El martes, los dirigentes demócratas de la Cámara de Representantes y el equipo legal de Donald Trump dieron a conocer sus informes para el juicio político del expresidente que comenzará en el Senado el 9 de febrero.
La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, votó el 13 de enero a favor de una resolución para acusar a Trump por cargos de incitación a la insurrección en relación con el asalto fascista del 6 de enero al Congreso. El intento de golpe de Estado fue organizado por Trump y sus aliados con el objetivo de bloquear la certificación del Congreso de la victoria electoral de Joseph Biden y allanar el camino para que Trump se instalara como dictador. En una muestra de apoyo continuo a Trump, 197 de los 211 republicanos en la Cámara de Representantes votaron en contra del juicio político.
La semana pasada, 45 de 50 republicanos en el Senado votaron a favor de una moción del libertario de extrema derecha Rand Paul para anular el juicio en el Senado sobre la base legal falsa de que es inconstitucional condenar a un presidente una vez que deja el cargo.
El informe demócrata de 80 páginas presenta un caso devastador, e incontestable de que Trump cometió “delitos graves y faltas” al convocar a una multitud de partidarios de extrema derecha a Washington DC el 6 de enero, el día de la sesión conjunta del Congreso encargada de certificar formalmente el voto electoral, e incitarlos a atacar el Capitolio de los Estados Unidos, interrumpir el procedimiento y probablemente apresar y matar a miembros del Congreso e incluso al vicepresidente de Trump, Mike Pence.
La introducción al escrito de los demócratas comienza:
Este juicio surge de la incitación a la insurrección del presidente Donald J. Trump contra la República que juró proteger. La Cámara de Representantes lo acusó por ese delito constitucional. Para proteger nuestra democracia y seguridad nacional, y para disuadir a cualquier futuro presidente que considere provocar violencia en pos del poder, el Senado debe condenar al presidente Trump y descalificarlo de un futuro cargo federal …
Desde los albores de la República, ningún enemigo, extranjero o nacional, había obstruido jamás el escrutinio de los votos del Congreso. Ningún presidente se ha negado jamás a aceptar un resultado electoral ni ha desafiado los procesos legales para resolver disputas electorales. Hasta que lo hizo el presidente Trump.
La introducción continúa:
Cuando irrumpió en el Capitolio, la multitud gritó “El presidente Trump nos envió”, “Cuelguen a Mike Pence” y “Traidor, traidor, traidor”. Los insurrectos agredieron a los policías con armas y agentes químicos. Tomaron el control del piso de la cámara del Senado, la Oficina de la presidente de la Cámara de Representantes y las secciones principales del complejo del Capitolio. Los miembros y su personal quedaron atrapados y aterrorizados. Muchos funcionarios (incluido el propio vicepresidente) apenas escaparon de los alborotadores… Cientos de personas resultaron heridas en el asalto. Murieron cinco personas, incluido un oficial de policía del Capitolio.
La responsabilidad del presidente Trump por los eventos del 6 de enero es inconfundible. Después de perder las elecciones de 2020, el presidente Trump se negó a aceptar la voluntad del pueblo estadounidense. Pasó meses afirmando, sin pruebas, que ganó de manera “arrolladora” y que la elección fue “robada”.
Al relatar los eventos del 6 de enero, el documento señala que Trump no hizo nada durante horas para detener a la multitud desenfrenada ni respondió a las solicitudes desesperadas de los funcionarios para que enviara fuerzas para retomar el Capitolio. Según los informes, estaba “encantado” con los sangrientos hechos que se transmitían en directo por las cadenas de noticias por cable.
Una sección titulada “Declaración de hechos” describe la campaña de varios meses de Trump para desacreditar la legitimidad de cualquier resultado que no fuera su reelección, y sus afirmaciones posteriores a las elecciones de una “elección robada”. Detalla sus esfuerzos para extorsionar a los funcionarios federales y estatales para que anularan los resultados de las elecciones en estados clave.
Tras señalar que hubo múltiples advertencias anticipadas de planes de violencia por parte de grupos neonazis y milicianos pro-Trump y que muchos de los que se dirigen a Washington estarían armados, el resumen dice:
Esta movilización no se escondió en la oscuridad de la noche. Se discutió ampliamente en sitios web, como TheDonald.win, que, como lo confirmó un exmiembro del personal de la Casa Blanca, fueron “monitoreados de cerca” por la operación de redes sociales del presidente Trump...
En TheDonald.win, un publicador dijo: “Si el Congreso certifica ilegalmente a Biden ... Trump no tendría absolutamente más remedio que exigirnos irrumpir en el Congreso y matarlos/golpearlos por ello”.
El escrito continúa refutando preventivamente las afirmaciones de los republicanos de que Trump está siendo victimizado por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Luego dedica unas 30 páginas a revisar los precedentes legales e históricos que demuestran que los funcionarios públicos pueden ser acusados y condenados después de que hayan dejado el cargo. El escrito de los demócratas presenta un caso irrebatible a favor de la condena de Trump por parte del Senado. Más que eso, deja claro, aunque no dice explícitamente, que el expresidente y aspirante a dictador es un gánster y cómplice de asesinato que debe ser procesado y condenado a cadena perpetua.
Esto subraya aún más la bancarrota de los llamamientos de los demócratas y Biden a la “unidad” con los republicanos, y su defensa del Partido Republicano como institución. Insisten en dirigirse como “colegas” a un partido que se ha alineado detrás de Trump y busca incorporar y legitimar a los fascistas, racistas y antisemitas descarados.
A este respecto, cabe mencionar que la narrativa presentada en el escrito de los demócratas excluye por completo el papel fundamental desempeñado por los líderes republicanos y los miembros del Congreso en la promoción de la Gran Mentira de Trump de una elección robada y en proporcionar una cubierta política para la insurrección del 6 de enero, oponiéndose a la certificación del voto del Colegio Electoral.
No se menciona el papel de Mitch McConnell, Ted Cruz, Josh Hawley, Tommy Tuberville y otros en el Senado, y Kevin McCarthy, Mat Gaetz, Mo Brooks, Paul Gosar y Andy Biggs, por nombrar algunos, en la Cámara de Representantes que facilitaron el esfuerzo de Trump para anular el resultado de las elecciones.
Por ejemplo, el escrito señala los discursos incendiarios de Rudy Giuliani, Donald Trump, Jr. y Trump en el Ellipse en la mañana del 6 de enero, pero no menciona el llamado del representante Mo Brooks para que la multitud “tome nombres y patee traseros” en el Capitolio.
Además, el documento omite cualquier mención e la amplia evidencia de complicidad en la conspiración golpista de altos funcionarios del ejército, la policía y el FBI. Ahora está establecido, por ejemplo, que el funcionario leal a Trump instalado en la purga postelectoral como líder del Pentágono, Christopher Miller, prohibió a la Guardia Nacional de Washington DC, dos días antes del asalto fascista, llevar armas o equipo antidisturbios que se pudieran utilizar contra los “manifestantes” pro-Trump.
El documento tampoco menciona las acciones extraconstitucionales anteriores de Trump, sobre todo su intento de golpe de Estado el 1 de junio de 2020, cuando movilizó a la policía militar para atacar violentamente a manifestantes pacíficos en Washington DC y amenazó con invocar la Ley de Insurrecciones y desplegar tropas en servicio activo para aplastar las protestas contra la violencia policial en todo el país.
El escrito presentado por el equipo legal de Trump tiene apenas 14 páginas, lo que indica la actitud despectiva del “45° presidente de los Estados Unidos” hacia el Congreso y su confianza justificada de que una gran mayoría de senadores republicanos votarán para exonerarlo.
Si bien el escrito afirma repetidamente que el juicio del Senado es inconstitucional porque Trump ya no está en el cargo, sin fundamentar la afirmación histórica o legalmente, no se detiene allí. Argumenta que Trump está siendo victimizado por ejercer su derecho de la Primera Enmienda a la libertad de expresión y expresión política, como si el comandante en jefe de Estados Unidos, con sus vastos poderes de represión, no fuera diferente de cualquier persona privada.
En el transcurso de esta argumentación, que implica que no existen controles legales o constitucionales sobre lo que un presidente puede decir, el escrito afirma como cierto un pilar central de la mentira de la “elección amañada” promovida por Trump y el grueso del Partido Republicano. Afirma:
Se admite que después de las elecciones de noviembre, el 45º presidente ejerció su derecho de la Primera Enmienda conforme a la Constitución para expresar su creencia de que los resultados de las elecciones eran sospechosos, ya que, con muy pocas excepciones, bajo el conveniente disfraz de 'salvaguardas' pandémicas del COVID-19 Los políticos o jueces locales cambiaron las leyes y procedimientos electorales de los estados sin las aprobaciones necesarias de las asambleas legislativas estatales.
Continúa afirmando que el verdadero ganador de las elecciones de 2020 sigue en duda y Trump “por lo tanto, niega que sus declaraciones fueran falsas”.
El documento hace dos afirmaciones importantes y reaccionarias más: que las declaraciones de Trump en el “Rally Save America” del 6 de enero no fueron una incitación a la multitud a “interferir con el conteo de los votos electorales”, y que el Congreso tiene derecho a revocar la voto electoral certificado y presentado por los estados:
El deber del Congreso, por lo tanto, no era solo certificar la elección presidencial. Su deber era determinar primero si la certificación del voto de la elección presidencial estaba justificada y permitida según las reglas.
Las implicaciones de estos argumentos son de gran alcance. Básicamente, justifican la negativa de Trump a aceptar los resultados de las elecciones de 2020 y los esfuerzos de sus coconspiradores en el Partido Republicano para rechazar ilegalmente las listas de electores certificados por los estados sobre la base del voto popular en cada estado. Proporcionan un marco pseudolegal para la continuación del impulso de sectores sustanciales de la clase dominante hacia la dictadura.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 3 de febrero de 2021)