El domingo pasado, después de un mitin de campaña para las elecciones legislativas y municipales de este mes en El Salvador, un camión del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fue objeto de un ataque armado en el que fallecieron dos militantes y cinco más quedaron heridos.

Como se ve claramente en varios videos de seguridad presentados por la Fiscalía General (FGR), los atacantes se adelantaron al camión, decorado con banderas del FMLN y una zona abierta de carga llena de partidarios y niños. Los atacantes le cortaron el paso al camión, salieron de su auto y dispararon repetidamente contra la parte trasera del camión, caminando a su alrededor. Luego regresaron a su auto y escaparon la escena.

Los tres atacantes sospechosos fueron pronto arrestados e identificados como un policía de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI), un guardia de seguridad privada y un motorista, todos asignados al Ministerio de Salud.

El tiroteo ha estremecido a la población por su carácter osado y abiertamente político. Este tipo de ataque no se había visto desde la guerra civil. El ataque fue claramente planificado, interceptando el camión frente a oficinas del FMLN en el centro de San Salvador tras un mitin programado.

Si bien no han sido establecidos los lazos políticos de los atacantes, el presidente Nayib Bukele, quien pertenecía al FMLN, primero describió los asesinatos como un autoatentado, una afirmación utilizada por las dictaduras fascistas latinoamericanas de los años setenta y ochenta para culpar a las víctimas de la represión por sus crímenes sangrientos.

“Parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan”, tuiteó inmediatamente tras el ataque Bukele. “Qué desesperación por no perder sus privilegios y corrupción. Pensé que no podían caer más bajo, pero cayeron”.

Luego cambió su versión de los hechos presentando a los atacantes como las víctimas. Tuiteó que la policía había “capturado a dos militantes del FMLN sospechosos de disparar contra el PPI que está siendo operado por heridas de bala en el abdomen”. Los miembros del FMLN, quienes iban desarmados, fueron luego liberados sin cargos.

Bukele ha buscado consistentemente aprovechar la oposición masiva contra tanto el exguerrillero FMLN como el partido ultraderechista ARENA, los cuales compartieron el poder y han controlado la Asamblea Legislativa desde el fin de la guerra en 1992, a fin de avanzar su propio giro hacia la dictadura. Esto ha involucrado frecuentemente instigar violencia contra sus oponentes políticos, particularmente cultivando capas leales y fascistizantes en las fuerzas de seguridad.

El miércoles, la Policía Nacional publicó una serie de videos adicionales en defensa de los atacantes. Pese a no verse claramente en los videos, afirman que un simpatizante del FMLN a quien le estaban disparando sacó un arma. La Policía Nacional luego escribió en una declaración que la fiscalía “busca desinformar a la población y ocultar que hubo disparos que provenían de ambos lados”.

El fiscal general Raúl Melara respondió insistiendo en que, con base en el análisis de los videos y la escena del crimen, no hubo disparos provenientes del camión. Luego advirtió a la Policía Nacional que no se “desacredite” así misma.

En respuesta al ataque, el secretario general del FMLN y exvicepresidente Óscar Ortiz, criticó con suavidad al presidente por girar la tabla y acusaron a las víctimas. Mientras que indicó que no fue un incidente “aislado”, Ortiz atribuyó ambiguamente el ataque a una “dinámica de estimulación de la división”.

Al mismo tiempo, aplaudió al fiscal general Melara por su manejo del caso y llamó a sus partidarios a “respetar” lo que Melara diga.

Sostiene esta postura a pesar de la negativa de Melara, quien es particularmente cercano a la Embajada estadounidense y fue director de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), a investigar el ataque como violencia política, lo que implicaría examinar quién orquestó verdaderamente el complot.

El miércoles, Melara presentó el caso de la FGR a un encuentro de dirigentes de los partidos políticos en el que se rehusó a participar el partido de Bukele, Nuevas Ideas. Sin objeción de los asistentes, Melara explicó:

“Hoy por hoy lo estamos catalogando como un hecho de intolerancia, obviamente estamos en una época de campaña política, pero lo queremos ver como un hecho de intolerancia que no debe pasar a más”.

Esto no es más que una operación para encubrir cualquier participación directa, ni mucho menos la culpabilidad moral y política, del Gobierno de Bukele.

La semana pasada, Bukele tildó de “farsa” los “acuerdos de paz” de 1992, auspiciados por la ONU, y como “el inicio de una etapa de mayor corrupción y exclusión social y el enriquecimiento de manera fraudulenta de los mismos sectores firmantes de los acuerdos”. Tal postura es ampliamente compartida por los salvadoreños dadas las políticas derechistas de los predecesores de Bukele. Dos terceras partes de los encuestados dicen que votarán por Nuevas Ideas.

Detrás de esta retórica “contra el poder establecido”, sin embargo, Bukele busca movilizar a sus simpatizantes fascistizantes a que respondan con violencia armada a cualquier oposición desde abajo, mientras busca aplicar políticas que solo favorecen la desigualdad social y defienden los intereses de la misma clase gobernante representada por sus predecesores.

En la mañana del ataque, como reportó El Faro, el vicepresidente Félix Ulloa le dijo a una reunión de veteranos de la guerra civil, “esta nueva guerra, con nuevos actores, ya empezó. Y la empezamos ganando el 3 de febrero de 2019”, la fecha de la elección de Bukele.

A lo largo de su mandato, Bukele ha intentado gobernar por decreto y criminalizar a la oposición, amalgamando constantemente a otros partidos políticos con las maras y llamándolas “plagas”. El 9 de febrero de 2020, dirigió tropas armadas a la Asamblea Legislativa para que probara a punta de pistola un préstamo para gastos militares. Luego pronunció un discurso feroz frente a miles de partidarios, amenazando con “apretar el botón”, es decir, disolver la Asamblea Legislativa y declarar una dictadura.

El giro hacia el autoritarismo por parte de las clases dominantes es un proceso internacional que se ha acelerado enormemente ante el aumento de las tensiones de clase durante la pandemia. En el centro de este proceso, Donald Trump y el Partido Republicano encabezaron un intento de golpe de Estado fascista el 6 de enero, mientras que el Partido Demócrata, cuyos legisladores fueron amenazados con secuestros y asesinatos, ha respondido con llamados a la “unidad” con los golpistas.

Del mismo modo, el FMLN salvadoreño ha respondido al asesinato de sus miembros denunciando el “divisionismo” del presidente que está instigando estos ataques fascistizantes.

En respuesta a la pandemia, el Gobierno de Bukele inventó un “estado de emergencia” anticonstitucional con poderes especiales para aplicar un confinamiento entre marzo y mayo de 2020, acompañado de una distribución torpe de 300 dólares para los hogares empobrecidos. En julio, bajo la presión de las empresas transnacionales y de Wall Street, se reanudaron gradualmente la austeridad social y las actividades no esenciales, incluyendo las maquiladoras textiles.

De manera provocadora, Bukele decretó la reapertura sin la aprobación del Congreso, pero se vio obligado a dar marcha atrás cuando la Corte Suprema declaró la medida inconstitucional. “Básicamente, nos quitan el poder de reanudar la economía”, declaró entonces Bukele, a pesar de que los partidos de la oposición también respaldaron la reapertura económica.

Tanto los casos activos confirmados como la cifra semanal de muertos se han duplicado desde finales de noviembre. El Salvador ha registrado 55.623 casos y 1.646 muertes desde que comenzó la pandemia. Aunque la ONU ha seleccionado a El Salvador para la primera ronda de vacunas del programa COVAX para las naciones pobres, no se ha anunciado la fecha de inicio de la vacunación.

Mientras tanto, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social ha estimado que otros 100.000 hogares caerán bajo del umbral de pobreza, medido como el coste de la canasta básica. Esto aumentará la tasa de pobreza a más de la mitad de la población.

El FMLN, los sindicatos y toda la clase dirigente salvadoreña están totalmente subordinados al imperialismo. Para facilitar la imposición de la austeridad social y contener la lucha de clases a instancias de las transnacionales y los buitres financieros, los Gobiernos del FMLN avanzaron una estrategia de “mano dura” supuestamente contra las pandillas, que fortaleció a las fuerzas armadas y se hizo de la vista gorda ante las frecuentes ejecuciones extrajudiciales.

Mientras Bukele busca reavivar una guerra contrainsurreccional, el FMLN y la ultraderechista ARENA han intentado aprobar un proyecto de ley de amnistía para los crímenes durante la guerra civil.

La transformación del FMLN, de un movimiento guerrillero de izquierda, nacionalista y pequeñoburgués en un partido capitalista de derecha demuestra que la clase obrera necesita intervenir independientemente de todas las fuerzas procapitalistas y nacionalistas. La lucha contra la amenaza del fascismo requiere la construcción de un partido revolucionario en la clase obrera sobre la base de un programa socialista e internacionalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de febrero de 2021)