Apenas 10 días después de iniciar su programa de vacunación contra el COVID-19, anunciado desde hace mucho tiempo, Brasil ya enfrenta escasez de vacunas, y los Gobiernos locales están tomando la decisión de retrasar la administración de la segunda dosis para maximizar el número de personas con la primera dosis.

Se han registrado retrasos en todo el mundo, exponiendo las falsas predicciones de los Gobiernos de que habría una rápida distribución de las vacunas, en otro intento de la clase gobernante para hacer que la clase trabajadora acepte las políticas de inmunidad colectiva. En Brasil, los líderes del Congreso y la prensa corporativa han atribuido las demoras casi exclusivamente a represalias de las autoridades chinas e indias contra la diplomacia proestadounidense promocionada por el Gobierno del presidente fascistizante Jair Bolsonaro.

La suposición generalizada expresada por los consejos editoriales es que tanto China como la India, responsables de una gran parte de la fabricación de productos farmacéuticos en todo el mundo, retrasaron deliberadamente el envío de vacunas y materiales para las vacunas a Brasil.

Las demoras en el envío se conocieron un día después de que la agencia reguladora de medicamentos del país, Anvisa, diera la aprobación de emergencia para dos vacunas en una reunión extraordinaria el domingo 17 de enero, transmitida en vivo por las principales redes de noticias por cable. Anvisa otorgó el uso de emergencia para dos vacunas con producción programada en Brasil adjunta a una transferencia tecnológica: la CoronaVac, una vacuna tradicional de virus inactivado diseñada por Sinovac Life Sciences, con sede en China, y la vacuna de Oxford-AstraZeneca.

El CoronaVac ya estaba en producción en el estado de São Paulo, con el patrocinio de las autoridades locales, y fue la primera en estar disponible en el país, con seis millones de dosis enviadas a todo el país desde São Paulo, luego de la reunión de Anvisa. Sin embargo, el lunes 18 de enero, el laboratorio federal Fiocruz responsable de las pruebas y producción de la vacuna de Oxford-AstraZeneca hizo público que su producción aún estaba pendiente de suministros de China que ya debían haber llegado según el contrato con la empresa farmacéutica. Poco después, el Gobierno de São Paulo declaró que las exportaciones de ingredientes para una mayor producción de CoronaVac también enfrentaban retrasos sin explicación.

El Gobierno de Bolsonaro recurrió de inmediato a India, gobernada por el ultraderechista Narendra Modi, considerado un aliado clave en la alianza anti-China patrocinada por el imperialismo estadounidense y retratado por el Gobierno brasileño como un aliado cercano del propio Bolsonaro. India, un importante productor de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, no ofreció garantías inmediatas de rescatar a la Administración de Bolsonaro, y luego envió solo dos millones de dosis a Brasil.

Los envíos chinos fueron despachados luego de que el embajador chino hablara en ocasiones separadas con una serie de autoridades, incluido el presidente de la cámara baja, Rodrigo Maia, y ministros vinculados a sectores comerciales importantes y altamente dependientes de las exportaciones a China, como la ministra de Agricultura, Tereza Cristina.

Si bien ninguna fuente oficial confirmó las represalias de India o China, un informe del 27 de enero de Afonso Benites en El País reveló que reducir las críticas a los proveedores chinos de equipos 5G, principalmente de Huawei, por parte de la Administración de Bolsonaro fue una de las condiciones para el envío de las exportaciones de vacunas.

Se espera que Huawei obtenga importantes contratos de infraestructura 5G en Brasil a finales de este año. Sin embargo, se enfrenta a la amenaza de prohibiciones encabezadas previamente por la Administración de Trump y basadas en la afirmación infundada de que su equipo es deliberadamente vulnerable o incluso que está completamente integrado en la infraestructura de espionaje de China.

En cuanto a India, el corresponsal brasileño en Ginebra, Jamil Chade, informó que las autoridades indias atribuyeron explícitamente la escasez mundial de vacunas a la posición predominante de los Gobiernos imperialistas y apoyada por Brasil de oponerse a la abolición de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas, una postura promovida por India.

La resolución aparentemente rápida de la crisis, con la frenética movilización de elementos considerados como “moderados” y pragmáticos dentro del Gobierno y el Congreso brasileños, no impidió que el principal periódico conservador del país, el Estado de S. Paulo, pidiera por primera vez un juicio político para destituir a Bolsonaro. Dos días después, esto fue respaldado por parte de su principal rival “progresista”, Folha de S. Paulo.

Ambos periódicos, que han pedido reiteradamente la renuncia de Bolsonaro a favor de su vicepresidente, reaccionaron con fuerza a la crisis en sus editoriales. Reaccionaron al respaldo de Bolsonaro al golpe fascista del 6 de enero en Washington D.C. con soporíferos sobre los “frenos y contrapesos” de la democracia brasileña. Les ha parecido insoportable que Bolsonaro haya llevado a Brasil a una crisis diplomática con su principal socio comercial, China, sin tener un plan de respaldo después de que su giro hacia EE.UU. se viera afectado tras la derrota electoral de Trump.

El Estado de S. Paulo editorializó: “El presidente más inepto en la historia de la nación solo se aferra a su cargo, tras no estar nunca a la altura, porque no existen aún las circunstancias políticas para su destitución constitucional”.

Pero el periódico también dejó en claro que la clase dominante brasileña se encuentra en un callejón sin salida. “Estas circunstancias políticas no dependen principalmente de un entendimiento sobre los muchos crímenes que ya ha cometido contra la presidencia, que son ahora más que suficientes para un juicio político robusto, sino sobre el proyecto para el país que pretende sustituir el populismo furioso del bolsonarismo”.

Dos días después, el periódico Folha publicó un editorial en su típica forma cobarde: “Para este periódico, un juicio político es un recurso extremo, además de lento y siempre traumático. Desafortunadamente, no se puede ignorar la actitud indignante de Bolsonaro, ni las casi 60 peticiones para un juicio político que fueron ya presentadas”.

El mismo día, el Estado adoptó un tono de urgencia en su llamado a un juicio político concentrándose especialmente en las relaciones diplomáticas, al afirmar que “la permanencia de Jair Bolsonaro en el cargo imposibilita la recuperación de la imagen del país y la reanudación de contactos positivos y pacíficos con todas las naciones”.

El jueves pasado, en una medida sin precedentes que puso al descubierto una crisis cada vez mayor dentro del Gobierno, el vicepresidente Hamilton Mourão dijo que el Gobierno podría despedir al canciller Ernesto Araújo. Un fanático ultraderechista antichino y secuaz de Bolsonaro, fue elogiado por el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, dos días antes del golpe de Estado en Washington con un tuit que decía: “No hay un canciller más amante de la libertad que tú. Tú, yo, libertad. Qué empiece la competición”. La expulsión de Araújo es vista como la señal más fuerte que podría enviarse a las autoridades chinas de un cambio de rumbo por parte del Gobierno brasileño.

En una nueva señal de las negociaciones que se están llevando a cabo en el Congreso, ayer Mourão despidió a un asistente que había filtrado mensajes a la prensa en los que discutía con los asistentes del Congreso la necesidad de “estar preparados” para un juicio político, lo que implica la necesidad de articular el apoyo a una Administración interina encabezada por el vicepresidente.

Lo más importante es que el principal partido de la oposición en el Congreso, el Partido de los Trabajadores (PT), reaccionó de inmediato a las brechas iniciales al intentar resolver el conflicto planteado por Estado con respecto a las divisiones que seguirían al juicio político de Bolsonaro. El exjefe de gabinete del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu, dijo al sitio web Poder360 que “nuestra tarea es transformar el juicio político en un movimiento popular”, es decir, brindar una cubierta “democrática” para los auerdos secretos en Brasilia y las fuerzas de derecha que se riñen el poder estatal.

El sábado, los sindicatos controlados por el PT organizaron pequeñas caravanas en 30 ciudades. En São Paulo, la manifestación fue encabezada por Guilherme Boulos del pseudoizquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Boulos llevó al PSOL a un avance electoral para la alcaldía de São Paulo en 2020, quedando segundo con el 41 por ciento de los votos.

Intentando dar una tapadera de izquierda a los conflictos expresados por los medios corporativos, Boulos declaró que “se acercaba el día” de la destitución de Bolsonaro. El domingo, los movimientos de extrema derecha, que encabezaron manifestaciones en 2015 y 2016 pidiendo al ejército e incluso a Donald Trump que “rescataran” a Brasil del Gobierno del PT, realizaron sus propios mítines contra Bolsonaro.

Estas divisiones están surgiendo a medida que el país registra el promedio móvil más alto de muertes por COVID-19 desde julio de 1.055 muertes por día, junto con más de 51.000 nuevos casos por día. Brasil ya ha registrado más de 221.000 muertes por COVID-19 y 9,1 millones de casos, y solo está detrás de Estados Unidos en el número de muertos. El país también está en camino de enfrentar su peor momento en la pandemia hasta ahora, ya que el norte del país enfrenta un terrible colapso de su sistema de atención médica, con pacientes que mueren por falta de oxígeno en las unidades de UCI y médicos que informan que han tenido que administrar morfina a quienes se asfixian para aliviar su dolor antes de la muerte.

El ministro de Salud de Brasil, el general Eduardo Pazuello, fue enviado a la capital amazónica de Manaos, epicentro de la crisis, el sábado 23 de enero. Apenas dos días antes, el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, autorizó a la Fiscalía General investigar a Pazuello por ignorar repetidas advertencias de las autoridades estatales de que los suministros de oxígeno de la ciudad se estaban agotando.

El viernes, Pazuello declaró que no menos de 1.500 pacientes tendrían que ser trasladados en avión desde la ciudad de dos millones, que está aislada por tierra del resto del país por la selva amazónica. Las transferencias seguramente propagarán el virus al resto del país ya que se cree que una cepa del virus recientemente identificada, que comparte muchas de las características genéticas con las variantes inglesa y sudafricana, es más contagiosa que la original.

El apoyo al juicio político ha crecido hasta incluir a la mayoría de la población por primera vez desde el apogeo de la pandemia en mayo, sin duda una reacción a la debacle de la vacunación y la indiferencia del Gobierno hacia el sufrimiento en Manaos. Pero la pomposa retórica sobre esta debacle dentro de los círculos gobernantes tan solo busca ocultar su unidad fundamental en torno a la política de inmunidad colectiva.

Todas las facciones de la clase dominante que se oponen a Bolsonaro, así como sus acólitos pequeñoburgueses como Boulos, el PSOL y los líderes sindicales, afirman que su oposición está impulsada por el manejo criminal y sádico de la pandemia por parte de Bolsonaro. Sin embargo, ninguno de sus representantes menciona la única medida urgente capaz de evitar la terrible tragedia que se desarrolla en Brasil: un cierre total de sectores no esenciales de la economía, con compensación total de ingresos para los trabajadores y pequeñas empresas arruinadas.

Nada aclara más esa unidad que la demanda corporativista del sindicato de maestros de São Paulo, controlado por el PT, la APEOESP, de que los maestros deben ser vacunados antes de la reapertura de las escuelas programada para el 8 de febrero. Si bien el sindicato finge preocupación por la salud de los maestros, no se opone al objetivo esencial de la reapertura de las escuelas, es decir, facilitar una reapertura mortal de la economía en nombre de las ganancias capitalistas, que se han visto perjudicadas por cierres limitados.

No hay ninguna facción de la clase dominante ni la autodenominada oposición y sus partidarios en la pseudoizquierda que estén dispuestos a plantear esa demanda. Los morenistas de Esquerda Diário, que recientemente redoblaron su defensa de los tratamientos curanderos para el COVID-19 como la hidroxicloroquina, publicaron un editorial en respuesta a la crisis política brasileña titulado “Contra Bolsonaro y [el gobernador de São Paulo] Doria, luchemos por una vacunación universal”. Simplemente repite, con frases que suenan radicales, las críticas de la prensa corporativa sobre la debacle de la vacunación sin mencionar el cierre de la producción.

Detener la carnicería de la pandemia de COVID-19 causada por las políticas de inmunidad colectiva de la clase dominante requiere la organización de los trabajadores en comités de base independientes de los sindicatos en una lucha consciente contra este sistema en quiebra y homicida, que antepone las ganancias a las vidas humanas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de febrero de 2021)