año, el producto interno bruto de Perú había disminuido en un 30 por ciento; el desempleo es un 40 por ciento más alto que en 2019. Muchas empresas se han declarado en quiebra y la economía peruana aún no ha tocado fondo.
El turismo se ha contraído en un 90 por ciento, la construcción en un 67 por ciento y la minería en un 37 por ciento.
Al igual que su predecesor, Vizcarra gobernó como enemigo de la clase obrera y agente de los cárteles mineros. En junio, después de tres meses de encierro, sin haber detenido el coronavirus y bajo la presión de la clase dirigente, Vizcarra abrió la economía, con efectos devastadores. Los hospitales se han quedado sin recursos; el ritmo de nuevos casos y muertes continúa acelerándose. Un régimen encabezado por Merino sólo profundizará los ataques a la clase obrera peruana.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 12 de noviembre de 2020)