El martes, el gobierno del presidente Emmanuel Macron presentó su proyecto de ley de "seguridad global" a la Asamblea Nacional. Tras el anuncio de los planes para una ley contra el "separatismo" aparentemente dirigido contra grupos islamistas, este proyecto de ley es parte de una campaña para establecer un estado de emergencia permanente, otorgando poderes draconianos a la policía.

Sus disposiciones no tienen precedentes. Cualquiera que publique imágenes de un acto público, incluyendo agentes de policía, de una forma que pueda "dañar el bienestar físico o psicológico del agente" se enfrenta a un año de cárcel y una multa de 45.000 euros. Este criterio puramente subjetivo, que permite a la policía arrestar a cualquiera que los grabe simplemente diciendo que se sienten incómodos al ser grabados, debilita la libertad de prensa y cualquier intento de responsabilizar a las fuerzas de seguridad por la brutalidad policial.

La ley también otorga a la policía amplios poderes nuevos para realizar videovigilancia de la población. El acceso a las cámaras de seguridad en las tiendas o instituciones públicas, así como en los complejos de departamentos, será otorgado no solo a la policía nacional sino también municipal. Además, el proyecto de ley autoriza a la policía a desplegar drones con tecnología de reconocimiento facial para sobrevolar y monitorear las marchas de protestas públicas.

Se produce, además, después de que se supo que el gobierno introdujo discretamente una disposición en su ley que autorizaba la financiación de la investigación universitaria para prohibir efectivamente las protestas en las universidades. Dice: “Penetrar o permanecer en una institución de educación superior sin autorización de actos legislativos o reglamentarios o de las autoridades correspondientes, con el fin de perturbar la tranquilidad o el buen orden del establecimiento, puede enfrentar penalizaciones”. Estos incluyen tres años de prisión y una multa de €45.000.

Es evidente que, tras años de crecientes protestas sociales en Francia e internacionalmente, se ha alcanzado un punto crucial. Después de la represión sangrienta de las huelgas y las protestas de los "chalecos amarillos", el gobierno de Macron estaba aterrorizado por las protestas masivas internacionales que estallaron, incluso en Francia, después del asesinato policial de George Floyd en Minneapolis esta primavera. Frente a la creciente ira pública por el enorme número de muertos de COVID-19, la élite gobernante está tratando de establecer una dictadura policial.

Niveles insostenibles de desigualdad social y la criminalidad estatal como la que reveló la pandemia están debilitando en todas partes lo que queda de formas democráticas de gobierno. En Estados Unidos, Trump se niega a admitir la derrota en las elecciones presidenciales y lanza un golpe de estado, apelando a las milicias de extrema derecha para que intenten mantenerlo en el cargo. En Francia, el gobierno está pisoteando los derechos protegidos constitucionalmente, como la libertad de prensa y el derecho a protestar, imponiendo una ley ilegítima en un intento desesperado para silenciar la oposición creando un clima de terror policial.

No hay duda de que esta ley es ilegítima e incompatible con una forma democrática de gobierno. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el defensor del pueblo de derechos humanos del propio gobierno francés han denunciado que la ley viola los principios democráticos fundamentales.

La ONU señaló que la publicación de imágenes de policías es “no solo esencial para respetar el derecho a la información libre, sino también legítima para ejercer un control democrático de las instituciones públicas. Su ausencia podría, en particular, evitar la documentación de posibles abusos y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones”. La ONU advirtió que al promulgar la ley, Francia violaría la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Europea de Derechos Humanos.

Claire Héron, defensora del pueblo de derechos humanos de Francia, advirtió que la ley "no es necesaria para proteger a la policía y la policía paramilitar, y amenaza indebidamente la libertad de expresión y crea obstáculos para controlar su acción". También descubrió que grabar a los manifestantes según los términos de la ley podría "amenazar directamente la vida privada" de los manifestantes y "potencialmente amenazar la libertad de manifestación, que el estado tiene la tarea de proteger".

Mientras se presentaba el proyecto de ley a la Asamblea Nacional, los sindicatos de periodistas y los grupos de derechos humanos realizaron protestas contra esta ley antidemocrática. En Toulouse, alrededor de 1.300 personas, incluyendo manifestantes de los "chalecos amarillos" que conmemoraban el segundo aniversario de sus protestas, se reunieron en el centro de la ciudad y fueron dispersados por la policía antidisturbios disparando gases lacrimógenos una hora después. Alrededor de 700 asistieron en Burdeos y Lyon, donde tuvieron lugar protestas ante la prefectura policial, así como varios cientos en Marsella y Rennes, en la Plaza de la República.

En París, varios cientos de manifestantes se reunieron frente a la Asamblea Nacional el martes, mientras que los diputados en el interior comenzaron a debatir el proyecto de ley. La policía antidisturbios los rodeó, disparando descargas de gases lacrimógenos y arrestando a 33 personas.

Un periodista de la estación de televisión pública France3 que filmaba la manifestación con un teléfono celular fue arrestado y detenido. “Identificado por su carnet de prensa, sin embargo fue arrestado y liberado hoy a primera hora de la tarde. No se dio el motivo de la detención y no se presentaron cargos ", afirmó France3-Paris, y agregó que" condena con la mayor firmeza esta detención abusiva y arbitraria de un periodista mientras trabaja".

La autoridad de televisión pública en Francia emitió un comunicado, declarando: "La dirección de France-Télévisions condena esta restricción a la libertad de prensa y el ejercicio del derecho a informar" y "se reserva el derecho de emprender las acciones legales necesarias".

No obstante, los miembros de la República de Macron en el partido March (LREM) insistieron en que impondrían la ley a toda costa. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, quien al presentar su ley de “antiseparatismo” ha apelado al sentimiento antisemita y anti musulmán denunciando los pasillos de comida kosher y halal en los supermercados, dejó claro que esta ley pretende amordazar a la prensa.

Darmanin defendió el arresto del personal de la televisión estatal francesa, diciendo que si quieren cubrir las manifestaciones, los periodistas "deben estar más cerca de las autoridades" y "proporcionarles informes".

Una fetidez fascista está aumentando desde la administración de Macron. Jean-Michel Fauvergue, copatrocinador del proyecto de ley de "seguridad global" y ex líder del escuadrón de asalto RAID de la policía nacional francesa, indicó que sentía que la censura es necesaria para detener la creciente indignación pública contra el estado y las fuerzas de seguridad. Dijo que la ley “recuperaría el terreno” perdido en la “guerra de imágenes” que “la autoridad, el estado en particular, está perdiendo actualmente”.

Fauvergue no lo dijo, pero el objetivo de la guerra que libra el Estado es la población y sobre todo la clase obrera.

En los últimos cinco años, innumerables videos en las redes sociales han expuesto actos de brutalidad policial salvaje contra manifestantes de los "chalecos amarillos", trabajadores del transporte en huelga y manifestantes estudiantiles. Solo durante las protestas de los "chalecos amarillos", más de 11.000 personas fueron arrestadas y detenidas, más de 4.400 heridos por la policía, dos docenas de personas perdieron ojos y cinco manos, mientras que un espectador, Zineb Redouane, de 80 años, fue asesinado a tiros con un bote de gas lacrimógeno de la policía. El gobierno de Macron condecoró al oficial de policía que dirigía la unidad que mató a Redouane.

Combatir las políticas fascistas de la administración de Macron, incluyendo su política de obligar a los trabajadores y a los jóvenes a permanecer en el trabajo y la escuela y así propagar el coronavirus, requiere la movilización política independiente de la clase obrera en un programa socialista e internacionalista. Las burocracias sindicales y sus aliados políticos, incluyendo el Partido Socialista (PS) de las grandes empresas y el partido Francia Rebelde (la Francia Insumisa, LFI) de Jean-Luc Mélenchon, están todos integrados en el aparato del Estado-policía.

Mientras que el funcionario de LFI Danièle Obono criticó el proyecto de ley de “seguridad global” por apoyar potencialmente la “autocensura” en Francia, Hervé Saulignac, del PS, comentó: “Hay líneas rojas que no deben cruzarse. Incluso [el expresidente conservador Nicolas] Sarkozy nunca llegó tan lejos”. Sin embargo, estas críticas son hipócritas: fue el PS quien puso en marcha la suspensión de los derechos democráticos, imponiendo un estado de emergencia de dos años en 2015. El grupo legislativo de Mélenchon votó por el estado de emergencia en la Asamblea Nacional en ese momento.

La ley de “seguridad global” está en la continuidad directa de la política llevada a cabo por el PS, respaldado por la LFI, preparando el terreno legal para que Macron instale un estado de emergencia permanente.

Las amenazas gemelas de COVID-19 y el impulso de la aristocracia financiera hacia la dictadura plantean grandes desafíos para los trabajadores y los jóvenes. Para detener el virus en las escuelas y los lugares de trabajo de todo el mundo se requiere la formación de comités de seguridad —independientes de los sindicatos, que apoyan la campaña de regreso al trabajo— para informar a los trabajadores y estudiantes, y presionar por una política de cierre que les permita refugiarse de manera segura en el hogar. Combatir el impulso hacia la dictadura requiere un movimiento político socialista, que luche por transferir el poder a esos órganos independientes de la clase obrera en Francia e internacionalmente.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 19 de noviembre de 2020)